Coincidiremos que para afrontar la crisis económica la única reforma que se plantea por los poderes políticos y económicos es la laboral. Ni se habla, prácticamente, de la reforma del sistema financiero para facilitar a empresas y familias la necesaria financiación y para evitar los desmanes especulativos. Les causa repulsión mencionar la esencial reforma del […]
Coincidiremos que para afrontar la crisis económica la única reforma que se plantea por los poderes políticos y económicos es la laboral. Ni se habla, prácticamente, de la reforma del sistema financiero para facilitar a empresas y familias la necesaria financiación y para evitar los desmanes especulativos. Les causa repulsión mencionar la esencial reforma del sistema tributario para acabar con la falta de equidad tributaria, mediante el establecimiento de una mayor progresividad impositiva, el traslado de la imposición indirecta a los tributos directos y de una clara y decidida lucha contra el fraude fiscal. Es innombrable la reforma de la política de precios que acabe con las practicas monopolistas y con los altos precios de innumerables productos y servicios básicos. La reforma del sistema productivo en nuestro país parece que no es precisa a pesar de la existencia de un veinte por ciento de parados. Ni la reforma de la política agraria, ni del sistema educativo, ni la reforma de las Administraciones Públicas.
Los medios de comunicación y la gobernanza política plantean la reforma laboral como un mal necesario e imprescindible para salir de la crisis. Y al plantear esta reforma únicamente y a fuerza de repetirla se ha convertido en la panacea, en la solución definitiva para la reactivación económica.
La reforma laboral en España, no sólo se ciñe a las recientes medidas aprobadas en las Cortes de favorecer y abaratar el despido, sino que se encuadra en un conjunto de acciones tendentes a la desprotección de los trabajadores:
– La disminución de los salarios ha sido muy acentuada desde los inicios de la crisis e impuesta en innumerables casos con prácticas abusivas de disminución de la contratación de la jornada laboral pero realizando horas extras no remuneradas.
– Desregulación de la negociación colectiva para imponer la desprotección en el trabajo, no renovando los convenios colectivos; y últimamente, con objetivos de eliminar el principio de ultra-actividad o de prorroga de los convenios vencidos, así como la clausula de descuelgue en la aplicación de los convenios con solo aducir las empresas pérdidas acaecidas o por devenir.
– La disminución de la indemnización por despido y tratando de imponer la vía austríaca de un seguro de despido dejando en el aire quién lo costeará.
– El endurecimiento de las condiciones en el trabajo, con supresión de derechos laborales y la creación de ambiente de inseguridad laboral generadoras de creciente estrés laboral.
– La congelación de las pensiones, los planes de retraso en la edad de jubilación y el recorte de pensiones futuras.
También coincidiremos en el hecho de que al hablar de la reforma sólo se citan las medidas concretas, pero no se aportan argumentaciones justificativas. Cabe, pues, reflexionar y analizar la reforma laboral en los apartados de sus consecuencias y efectos, no sólo para los trabajadores, sino a nivel macroeconómico para ver como afecta realmente para la salida de la crisis económica de nuestro país.
Los trabajadores inciden en la actividad económica como productores con su fuerza de trabajo y como consumidores. Los indicadores que miden esta doble incidencia en la economía son la productividad y el poder adquisitivo. Conviene analizarlos para alumbrar con nitidez como las políticas ultraconservadoras están repercutiendo en los trabajadores.
La productividad
La productividad es la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para obtenerla. Entre esos recursos están el trabajo y el capital necesarios para la adquisición de los bienes y de la tecnología para la obtención de los productos y servicios, sin olvidar un factor esencial: la organización y el método de trabajo. En España la productividad está a la cola de la Unión Europea. Únicamente Portugal e Italia registran peores resultados entre los 27.
En la tendencia a la distorsión y al engaño, lógicamente, se traslada el mensaje que la culpa es del factor trabajo, de los trabajadores. Inaudito. Sólo estos datos y saquen las conclusiones:
– El salario medio en España se sitúa en los 21.500 euros brutos al año, lo que supone casi la mitad de la retribución de más de 40.000 euros de Reino Unido, Holanda y Alemania, y un 20% inferior a la media de la UE,
– España es el cuarto país del mundo donde más horas se trabajan al año y el primero de Europa.
El poder adquisitivo
El poder adquisitivo es una función que depende de cuatro variables: del nivel de salarios, del nivel de los precios de los productos y servicios, del grado de servicios y prestaciones sociales del Estado y de la presión tributaria.
A continuación, observaremos como inciden estos factores en la paulatina reducción del poder adquisitivo de los trabajadores.
- El nivel de salarios.
El nivel de salarios en España no sólo se encuentra por debajo de la media Europea, sino que existe una tendencia de disminución con respecto a los países de nuestro entorno. El hecho de que las revisiones saláriales anuales se realicen con referencia al aumento del índice de precios al consumo oficial (IPC) ha llevado, salvo en los sectores productivos ligados al boom de la construcción, a una disminución real de los salarios, al no reflejar ese índice la efectiva subida de los costes familiares. Cada vez son más los técnicos estadistas que cuestionan la exclusión de esenciales productos y servicios de la «cesta de la compra» oficial, la indebida ponderación de sus componentes y las muestras estadísticas utilizadas. Todos hemos sido conscientes de que existen un diferencial entre el IPC oficial y la realidad de la subida de precios. No deja de ser un despropósito la insuficiencia de información sobre la metodología del INE, la falta de una regulación normativa y la inexistencia de control externo.
