El traspaso del CES Felipe II de la UCM a la URJC El pasado 29 de abril se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, por 34 votos a favor y apenas 4 en contra, el traspaso del Centro de Estudios Superiores Felipe II a la Universidad Rey Juan Carlos […]
El traspaso del CES Felipe II de la UCM a la URJC
El pasado 29 de abril se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, por 34 votos a favor y apenas 4 en contra, el traspaso del Centro de Estudios Superiores Felipe II a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid: es decir el conocido como ‘Campus de Aranjuez’ hasta ahora adscrito a la Complutense pasa a depender de la URJC.
Esta decisión culmina un proceso que comenzaba en mayo del año pasado cuando el rector de la Complutense, José Carrillo, confirmaba a través de un comunicado oficial[1] los rumores sobre su intención de cerrar el CES Felipe II. Tras varios días de movilizaciones y negociaciones, el Consejo de Gobierno reunido el 8 de mayo de 2013[2] se comprometía a «Apoyar el estudio y la negociación de las soluciones que permitan: 1º Hacer viable el CES Felipe II como Centro Público. 2º Que se mantenga su adscripción a la UCM». Sin embargo, el equipo rectoral no encontró, según las declaraciones de Carrillo,[3] la forma de hacer económicamente viable la vinculación del Centro a la UCM. El Rector daba así por buena la desadscripción, ya que «La URJC es una universidad joven que está apostando por los estudios de grado» mientras que la UCM se encuentra en un proceso distinto, en el que la prioridad es la investigación y los estudios de posgrado.
Dicho esto, ¿es el traspaso del CES Felipe II relevante para entender el proceso político en el que se encuentra la educación pública española en estos momentos? ¿Podemos entender el traspaso como una simple consecuencia de los recortes en la financ iación de las universidades madrileñas? ¿Se enmarca este traspaso en el mismo proceso político que las últimas políticas educativas del Gobierno como la entrada en vigencia de la LOMCE, el Real Decre to de Becas o la sustancial subida del precio de las matrículas universitarias y de Formación Profesional? ¿Qué lecciones políticas podemos sacar de es te conflicto ?
En este sentido, cabe dudar de los argumentos de José Carrillo quién asegura que es económicamente «imposible» el mantenimiento del Ces Felipe II «en el seno de la UCM«. Los datos a los que hace alusión el rector en sus discursos hab lan de que la financiación del Centro recae exclusivamente sobre la Universidad Complutense, haciendo inviable para la Universidad el sostenimiento de éste. Sin embargo, los presupuestos de la Comunidad de Madrid vi enen a decir lo contrario puesto que existe una transferencia en 2013 de 7.934.565 € a la UCM para la financiación del Felipe II, que ha sufrido los recortes previstos para las universidades de la Comunidad, pero que es en todo caso la principal vía de financiación del centro así como una fuente de ingresos para la propia UCM que se perdería en caso de ceder el mismo .
Por otra parte, la Universidad Rey Juan Carlos, a la que se pretende adscribir el Centro, no es una institución que se demuestre idónea para mantener el nivel académico y docente del Felipe II. La URJC fue creada en la década de los 90 con el laureado fin de conseguir una universidad pública «de excelencia», con el propósito encubierto de dar cabida a las nuevas promociones de profesores universitarios que no tenían oportunidad de introducirse en las plantillas de las universidades existentes, además de recoger alumnado sobrante para las universidades con más antigüedad.
En efecto, la URJC no ha demostrado ser una institución preocupada por la transmisión de conocimientos a la sociedad: la eliminación de diez titulaciones del ámbito de las humanidades, la aprobación de una normativa de conducta abiertamente antidemocrática o el despido de más de 200 profesores no doctores, en un momento de crisis en que el profesorado contratado no permanente sufre los efectos de su precaria condición laboral, son sucesos que lo ponen de manifiesto.
El traspaso del CES en el contexto de la próxima reforma universitaria
Sabemos que el Ministro de Educación Jose Ignacio Wert está trabajando en una nueva reforma de la Enseñanza Superior y prueba de ello es la publicación del informe de la «comisión de expertos para la reforma del sistema universitario español» o las reuniones públicas del ministro con los gobiernos de las Comunidades Autónomas sobre materia universitaria.
Sin embargo, la contestación de la comunidad educativa a la aprobación de la LOMCE, la crisis de legitimidad que ha sufrido el ministro, la cercanía de varias citas electorales y el hecho de que no se hayan filtrado más noticias sobre la posible reforma universitaria nos hacen sospechar que no nos enfrentamos a la elaboración de otra Ley Orgánica que reforme todo el modelo universitario. Aunque no pod a mos descartar ese escenario, si tenemos en cuenta los informes tanto de este Ministro de Educación como del anterior (especialmente la Estrategia Universidad 2015) y las políticas aprobadas por la UE en materia de investigación y educación, podemos aventurar la dirección de las reformas y la manera en la que se van a implantar.
