Cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó por primera vez el Pacto Verde Europeo en diciembre de 2020, algunos comentaristas, enfrentados a la difícil tarea de caracterizar un conjunto muy amplio de propuestas, argumentaron que, fuera lo que fuera, el pacto no merecía ser descrito como política industrial verde.
Este argumento se basaba principalmente en el hecho de que los objetivos climáticos contenidos en el Pacto Verde Europeo estaban desvinculados de cualquier medida transformadora, tanto a nivel sectorial como macroeconómico.
En aquel momento, la Comisión Europea no parecía dispuesta a abordar realmente la cuestión (Aluche, 2021), consciente del giro político necesario para poner en marcha una política industrial común adecuada, dada la aversión histórica (Arena y Dutraive, 2061) de la UE por ese concepto. Sin embargo, tres años después, tras una serie de acontecimientos mundiales desestabilizadores, las respuestas de los Estados, las instituciones financieras internacionales y los mercados mundiales han cambiado drásticamente el panorama político en Europa y en todo el mundo.
La pandemia de la covid y las subsiguientes estrategias de recuperación adoptadas en el Norte Global, el dramático aumento del nivel de deuda soberana de los países en desarrollo como consecuencia del business as usual en la gobernanza global (Munevar, 2021), la guerra en Ucrania que reforzó la crisis energética y las interrupciones en las cadenas de valor globales han ampliado y profundizado lo que muchos denominan ahora una policrisis. Europa se enfrenta a una inflación galopante y a la consiguiente crisis del coste de la vida, alimentada en gran medida por las subidas voluntarias de precios por parte de las grandes empresas que dominan el mercado (Weber y Wasner, 2023). Aunque esta crisis social generalizada puso de manifiesto la necesidad de que Europa acelere la transformación de su economía corporativa (impulsada por los combustibles fósiles), confirmó las críticas preexistentes (Bourgin y Sol,2021) sobre la naturaleza inadecuada e injusta del Pacto Verde Europeo.
Más recientemente, el anuncio de la ley estadounidense de Reducción de la Inflación (IRA) se interpretó ampliamente como la confirmación de un posible cambio de paradigma político ya observado durante la pandemia (Chassany, 2023). Este plan, altamente proteccionista, está diseñado para establecer a Estados Unidos como país líder en la carrera de la tecnología digital y verde. Constituye una señal concreta de que la era neoliberal tal y como la conocemos, caracterizada por el dominio del llamado Consenso de Washington, podría estar en vías de desaparición.
Las opciones políticas actuales de la UE, por el contrario, demuestran la incoherencia y las contradicciones de un proyecto de transición verde que pretende ser la vanguardia de un nuevo modelo socioecológico, al tiempo que se niega a transformar la naturaleza de su relación con el capital y los intereses privados. En consecuencia, el proyecto corre el riesgo de fracasar a costa del clima y la justicia social en Europa y en todo el mundo.
Europa pierde la oportunidad de forjar un modelo alternativo
La Comisión Europea intenta presentar el Pacto Verde Europeo como el conjunto de políticas que llevarán a la Unión Europea al siglo XXI. De hecho, observar la arquitectura del Pacto Verde Europeo puede decirnos mucho sobre cómo ha configurado hasta ahora su transición el conjunto de la UE: financiarizada, impulsada por el mercado y con una falta de preocupación por las consecuencias sociales.
La Ley Europea del Clima codifica los objetivos globales de reducción de gases de efecto invernadero de la UE; en concreto, reducir las emisiones al menos en un 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Pero más allá de los objetivos de reducción, es fundamental analizar la infraestructura socioeconómica que respalda esos compromisos políticos.
