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La nueva estrategia centrista

Fuentes: Rebelión

En contra de la estrategia confrontativa, visceral y reaccionaria del Partido Popular (y VOX), existe una percepción mayoritaria entre la ciudadanía de la esterilidad de esa política para el interés colectivo; casi tres cuartas partes desearían que se llegasen a acuerdos amplios.

Es lo que ha percibido la dirección de Ciudadanos con su nueva actitud negociadora. Además, con su actitud crispada, manipuladora y autoritaria el PP debilita su carácter democrático y pluralista. También dificulta su legitimidad social como defensor del interés común de la ciudadanía, a pesar del intento (fallido) de apropiarse del lenguaje común, incluido el sentido patriótico que asimila al nacionalismo español más reaccionario y conservador.

El interés colectivo y unitario está legitimante representado por el Gobierno y el Parlamento. No obstante, los puentes del consenso político e institucional se agrietan y, salvo algunas medidas parciales de gran legitimidad social (como el Ingreso Mínimo Vital-IMV), predomina en las derechas la estrategia de desgaste público, su cohesión partidista en plena competitividad entre ellas, en torno a la recomposición de la hegemonía en las derechas. Su objetivo: dividir, moderar y desalojar del gobierno a las fuerzas progresistas e impedir la dinámica de cambio de progreso. No obstante, está condenada al fracaso y ya hay voces en su interior que exigen su modulación.

La estrategia de la derecha del PP (y su acompañante e inductor VOX), de confrontación abierta y manipuladora contra el gobierno de coalición progresista está en vías de ser derrotada. Resurge así otra estrategia paralela que defino de recomposición y continuidad centrista. Empiezo por sus precedentes y el contexto actual de fuerzas sociopolíticas y legitimación cívica que aventura su fracaso, sin infravalorar su dimensión y sus objetivos políticos perniciosos y que conllevaría negativas consecuencias sociales.

Tras las elecciones generales del 10-N se conforma una alianza de progreso entre PSOE y Unidas Podemos y sus convergencias, con un programa básico de cambio progresista y una mayoría parlamentaria que da la investidura gubernamental al socialista Pedro Sánchez. Las derechas, desalojadas del Gobierno un año antes por la exitosa moción de censura, salen derrotadas y más divididas. Tras un lustro de planes continuistas e intentos normalizadores, se inicia una etapa de cambio, liderado por un gobierno progresista de coalición, con un proyecto de país que abarca una agenda social, feminista y territorial, así como un impulso a la modernización económica y productiva.

Permanecen las tres grandes tendencias político-ideológicas: las izquierdas, con su diferenciación entre Partido Socialista y Unidas Podemos, pero que mantienen la unidad de su proyecto progresista compartido; las derechas, con la radicalización confrontativa del Partido Popular y VOX y las fisuras con Ciudadanos, sin capacidad de alternativa de poder, y el heterogéneo sector de los nacionalismos (y regionalismos) periféricos.

Pues bien, en el ámbito gubernamental solo caben dos opciones: el pacto de las fuerzas progresistas o de izquierdas (PSOE/UP y sus aliados) que, con otras fuerzas nacionalistas (PNV, ERC, EH-Bildu…), tienen mayoría absoluta para garantizar una gobernabilidad democrática y social; o el pacto de las tres derechas, impotente para ser alternativa gubernamental y que pretende serlo con el apoyo de otras fuerzas fácticas y mediante el acoso y derribo de la coalición progresista.

Esas alternativas institucionales, con el pacto gubernamental y de investidura, no son modificables… hasta unas nuevas elecciones generales. Una cuestión es la geometría variable para aprobar determinadas medidas parciales. Una mera ampliación de los apoyos de Ciudadanos, incluso del Partido Popular, a alguna medida progresista o neutra, desde el refuerzo de la unidad de la alianza gubernamental y el proyecto compartido, no es problemática. Ayudaría a la estabilidad institucional y la fluidez de la recuperación socioeconómica.

