«No resignarse a un nuevo ciclo de represión-violencia, a nuevas acciones de ETA y a la victoria electoral de una derecha movilizada implica desarrollar un movimiento por la paz a partir de las iniciativas y movilizaciones existentes, con la pluralidad del debate político imprescindible, y crear las condiciones democráticas para un nuevo proceso de paz. […]
«No resignarse a un nuevo ciclo de represión-violencia, a nuevas acciones de ETA y a la victoria electoral de una derecha movilizada implica desarrollar un movimiento por la paz a partir de las iniciativas y movilizaciones existentes, con la pluralidad del debate político imprescindible, y crear las condiciones democráticas para un nuevo proceso de paz. Los que no quieren la paz, dicen que es imposible. El resto, simplemente, que es muy difícil, pero que no hay otra salida «. Gustavo Búster sigue analizando la situación política española después del atentado de ETA el pasado 30 de diciembre.
A juzgar por el pulsómetro de la SER, veinte días después del atentado de ETA en la T-4 del Aeropuerto de Barajas, Zapatero no solo habría sido capaz de frenar la contraofensiva del Partido Popular (PP), sino que habría recuperado una ventaja en intención de voto de seis puntos y el respaldo mayoritario de la sociedad española (54% frente al 36%) en su gestión de la política antiterrorista. Los datos de la encuesta, más allá de su margen de error, reflejan el sentimiento político en la calle y en los medios de comunicación tras las manifestaciones del 13 de enero en Madrid y Bilbao y el debate en el Congreso de los Diputados del día 15. Es decir, reflejan la situación de confrontación entre la derecha y la izquierda españolas, situando en un segundo plano la situación interna en Euskal Herria. Porque el efecto más importante del atentado de ETA ha sido, irónicamente, desplazar del eje conflicto vasco de la propia situación vasca a la del estado español en su conjunto, marcada por la crispación política y la movilización continua de la derecha contra el Gobierno Zapatero.
El comunicado de ETA
El día 9 de enero, ETA hizo público su comunicado reivindicando el atentado y explicando las razones de su acción. Los elementos de análisis eran ya conocidos: el bloqueo del proceso de paz, en especial en lo referente a la represión e ilegalización de la izquierda abertzale, la ofensiva judicial con la doctrina Parot para evitar las excarcelaciones de presos de ETA tras cumplir sus condenas…Pero si el Gobierno podía ser acusado de no cumplir sus compromisos en la ampliación de un espacio político democrático capaz de integrar a la izquierda abertzale más allá de la estrategia represiva heredada del PP, era evidente la contradicción de querer abrir ese espacio con 500 kilos de explosivos como si se tratase de un procedimiento técnico que no afectase a la declaración de «alto el fuego permanente». Era no solo un error político, sino también una estupidez como discurso, que debilitaba la reafirmación del compromiso con el proceso de paz no solo de ETA, sino de la izquierda abertzale.
Las dificultades en la gestión de esta contradicción se han ido haciendo patentes con los días a golpe de declaraciones explicativas de Otegi y de artículos de Gara sobre los encuentros entre ETA y el Gobierno. Del «desconcierto» -subrayado por el hecho de que Otegi tuvo conocimiento del atentado en plena reunión con uno de sus interlocutores del PSE, Jáuregui- se pasó a reconocer la «contradicción», a las «puntualizaciones» sobre la traducción de las declaraciones del vasco al castellano de otros dirigentes abertzales. Y cuando estaba a punto de generalizarse el debate político en toda la izquierda abertzale, la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia de la Audiencia Nacional y declarar a las organizaciones juveniles de la izquierda abertzale parte de ETA, resucitando la doctrina Garzón, permitió ahogarlo en la necesidad de una respuesta única frente a la represión.
De alguna manera, la decisión del Tribunal Supremo, con una composición marcada por los nombramientos durante el Gobierno Aznar, era la respuesta de la derecha al éxito de las manifestaciones de Madrid y Bilbao y a la resistencia de Zapatero en el debate del día 15 en el Congreso de los Diputados a subordinarse a la política antiterrorista del PP. Pero su adopción, frente a la Audiencia Nacional, en parte había venido anunciada por la política de acoso a distintos sectores de las izquierdas, siguiendo la línea del ministro del interior Rubalcaba contra Batasuna -e incluso organismos unitarios como el movimiento de mujeres por la paz Ahotsak-, para hacer explotar las «contradicciones» de la izquierda abertzale, arrinconándola entre la marginación o la condena pública del atentado, con la misma doctrina Garzón de que debilitar a la izquierda abertzale es en definitiva debilitar a ETA.