En el marco legal vigente se dan las condiciones para profundizar en las contrarreformas del sistema de gobernanza de las universidades, en el sistema mixto de financiación y en la adecuación de los planes de estudio al modelo productivo español, a través de varios mecanismos. Uno de ellos es la aprobación de Reales Decretos que hagan modificaciones parciales de la ley, tal y como se hizo en 2013 con el decreto 609/2013 sobre Becas, o como podemos observar en el proyecto de Real Decreto mandatado por la LOMCE sobre la Prueba de Acceso a la Universidad. Otra vía es a través de las Comunidades Autónomas y los Rectorados de las Universidades: los ejemplos más claros hasta el momento son la aplicación de la subidas de tasas -de forma desigual- por parte de los gobiernos autonómicos o los intentos de eliminar mecanismos democráticos de gobierno de la universidad, como la designación de los decanos ‘a dedo’ por parte del Rector.[4]
Esta reforma material de las universidades, esta reestructuración de facto del sentido académico y social del sistema universitario, tiene uno de sus principales ejes en la cuestión de la calidad, la investigación y la estructuración de los centros de Enseñanza Superior. La venta del CES Felipe II está indiscutiblemente ligada al modelo de universidad que pretende la mencionada reforma y que fue perfectamente traducido por el rector Carrillo en la citada sesión del Consejo de Gobierno de la UCM: «vamos a un modelo dual de universidades en España -lo plantea abiertamente el Ministerio y el informe de expertos- en el que habrá, de las 50 universidades públicas, unas pocas que tendrán recursos y tendrán financiación para investigación y posgrados y otras que no lo tengan. Nosotros queremos estar en ese vagón, no en el vagón de cola sino en la locomotora«.
Uno de los principales mantras repetidos hasta la saciedad en el informe de expertos para la reforma es la cuestión de medir la calidad de las universidades en función de la investigación y no de la docencia, adaptar definitivamente la universidad a la «sociedad del conocimiento» en la que lo importante no es la transmisión de conocimiento a los futuros egresados sino la capacidad de ser un agente de permanente innovación en función de las necesidades del tejido productivo. A priori no habría mucho que objetar a la apuesta por que la universidad sea un importante factor de desarrollo de la investigación, pero ¿realmente las reformas persiguen una mayor producción investigadora del sistema universitario español?, ¿es la «sociedad del conocimiento» el mejor contexto para fomentar esa labor?
En primer lugar conviene señalar críticamente el concepto de «sociedad del conocimiento» como fase en la que el desarrollo de las cualificaciones es una clave de ascenso social en el mercado laboral. A sí, en los datos de la OCDE reluce la tendencia al crecimiento de los empleos no cualificados y, por otra parte, el descenso del empleo para los trabajadores no cualificados: mientras la cualificación media de los trabajadores occidentales ha aumentado lo ha hecho también el porcentaje de empleos que requieren una cualificación básica, así como el porcentaje de parados entre los trabajadores menos cualificados. Es decir, el conocimiento se configura como un ascensor social negativo de manera que el acceso a él no excluye la precariedad y el desempleo, y por contra su ausencia prácticamente los hace crónicos.[5] En segundo lugar, el aprecio que el tejido empresarial español tiene hacia la I+D se comprueba en datos como que en 2010 sólo se llegó a ejecutar un 69% del presupuesto destinado a esta partida, lo que viene a cuestionar que los centros públicos sean el principal motor de desarrollo de la misma así como que el mundo de la empresa esté reprochando a la universidad y la ciencia españolas su escasa capacidad de innovación.[6]
En este panorama marcado por la polarización de los empleos en función de las cualificaciones a la baja, donde es más fácil encontrar a un egresado universitaria trabajando en el McDonald’s que en un empleo que requiera de una alta cualificación, y por la incapacidad de nuestro modelo productivo de absorber las innovaciones que se dan en la universidad es donde hay que situar el proceso de reforma universitaria: ésta es la sociedad real a la que pretenden adaptar el sistema universitario. Esto supone fundamentalmente el estímulo y sanción financiera a las universidades en función de sus resultados en investigación, la especialización de las universidades en determinadas ramas de conocimiento, y la creación de una red paralela de universidades de primera y de segunda. Efectivamente la especialización de un red reducida de universidades en torno a la oferta de posgrados está relacionada con la vuelta a un modelo de universidad franquista adaptado a las condiciones actuales, un modelo de universidad dual donde los centros de los principales núcleos urbanos puedan albergar universidades dedicadas exclusivamente a la investigación y a la oferta de posgrados y las periferias queden relegadas a una educación generalista. Por otra parte, ser una universidad de posgrado está directamente relacionado con ser una universidad capaz de generar recursos propios, y esto los rectores saben muy bien que pasa fundamentalmente por obtener ingresos derivados de las tasas de matrícula que en los másters ascienden a precios desorbitados y tienen una cobertura de becas sensiblemente menor que las de grado, todo ello bajo la lógica de la financiación en función de los resultados y la búsqueda de fuentes de financiación propia por las universidades ante una inversión pública que debe reducirse progresivamente.