Pero las derechas y los poderes económico-financieros no van por ahí. La nueva estrategia centrista es más ambiciosa con un objetivo más de fondo: la reorientación de las prioridades de la política social, económica y territorial; la modificación sustancial del programa progresivo de Gobierno. Las presiones van hacia un reequilibrio del campo de las alianzas, con un menor peso de UP y sus convergencias (y todavía menos de ERC y EH-Bildu) y mayor influencia de las organizaciones empresariales (y otros grupos fácticos), mediados por C’s, sectores moderados del PP y algunas de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, así como de sectores socialistas afines al expresidente Felipe González y el anterior susanismo.

Por tanto, el aspecto principal que está detrás de esa operación de la versión amable, sin abandonar totalmente la confrontación, es la eventualidad de un giro centrista, con una reinterpretación o modulación de las políticas públicas gestionadas por la dirección socialista e impuestas al Gobierno, condicionando al propio presidente Sánchez, particularmente en las tres áreas socialmente sensibles.

Primero, la limitación o aplazamiento, de acuerdo con el emplazamiento de los grandes bancos y empresas, de las reformas sociales y laborales de progreso. Buscan evitar el reforzamiento de los servicios públicos, el empleo decente y las pensiones dignas, que son imprescindibles para ampliar y consolidar el escudo social iniciado con las actuales medidas básicas y que, ahora, son más necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de la mayoría social y prevenir los efectos de la nueva crisis.

Segundo, el freno a una sustancial reforma fiscal progresiva, que dé soporte a la gran inversión social necesaria; solo asimilando nuestra presión fiscal a la media europea ya se conseguirían en dos años esos ciento cuarenta mil millones de euros aportados por la Unión Europea, que permitirían mayor autonomía para el desarrollo económico y social del país. Pretenden menor autonomía y mayor dependencia del núcleo dominante de la UE.

Tercero, el congelamiento del diálogo respecto de Cataluña, con la consecuencia del bloqueo y pudrimiento del conflicto en la sociedad catalana, así como la menor estabilidad institucional en España, con mayor dependencia de las derechas y el nacionalismo español reaccionario.

Comparte objetivos con la versión dura del PP (y VOX), aunque en un tono más blando, pero no por ello menos firme y contundente.

La reinvención del sanchismo

El sanchismo se forjó con la firmeza y la resistencia de Sánchez y su grupo afín frente a la pretensión de las derechas y la mayoría de la dirección socialista de subordinar al propio PSOE ante el dominio del Gobierno de Rajoy, en aras de ‘su’ gobernabilidad. Su alternativa era clara: rechazar esa hegemonía de la derecha, garantizarse la prevalencia socialista de la gestión gubernamental y priorizar un proyecto centrista (en lo económico-laboral, lo social y lo territorial) de la mano de Ciudadanos y con la marginación de Unidas Podemos. Esa ambivalencia del control del poder por el Partido Socialista con un proyecto y alianza centrista finalmente derrotó al pacto susanista con la derecha.

La experiencia continuista de ambas estrategias, con diferencias sustantivas y pugnas sangrientas, que duraron un lustro, terminó en fracaso en la noche electoral del 10-N-2019: la preponderancia institucional del sanchismo, que hasta el último momento quiso conseguir gobernar en solitario con suficiente representatividad y pactos de geometría variable, solo era posible con la coalición progresista con UP y sus convergencias y el apoyo de grupos nacionalistas periféricos. La operación gran centro no era posible tras la debacle de C’s, ni tampoco el pacto con el PP. El realismo del equilibrio institucional de la coalición progresista se impuso.

Pero, como decía, el sanchismo debe reinventarse para hacer frente a la nueva estrategia centrista, cuyo objetivo último es la ruptura del pacto PSOE/UP (y el apoyo nacionalista) y un reequilibrio del Gobierno; incluso su sustitución en la presidencia del Gobierno, algo difícil sin una fuerte crisis interna, un gran cerco mediático y fáctico y un amplio desapego social. En ello están, empezando por la neutralización de una salida de progreso a los tres desafíos inmediatos para este otoño: presupuestos progresivos, junto con la negociación e inversión del paquete europeo para la recuperación económica y social; refuerzo del escudo social, los servicios públicos y los derechos laborales; impulso del diálogo territorial.