Un examen más detenido de la legislación central que constituye la espina dorsal del Pacto Verde Europeo, el llamado paquete Fit for 55, es instructivo a este respecto. Sus principales componentes son:
-. Ampliación y profundización de los mercados de carbono de la UE con la creación del segundo régimen de comercio de derechos de emisión (ETS 2) que incorpora los sectores del transporte y la construcción a su ámbito de aplicación
– Aumento de los objetivos de energías renovables
– Creación de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM)
Junto con el paquete Fit for 55, los Estados miembros también adoptaron la Taxonomía Financiera Sostenible de la UE, que ofrece incentivos para desviar las inversiones financieras hacia distintas actividades económicas. La inclusión del gas y la energía nuclear en la Lista de Inversiones Verdes (una medida respaldada firmemente por Alemania en el caso del gas y por Francia en el de la energía nuclear) va en contra de cualquier lógica de protección del clima y revela la priorización de los intereses económicos a corto plazo de la industria energética por encima de los objetivos de descarbonización. La naturaleza de la propia taxonomía –una señal de precios destinada a reorientar las inversiones hacia actividades bajas en carbono en lugar de medidas reguladoras fijas– es un ejemplo perfecto del impulso concertado para financiarizar la transición energética.
El comercio de derechos de emisión ETS 2 también ha recibido duras críticas de partidos de izquierda y sindicatos (EPSU, 2022) de toda Europa por sus aspectos regresivos. Al establecer un precio mínimo para las emisiones de carbono en el sector de la construcción y el transporte, el resultado esperado será aumentar el coste de la vivienda y el transporte individual para los hogares corrientes. La gente más vulnerable será potencialmente la más afectada por este impuesto sobre el carbono.
Por último, el CBAM es el último instrumento de mercado diseñado por la Comisión Europea. Este nuevo mecanismo de mercado, que se adhiere al principio general de los mercados de carbono poniendo precio a las emisiones de carbono, se dirige a la producción industrial extranjera. El desarrollo del CBAM es el corolario del mercado interior europeo (ETS 1 y 2) y pretende ser una respuesta a la prevista reducción sucesiva de los permisos de emisión gratuitos que actualmente protegen a las industrias más contaminantes (antes el 94% de las emisiones de la UE) de los instrumentos de fijación de precios en dichos mercados.
En este sentido, la reducción de estas exenciones podría perjudicar potencialmente a las industrias y productos manufacturados de la UE, haciéndolos poco competitivos frente a los productos extranjeros, e incentivar así aún más la deslocalización de dicha producción, una dinámica conocida como fuga de carbono. Pero como consecuencia directa de los esfuerzos por evitar dichas fugas, la CBAM puede discriminar a los países en desarrollo y a los menos desarrollados, violando así los principios rectores de equidad y responsabilidad común pero diferenciada establecidos en el Acuerdo de París.
El Fondo Social para el Clima, uno de los escasos ejemplos de medida social específica surgida del Pacto Verde Europeo, es poco más que una tirita en una herida abierta. Este nuevo mecanismo de financiación se propuso para compensar los efectos del comercio de derechos de emisión ETS 2 en la ciudadanía europea, pero su dotación se redujo a 86.700 millones de euros que se distribuirán entre 2026 y 2032. Finalmente, una vez más, la asignación de sólo el 40% del total de los fondos para ayudas directas a los hogares es otra señal de que la opción política de depender en gran medida de los mercados de carbono está alejando al continente de una transición justa.
Mientras que los intereses de las industrias contaminantes y las empresas de combustibles fósiles de la UE suelen estar protegidos de impuestos y regulaciones estrictas para evitar que asuman cualquier responsabilidad histórica por el cambio climático, las pocas medidas sociales aplicadas son manifiestamente insuficientes para garantizar que una gran parte de la población europea, y especialmente la más desfavorecida, no pague el precio de la descarbonización de la economía europea.
