Este artículo ha sido inspirado por el que escribió en su blog Joan Coscubiela, parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP),el 7 de septiembre de 2016 (1). Un breve texto llamado Un Parlamento a dos velocidades, que señalaba las diferencias entre lo que llamaba el Parlamento de la Política que giraba en torno a […]
Este artículo ha sido inspirado por el que escribió en su blog Joan Coscubiela, parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP),el 7 de septiembre de 2016 (1). Un breve texto llamado Un Parlamento a dos velocidades, que señalaba las diferencias entre lo que llamaba el Parlamento de la Política que giraba en torno a la agenda de diputados y diputadas que representan un 47% de los votantes (PDECAT, ERC y CUP), y lo que llamaba el Parlamento de las políticas, que trataba asuntos que podían afectar al 100% de los votantes o al conjunto de la sociedad de Cataluña.
Partiendo de la constatación de Coscubiela es necesaria una reflexión sobre las diferencias entre la Política y la política, una distinción que surge de aquella denuncia sobre la distancia entre lo que los partidos ponían en sus programas electorales, y lo que llevaban a cabo (desde el poder o desde la oposición) una vez pasadas las elecciones, cuando la representación de la voluntad popular ya dispone de un puesto de trabajo razonablemente asegurado. Una denuncia formulada originalmente por el 15-M que sigue siendo plenamente vigente hoy.
La terminología no es neutral: ¿a qué llamamos Política con mayúsculas? ¿A la que afecta a grandes grupos sociales de Cataluña (o incluso al censo electoral al completo, y más allá) o en la que abre titulares en los informativos y acapara portadas en los medios de papel o electrónicos? Si consideramos el ruido mediático que generan las actividades institucionales está claro a qué debemos considerar Política; pero si damos prioridad a los impactos de la acción del gobierno y el Parlamento sobre el conjunto de la sociedad, y especialmente sobre las clases subalternas, esta sería la Política con mayúsculas. Y este será el criterio que se sigue en el artículo.
A pesar de que parece insignificante dentro de la Ley de presupuestos 2017 presentada por el gobierno PDECAT-ERC, el Capítulo séptimo, que plantea la creación de un «impuesto» a las emisiones radiactivas rutinarias de los tres reactores atómicos que funcionan en Cataluña, entra de lleno en el campo de la Política; sólo hay que reflexionar sobre algunas de sus implicaciones (2): adjudica a estas emisiones un impacto sobre la salud, por lo tanto el Capítulo séptimo afecta a toda la población, ya que las emisiones radiactivas, como se sabe, pueden desplazarse a enormes distancias, actuar sobre toda la cadena de alimentación y alargar sus efectos en el tiempo. También tiene gran trascendencia si consideramos el ámbito inédito en que entra a legislar: el reconocimiento del carácter negativo para la salud de unas radiaciones que oficialmente siguen siendo consideradas «inofensivas». Las implicaciones sanitarias son igualmente abrumadoras, implica plantear estudios e investigaciones para determinar su alcance. Y no digamos ya las implicaciones que supone en el terreno de la fiscalidad ambiental, donde plantea interesantes cuestiones sobre los diferentes tipos de impuestos, sobre su efectividad real como disuasorio o compensador, o sobre su carácter legitimador de impactos irreversibles , que es como creemos que se puede calificar con toda precisión el Capítulo séptimo.
Por todas estas razones, el Capítulo séptimo pertenece de lleno al ámbito de la Política, pero paradójicamente, se ha resuelto parlamentariamente como una cuestión de política , se ha «gestionado» desde un consenso tácito entre los diferentes partidos, dentro de la rutina profesional de la política y de espaldas a las implicaciones sociales y de salud. Limitándolo a un requisito menor de política fiscal.
Este tratamiento no sorprende en el caso de los partidos del Parlamento que tienen una posición favorable hacia la energía nuclear: PDECAT (CDC), ERC, PP y Ciudadanos, son fuerzas que mantienen posturas que van desde el apoyo entusiástico al silencio calculado; pero sí que sorprende en el caso de las tres formaciones que tienen en sus programas el cierre nuclear: PSC, CSQEP y la CUP. Lo que ha pasado con el Capítulo séptimo y el «impuesto» radiactivo es todo un ejemplo del blindaje político que la energía nuclear tiene en las instituciones de Cataluña.
Un blindaje que se muestra en como estas tres fuerzas políticas han llegado a un consenso para instalarse en la política y no en la Política, para huir de un debate sobre implicaciones sociales, de salud, e incluso legales, del supuesto «impuesto»; para compartir la confusa terminología que se invoca para justificar cualquier medida impuesta a beneficio de las élites, con abstracciones como «externalidades negativas», «mecanismos de mercado», «costos de producción», «rentabilidad», etc .; que se limiten a una declaración de impotencia ante la energía atómica; que eviten situar el «impuesto» en el marco de la voluntad de la industria nuclear de alargar el funcionamiento de Ascó y Vandellòs a 60 años…
Estamos algo más que un hecho coyuntural. Para utilizar una terminología muy habitual en círculos políticos y empresariales, lo que ha hecho con el Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos es enviar lo que se llama «una señal nítida», una «señal» de que hay cosas que no se debaten en público, que deben mantenerse fuera de la Política porque corresponden a la política, y que en el Parlamento de Cataluña no sólo continúa vigente el «ahora no toca», sino que en asuntos como las nucleares predomina el «eso no se toca».
La «señal nítida» que se emite es que en Cataluña no se puede hacer «diferenciación política», más allá de unas declaraciones genéricas para cubrir el expediente.
Notas:
(1) Miércoles, 7 de septiembre de 2016. UN PARLAMENTO A DOS VELOCIDADES
http://www.joancoscubiela.cat/
(2) Para no hacerse reiterativo se puede profundizar en documentos del MIA y artículos de opinión en: http://www.
Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro de Tanquem Les Nuclears – 100% RENOVABLES, del Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES, y del Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña. Mantiene la página de divulgación energética www.
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