Salvado ese escollo el horizonte quedaría más despejado para el Gobierno y su proyecto compartido, pero no está exento de nubarrones. Falta por definir mejor la estrategia socialista a medio plazo, incluido para la próxima legislatura, al margen de los planes partidistas para modificar los porcentajes representativos a su favor a efectos de imponer mejor esa geometría variable; es decir, para romper la dependencia que le supone su insuficiente representatividad para garantizar un gobierno en solitario y su necesidad de acuerdo con UP. La ambigüedad sobre ese campo futuro, pero operativo en el presente, no fortalece la confianza mutua. La opción de centroderecha tiene apoyos fácticos poderosos y hace falta unidad y determinación por una salida progresista y democrática.

Las presiones de los poderosos, incluidas las de las instituciones europeas, para esa reorientación continuista, sin revertir los grandes recortes y ajustes regresivos precedentes, son importantes y se pueden acentuar. Es la ilusión y el proyecto de fondo de los poderes establecidos y las derechas españolas: la neutralización de un proceso progresista y popular de significativo peso social e institucional que ha cuestionado durante una década la gestión regresiva y autoritaria de la crisis anterior. Y, aunque, debido a su amplia deslegitimación cívica, esos grupos dominantes ahora no han podido aplicar similares recetas de prepotencia y austeridad, sí que persisten en el control del poder, la estabilidad del marco económico neoliberal y desigual, con los mínimos costos para garantizar una mínima cohesión política de la Unión Europea, conservando sus ventajas comparativas.

Por tanto, reconducir la experiencia española de progreso constituye un freno a las expectativas de un frente del Sur europeo (con Italia, Portugal y Grecia, pero también Francia), por una construcción europea más social y solidaria, frente a la hegemonía alemana (y de los cuatro países ricos del Norte).

En consecuencia, aparte de las implicaciones estratégicas y de alianzas, lo sustantivo para la mayoría social en España, especialmente la gente joven precarizada, base social fundamental para las fuerzas del cambio de progreso, sería evitar el corrimiento de las prioridades de las políticas públicas en esos tres campos fundamentales: sociolaboral y de empleo decente; fiscal/Estado de bienestar/modelo productivo, y territorial. Es, precisamente, la falta de coherencia programática, la ambigüedad estratégica y el vacío teórico socialistas, lo que proporciona, por una parte, mayor incertidumbre política frente a los proyectos compartidos de progreso a medio plazo y, por otra parte, el tacticismo de sus alianzas, derivadas más de posibilidades de prevalencia en la gestión institucional que de la convicción de un proyecto democratizador y modernizador compartido.

En definitiva, ante el fracaso de la estrategia confrontativa del PP (y VOX) resurge otra estrategia paralela, más sutil en lo discursivo aunque ambiciosa en sus objetivos y poderosa en sus recursos y métodos: la presión fáctica, revestida de diálogo transversal con vetos y amenazas, para reorientar la acción gubernamental hacia el centrismo continuista, particularmente respecto de los tres grandes ejes transformadores: la agenda sociolaboral, la justicia fiscal (de ingresos y gastos públicos) y el diálogo territorial. Supone la moderación de la amplitud y el ritmo del programa compartido de la coalición progresista y sus apoyos, su modificación centrista con el pretexto de las presiones fácticas y europeas, el reajuste del equilibrio gubernamental, neutralizando el sanchismo y, en todo caso, el debilitamiento del papel sociopolítico e institucional de Unidas Podemos y sus convergencias. Con la reinvención del sanchismo y la firmeza de UP, junto con el apoyo cívico, se le puede derrotar.

Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

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