- Nivel de precios
La falta de un sistema de regulación de precios y de una eficaz ley de defensa de los consumidores ha permitido el establecimiento de tarifas desorbitadas y practicas abusivas en los productos y servicios esenciales. La existencia de monopolios de hecho y la concertación de precios por sectores oligopolistas (vulnerando la ley de competencia) ha conducido a la imposición de sobreprecios en productos y servicios básicos (energía, telecomunicación, seguros, combustibles, comisiones e intereses bancarios, alimenticios …)
- La presión fiscal.
El proceso paulatino de trasladar los ingresos tributarios del Estado, así como la mayor presión fiscal, de los impuestos directos a los indirectos conlleva una falta de equidad tributaria, e incide desfavorablemente en el poder adquisitivo de los trabajadores, al ser los impuestos indirectos los más generalistas del sistema tributario estatal, ser de carácter proporcional y no progresivos y no tener en cuenta la capacidad de pago de los sujetos pasivos.
- Los servicios y prestaciones del Estado.
Las medidas de ajustes por el Estado en los gastos corrientes provocan una disminución de los servicios y actividades públicas gratuitas o semi-gratuitas. Para justificar estas medidas se ha difundido que las prestaciones públicas está por encima de la posibilidades del Estado.
Realizada la necesaria foto de las políticas dirigidas a la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, hemos de inferir que las mismas tienen un doble objetivo: disminuir el coste salarial en las empresas y la reducción del gasto público por el Estado.
Para las empresas la reducción de sus costes -vía disminución de salarios-, el establecimiento de altos precios a sus productos y servicios y el traslado de la presión fiscal a los trabajadores, les son elementos precisos para el mantenimiento del nivel de beneficios y su grado de acumulación de capital. En las grandes empresas sujetas a cotización en bolsa esto les es vital para el reparto de dividendos y mantener sus ratios (yield, BRA), esenciales para mantener la existente y nunca anunciada gran burbuja bursátil.
Para el Estado la reducción del gasto público por la disminución de las prestaciones sociales, es consecuencia de la decisión adoptada la fatídica noche del pasado nueve de mayo en la que los gobiernos de la Comunidad Europea acordaron comprometer 750.000 millones de euros para el apoyo al sector financiero. «La contrapartida de estos excepcionales apoyos no es otra que la intensificación del ajuste presupuestario» (El País 6-06-2010)
Podría ser comprensible desde la técnica económica que esa reducción del poder adquisitivo de los trabajadores fueran de imprescindible necesidad para que los beneficios fuesen destinados a nuevos proyectos empresariales o a su reinversión en las empresas para generar una mayor productividad. Pero ni existen garantías ni esperanzas de esas iniciativas por un doble motivo: la incertidumbre económica futura hace alejarse al empresariado de cualquier iniciativa y aún no ha cambiado el chip del destino de sus rentabilidades a operaciones productivas y no a las especulativas. En definitiva, concluiremos que los beneficios obtenidos se destinarán al ahorro (ya ha subido significativamente los depósitos bancarios), a engordar el atesoramiento (no olvidemos que en España se concentra el veinte por ciento de los billetes de 500 euros emitidos por el BCE) y a la inversión exterior.
Podemos y debemos concluir que las políticas del gobierno tendentes a la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores no son admisibles por su ineficacia para atajar la crisis, sino muy al contrario por ahondarla y producir un retardo en la reactivación económica. La disminución del poder adquisitivo y la incertidumbre del conjunto de la población de cara al futuro va a generar una mayor caída del consumo y va producir una recesión económica con una disminución en la producción y, en consecuencia, de pérdida de más puestos de trabajo, cierre de pequeñas y medianas empresas y aumento de la morosidad.
Para concluir, es oportuno citar los datos que Vicentç Navarro y Juan Torres López realizan en sus artículos «Motivos para la huelga general» y «Hay razones para apoyar la huelga general» y coincidir en secundar y avalar la huelga del próximo día 29:
«No para de disminuir la participación de los salarios en el total de las rentas, aumenta el stress y el malestar laboral. España es el único país de la OCDE donde los salarios han disminuido en los últimos quince años, los beneficios de las grandes empresas españolas aumentaron un 73% de 1999 a 2008 (el doble que las de la Unión Europea de los 15) mientras que los costes laborales solo subieron el 3,7% (la mitad que en la UE-15). España sigue a la cola en gasto social en relación con el PIB, lo que significa que sigue realizando menos esfuerzo para financiar los derechos y el bienestar de las clases trabajadoras. De 2007 a 2009 el número de pobres aumentó en España en un millón, mientras que el número de personas que tienen activos por valor de más de un millón de euros se elevó en un 12%. Las leyes de igualdad y de avance social del gobierno se quedan sin presupuesto mientras se ayuda a bancos y a grandes empresas y mientras no se tiene valor para obtener recursos por vías que no sean la reducción del gasto social, que es lo que le piden los ricos que no necesitan esas leyes. Para poner fin a todo esto es preciso presionar y apoyar ahora la huelga general»
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