La derogación parcial de la ley de Seguridad Ciudadana se ha convertido en un escollo político para las izquierdas a pesar de haber sido uno de los compromisos de campaña y de acuerdo de investidura más repetidos. Optimismo en el PSOE, desesperación en UP y exigencias en la izquierda soberanista. El temor a que esa legislación acabe en manos de un gobierno PP-Vox.
Casi 15 meses desde la presentación de las enmiendas parciales; 35 reuniones de los grupos de trabajo; múltiples negociaciones informales y varias ponencias. Más de tres años de haber sido prometida en campaña. Con todo eso, la reforma de la popularmente conocida como ley Mordaza sigue sin concretarse y muy empantanada.
Si bien algunas filtraciones de alguna de las partes muy interesadas en mostrar avances (las del Gobierno de coalición, claro) pueden dar una idea que antes las municipales de mayo seguramente esté resuelto, el enredo no parece tener vistas de desanudarse cuando se indaga al respecto en los pasillos del Congreso de los Diputados.
La ley de Protección de la Seguridad Ciudadana entró en vigor hace siete años y medio, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy cuando tenía una aplastante mayoría absoluta. Desde entonces ha sido duramente criticada por las formaciones progresistas, también incluso por la centroderecha del PNV y JxCAT, y por una larga lista de colectivos sociales y oenegés como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Y sí, también por la Unión Europea, una carta siempre azuzada
por las derechas y Gobierno cuando les conviene pero ignorada cuando
no. Ya en 2018 la entonces comisionada de Derechos Humanos del Consejo
de Europa había pedido reformas a la mencionada ley por tener
contenidos lesivos. Cuatro años después volvió a insistir sobre lo
mismo, precisamente en febrero pasado, considerando deficitarios los
cambios impulsados por Moncloa.
Antes de bajar a la arena política, para el lector más desprevenido cabe recordar por qué las izquierdas impulsan, con matices, los cambios a esta normativa y por qué es importante que los ciudadanos lo exijan: como ha explicado en reiteradas oportunidades la filial española de Amnistía Internacional, la ley Mordaza hizo que la policía de turno pueda actuar como juez y parte y haga multas por la vía administrativa, mientras que si fuera por la vía penal tiene que haber una denuncia y el policía o efectivo de la Guardia Civil tiene que demostrar la culpabilidad y un juez resolver escuchando ambas partes.
Además, las sanciones por delitos penales tienen que ver con la situación personal del sancionado y en cambio por vía administrativa el parámetro es el mismo, lo que la hace más gravosa. Un ciudadano pierde la presunción de veracidad y debe hacer un gran esfuerzo para demostrar su inocencia ante, por ejemplo, la palabra del efectivo policial que dice haber sido faltado el respeto. Recurrirlo es un castigo en sí mismo. También restringe la difusión de imágenes de represión policial y, último pero no menos relevante, está el apéndice sobre las devoluciones en caliente.
Un nado en el lodazal
Que hubo en el último mes acuerdos parciales sobre las cuestiones menos relevantes para derogar o modificar es verdad e innegable. Que el optimismo que algunas filtraciones demostraban fue exagerado, lo es también. Las cinco formaciones que en esta negociación son clave y cuentan cada uno con posiciones distintas son PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV y EH Bildu. A pesar de auto-proclamarse liberales y europeístas, en este tema Moncloa no espera el apoyo de los diez escaños de Ciudadanos, escorados a la derecha y muy cercanos a algunos sindicatos policiales.
Los puntos ya acordados y que quedaron plasmados en la última ponencia tienen que ver con despenalizar la grabación y difusión de imágenes de los policías excepto en caso que afecte a su seguridad personal y con que dejarán de constituir infracción las manifestaciones alrededor del Congreso, el Senado y asambleas autonómicas (una petición especial de los morados). También deja de ser sancionable el llamado top manta (ocupar la vía pública para la venta ambulante) así como la perturbación de la seguridad en oficios religiosos y deportivos. Otra medida progresista es que las sanciones pasarán a tener en cuenta la capacidad económica del denunciado.
Pero sabe a poco tanto para Unidas Podemos y a muy poco para ERC y EH Bildu. El socio minoritario de la coalición que gobierna es por lejos el más activo en intentar conciliar las diferentes posiciones y de hecho fuentes de los grupos de trabajo informales señalaron a El Salto que los morados presentaron textos escritos alternativos a los temas sin acuerdo y varios de ellos no han recibido ni siquiera respuesta de algunos grupos. “Ni siquiera negativa”, subrayan.
El ponente en este tema de EH Bildu es Jon Iñarritu, diputado por Gipuzkoa. En conversación con El Salto, afirma que “hay quien está vendiendo una moto y que dice que [la reforma] saldrá adelante en las próximas semanas y la verdad es que hace un año se bloqueó todo porque había varios puntos sensibles sin acuerdo, y varios siguen así”.
“Formaciones como nosotros y Esquerra nos negamos a apoyar cualquier salida sin que se aborde los elementos más lesivos de la ley Mordaza y me refiero a el artículo 37.4 (sobre la falta de respeto a la autoridad), el 36.6 (desobediencia a los agentes), el 23 (relativo al material antidisturbios como el uso de pelotas de goma) y la adicional de las devoluciones en caliente”, explica. Además, añade que en particular el partido de la izquierda abertzale pide cambios en el 17.2, relativo a lo discrecional de los controles azarosos policiales en vía pública.