La suma de las incongruencias del discurso de ETA con las consecuencias de las diferentes aplicaciones políticas de la doctrina Garzón, en un momento en que las manifestaciones de Madrid y Bilbao frenaban al PP, redujeron el margen de maniobra de Zapatero para mantener su «ambigüedad calculada» sobre el proceso de paz.
Las manifestaciones
El éxito de la manifestación de Madrid (200.000 personas), además de las de Pamplona, Zaragoza, Santiago, Burgos y otras ciudades se debió ante todo a que suponían una removilización de la izquierda frente al PP. El hecho de que fuesen convocadas por los sindicatos CC.OO y UGT y las asociaciones de emigrantes ecuatorianos dieron un carácter de clase más allá de las diferencias y debilidades ideológicas sobre el proceso de paz mismo. ¡Zapatero, no estás solo! y ¡Paz! fueron las consignas más coreadas en una clara confrontación con la derecha.
Esta polarización, alimentada por la estrategia del PP de hacer del fracaso del proceso de paz su principal instrumento para una victoria electoral de la derecha, se refleja también en el pulsómetro de la SER antes citado. El 67% considera que el PP utiliza el terrorismo con fines electorales, que el Gobierno ha hecho lo correcto tras el atentado (53%) y el PP, no (61%), y además, que Zapatero debe seguir intentando el fin negociado de ETA (59% frente al 32%). Para la mayoría de la población asalariada fuera de Euskal Herria, la confrontación con la derecha y el peligro de una vuelta al gobierno del PP han sido determinantes en su actitud durante este mes de enero.
La manifestación de Bilbao, convocada por el Lehendakari Ibarretexe y el Gobierno Vasco, también fue un éxito (80.000 personas). Pero su carácter fue distinto desde el primer momento. Frente a las propuestas de una convocatoria en los términos de la coincidencia de posiciones entre el portavoz del PNV, Imaz, y un PSE marcado desde Madrid por Rubalcaba -que daban por enterrado el proceso de paz y colocaban en primer plano el acoso y aislamiento de Batasuna-, Ibarretxe impuso institucionalmente el eje del diálogo y de las condiciones democráticas necesarias para un proceso de paz.
La batalla política tanto en Madrid como en Euskadi que precedió a la convocatoria de las manifestaciones fue distinta, pero estuvo muy relacionada. En Madrid, el PP tomó rápidamente la decisión de no acudir, bajo la presión de la Asociación de Victimas del Terrorismo (AVT), consciente de que no podía cambiar la naturaleza misma de la convocatoria sindical y que podía perder en la calle, en una dura confrontación, la imagen de mayoría social que ha intentado construir con sus cinco grandes manifestaciones contra el proceso de paz en dos años y medio. Pero ello no le impidió una campaña de erosión para deslegitimar la manifestación sindical. En nombre del consenso antiterrorista PP-PSOE, intentó enfrentar a un sector de la dirección confederal de CC OO contra la dirección regional de Madrid, principal impulsora de la manifestación. Exigió la introducción de la palabra «Libertad» en el lema de la convocatoria «Por la Paz y contra el Terrorismo» como un caballo de troya que le permitiese otras exigencias posteriores en nombre de la «unidad de los demócratas» y chantajeó e intentó escindir a las asociaciones de emigrantes ecuatorianos desde la Comunidad de Madrid, en manos del PP. A pesar de algunas concesiones menores, la decisión política de las direcciones sindicales de Madrid bloqueó la campaña de erosión del PP.
En Bilbao, el lema de la convocatoria se convirtió también en la excusa formal del forcejeo político. La convocatoria «Por la Paz y el Diálogo» fue criticada por el PSE, pero Patxi López antepuso la unidad de acción con el PNV, contando con la complicidad de Imaz. Hasta que Batasuna anunció que ella también acudiría a la manifestación en apoyo del proceso de paz. Para impedirlo, Imaz impuso una tercera consigna de condena explicita del terrorismo de ETA, dando un nuevo aliento a su estrategia de recrear un nuevo pacto de Ajuria Enea basado en la alianza entre PNV y PSE como alternativa al pacto antiterrorista PP-PSOE. En ese marco, la única intervención del Lehendakari Ibarretxe al final de la manifestación volvió a incluir la nota de lectura de consenso democrático sí, pero para intentar de nuevo un proceso de paz que la represión contra la izquierda abertzale no debía ahogar.
El debate en el Congreso
Tras el clima creado por las manifestaciones del sábado 13, el debate parlamentario del lunes estuvo precedido por un diálogo interpuesto en los medios de comunicación entre Otegi y Zapatero y las reacciones posteriores de Rajoy. Las largas entrevistas de Otegi en Gara y de Zapatero en El País no solo intentaban reasegurar a sus respectivas bases de un cierto control racional del proceso, sino de una capacidad de iniciativa independiente de poderes fácticos.
