A medida que avanza la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería se multiplican las críticas desde diversos sectores.
Cuando a finales del pasado año el Gobierno del PSOE hizo público el Anteproyecto de Ley de Reforma de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y a tenor de la que estaba cayendo, daba la sensación de que su intento de recortar nuevamente derechos a las personas extranjeras iba a ser un paseo triunfal. El consenso al respecto de las principales fuerzas políticas y las dinámicas sociales tendentes a hacer del «otro», del no nacional, el chivo expiatorio de un momento de crisis económica e incierto futuro, así parecían augurarlo.
Pues bien, cuatro meses después, y aunque los datos, digamos, estructurales, no han cambiado observamos cómo se han activado no pocas reservas democráticas existentes en nuestra sociedad.
No me estoy refiriendo a movilizaciones de sectores amplios de nuestros barrios y ciudades. Ni siquiera a una movilización de las organizaciones más implicadas en el trabajo en este terreno, donde los factores de debilidad e inestabilidad siguen estando presentes. Me refiero a las lecturas críticas de dicho Anteproyecto desde sectores muy variados y con influencia en la opinión pública.
El último documento que hemos conocido, fechado, curiosamente, el 14 de abril, lleva la firma de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y desmenuza el rosario de vulneración de derechos, de incumplimiento de la normativa existente y de la creación de situaciones de discriminación e indefensión que, en su opinión, encierra el Anteproyecto. Este análisis sigue la estela de otros anteriores, no menos críticos ni menos significativos.
Una de las particularidades a reseñar es la variedad de ángulos de crítica. Así, junto a los análisis jurídicos globales, como el que acabamos de citar, hay quienes se han centrado en ángulos específicos.
Es el caso de la demoledora crítica sobre la regulación del internamiento de personas extranjeras que recoge el Anteproyecto formulada por un grupo de profesionales del derecho penal integrado por profesores de universidad, jueces, fiscales y abogados que desempeñan su labor en lugares tan significativos como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional. O la movilización de la opinión mediática contra la criminalización del acogimiento solidario, que ha contado con un hueco no pequeño en los medios de comunicación, dado que algunas de las firmas impulsoras, como Soledad Gallego, pertenecen a ese ámbito.
Por supuesto que también contamos con el planteamiento crítico formulado desde el movimiento asociativo, como es el caso de SOS Racismo, la red Acoge, APDHA, CEAR (en este caso ampliando el enfoque a la proyectada reforma, también, de la ley de asilo), e incluso, con un tono más matizado, desde el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Incluso algunas plataformas han impulsado ciertas movilizaciones en Barcelona, Madrid, Málaga…
En definitiva, hay espacio y posibilidades para que en los meses que todavía quedan de debate parlamentario se levanten todo tipo de iniciativas contra los elementos más injustos y antidemocráticos de esta reforma: la regulación del internamiento de una persona incluso más allá de los 60 días, abriendo en determinados supuestos la puerta a un plazo ilimitado de encierro, pese a las expresas manifestaciones gubernamentales en sentido contrario; la regulación restrictiva y discriminatoria del reagrupamiento familiar; la violación flagrante del principio del interés superior del menor como criterio fundamental recogido en nuestras leyes y en la normativa internacional de la que es signatario el Estado español; la persecución de la solidaridad…
Campaña mantera
La campaña para despenalizar el top manta y conseguir el indulto de los 60 manteros en prisión continúa recogiendo adhesiones. Tras las nutridas manifestaciones, organizadas por la Asociación de Sin Papeles de Madrid y Ferrocarril Clandestino, miles de personas han mostrado su apoyo. Entre los más conocidos destacan artistas como Joaquín Sabina, Alex de la Iglesia, Raphael o Jorge Drexler. Hasta cargos de la SGAE afirmaron que respaldarían los indultos. En Terrassa, Barcelona, Zaragoza y Sevilla los manteros también están organizando acciones para defender sus derechos. Para adherirse a la campaña: transfronterizo.at.rezo.net
Peio Aierbe, miembro de Mugak, SOS Racismo