Este dispar tratamiento al capital privado y el público europeo también ayuda a explicar el alarmante éxito (Thurau, 2023) con el que los partidos de derechas, de extrema derecha y, a veces, incluso liberales se han movilizado contra las medidas que Bruselas celebra como avances significativos en materia climática. La eliminación progresiva del motor de combustión para 2035 en Europa y los debates en curso sobre la prohibición de las calderas de gas en los hogares para 2029 son ejemplos concretos de cómo las fuerzas de derechas –alegando una mezcla de miedo, ansiedad económica, frustración y un concepto distorsionado de la libertad– han conseguido ganar terreno entre ciertos segmentos de la población contra la propia idea de la transición.
Las falsas promesas del Plan Industrial Verde
El recientemente anunciado Plan Industrial del Pacto Verde fue presentado por la UE como una estrategia industrial global destinada a llenar el evidente vacío dejado por el Pacto Verde Europeo en el ámbito de la planificación industrial. Pero, una vez más, aquí la Comisión Europea utiliza etiquetas aparentemente progresistas y ambiciosas para ocultar su incapacidad para ir más allá del statu quo político y económico.
De hecho, la Ley de Industria Cero Neto (la principal propuesta legislativa) se centra en gran medida en facilitar la asignación de capital privado a un puñado de sectores como el del hidrógeno, el del almacenamiento de energía y el de las baterías, considerados sectores clave para que la UE los desarrolle y se impongan como ventajas comparativas de la región en la economía verde mundial. La flagrante ausencia de un nuevo esquema de inversión pública, junto con la multiplicación de herramientas destinadas a garantizar el rendimiento financiero de las inversiones y la desregulación de la concesión de permisos, está profundizando un modelo macroeconómico europeo que la economista Daniela Gabor (2023) ha bautizado recientemente como el «Estado (europeo) de reducción riesgos (derisking)», que, según ella, «surge gradualmente de las decisiones políticas tomadas por los gestores del Estado tanto para facilitar la acumulación de capital como para racionalizar el capitalismo financiero».
Describe el Plan Industrial del Pacto Verde como una nueva forma de relación entre el Estado y el capital financiero inscrita en la arquitectura macrofinanciera de la UE, que se caracteriza por una falta estructural de capacidad fiscal compartida. Gabor demuestra que, de hecho, la importante ayuda pública a los Estados miembros incluida en la Ley de Industria Cero Neto –en sí misma algo así como una primicia histórica–, en realidad, está dirigida a proporcionar mejores incentivos en forma de garantías públicas para que el capital privado invierta en tecnologías limpias.
Son numerosos los ejemplos recientes del fracaso de tales reducciones (Eurodad, 2022) de la capacidad estatal y pública en favor de los agentes financieros mundiales para alcanzar los resultados previstos. La imposibilidad de aportar la cantidad de financiación privada necesaria, la volatilidad de los flujos de capital guiada por la necesidad de rentabilidad a corto plazo y la extrema ineficacia del uso de los fondos públicos son algunas de las principales razones de esos fracasos.
Perder la carrera del crecimiento verde
Por supuesto, los planes de la UE no se desarrollan en un vacío global, ya que otras potencias mundiales han estado desarrollando sus propios planes para competir en la carrera hacia una transformación digital y verde. De hecho, el Plan Industrial del Pacto Verde se ha descrito (Caleys, 2023) como una respuesta directa y precipitada a la Ley estadounidense de Reducción de la Inflación (IRA) de la Administración Biden, que a su vez parecía ser una reacción a la estrategia Made in China 2025 de Pekín, iniciada en 2015.
Con 370.000 millones de dólares de inversión pública en los próximos diez años (según algunas estimaciones, la cifra real rondará los 900.000 millones), se prevé reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 40% de aquí a 2030. El plan, al consagrar al Estado como motor clave de la transición hacia una economía verde, se aleja de la ortodoxia neoliberal. El plan concede exenciones fiscales e importantes préstamos y subvenciones a una amplia gama de sectores, como el de las energías limpias, el transporte y las infraestructuras. La inclusión de normas laborales y salariales como condiciones previas para la concesión de fondos públicos y exenciones fiscales contrasta fuertemente con la ausencia de normativas concretas para una transición justa dentro del Plan Industrial del Pacto Verde.
