La ruptura económica pendiente

A Ramón, en su último día ejemplar

La posición de la economía española es insostenible y esta calificación hay que entenderla de un modo estricto: en algún momento y por cualquier motivo, que puede ser en apariencia baladí, se desencadenaran acontecimientos traumáticos que cambiarán radicalmente la situación, produciéndose una ruptura de las condiciones y del contexto actual.

El fondo del problema es el enorme volumen de pasivos financieros que tiene la economía española con el exterior, en forma de compromisos (préstamos, depósitos, bonos privados y deuda pública) y de derechos en manos extrajeras (acciones y otras participaciones). Tal endeudamiento ha surgido, por un lado, de los continuos y graves déficits de la balanza por cuenta corriente registrados desde la creación del euro hasta el año 2008 en que se declaró la crisis financiera internacional (déficit que, aunque se ha corregido significativamente en los dos últimos años por la aguda recesión sufrida por la economía, con las consecuencias desoladoras conocidas sobre el empleo y el paro, todavía en 2010, se aproxima al 5% del PIB). Por otro lado, por los cuantiosos recursos financieros demandados en los mercados internacionales, principalmente por las empresas españolas para acometer, a su vez, importantes inversiones en el exterior.

Unos sencillos datos pero básicos recogidos en el cuadro adjunto reflejan la entidad del problema al que me refiero. La posición exterior neta de la economía española al final de 1998, antes de la implantación del euro, era negativa y ascendía a 155.400 millones de euros, equivalentes al 28,8% del PIB de aquel año. Al final de 2010, esa posición exterior se ha multiplicado casi por seis, alcanzando los 903.800 millones de euros, el 85,1% del PIB. De ellos, 261.000 corresponden a las Administraciones Públicas -la deuda pública en manos extrajeras- y el resto al sector privado -las instituciones financieras españolas y las empresas no financieras y las familias-. El empeoramiento en los doce años de vigencia del euro, consecuencia de los déficits acumulados de la balanza de pagos, ha sido de 748.400 millones de euros. En ese mismo período, los pasivos exteriores, reflejando una actividad financiera desmesurada, han aumentado casi 1 billón de euros más que el endeudamiento exterior neto, exactamente 1.742.900 millones de euros. Ello ha permitido financiar el incremento de los activos españoles frente al exterior en 994.600 millones de euros. Así, al final de 2010, los pasivos exteriores de la economía española ascendían a 2.283.400 millones de euros, esto es, 2,3 billones, y los activos exteriores ascendían a 1.379.700 euros.

 

Posición Exterior de España
	1998		2010		Variación
	mill. €	%PIB	mill. €	%PIB	mill. €
Endeudamiento exterior	155.400	28,8%	903.800	85,1%	748.400
Pasivos exteriores	540.500	100,2%	2.283.400	214,9%	1.742.900
Activos exteriores (-)	385.100	71,4%	1.379.700	129,8%	994.600
PIB	539.500		1.062.600		523.100
Fuente: Banco de España. Cuentas financieras de la economía española

 

No todos los 2,3 billones de euros de pasivos son exigibles de la misma manera, ni implican los mismos compromisos, ni tienen el mismo grado de volatilidad o liquidez, pero sí hay que saber que es una cifra enorme, el 214,9 % del PIB, que exige pagos de rentas, intereses y amortizaciones, e implica la necesidad de renovar préstamos, créditos y emisiones de bonos, en un contexto de crisis financiera internacional no resuelta, con gran desconfianza en los mercados y dudas sobre la solvencia de los países altamente endeudados como el nuestro. Todo ello eleva los intereses a pagar, las primas de riesgo, en función de lógicas y justificadas sospechas.