En definitiva, el modelo de universidad funcional al mundo de los empleos polarizados y la investigación sobrante es el de una universidad sometida al plan de ajuste estructural al que nuestro capitalismo necesita someter nuestra cualificación para perpetuarse. Es el modelo que el rector Carrillo parece haberse resignado a aceptar, pujando por que su universidad pueda acceder a alguna ración de las migajas que le brinda la reforma en marcha del sistema de Enseñanza Superior.
Algunas conclusiones sobre las lecciones a extraer del conflicto
Por ello entendemos que:
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Estamos inmersos en un proceso amplio de reforma del sistema educativo español desde hace ya una década y cuya parte superior aún no ha sido implementada por completo .
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Existe ya el marco legal necesario para seguir profundizando en ese proceso sin necesidad de aprobar una ley orgánica (aunque esto no se puede descartar).
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Los gobiernos de las Comunidades Autónomas y de las Universidades juegan un papel fundamental en el proceso, ya sea como puntas de lanza de la aplicación de la estrategia neoliberal, o como un obstáculo para ésta.
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El contexto de recortes a todos los niveles de la sociedad española (vivienda, sanidad, pensiones, etc), la inexistencia hasta ahora de una ley orgánica de reforma de la universidad (esto es, de un ataque frontal a todo el sistema universitario ) y el bajo nivel de desarrollo de la organización estudiantil ha sido, hasta la fecha, un marco poco propicio para la articulación de un discurso que combata la estrategia general de reconversión de la universidad y a la vez pueda conectar con los amplios sectores empobrecidos por la crisis económica. Prueba de ello es que ni los discursos generalistas elaborados en torno a la Estrategia Universidad 2015, ni los basados en las consecuencias más directas de ésta (como el aumento de tasas y los recortes en becas) han conseguido provocar un ciclo de movilizaciones propio, sino que han ido a remolque de las movilizaciones de la Marea Verde, fundamentalmente como contestación a la aprobación de la LOMCE en Enseñanzas Medias.
De todo esto podemos sacar varias lecciones políticas que nos permitan focalizar mejor los objetivos del movimiento estudiantil, sus ejes discursivos y sus herramientas de lucha.
Las cuestiones esbozadas deben servirnos para reflexionar acerca de los modelos de organización y movilización que desde la universidad podemos articular para ofrecer una alternativa al marco que se nos presenta. Es bueno dejar patente el hecho de que la actual reforma universitaria obedece a un modelo de salida de la crisis determinado y por tanto que a la precariedad estructural que se nos impone como jóvenes es consustancial la elitización y descualificación de nuestra enseñanza superior, no se entiende la una sin la otra.
De esta situación sólo podemos deducir que estos ataques no son coyunturales sino estructurales y que tienen como fin último el perpetuar el proyecto de país de la élite, por lo que es necesario articular modelos de organización no coyunturales ni corporativos, no puntuales ni enfocados exclusivamente a los recortes más sangrantes, sino globales y permanentes. Espacios de organización y movilización capaces de dar respuesta a los conflictos materiales más cotidianos de los estudiantes y a la vez plantear a la larga que la lucha contra éstos sólo es posible ganarla si se relaciona y enmarca en la precariedad general que se nos impone.
En este sentido, el Colectivo de Estudiantes de Madrid ha convocado una serie de movilizaciones contra el traspaso del CES Felipe II enmarcándolo en la lucha contra el más amplio proceso de implementación del modelo de «universidad de posgrado» que obedece a los intereses de la oligarquía que domina el país. Una nueva convocatoria de rechazo tendrá lugar este martes 6 de mayo frente al Rectorado de la Complutense. Por otra parte, el 8 de mayo se ha convocado una nueva huelga de estudiantes que pretende empezar a poner encima de la mesa el problema de la reforma universitaria que se viene encima así como protestar contra los recortes en becas y el proceso de endeudamiento estudiantil generado en nuestras universidades.[7]
Notas:
[1] http://www.cesfelipesegundo.com/noticias/Carta_Rector_CES_Felipe_II.pdf
[2] https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-05-20-CG%20130508-130513%20web.pdf
[3] La sesión íntegra del Consejo de Gobierno del 24/4/2014 puede verse en: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8UO6T3iEohI#t=2869
[5] HIRTT, N. Educar y formar bajo la dictadura del mercado de trabajo. 2014 http://www.skolo.org/spip.php?article1662&lang=es
[6] GÓMEZ, M.; MASA, O.; CORTESE, F. Por otra universidad democrática. 2013 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=168371
[7] Las reivindicaciones de los estudiantes aparecen más desarrolladas en su manifiesto: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article67579
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