El informe de Amnistía Internacional «Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España» (junio de 2015) señala que desde 2008 (inicio de la crisis) en el estado español se han producido cerca de 600.000 ejecuciones hipotecarias. Las medidas (paliativas) llevadas a término por el gobierno, «insuficientes y muy restrictivas», han beneficiado sólo […]
El informe de Amnistía Internacional «Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España» (junio de 2015) señala que desde 2008 (inicio de la crisis) en el estado español se han producido cerca de 600.000 ejecuciones hipotecarias. Las medidas (paliativas) llevadas a término por el gobierno, «insuficientes y muy restrictivas», han beneficiado sólo a 31.500 familias. El Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) publicó el 30 de julio uno de los últimos balances oficiales que da cuenta de los efectos de la crisis. Según esta fuente, el riesgo de pobreza afectaba en 2014 a un 20,9% de la población catalana (19,8% en 2013), mientras que la media española se sitúa en el 22,2%.
El 23 de julio el INE hizo pública la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2015. De la nota de prensa pueden extraerse estas cifras: 5,1 millones de parados (22,3% de la población activa), de los que 592.000 tienen más de 55 años; y 1,6 millones de hogares con todos sus miembros en desempleo; además, 2,6 millones de personas perdieron su empleo hace más de un año.
Los números de la recesión esconden las historias de la precariedad, y también de las resistencias, relatos de conflicto, lucha y sufrimiento que reivindican los derechos carcomidos por la austeridad. Juanjo Huerta, de 54 años, trabajó por última vez en 2009, en Mercamadrid, para la subcontrata de una contrata de una gran superficie, en la sección de repartos. No se le podía llamar «trabajo» a las labores que hizo para un artesano autónomo y «otras chapuzas» durante seis años. Agotada la prestación de desempleo y los subsidios, a este vecino de Fuenlabrada se le ocurrió emprender la lucha por la renta básica, de la que sabía por algunas lecturas en Internet y vídeos, sobre todo de Daniel Raventós.
Juanjo Huerta politizó su condición de precario. El pasado 11 de mayo decidió iniciar una huelga de hambre por la renta básica en su domicilio, que anunció en la red. Su puso en contacto con él, por ejemplo, Ramiro Pinto, activista por la renta básica y de las «Sillas del Hambre» en León. Después de dos días de huelga en su casa, reanudó la protesta en la Plaza del Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde recibió el apoyo de personas y colectivos sociales. Activistas del 15-M, las «Marchas de la Dignidad», las Juventudes Comunistas, «Ganar Fuenlabrada», MAPrecarios, la «marea básica» y miembros de partidos de izquierda respaldaron la huelga de hambre en la plaza. «Se acampaba por turnos, algunas noches podían reunirse más de veinte personas», relata Huerta en la Escuela de Verano de los Campamentos Dignidad de Mérida.
La huelga de hambre duró doce días, y planteó según el activista dos objetivos: denunciar la pobreza y la precariedad en todo el país («una realidad que no se quiere reconocer: hay pobreza en España»); y además abrir un debate social sobre la renta básica. ¿Qué ocurrió durante los días de protesta? «El primer día la policía requisó la tienda de campaña grande, pero luego montamos otra, eran tiempos de campaña electoral y no les interesaba un mensaje de represión; la concejal de Servicios Sociales vino a interesarse por mi situación». Lo mejor de aquellos doce días fue la solidaridad de los movimientos sociales, y la presencia de los vecinos que se acercaban a informarse.
«Hubo gente que vino con la guitarra a cantar para que me levantara con más ánimo; otros me decían que estaban igual que yo, y me daban gracias por representarlos». El seguimiento de su estado de salud lo hizo Mar Noguerol, doctora e integrante de la «marea blanca», quien le señaló que los últimos análisis apuntaban riesgos. El activista debía tomar zumos y caldos. Juanjo Huerta abandonó la huelga de hambre habiendo cumplido con los objetivos: «una cierta presencia mediática de la protesta» y el compromiso por parte de diferentes candidatos de llevar la renta básica a los plenos, después de las elecciones. La acción terminó con una fiesta en la Plaza del Ayuntamiento de Fuenlabrada, escenario de la huelga de hambre. El protagonista, Juanjo Huerta, vecino de Fuenlabrada, participa en el 15-M, las «Marchas de la Dignidad», la «Marea Básica» y «Renta Básica-Fuenlabrada».
