Revisado por Caty R.
En menos de dos semanas se ha celebrado el segundo juicio contra Carnero y Morala, dirigentes sindicales y trabajadores de los astilleros de la Bahía de Gijón. A los cuatro años de cárcel pedidos en el juicio anterior del 30 de enero, les suman ahora dos años y medio más por las movilizaciones ocurridas el 28 de diciembre de 2004 entre las cinco y media y las seis de la tarde (noche), en un día en el que llovía a mares.
Dos policías antidisturbios y otros dos de la Brigada de Información «reconocieron» a los culpables entre los 150 trabajadores que participaban en la quema de una furgoneta abandonada hacía dos años.
Las contradicciones y la afirmación y confirmación de una mentira tras otra fue la tónica del juicio. Los dos policías antidisturbios se enredaron con el perjurio y los dos policías de la Brigada de Información que cumplimentaron la denuncia lo hicieron, además, con la prevaricación. Todo ello presuntamente, pero aún habría que añadir la misma calificación para el Ministerio Fiscal que lejos de velar por la limpieza y defensa de la ley y del procedimiento penal, consintió e insistió en el montaje de la acusación policial.
La denuncia de los dos policías de la Brigada de Información presentada al día siguiente de los hechos, no especificaba la identidad de los acusados. Un par de días después uno de los redactores dice reconocer en la televisión a uno de los inculpados, pero a las preguntas de la jueza no puede concretar si lo vio en su casa o en un bar y menos en qué cadena. Similar «precisión» es lo que manifiesta el segundo policía de la Brigada de Información, pero éste lo ve en el periódico. Los policías presenciaron los hechos a una distancia entre 40 y 75 metros, lloviendo a mares -según su propia expresión- y de noche como corresponde a aquella hora a finales de diciembre y en medio del barullo de la movilización.
La jueza, al contrario que en el juicio anterior, tuvo que indicar a los policías que salieran de la sala por la puerta del público y no por la que da a una sala interior como parece ser que acostumbran, para evitar que los testigos pudieran comunicarse, lo que está severamente prohibido.
Trescientos mil metros cuadrados -los que les dan trabajo- de valiosos solares destinados a la recalificación y especulación urbanas los separan de la cárcel. Los mismos metros que mantienen mudos a los dos partidos en el gobierno municipal y autonómico del PSOE e IU y a los sindicatos CCOO y UGT que, junto con el Delegado del Gobierno, lideran este modelo económico y laboral sin más alternativa que la especulación y recalificación urbanísticas.
Cuando se produjeron estas movilizaciones, 600 familias se encontraban sin trabajo y sin expectativas, llevaban un año de paro, en el desempleo, sin que nadie quisiera dar solución alguna. Mientras tanto, el barco en el que deberían estar trabajando habían decidido construirlo en Ucrania a pesar de que gozaba de cuantiosas subvenciones públicas para fomento del empleo. Así, sin barco ni trabajadores, los solares libres, a disposición del Ayuntamiento de Gijón y de la política municipal de más cemento y más ladrillos que es en lo que han convertido buena parte de la Bahía de Gijón y alrededores.
El Delegado del Gobierno parece estar ante un dilema lo mismo que los partidos en el poder. Uno de los policías testigo en el juicio anterior ha sido denunciado en el juzgado de lo penal; de seguir con la misma lógica los policías testigos de este juicio, todo hace pensar que correrán la misma suerte.