En qué consistirán los acontecimientos traumáticos a los que me he referido no es fácil de predecir. Podría ser un proyecto de «rescate» según los modelos griegos e irlandés puestos en práctica o el inminente portugués, que, como se sabe, no significan más que un intento temporal de evitar la catástrofe, pero que en modo alguno implican un salvamento real de economías desahuciadas. Como es sabido, la entidad de la economía española y el volumen de sus deudas no sólo hace más complicado ese «rescate», sino que la quiebra puede originar una grave crisis en el conjunto de la Unión Europea, pues el impago de los compromisos españoles ocasionaría graves pérdidas a instituciones financieras de otros países como Alemania y Francia. ¿Se negociará la salida del euro de algunos países, como ya se contempla abiertamente en el caso de Grecia? ¿Se producirá alguna declaración unilateral de bancarrota? Cabe especular sobre la forma que adquirirá la ruptura, pero está fuera de duda que ésta tendrá que producirse.

Hay sobre el tapete dos alternativas políticas sobre cómo afrontar la situación. La primera es la que defiende más ajustes de todo tipo y es la que viene aplicándose desde mayo de 2010, en un intento de evitar el «rescate», anticipándose a las exigencias que impondrán los poderes económicos internacionales. Es compartida por el PP y el PSOE, con matices sin duda entre ellos, y tienen en común una elocuente falta de claridad, pues resulta contraproducente exponer sus agresivas intenciones, sobre todo ahora por los procesos electorales en curso. No acaban de elucidar, sobre todo el PP, en qué consiste exactamente la política de ajuste y reformas que pretende, pero está claro que significará un acoso a los derechos sociales y laborales, y una degradación de las condiciones de vida de la población. Esta alternativa tiene el gravísimo inconveniente que implica agravar la situación económica y social, léase más paro, pobreza, marginación y desigualdad, sin que con ello se resuelva la situación de quiebra de la economía, por lo cual, prolongando la lógica de esta alternativa, nos encontraríamos con un intento de imponer un ajuste indefinido cada vez más duro, que acabaría por ser insostenible socialmente (el caso de Grecia estos días, al año de su «rescate», es elocuente). Por lo demás, decir socialmente insostenible implica afirmar también que es incompatible con un régimen democrático y de libertades.

Por parte de la izquierda bien pensante, se habla de una salida progresista a la crisis, con la idea de remediar en parte los desastres actuales y de evitar que la crisis se descargue sobre las capas sociales más desfavorecidas. Por supuesto, siempre hay márgenes para que la política tenga un carácter menos brutal, pero los dos grandes problemas que plantea esta alternativa son: por un lado, disponer de la fuerza social y el poder político necesario para llevar a cabo políticas progresistas del tipo de hacer una reforma fiscal, aumentar la protección a los parados, impedir desahucios, aumentar pensiones, etc. Cosa que en estos instantes, por la relación de fuerzas, se ve muy difícil. Por otro lado, tal política complicaría la situación económica en lo inmediato, en la medida en que los mercados financieros se agitarían de tal modo que los peligros latentes se desatarían y echarían por tierra fácilmente esos intentos de política progresiva. No obstante, la gran cuestión que no hay que dejar de tener presente es que, si se lograra cambiar el sentido de la política reaccionaria actual, no por ello el país dejaría de estar en una situación de bancarrota.

La conclusión es obvia: la amenaza permanente de acontecimientos traumáticos no desaparecerá cualquiera que sea el signo de la política económica y social. El agravamiento de la crisis está cantado por la acumulación de los problemas existentes: el volumen de la deuda externa ya referido, complicado por la situación muy degradada del sistema crediticio español, derivada fundamentalmente de la disparatada evolución del sector inmobiliario a lo largo de la pasada década. La banca y las cajas de ahorros tienen que hacer frente a una deuda exterior enorme, mientras que parte importante de sus activos son elementos muy poco rentables y sobrevalorados. Y se debe recordar lo obvio: el endeudamiento exterior seguirá aumentando pues sigue produciéndose un déficit significativo de la balanza por cuenta corriente. Para disminuirlo sería preciso generar un excedente, situación que, con el euro, la destrucción del aparato productivo originada por la recesión, los ajustes y los problemas de financiación, queda fuera de perspectiva.