Otra relato sobre la crueldad de la crisis, y de la resistencia frente al hacha de los recortes es el de Miguel Ballester, vecino de Godella (Valencia) de 51 años. En lugar de resignarse y ver cómo la tijera socava sus derechos básicos, ha salido a la calle. Participa en la PAH-Valencia, las «Sillas del Hambre» y es activista contra la «ley mordaza». Miguel Ballester ha trabajado toda la vida de comercial, y en enero de 2009 finalizó su contrato laboral -el último que ha firmado- en una empresa de la construcción. A partir de ese momento, sólo algún empleo como autónomo. Muchas de las historias se repiten con matices, como relatos paralelos. Miguel también agotó las prestaciones, de manera que sólo le quedaba la ayuda de 100 euros que concede el Ayuntamiento de Godella. Nunca le concedieron la renta garantizada de ciudadanía de la Generalitat Valenciana (380 euros), «pese a que tengo derecho a ella».
«Ante el panorama de pasar un año con 900 euros (total anual) de la renta municipal -relata el activista- tomé la decisión de presionar a la institución más cercana, el ayuntamiento». Por esa razón empezó una huelga de hambre en julio de 2014 en el ambulatorio de Godella, que duró una semana. La reivindicación era muy clara: dado que la conselleria no le abonaba la renta mínima, que la cantidad de 380 euros mensuales se la pagara el ayuntamiento. El consistorio accedió, y le pagó a Miguel Ballester entre septiembre de 2014 y mayo de 2015. Pero a partir de este mes el ayuntamiento incumplió el acuerdo. «En mayo y junio no he cobrado (en julio sí), y en Servicios Sociales me dicen que es porque me falta un papel». El acuerdo se renueva cada tres meses, «y no tengo claro lo que ocurrirá a partir de agosto».
Esta situación se da en un municipio de 13.000 habitantes, Godella, donde en la legislatura anterior gobernaba un tripartito formado por Compromís, EUPV-IU y el PSOE; y después de las últimas elecciones rigen el consistorio las mismas formaciones además de «Canviem Godella». El activista explica que cuando alcanzó el acuerdo con el ayuntamiento, la alcaldesa era Eva Sanchis, de Compromís, al igual que ahora, cuando la ayuda está pendiente de renovación. Sin embargo no sabe qué ocurrirá. Cuando echa la vista atrás, a la huelga de hambre de hace un año, recuerda que en el ambulatorio recibió una atención médica adecuada. Desde el primer momento contó con el apoyo de una plataforma solidaria de Godella, además de la PAH de Valencia y Paterna, que le arroparon especialmente al igual que muchos vecinos. «Se ganó la batalla gracias al respaldo popular; la protesta se difundió en los medios de comunicación locales y las redes sociales, de lo contrario no me hubieran hecho caso».
A la hora del balance, en un pueblo pequeño de la comarca de l’Horta Nord, donde las relaciones son estrechas y difícilmente se pasa inadvertido, gente a la que se considera cercana escatima su apoyo, mientras otras personas de quienes poco se espera, se adhieren a la causa. En cuanto a las administraciones públicas, «son todo dificultades, trabas y zancadillas para recibir las ayudas; los procesos se alargan y los servicios sociales municipales no facilitan nada, cuando hablamos de situaciones de emergencia que no se pueden prolongar; los servicios sociales funcionan de manera arbitraria: no hay criterios básicos a los que atenerse ni información sobre las ayudas». Por eso es tan importante la presión, subraya Miguel Ballester. Además de la huelga de hambre, influyó el envío de correos electrónicos por parte de activistas de la PAH a la alcaldesa, el concejal de Servicios Sociales y la trabajadora social. Fue una forma de escrache. De hecho, el ayuntamiento le pidió al activista que cesara la campaña.