Otegi llevó las «contradicciones» al punto de responsabilizar a todos los sujetos del proceso de paz -y no solo al Gobierno- del bloqueo del mismo, pero reiteró su compromiso de reemprenderlo con las iniciativas y autocríticas necesarias por parte de la izquierda abertzale. Ello no resolvía el problema, porque tras el atentado su condición de sujeto político aceptado por el resto de las fuerzas políticas depende de su condena de la violencia y no solo del llamamiento realizado a ETA para que mantenga la tregua rota. Y esa condena le supondría al mismo tiempo su deslegitimación como interlocutor ante ETA y los sectores minoritarios de la izquierda abertzale que amenazan con la escisión. Su llamamiento a la iniciativa política -incapaz de influir de manera positiva en la correlación de fuerzas en el resto del estado entre la derecha y las izquierdas, de establecer una relación política y social entre la removilización de las izquierdas en el estado y las condiciones para el proceso de paz a través de un movimiento social por la paz- se convierte así en una mera esperanza impotente de que el paso del tiempo arregle las propias «contradicciones» de la izquierda abertzale.
En el caso de la entrevista con Zapatero, tras asegurar que el gobierno no se encontraba ante una crisis, sino ante el acoso de la contraofensiva de la derecha que utilizaba la política antiterrorista con fines electorales -como si no hubiese sido así durante toda la legislatura por razones obvias-, acababa reiterando el compromiso del gobierno con el fin de la violencia con diálogo. Solo ETA era culpable del fin del diálogo y de un proceso de paz en el que el Gobierno había tenido toda la voluntad de avanzar y de cuya metodología se reivindicaba. Porque. en definitiva, el problema de la violencia es el del apoyo social, y este solo se puede superar ganando políticamente a otra perspectiva a sectores significativos de la izquierda abertzale. Su «ambigüedad calculada» se convertía así en una esperanza siempre que se superasen los condicionamientos de la contraofensiva del PP -con sus reflejos dentro del PSOE- y se volviesen a dar las condiciones de cese de la violencia y credibilidad de los interlocutores para un nuevo proceso de paz dialogado.
El debate parlamentario del día 15 escenificó la polarización existente y las alternativas, ayudado por un formato que dio todo el protagonismo a Zapatero y Rajoy. Este último, que había intentado forzar el debate en los primeros días de enero ante un Gobierno paralizado, se encontró, tras las manifestaciones y las entrevistas, con que había quedado aislado de antemano.
La propuesta del PP de una rendición incondicional del Gobierno, su autocrítica y la sumisión al frente antiterrorista que excluía a los nacionalistas vascos y catalanes y al resto de las izquierdas, sin otra perspectiva que una represión generalizada judicial y policial no solo contra ETA, sino también contra el conjunto de la izquierda abertzale, acompañada de la puesta en cuestión de los propios gobiernos vasco y catalán, no podía tener ningún eco. La frase de que en el proceso de paz «si dialoga le ponen bombas, y si no le ponen bombas, es porque ya ha cedido» era una disyuntiva que nadie podía aceptar racionalmente con sus consecuencias. Sobre todo ante la evidente carencia de buena fe del proponente, que cayó en las encuestas casi un 20% en su valoración, ya de por si no muy alta. De igual manera que su exigencia de que se retirase la moción parlamentaria de mayo de 2005 que establecía las condiciones para el diálogo con ETA, porque éste simplemente debía quedar anatemizado. Pero el PP contaba con algo más que la reivindicación del pasado en la forma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y la añoranza del Gobierno Aznar. Cuenta con la herencia institucional de esa política, reflejada en la composición de la judicatura y en una capacidad de movilización social que pretende volver a poner a prueba el 5 de febrero.
La alternativa de Zapatero a la oferta de reedición del frentismo españolista era un consenso amplio contra el PP y contra ETA, una reedición, si no formal, sí de hecho, de los Pactos de Ajuria Enea, más allá de mantener una reunión paralela del Pacto Antiterrorista con el PP. Ese Consenso o Ajuria Enea II era la condición mínima necesaria para poder mantener la perspectiva de un proceso de paz -simbolizada en la moción parlamentaria de mayo de 2005-, aunque dejase sin resolver el problema de cómo crear las condiciones para ello, una vez cerrado el actual por el atentado de ETA. Y en especial, sin resolver las cuestiones clave de la magnitud de la respuesta policial y judicial al atentado y la posible participación al menos por vías indirectas de candidaturas locales de sectores de la izquierda abertzale en las elecciones municipales. Porque sin resolver estas dos cuestiones en una ampliación de las condiciones democráticas de integración de la izquierda abertzale, el único freno a una nueva ruptura del reiterado «alto el fuego» de ETA con una ofensiva terrorista que se llevase por delante al Gobierno Zapatero parece pasar por ofrecer un margen de actuación legal de Batasuna a través de EHAK, que de todos modos no resuelve el problema de su aceptación como interlocutor político. Es decir, un freno muy débil para quienes ya han cometido el error político del atentado del 30 de diciembre.
