América Latina no es una región liberal en cuanto al aborto. Pero la decisión de los legisladores nicaragüenses de penar con ocho años de prisión a quien lo practique para salvar la vida de la madre sembró perplejidad en médicos, feministas, activistas, diplomáticos y funcionarios gubernamentales. Hasta la ministra de Salud de Nicaragua, Margarita […]
América Latina no es una región liberal en cuanto al aborto. Pero la decisión de los legisladores nicaragüenses de penar con ocho años de prisión a quien lo practique para salvar la vida de la madre sembró perplejidad en médicos, feministas, activistas, diplomáticos y funcionarios gubernamentales.
Hasta la ministra de Salud de Nicaragua, Margarita Gurdián, rechazó la penalización del aborto terapéutico, a pesar de que el presidente Enrique Bolaños había pedido este mes hasta 30 años de cárcel contra las mujeres y los médicos que interrumpieran embarazos riesgosos.
La Asamblea Nacional legislativa aprobó el 26 de este mes una ley anulatoria del artículo 165 del Código Penal de 1893, que establecía el aborto terapéutico como figura legal. Por tanto, quienes incurran en él podrán ser castigados con cuatro a ocho años de prisión. La decisión se adoptó en medio de una agitada campaña para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
«Esto es un retroceso a la edad medieval de los derechos femeninos», opinó la activista Juana Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y coordinadora de la campaña por la despenalización del aborto terapéutico.
El Código Penal definía el aborto terapéutico a la interrupción asistida del embarazo cuando la madre corría riesgos de salud, o daños psicológicos por haberse embarazado al ser violada, certificados por al menos tres médicos. De acuerdo con el MAM, cada año se practican entre 800 y 1.000 abortos terapéuticos.
«Cambiaron 200.000 posibles votos por la vida de más de tres millones de mujeres nicaragüenses», dijo Jiménez a IPS, en referencia a las 200.000 firmas que, a inicios de este mes, presentaron al parlamento representantes de las iglesias Católica y Evangélicas, solicitando la derogación del artículo 165.
Jiménez anunció que el MAM redoblará sus protestas, recurrirá la ley ante tribunales superiores e iniciará una demanda internacional contra el Estado de este país centroamericano de 5,4millones de personas, de las cuales más de 75 por ciento viven en la pobreza.
Para la médica Ana María Pizarro, de la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia, la ley es «un crimen contra las mujeres más pobres y una abierta violación a los derechos humanos universales y a la Constitución».
En su opinión, los diputados de la Asamblea, dominada por el derechista y gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y por el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), optaron por las exigencias de la Iglesia Católica y otros grupos religiosos en busca de sus votos.
Cuatro de los cinco partidos que tomarán parte en los comicios de noviembre, incluidos los favoritos FSLN y PLC, se declararon a favor de ilegalizar el aborto terapéutico.
La ley fue aprobada por 52 votos a favor y nueve abstenciones, correspondientes a ocho legisladores liberales y uno de Alternativa Cristiana. El resto de los 92 legisladores del parlamento unicameral no estaban presentes.
«Aquí no hay nada político para ganar votos, se trata del clamor de la mayoría de las mujeres nicaragüenses que piden el respeto a la vida», justificó el diputado liberal Wilfredo Navarro, miembro de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo.
Del mismo modo se expresó el diputado sandinista y coordinador de la bancada del FSLN en la Asamblea, Edwin Castro: «Nada tiene que ver la política con el aborto, aquí se aprobó una medida legal de protección a la vida y no obedece, de ninguna manera, a acciones electorales».
La sesión estuvo marcada por protestas de organizaciones civiles y de mujeres. Varias intentaron ingresar al edificio, arrojaron piedras y botellas y rompieron los portones, pero agentes policiales las sacaron a empujones de la sede y volvieron a bloquear la entrada.
La dirigente Norma Moreno, de la Coordinadora Nicaragüense de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia, estimó que el debate debió posponerse hasta después de las elecciones.
La ley traerá como consecuencia un aumento de la mortalidad materna e infantil y una posible fuga de médicos especialistas a países donde puedan ejercer la medicina con libertad, opinó Moreno a IPS.
El representante en Nicaragua de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Patricio Rojas, sostuvo que la tasa de mortalidad materna en Nicaragua es de 83,4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.
Rojas señaló que el no podrá cumplir con dos de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que proponen reducir en dos tercios la mortalidad infantil y en tres cuartos la mortalidad materna, entre 1990 y 2015.
Los ODM fueron aprobados por la comunidad internacional en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del año 2000 como una gran plataforma para abatir la desigualdad y la pobreza en todo el mundo.
La mortalidad materna disminuyó 46 por ciento en este país en los últimos quince años, y sólo 22 por ciento en la última década, según el Ministerio de Salud.
Cada año mueren en Nicaragua alrededor de 144 mujeres en edad reproductiva, sin incluir el alto subregistro, que se calcula hasta en 50 por ciento.
La mortalidad materna representa cerca de cuatro por ciento de todas las causas de muerte. Más de 70 por ciento de las muertes maternas son registradas en áreas rurales, y casi la mitad de las mujeres fallecidas tienen de 20 a 34 años.
«El Estado casi obliga a que las mujeres tengan que emigrar a países donde puedan realizarse el aborto, o a esconder a sus niñas muertas en los patios de sus casas», dijo Georgina Muñoz, enlace nacional de la no gubernamental Coordinadora Civil.
Entre las voces que pidieron la postergación del debate estuvo la subsecretaria general de la ONU y directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rebeca Grynspan, quien de visita en el país señaló que el aborto es «muy delicado y debe discutirse en el espacio y en el momento adecuado, es muy difícil que sea en un momento electoral».
El debate se desató el 10 de agosto, cuando Edmundo Jarquín, candidato presidencial del Movimiento Renovador Sandinista, disidente del FSLN, abogó por mantener el artículo 165 del Código Penal a favor de las mujeres que corrieran riesgos de salud.
La jerarquía católica rechazó los comentarios de Jarquín e inició un intenso cabildeo con los diputados del FSLN y del PLC para eliminar el artículo y penar su práctica, complicidad o promoción con 20 años de prisión.
La interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en América Latina, con excepción de Cuba. Sin embargo, las legislaciones de varios países contemplan excepciones en casos de peligro de muerte para la madre, inviabilidad del feto por fallas genéticas graves o cuando el embarazo es producto de violación o incesto.
Un clamor nacional e internacional acompañó la decisión parlamentaria nicaragüense.
A las 25 declaraciones de organizaciones nacionales e internacionales que reclamaban mantener la despenalización del aborto terapéutico, se sumaron miembros del cuerpo diplomático destacado en Nicaragua, las sociedades médicas de América Latina, representantes de agencias de la ONU, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y la OPS y las no gubernamentales Save The Children, International Women’s Health Coalition y Human Rights Watch, entre otras.