Villafranca de los Barros es un pueblo de 12.500 habitantes de la provincia de Badajoz, cuya fuente económica principal es la agricultura. En esta localidad Pilar Rodríguez, de 45 años, ha batallado sin descaso contra las grandes compañías de suministros básicos: le han cortado el agua hasta cinco veces (el índice de pobreza energética en el estado español casi se triplicó durante la crisis, entre 2007 y 2013, hasta alcanzar a uno de cada diez hogares, según un informe de Economics For Energy). Pilar tenía una empresa de productos químicos y máquinas industriales de limpieza, que cerró en 2007. Sin prestaciones, servicios y ayudas -sólo algunos «trabajos» en la economía sumergida como modista o tratando suelos de terrazo- «rebuscaba» para poder subsistir.
Se apoya en los amigos y familiares, pero también ha comido gracias a la beca universitaria de su hija. Tampoco la suya es la historia de una derrota, de un fracaso vital en la sociedad de los emprendedores, de una existencia frustrada. Porque ha salido a pelear en la plaza. Pilar Rodríguez se enroló en los Campamentos Dignidad de Villafranca de los Barros, cuya lucha se centra en tres prioridades: informar a la población de la renta básica; los desahucios y la pobreza energética; y mejorar las condiciones laborales de los jornaleros en el convenio de la uva y la aceituna. A Pilar le cortaron el agua por primera vez los técnicos de Aqualia en 2011, pero ella se «enganchó» al contador.
Cuando pudo, abonó la deuda de 120 euros a la compañía, que le retiró de nuevo el suministro al año siguiente, al tener varias facturas pendientes de pago. Finalmente le quitaron el contador. Hizo otro «apaño». «Entonces los técnicos de Acciona venían a diario, y les dije que no tenían vergüenza, les echaba a la calle». Los técnicos entraban en la comunidad de vecinos acompañados por la policía local y la guardia civil, que le amenazó con la detención. Después de una denuncia de Acciona, Pilar Rodríguez tuvo que declarar en el juzgado de Villafranca de los Barros. Al final, ha llegado a un acuerdo con la empresa para que no le corte el suministro hídrico. Mientras, ha cobrado la renta básica de inserción hasta febrero, que después ha renovado, con la que mantiene a dos de sus hijos.
Con excepción de la presencia policial, esta ciudadana ha emprendido una batalla similar con Endesa por el mantenimiento de la luz. Cortes, «empalmes», idas y venidas. El apoyo principal lo ha encontrado en los Campamentos Dignidad, de los que forma parte. Uno de los hitos en la resistencia fue la reunión con el alcalde de Villafranca, quien le pidió el nombre y la dirección para «solucionar tu problema». «No se lo di», explica Pilar Rodríguez. El objetivo no era la resolución de un problema particular, sino el de todos los afectados del pueblo. La cuestión es de dónde saca esta ciudadana la energía para resistir: «Un niño no puede estar sin luz ni agua, si la gente a la que quiero me pide la luna pues subo y la bajo; a veces les miro a los ojos para levantarme: no te queda más remedio que echarle valor».
En situación de desempleo y lucha por una vivienda digna, Rosa Catalán, de 60 años, vive en una zona deprimida del barrio de Vallecas. Recibe una ayuda mensual de 360 euros por una enfermedad crónica. La crisis no empezó para Rosa en 2008, sino treinta años antes, cuando se separó de su marido. Desde entonces nunca ha tenido una vivienda estable, e incluso ha recurrido a albergues. Por tanto, «la crisis actual no me ha pillado de sorpresa, porque ya estaba en esa lucha». También ha tenido que «engancharse» al agua y a la luz. Actualmente está a la expectativa, ya que ha recibido avisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) para que abandone el piso donde vive. Rosa no se considera alguien especial: «Como yo hay mucha gente, cada uno se busca la vida como puede». En pocas palabras, resume la situación política actual: «Hay mucha gente corrupta y que se ha llevado muchos millones; la cadena formada es enorme, como para resolverla en dos días».
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