No conozco proceso de negociación donde actores extra-políticos decidan sus tiempos. Menos aún que condicionen los sujetos del diálogo para lograr acuerdos fundantes de un pacto dentro de un Estado. Para darnos cuenta de la dimensión de lo afirmado, tomemos ejemplo e imaginemos si las víctimas del terrorismo de Estado durante las tiranías, reconocidas en […]
No conozco proceso de negociación donde actores extra-políticos decidan sus tiempos. Menos aún que condicionen los sujetos del diálogo para lograr acuerdos fundantes de un pacto dentro de un Estado. Para darnos cuenta de la dimensión de lo afirmado, tomemos ejemplo e imaginemos si las víctimas del terrorismo de Estado durante las tiranías, reconocidas en los informes sobre torturas en Chile, Argentina y Uruguay, definieron o participaron como actores principales de la transición. Ninguna de ellas estuvo presente en las mesas de concertación. Tampoco lo hicieron como asociaciones de víctimas. Incluso en algunos casos ni tuvieron voz. En tanto, asociaciones de derechos humanos cumplieron con denunciar leyes de amnistía que arbitrariamente dejaban en libertad a los responsables de crímenes de lesa humanidad, pero como parte de la sociedad civil se constituyeron en acusaciones populares en juicios o denuncias populares ante tribunales. Sin embargo, fueron los partidos políticos los que realizaron acuerdos, pactaron y decidieron los límites de la democracia con las fuerzas armadas. Siempre ha sido así. Para el que tenga dudas, ofrezco otro ejemplo: la paz de posguerra. Tras las guerras mundiales, la de Vietnam, o la de Irak, no son las víctimas civiles, los soldados, ni los afectados colaterales, lo queramos o no, quienes construyen o deciden las agendas. En el tribunal de Nuremberg tampoco lo hicieron. Las víctimas participan como testigos, dan testimonios, loables, emotivos pero nunca determinan la dirección política, incluso tampoco una decisión judicial. Para muestra sirva sólo el caso Augisto Pinochet como el más reciente. Los jueces conocen la doctrina del arbitrio político y actúan en consecuencia. La división de poderes en democracia representativa responde a un modelo técnico administrativo con subordinación a la razón de Estado. Cualquier otra fórmula es bastarda y eso debe decirse sin tapujos. Si hablamos de las víctimas de la violencia política o terrorismo, es el conjunto de la ciudadanía la que sufre sus efectos, más allá del grado con que se quiera medir su intensidad. Reducir su significado político a los sentimientos afectivos de familiares directos y encuadrarlos a un determinado signo ideológico es una visión simplista, amén de falsa cuando se trata de negociar una paz política. De otra manera no se puede entender ni interpretar el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ni el 11 de marzo en Madrid. La sociedad sufrió las repercusiones y se sintió directamente aludida. Todos en mayor o menor medida sufrieron las consecuencias. Negarlo es desconocer el ABC de la violencia en su dimensión política. No de otra manera se entiende la recriminación de la presidenta de la Asociación de Afectados por el 11 de Marzo Pilar Manjón, víctimas del atentado de Atocha, en su comparecencia ante la Comisión Parlamentaria al recriminar al Partido Popular sus risas, sus pataleos y su poca vergüenza cuando seguían responsabilizando a ETA en pos de su argumento a costa del sufrimiento de las víctimas.
Es la dimensión política del terrorismo o la lucha armada, según unos u otros, lo que permite comprender la propuesta de dialogo planteada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y avalada por el conjunto de los partidos del arco parlamentario, excepto los populares. Se trata de buscar una aproximación más allá de la demagogia de víctimas y asesinos. El problema pasa de ser un dilema penal a convertirse en propuesta política. Al abrir esta dimensión se articula un espacio de diálogo que permite hablar de variados temas en una mesa, hasta ahora imposible por la falta de canales institucionales de reconocimiento político. Este reconocido de sujetos, Batasuna, Partido Socialista de Euskadi, entre otros, allana el camino. Ahora no se trata de contar muertos, ni presos, sino mirar hacia el futuro. Hay que negociar una propuesta política sin más límites que el reconocimiento de los negociadores y el fin de la lucha armada para establecer una sociedad sin muertes estériles.
Reconocer lenguajes y realidades brinda la posibilidad de romper círculos donde las víctimas deben saber que no constituyen el eje del proceso político. Si desean serlo, deben convertirse en partido político o pasar a militar en los ya existentes. Lamentablemente en España una parte de ellos han sido instrumentalizados por el Partido Popular y la nueva extrema derecha, a la que hay que sumar algunos miembros del Partido Socialista Obrero Español, y otros tantos medios de comunicación cuyo discurso es: ojo por ojo y diente por diente, como si se tratase de una guerra de destrucción del enemigo interno. Sus razones para justificar el no a cualquier negociación es el sufrimiento, el dolor, la muerte y el llanto de las víctimas. Pero ninguna de estas causas forman parte de un diálogo político, con perdón. No lo han sido en la historia de las relaciones internacionales, ni en la configuración de los procesos de paz desde el siglo XVI, por no ir más lejos en el tiempo.
Que se hable de autodeterminación, de alianzas y nacionalismo no está fuera de lugar. Igualmente es recomendable pensar en la legalización de la izquierda abertzale. Todo ello se puede hacer sin alterar el normal funcionamiento de la justicia. Las interpretaciones de la ley se hacen en función de los vacíos legales que favorecen dictar sentencias y administrar la justicia dentro de una articulación de poderes perfectamente sintonizados. Negar al Estado la legitimidad para actuar en su gubernamentalidad con el fin de reconocer a ETA como interlocutor es, al menos, un acto de felonía política. Y lamentablemente el Partido Popular junto con las víctimas de su entorno hoy son un lastre para la democracia entendida como un principio de igualdad, justicia y dignidad dentro de un marco constitucional de Estado social y democrático de derecho.
Podemos no compartir el discurso del gobierno. Se puede criticar el proceso y sus plazos, ser conservadores en su evaluación, pero nunca cerrar la puerta en nombre de las víctimas. Por el contrario, debemos ser generosos con el futuro y abrir la historia. Todo lo demás supone contar muertos para arrimar el ascua a su sardina, y en este caso los perjudicados somos todos. Nadie se puede arrogar la representación de España, ni de ser víctimas privilegiadas para abortar un camino en pos de un proceso político de diálogo entre el Estado y ETA para lograr una paz duradera. En favor de ello, que se negocie entre quienes se deba. Los que no lo desean sólo piensan en la muerte. La historia no los absolverá.