Pero esta preocupación solo apareció de manera secundaria en el debate parlamentario a través de las intervenciones de los portavoces del PNV, EA o Nafarroa Bai. Para el resto de las fuerzas políticas y sobre todo para Zapatero, la prioridad del debate era evitar el cerco político y social del PP, deslegitimizando su estrategia y ganando tiempo con un discurso de unidad antiterrorista. Ante el bloqueo de las propuestas del PP en el Congreso de los Diputados, sus portavoces anunciaron que las llevarían a los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos, exigiendo la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), bajo cuyas siglas actúa la izquierda abertzale en el parlamento vasco.
Pocos días después -mientras el PP rechazaba cualquier posibilidad de acercamiento en esta estrategia de la tensión-, Zapatero recibió a Ibarretxe en la Moncloa. Aunque nada se ha conocido del contenido de la reunión, sin embargo la reiteración de las líneas fundamentales del discurso de uno y otro parecían corresponder no tanto a un «acuerdo de desacuerdos» como a una división de papeles, según la distinta correlación de fuerzas en Euskadi y en el conjunto del Estado, para la colaboración y gestión del tiempo ganado.
Y ahora ¿qué?
Lo aleatorio de esa conquista es que depende fundamentalmente de la capacidad de reacción de la derecha y del aguante y paciencia de la izquierda abertzale. La derecha, más allá de las críticas habituales a Rajoy por sus debilidades en comparación con Aznar, comprendió el mismo día del debate que su fuerza sigue estando no en su espléndido aislamiento de minoría mayoritaria opositora, sino en la contundencia de la acción judicial y del acompañamiento de la movilización en la calle. En definitiva, si la tregua estaba rota, se trataba de hacer que ETA no tuviese vuelta atrás y que actuase en consecuencia, en un nuevo ciclo de represión-violencia que volviese a poner las cosas en su sitio.
Los cándidos análisis de Gara, según los cuales «el ciclo de la ilegalización y la marginación están superados», se encontraron con la revisión el 19 de enero por el Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la naturaleza de las sucesivas organizaciones juveniles de la izquierda abertzale Jarrai, Haika y Segi. De los 24 acusados, 23 fueron condenados a 6 años de cárcel, acusados de pertenecer a banda terrorista, de acuerdo con la doctrina Garzón. Cuatro de ellos eran detenidos en pocas horas, en medio de manifestaciones, ruedas de prensa y cajeros automáticos carbonizados, mientras el ministro del interior Rubalcaba preveía la rápida detención del resto. Las perspectivas para los macro-sumarios contra los medios de comunicación y los movimientos sociales cercanos a la izquierda abertzale no podían ser peores. Y el mensaje muy claro: Zapatero e Ibarretxe podían decir lo quisieran, pero la derecha tenía en sus manos la capacidad, vía judicial, de imponer el ámbito de la represión tras el atentado y estaba dispuesta a que recayese sobre la totalidad de la izquierda abertzale.
La situación creada y los peligros que encierra demuestran hasta qué punto las izquierdas necesitan, frente a la contraofensiva de la derecha, un discurso que vaya más allá de la buena conciencia de la unidad antiterrorista y de la presión sobre la izquierda abertzale para que condene la violencia de ETA. Tienen que dar una respuesta democrática a medio y largo plazo sobre la solución política del conflicto vasco para acabar con la violencia, y tienen que utilizar, frente a la derecha y frente a ETA, su principal activo, que no es otro que la movilización social por la paz. Estos días se ha demostrado que es posible.
No resignarse a un nuevo ciclo de represión-violencia, a nuevas acciones de ETA y a la victoria electoral de una derecha movilizada implica desarrollar un movimiento por la paz a partir de las iniciativas y movilizaciones existentes, con la pluralidad del debate político imprescindible, y crear las condiciones democráticas para un nuevo proceso de paz. Los que no quieren la paz, dicen que es imposible. El resto, simplemente, que es muy difícil, pero que no hay otra salida.
* Gustavo Búster es miembro de Consejo Editorial de Sin Permiso