El grupo Republicano comandado por Gabriel Rufián es muy reticente también a aprobar un cambio que considera maquillaje (cabe recordar que se está trabajando sobre la base de un texto base presentado no por el Gobierno sino por el PNV hace casi dos años). En ERC hacen hincapié también en el artículo 30.3, que refiere a la autoría presunta de manifestaciones y que con sólo leerlo en el BOE daría escalofríos a cualquier estado de derecho moderno.
Para el independentismo catalán es un tema sensible debido a que en la manifestación que rodeó al Parlament en Barcelona, la exposición pública de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez en la misma los llevó a ser presos por delito de sedición. Un hecho que algunos magistrados del Tribunal Constitucional consideraron en 2021 lesivo al derecho de protesta y “empobrecedor de la democracia”.
La diputada de ERC y ponente en la comisión de Interior, María Dantas, ha expresado días pasados su queja públicamente en su cuenta personal de Twitter por la narrativa periodística en algunos medios sobre lo cerca que se estaría de un acuerdo integral por parte de “los socios del Gobierno”.
“Eso no es cierto! No estamos cerca de un pacto para reformar la Ley Mordaza (derogarla, ni hablar!). El PSOE continúa bloqueando cambiar artículos del 70% de las multas, no quieren eliminar las devoluciones en caliente, pelotas de goma y otros. No vendáis humo, por favor”, ha enfatizado, citando un artículo periodístico.
Iñarritu se manifiesta en el mismo sentido y deja claro al responder: “Nosotros decimos que esto sigue siendo ley Mordaza, y no solo nosotros, también la comisaria europea de Derechos Humanos. Hay una trampa dialéctica con lo que se informa porque hay un acuerdo sobre la mayoría de las cosas y ya sabíamos que en eso lo habría porque no eran los puntos difíciles”. Preguntado sobre qué cree que ocurrirá finalmente, señala: “No sé si será aprobada. ¿Lo que no se pudo resolver en tantas reuniones se va a resolver ahora? Un poco complicado. Es una ley especialmente lesiva a la hora de proteger libertades y derechos, por nuestra parte lo intentaremos, disponibilidad total. Ojalá, porque sería un peligro darle esta legislación a un eventual gobierno liderado por el PP y Vox”.
Tiempo de descuento
Horas antes de Navidad, el PSOE y Unidas Podemos solicitaron por escrito al Congreso que habilite el mes de enero, inhábil en lo parlamentario, para poder reunir no sólo la ponencia encargada de tramitar la reforma de la ley sino también a la Comisión de Interior si es necesario para aprobar esa iniciativa.
Fuentes de uno de los partidos en la negociación informaron a El Salto que la ponencia, de ser avalada, sería el próximo 12 de enero, por tanto, para que esto no sea un esfuerzo en vano las negociaciones deberían acelerarse en los próximos días.
El contexto político venidero no ayuda a que todo esto se desatasque. Es evidente que ciertos sectores del PSOE que necesitan revalidar sus escaños autonómicos en circunscripciones más conservadoras no tienen ganas de empezar una precampaña electoral con una reciente presunta nueva concesión a los soberanistas y el ala más de izquierda del Gobierno. La ley vería su capítulo final, de acabar habiendo acuerdo, alrededor de marzo.
Asimismo, tanto ERC como EH Bildu tampoco quieren ser vistos públicamente como quienes ceden una vez más al centrismo mezquino de los socialistas, que desoyen su compromiso electoral una vez más (porque la promesa era la derogación, no los cambios). Si bien no hay autonómicas en Catalunya y Euskadi (sí en Navarra), hay centenares de cargos en las diputaciones provinciales y municipales que están en juego. Si Pedro Sánchez decidiera por sorpresa adelantar las generales esta primavera, todo este contexto sería aún más desfavorable.
Unidas Podemos anhela un acuerdo aunque no sea con posiciones maximalistas para poder exhibirlo en la campaña. De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz, máxima representante del espacio (en los hechos, más allá de las diferencias internas) ha enfatizado hace pocos días en su última rueda de prensa del año que dos hitos que aún el Gobierno adeuda son la ley de Vivienda y la ley Mordaza.
Fuentes parlamentarias que participan de las negociaciones más discretas informaron a El Salto que en la segunda semana de diciembre se había llegado a un acuerdo de palabra que, como los representantes en los grupos de trabajo “no daban más de sí” en las cesiones, algún representante de Ferraz o de Moncloa (como el ministro Bolaños o el diputado Simancas, encargado de las relaciones con las Cortes) negociara en Barcelona con la cúpula de ERC y en Vitoria-Gasteiz con la de EH Bildu para desbloquear. “Los del PSOE creen que ya se han comido bastante con lo de la Guardia Civil retirada de Navarra o lo de los delitos de sedición y malversación como para seguir digiriendo más titulares en contra y pedirán buscar soluciones intermedias”, comentan desde el Congreso.
Otra fuente cercana a los diputados morados expresa optimismo y asegura que cediendo un poco cada parte, se alcanzaría un acuerdo sobre casi todos los puntos pendientes (menos las devoluciones en caliente, que se lo quiere postergar a otra ley de extranjería). “Creo que todos saben que sería peor que no salga adelante, el desgaste ya está hecho”, afirma, casi murmurando. Hay cansancio al respecto en los grupos de trabajo. Y una indiferencia del ciudadano promedio que debería espabilar con solo imaginarse a un posible ministro de Interior Santiago Abascal en 2024 con las plenas facultades de ley actual.