La ley estadounidense de Reducción de la Inflación también reproduce el objetivo chino de relocalizar en su territorio grandes partes del proceso de fabricación mediante incentivos fiscales. Sin duda, los esfuerzos concertados de China impulsarán la posición de liderazgo del país en la fabricación mundial de energías limpias. La industria estadounidense le sigue de cerca, lo que reduce las perspectivas de que la UE establezca cadenas de valor nacionales, con la consiguiente creación de empleo.
La austeridad no transforma
Como si los esfuerzos de la industria ecológica europea no fueran ya incoherentes y estuvieran desgarrados por intereses contrapuestos, los Estados miembros y la ciudadanía europea se enfrentan ya a presiones para volver a la era de la restricción del gasto público y las normas fiscales restrictivas, es decir, a la era de la austeridad.
Aunque algunos de los principios básicos del Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento se suspendieron durante la crisis de la covid y posteriormente se ampliaron en respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, este estado de excepción pronto llegará a su fin. La Comisión ha presentado ahora una propuesta de nuevo marco de gobernanza económica que no va más allá del principio de control de la deuda ni proporciona el marco monetario necesario para una reorientación del gasto público.
Como señala Gabor en su documento, el mantenimiento de esos principios macroeconómicos y la imposibilidad de fomentar la solidaridad fiscal y presupuestaria, junto con la relajación de las ayudas estatales, crea el riesgo de profundizar las disparidades en el seno de los Estados miembros y entre ellos. Actualmente, la brecha entre los Estados miembros capaces, al menos hasta cierto punto, de obtener fondos a través de los mercados financieros mundiales (Alemania y Francia) y los que se enfrentan a la falta de opciones de financiación sostenibles (especialmente Europa del Este) es cada vez mayor.
La situación se ve agravada por los planes del gobierno alemán –en línea con la ortodoxia gubernamental de Berlín– de impulsar un nuevo endurecimiento de las normas fiscales y de deuda a nivel europeo. Estos llamamientos a favor de una vuelta a un régimen de austeridad a escala de la UE parecen especialmente hipócritas, dado que se hacen tras el despliegue unilateral por parte del Estado alemán de un plan nacional masivo destinado a apoyar a la industria nacional y a rescatar las empresas energéticas privadas que corrían el riesgo de caer en bancarrota hace menos de dos años.
Trazar una alternativa de izquierdas
Contrariamente a la ambiciosa retórica de Ursula von der Leyen, la Unión Europea ha decidido hasta ahora llevar a cabo su transición verde dentro de un marco neoliberal. Bajo la bandera del Pacto Verde Europeo y la Plan Industrial del Pacto Verde, la transición europea hacia una economía verde se alinea con los intereses de las grandes industrias contaminantes y las empresas de combustibles fósiles junto con una aceleración e intensificación de la financiarización de la economía a expensas de la justicia ecológica y social global.
Reforzando la dirección tomada por el Pacto Verde Europeo, la Ley de Industria Cero Neto muestra un fuerte enfoque en asegurar el acceso estratégico a los minerales necesarios para las tecnologías verdes. Esta visión global, articulada en la Ley de Materias Primas Críticas de la Comisión (Com. Eu.,2023), se basa en asegurar asociaciones estratégicas con países ricos en recursos y en garantizar que el 40% de los minerales se refinen dentro de los territorios de la UE. Este enfoque garantizará la continuidad y la expansión de una economía extractiva depredadora sostenida por acuerdos de libre comercio injustos, así como una mayor destrucción de la naturaleza y las comunidades en el Sur Global, al tiempo que mantiene las condiciones económicas, políticas y materiales de un desarrollo desigual.
