El Gobierno de España aprobó el pasado 23 de diciembre el Real Decreto-ley 9/2024 que incluía medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad; el Título Quinto establece iniciativas sobre la vivienda, por ejemplo la ampliación –hasta el 31 de diciembre de 2025- de la “suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos (…)”.
El texto legal hace referencia a determinadas dinámicas de incremento en los precios; la insuficiencia de una oferta asequible de vivienda, así como a la “sobreexposición financiera de los hogares al pago del alquiler”.
Además el INE ha informado que, en el tercer trimestre de 2024, el Índice de Precios de Vivienda (IPV) ha aumentado el 8,1% en el estado español (tasa de variación anual); el IPV mide la evolución en el precio de la compraventa de viviendas libres, tanto nuevas como de segunda mano.
La estadística oficial registró tasas superiores a la media en Navarra (10,7%); Andalucía (10,6%), Aragón (10,3%) o el País Valenciano (8,8%).
Por otra parte, la cooperativa para la justicia social y ecológica IDRA, con sede en Barcelona, ha editado –en diciembre de 2024- el informe Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley; entre otras conclusiones, el estudio apunta que en capitales como Madrid y Barcelona el 90% de los inquilinos tiene un contrato temporal y por el precio de mercado (“a merced de las variaciones especulativas”).
Asimismo, el 68,7% de los inquilinos en Madrid y más del 70% en Barcelona destinan un porcentaje que supera el 30% de sus ingresos a pagar el alquiler (y suministros); en uno de cada tres hogares, incluso más de la mitad de sus ingresos, añade el reporte de IDRA.
¿Qué consecuencias reviste la falta de protección y la escalada de precios? Entre otras, la mudanza residencial; así, más del 60% de los arrendatarios en Madrid, y el 80% en la capital catalana, han tenido que cambiar de vivienda durante el último quinquenio.
Es en este contexto en el que se despliega la resistencia ciudadana; con presencia en las barriadas de Malilla; Orriols; el Cabanyal; Montolivet y el municipio de Burjassot, el Sindicat d’Habitatge de Valéncia convocó -el 25 de noviembre- una movilización para detener el desahucio de una mujer de 63 años en Burjassot.
María José tiene un 79% de discapacidad, destacó el Sindicat en un comunicado; el propietario del hogar es un rentista; la afectada se declaró en huelga de alquiler, tras demandar a la propiedad un contador de la luz y el agua propios, y que reparara los desperfectos de la vivienda.
Calle Vicent Brull número 9 en el barrio del Cabanyal, en los Poblados Marítimos de Valencia; en esta dirección e inmueble, el Sindicat impulsó una concentración el 23 de diciembre; en las redes sociales detallaron que se trataba de la expulsión ilegal de una familia trabajadora, promovida por una empresa de desokupación.
Los activistas denunciaron la responsabilidad del Ayuntamiento de Valencia (de coalición entre el derechista PP y el partido de ultraderecha Vox), así como de la Policía Local, en el funcionamiento -“con total impunidad”- de estas empresas.
En otros casos se trata de acumular fuerzas, junto a otros colectivos, para frenar la expansión especulativa; por ejemplo, el Sindicat d’Habitatge respaldó la mañana del 19 de diciembre una concentración -organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Valencia-, contra el desalojo de Ramón (78 años) y Carmen, de 75.
Residentes en la calle Sollana número 20 de Valencia (lugar de la convocatoria), instaba al desahucio de las dos personas mayores -y enfermas- la empresa Corelsa Gestión SL.
València s’ofega y La Ciutat per a qui l’habita; con estas dos consignas ya se habían manifestado miles de vecinos –el pasado 19 de octubre- en la capital valenciana; cuatro columnas (190 colectivos) partieron de los distritos de la ciudad (norte, sur, este y suroeste), y -al finalizar la acción- un grupo de personas empezó una acampada en la Plaza del Ayuntamiento.
No fue la única protesta; la organizada en Barcelona, el 23 de noviembre, contra el alza en el precio de los alquileres, reunió a decenas de miles de personas; el Sindicat de Llogaters ejerció una función central en la movilización; también contó con un apoyo masivo la marcha del 13 de octubre en Madrid.
Y asimismo la del pasado 9 de noviembre, impulsada por la plataforma vecinal Málaga para Vivir, por los siguientes motivos: “Alquileres impagables; salarios de miseria y barrios desmantelados”; el mismo día y por razones similares, salió a la calle el Movimiento por la Vivienda de Sevilla; y el 14 de diciembre, en Bilbao, convocados por el Movimiento por la Vivienda de Euskal Herria (200 organizaciones).
Mientras, continúa la lucha contra los desahucios en Valencia; el Sindicat d’Habitatge lanzó una alerta/convocatoria en el barrio popular de Orriols, el 7 de enero; el objetivo era detener el desalojo de Favour, madre de cuatro menores, en la calle san Juan Bosco número 58.
PAH-València está reivindicando una vivienda pública para María Luz, de 67 años (lleva ocho años a la espera de un hogar de estas características); la plataforma ha paralizado en dos ocasiones el desalojo de esta vecina del municipio de Xirivella (31.700 habitantes), que se enfrenta a un tercer intento; PAH-Valencia tiene conocimiento de centenares de casos como el de María Luz.
Hoy jubilada (ingresos de 900 euros mensuales), en su día cobraba 425 euros y logró una vivienda en alquiler proporcional a la citada cantidad; Sin embargo la propiedad cambió de titular: “Pasó a manos de una señora que compraba pisos para convertirlos en viviendas patera, y que cobra 500 euros por una habitación”, explica la afectada de Xirivella.
En el testimonio recogido por la televisión pública À Punt, María Luz agrega, respecto a su situación actual: “Como mucho puedo pagar 500 euros, tengo que sobrevivir; me resulta imposible abonar 800/900 euros al mes de alquiler, y son precios de viviendas que –por las condiciones en las que están- te entran ganas de tirarte por la ventana”.
El Informe La casa a cuestas (diciembre 2024), del Observatorio de Vivienda Asequible de la asociación Prôvivienda, recuerda que sólo el 2,5% del parque de viviendas en el estado español se destina al alquiler por un precio inferior al de mercado, en la modalidad de vivienda protegida o incentivada (y el 1,6% a vivienda pública); la media europea de vivienda social se sitúa en el 9,3%.
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