Ni el PP y el PSOE van a cambiar sus políticas, pues no tienen otra en el marco del sistema actual y comparten, como objetivo esencial, el mantenerse en la moneda única. La inmensa mayoría de la izquierda sigue sin querer enterarse de la situación dramática en que está colocada la sociedad española. De ahí que, con ingenuidad, se hable de la salida progresista, en el mejor de los casos, o se colabore ciegamente, en el peor, como han hecho los sindicatos mayoritarios con la firma del pacto de las pensiones, con la idea de que con algunos sacrificios pronto se recuperará la «normalidad», se saldrá de la crisis y se volverá al viejo orden anterior. Nadie parece querer enterarse de que la verdadera alternativa de la izquierda pasa por comprender que la situación actual es insostenible y que hay que prepararse para una ruptura económica en la que ya no será lo esencial el progresismo de la política, sino cómo instituir un nuevo modelo económico, poniendo en cuestión todo el marco actual de relaciones internacionales y las bases del sistema económico creadas bajo la hegemonía del neoliberalismo.

En la Europa de Maastricht nuestro país no puede sobrevivir. Romper con Europa implicará un gran caos, que será pavoroso y es indescifrable ahora, pero que resulta inexorable y dará paso a una realidad que suscitará una problemática nueva. Dar respuesta a las cuestiones vitales de una sociedad con un paro enorme y una situación social en extremo degradada hará ineludible plantearse soluciones que hoy parecen impensables o meras utopías, como pueden ser el impago de la deuda, la nacionalización de la banca y los sectores estratégicos o la intervención directa del Estado en muchas actividades de la economía.

Se argumentará falazmente: si la izquierda no está en condiciones de imponer medidas progresistas ante la crisis, mucho menos lo estará para cambiar el orden establecido y derrotar al neoliberalismo en su expresión externa, la Europa de Maastricht, e interna, el modelo económico actual. Falazmente porque, siendo verdad que la situación real de la izquierda en estos momentos está muy lejos de las exigencias que la nueva fase política reclama, tanto de las masas como de las direcciones políticas y sindicales, no es menos cierto que la acumulación de problemas -paro, hambre, miseria, ausencia de futuro para las nuevas generaciones- crea un campo abonado excepcional para cambiar rápidamente la conciencia y la actividad de las masas. Ha pasado poco tiempo desde la irrupción de la crisis para que el conjunto de la sociedad acepte y asuma que el pasado de bienestar no volverá, y todavía funcionan amortiguadores sociales de todo tipo que hacen que la desesperación no se exprese aún en la calle con la intensidad que cabría esperar. Pero el campo está minado y por cualquier circunstancia el fuego puede prender. De hecho, ya empieza a haber movilizaciones e intentos de agrupamiento que sugieren que una nueva actitud y conciencia está surgiendo en la sociedad.

Pensar que el engendro de la Europa de Maastricht es reformable me parece utópico, después de haber abocado a muchos países a crisis existenciales. Por tanto, los objetivos y tareas que se tiene que proponer la izquierda en estos momentos surgen de la comprensión de los problemas de fondo, de la imposibilidad de solución en el marco del sistema actual y de los cambios políticos que hay que ayudar a gestar. Hay que prepararse para una ruptura social y hay que intentar por todos los medios que esa ruptura ponga en marcha soluciones encaminadas a resolver los problemas económicos y sociales de la inmensa mayoría de la población, soluciones que, sobre todo, tienen que tener el objetivo de desmontar el mundo que el neoliberalismo ha creado e impuesto en tantos órdenes de la sociedad. El tiempo corre.

Pedro Montes. Miembro de la Coordinadora Federal de Socialismo 21

Nota del autor:

Compartiendo plenamente el artículo de mi compañero en la Coordinadora de Socialismo 21 Manuel Monereo, con el significativo título, «La revolución ciudadana», he escrito estas líneas sobre la situación económica como un complemento que considero necesario para avalar su opinión de que es muy probable que se produzca más pronto que tarde un «rescate» de la economía española por parte de las instituciones europeas y las instituciones financieras internacionales, que yo describo de un modo más genérico como una «ruptura».

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