Sin embargo, a corto plazo, los actores progresistas y las fuerzas de izquierda deberían aprovechar las aparentes rupturas con la ortodoxia neoliberal (principalmente el reconocimiento de la necesidad de intervención estatal revelado por la mayor relajación de las normas sobre ayudas estatales) y utilizarlas como punto de partida para construir un enfoque económico radicalmente diferente. Una política industrial de izquierdas no puede considerar las cuotas de mercado o el aumento del PIB como indicadores de éxito.
Esto significa apoyar el desarrollo de servicios públicos e infraestructuras, al tiempo que se reducen las cadenas de producción contaminantes e innecesarias (como el plástico y otros productos petroquímicos) o se elimina el mercado energético de la UE hecho a medida de las corporaciones de combustibles fósiles y los especuladores financieros(Ernst y Rodrigues, 2023). Un enfoque específico en el desarrollo del acceso universal a sistemas sanitarios modernos y el desarrollo de soluciones masivas de vivienda sostenible y asequible deberían ser objetivos primordiales a la hora de desarrollar el marco industrial verde de Europa. La reestructuración y descarbonización del sistema alimentario europeo, responsable del 31% de las emisiones totales del continente, no sólo debe considerarse una prioridad climática y medioambiental, sino también una oportunidad única para crear nuevas cadenas de valor y empleos bien remunerados.
Además, un enfoque industrial renovado de la UE debería tener como objetivo simultáneo aliviar los desequilibrios regionales dentro de la UE, iniciar al mismo tiempo un cambio hacia la gestión pública de los sectores intensivos en recursos (industrias química y cementera, transporte y generación de energía) y facilitar una contracción ecológicamente necesaria de algunos de esos sectores al reducir su dependencia ante los beneficios y las lógicas financieras.
En general, en lugar de limitarse a incentivar al capital privado para que invierta en algunos sectores limitados de la economía, una política industrial socialista debería dar prioridad al fortalecimiento de la capacidad pública como herramienta poderosa para llevar a cabo una descarbonización oportuna de la economía, garantizando al mismo tiempo la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
En la situación actual, la apropiación institucional del concepto y la aplicación práctica de la llamada transición verde en Europa por parte de las élites políticas que apoyan el consenso neoliberal refuerza dos amenazas globales que se refuerzan mutuamente. La primera es el agravamiento de la crisis climática y medioambiental y la continua explotación de los recursos naturales, al tiempo que se refuerzan las desigualdades globales entre las sociedades del Norte y del Sur y dentro de ellas. La segunda amenaza se refiere al futuro de las democracias en Europa. El ascenso de los partidos de extrema derecha aprovechando los efectos de la crisis climática y la transición verde con fines de lucro es ya un fenómeno profundamente alarmante. Si esta tendencia continúa, el apoyo popular a las visiones ecofascistas del mundo y de extrema derecha podría resultar difícil de revertir.
Con este telón de fondo, la izquierda en Europa debe seguir oponiéndose a los principios y lógicas que impulsan las actuales políticas industriales de la UE, al tiempo que desarrolla enfoques concretos e impulsa políticas para una transformación industrial coordinada públicamente en la que la asignación de recursos y bienes forme parte de un proceso democrático que permita a las personas y sociedades de todo el planeta acceder a un futuro digno y justo. Esta visión es, en última instancia, la única manera de garantizar que nuestras sociedades no se vean obligadas a elegir entre la protección del clima o el bienestar social en las próximas décadas.
Nessim Achouche trabaja comogestor de proyectos en la oficina de Bruselas de la Fundación Rosa Luxemburgo, centrándose en la transformación socioecológica, la democracia energética, la justicia climática y sus intersecciones con la política de izquierdas.
Referencias
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Texto original: https://www.rosalux.de/en/news/id/50958/the-eus-industrial-garden-path
Traducción: Martín Lallana
Fuente: https://vientosur.info/la-senda-del-jardin-industrial-de-la-union-europea/