El PP y Ciudadanos son los únicos partidos, entre los seis con mayores expectativas de voto en el País Valenciano, que no han firmado un documento con las principales reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH)-Valencia. La firma de los cabezas de lista de las dos formaciones conservadoras no avala este documento, […]
El PP y Ciudadanos son los únicos partidos, entre los seis con mayores expectativas de voto en el País Valenciano, que no han firmado un documento con las principales reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH)-Valencia. La firma de los cabezas de lista de las dos formaciones conservadoras no avala este documento, en el que se incluyen las medidas de la ILP por el derecho a la vivienda que en su día presentaron los grupos antidesahucios, y que contó con la adhesión de 1.400.000 firmas.
A diferencia del PP y Ciudadanos, los cabezas de lista de EUPV-IU, Compromís, València en Comú y PSPV-PSOE a las elecciones municipales del 24 de mayo en la ciudad de Valencia sí rubricaron el texto de la PAH, al igual que los candidatos de estas mismas formaciones al gobierno autonómico (además de Podemos, que en los comicios municipales no participa con lista propia). La plataforma antidesahucios presentó el documento el 15 de mayo, después de una mesa redonda con las formaciones políticas a la que no asistieron el Partido Popular y Ciudadanos. «Hay partidos que defienden los derechos de la banca y no los de la gente», ha afirmado José Luis González, uno de los portavoces de PAH-Valencia.
«No podemos tolerar esta situación», ha añadido. «Hemos de parar el ataque voraz y sin corazón de la banca, y de aquellas personas y partidos que han decidido apoyar sus intereses especulativos». A pesar de la posición del PP en términos generales, González ha reconocido el interés manifestado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia. El portavoz ha destacado asimismo los portillos de esperanza que se abren en paralelo a las luchas sociales. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Spuznar, ha emitido recientemente un dictamen en el que señala que el plazo de un mes (establecido en la nueva legislación hipotecaria de 2013) para recurrir desahucios ya en marcha, alegando la existencia de cláusulas abusivas, no se ajusta a la normativa comunitaria.
Informa Europa Press que el dictamen se suma a las cinco sentencias negativas que el tribunal europeo ha emitido contra la legislación hipotecaria española. Otra ventana al optimismo es la tarea de la PAH en el conjunto del estado: la paralización de 1.663 desahucios y el realojo de 2.500 personas a través de la Obra Social, según la página Web de la plataforma.
En una concentración frente a la sede central del PP en Valencia, que ha reunido a cerca de 150 personas, los portavoces de la plataforma han recordado las medidas presentadas ante los partidos: paralización de cualquier desahucio sin «alternativa habitacional»; promover la dación en pago con carácter retroactivo; constitución de un parque público de viviendas; la segunda oportunidad para la recuperación de una vivienda propia y la garantía de suministros básicos de agua, luz y gas. Activistas del colectivo de Yayoflautas, la PAH, extrabajadores de Radiotelevisió Valenciana han hecho visibles durante la concentración sus camisetas y consignas: «Aquí está la cueva de Alí Babá»; «fuera corruptos de las instituciones»; «basta ya, ni un desahucio más», «esta primavera los echaremos fuera»…
En un comunicado hecho público a primeros de mayo, la PAH-Valencia informaba que durante el periodo electoral no participaría en actos organizados por partidos. La plataforma antidesahucios «no se identifica con ninguna tendencia partidista, pero todas las personas afiliadas a partidos políticos serán bienvenidas a colaborar y participar en la plataforma», señalaba la nota informativa.
Otro de los puntos asumidos por todas las formaciones, salvo el PP y Ciudadanos, es intentar que se paralice el desahucio de Rosa Martínez Insa, una mujer de 70 años, vecina de Valencia, con una minusvalía reconocida del 72% y con 372 euros de pensión como único ingreso. Recién operada del hombro y con una prótesis, Rosa Martínez mantiene a un hijo de 42 años, en paro y con problemas graves de salud. El Banco Primus, con el que la afectada suscribió un crédito, «está presionando al juzgado para que ponga fecha al desahucio», han informado los portavoces de la PAH-Valencia.
El Banco Primus vio la luz en al año 2005, y dos años después amplió su actividad al estado español. La entidad financiera es propiedad de Crédit Founcier, que a su vez se halla en manos del grupo bancario BPCE, uno de los mayores de Francia. Este grupo financiero controla además el banco de inversión Natixis. En el documento presentado a los partidos, la PAH señala al Banco Primus como una entidad «sin corazón y que actúa por Internet; no tiene oficinas de cara al público, cuenta con una sola ubicación en Madrid y la sede central en Lisboa».
La PAH ha pedido a los partidos -y con excepción del PP y Ciudadanos todos han asumido la propuesta- que remitan una carta a François Pérol, presidente de BPCE, para que la afectada y su hijo puedan permanecer en su vivienda. Enviar además una misiva al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que se modifique la legislación, de modo que situaciones como la de Rosa Martínez puedan incluirse en la «moratoria» de los desahucios; el último punto demanda una reunión con el Ayuntamiento de Valencia y el presidente de la Generalitat para que impulsen un plan de «choque» en materia de vivienda, además de un compromiso que garantice a Rosa Martínez Insa y su hijo el derecho a ésta.
La PAH Valencia lleva año y medio batallando por los derechos de esta mujer septuagenaria. En marzo de 2014 una decena de personas se dirigieron a la oficina del Banco Primus en Madrid. En un principio no se les permitió la entrada en el edificio, aunque en una segunda instancia pudieron entrar en la oficina de la entidad financiera un portavoz de la PAH y la afectada. Se les respondió con un tajante «no podemos hacer nada». En el mismo viaje a Madrid los activistas antidesahucios presentaron cartas ante las Cortes Generales, el Banco de España y al presidente del Gobierno. Sólo recibieron una respuesta meramente protocolaria del gabinete de Presidencia.
Mari Carmen Salcedo, coordinadora del grupo de afectados por bancos pequeños de la PAH, subraya que la única condición que no cumple la afectada para acogerse a la «moratoria» de desahucios es el destino del préstamo, suscrito para acondicionarse el baño (tiene reconocida una minusvalía del 72%), y no para la adquisición de una vivienda. Hace unos meses Salcedo contactó con el consulado francés en Valencia, para recabar ayuda debido al capital francés del Banco Primus. La respuesta del cónsul fue que en esta cuestión carecía de autoridad y que se trataba de una entidad financiera portuguesa. No volvió a ponerse al teléfono. Sobre la relación directa con el acreedor, el Banco Primus, «no puedes hablar con ellos, te dicen que no pueden hacer nada y no aceptan ningún tipo de negociación», remata Mari Carmen Salcedo.
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