La Asociación de Víctimas del Amianto ha atendido 800 casos de afectados, la mayoría de la fábrica de Uralita, en Getafe, donde algunos trabajadores dicen no haber visto jamás una mascarilla
Un pañuelo de bolsillo atado en sus cuatro puntas para cubrir su abundante cabello. Esa era la única protección que llevaba Neodermín Corregidor, trabajador de la fábrica de Uralita ubicada en Getafe (Madrid). Este empleado, hijo del éxodo rural que le sacó de su Caleruela natal (Toledo) en 1957 para ejercer en la periferia madrileña, jamás vio una mascarilla durante sus 25 años en la fábrica. Nadie le informó de que el amianto con el que trabajaba era peligroso para su salud. Nadie le dio un curso de riesgos laborales ni tuvo revisiones médicas periódicas. Pero él algo intuía. Cuentan sus hijas que siempre llegaba a casa con los orificios de la nariz y las orejas cubiertos de polvo blanco. Cuando entregaba la ropa de trabajo a su mujer, siempre le decía que no la sacudiera mucho y que no la mezclara con otras prendas. «Este polvo no debe de ser bueno», decía.
«En 1996 le diagnosticaron asbestosis pleural, que es la enfermedad del amianto. Tenía la pleura machacada. Mi padre se comía el bocadillo al lado del amianto. Cuando le prejubilaron tenía una calidad de vida muy mala, le costaba respirar. Finalmente murió en 2009 con leucemia», explica Celia Corregidor, hija de Neodermín. «En 2008 nos unimos a la Asociación de Víctimas del Amianto (AVIDA) para buscar justicia y en 2013 los tribunales nos dieron la razón, pero mi padre ya no lo vio», recuerda Celia.
La de esta familia es solo una de las 800 historias que ha atendido AVIDA, en su mayoría procedentes de la fábrica de Uralita. «Fue la fábrica más grande de toda España, estuvo en Getafe más de 50 años y tenía 1.800 trabajadores en plantilla», expone Juan Carlos Paúl, presidente de AVIDA, quien cuenta que las enfermedades del amianto van de las benignas (que no suponen muerte), como la asbestosis o las placas pleurales, a las muy graves, como el cáncer de pulmón o el mesotelioma, que es un cáncer en la pleura «en el 98% de veces relacionado con el amianto e incurable».
El amianto ha vuelto a las portadas con la denuncia de un empleado de metro afectado por un cáncer de pulmón tras estar en contacto con este material. Pero la lucha de los trabajadores no ha cesado desde que en diciembre de 2001 se prohibiera la comercialización y utilización del crisotilo (amianto blanco), el único tipo que seguía siendo utilizado.
Con esta lucha han conseguido demostrar que las empresas eran conocedoras de los efectos del amianto en la salud y que, a pesar de ello, no ponían medidas para proteger a las plantillas. «Nacimos en 2004 para dar información y asesoramiento a afectados y a sus familias. Con el tiempo nos vimos con fuerza para plantar cara a las grandes compañías como Uralita. En 2007 presentamos una reclamación jurídica con denuncias grupales para concienciar a los jueces y a la opinión pública de que no eran casos aislados y también para reducir costes», explica Paúl.
La primera causa la llevaron por la vía civil porque tradicionalmente en Madrid se perdían todos los casos por la vía laboral, y obtuvieron una victoria en primera instancia. Consiguieron demostrar que la empresa había sido negligente con sus trabajadores y que lo que sufrían eran enfermedades laborales. La sentencia exigía indemnizaciones a Uralita, que recurrió. En segunda estancia los tribunales volvieron a darles la razón. Pero ahí no acabó todo.
«Tras diez años, el Tribunal Supremo, contraviniendo la jurisprudencia que existía, nos dice que la vía no era la apropiada. Los enfermos tenían una relación laboral con la empresa y, por tanto, nos pedían que usáramos la vía laboral. Era una decisión inconstitucional, pero no la recurrimos, sino que iniciamos de nuevo otro procedimiento. Hemos empezado por la vía laboral con demandas individuales, y es lento, pero vamos ganando todos los casos», resume el presidente de AVIDA.
Bien sabe de esto Luis Fernando Sánchez Chamorro, hijo de Dionisio Sánchez y Alfonsa Chamorro. Tanto su padre, trabajador de Uralita, como su madre sufrieron asbestosis. «Mi madre es una de las afectadas, pero ha habido muchas más. Las mujeres lavaban la ropa que sus maridos traían a casa llenas de polvo», explica Luis Fernando. «Mi madre consiguió ser indemnizada en primera estancia, pero mi padre no. El Supremo consideró que la vía no era la adecuada, ya que existía relación laboral. Tuvimos que devolver la indemnización y ya no la teníamos. Mi padre ya había muerto, mi madre cayó enferma y, mientras agonizaba en el hospital, tuvimos que vender nuestro hogar de toda la vida para devolver el dinero», relata.
«Mi padre murió en 2008 víctima de un mesotelioma, una muerte agónica en la que te vas asfixiando poco a poco. Nos matan a mi padre y encima tenemos que malvender su casa para indemnizar a Uralita», se queja Luis Fernando.
El sur, punto rojo
Y de aquellos polvos, estos lodos, que han transformado el sur de Madrid en una zona roja del amianto. «Los municipios de la zona sur tienen un nivel de exposición diez veces superior al del resto de Madrid. Esta zona representaba el tejido industrial de la comunidad. Era un área de gran movilidad de trabajadores e inmigración. La mortalidad de trabajadores por amianto es superior al resto de la comunidad», informa Marta Barrera, abogada del colectivo Ronda. Según datos de CC OO, entre 1970 y 2000 fueron entre 12.000 y 15.000 los trabajadores expuestos en toda la comunidad.
Barrera describe así el mapa del amianto en el sur de Madrid: «Había dos fábricas de microcemento que mezclaban cemento con amianto para producir uralita o asbesto. Una era Uralita y la otra era Yesos Ibéricos, en Valdemoro». Además, había empresas de otros sectores que utilizaban amianto, como Femsa en Aranjuez, que fabricaba equipos electrónicos para vehículos, o Ateinsa, Tafesa y Euskalduna, situadas en Villaverde, que se dedicaban a la fabricación y reparación de vagones de tren. Pese a este panorama, reina el silencio. No existen datos de mortalidad asociada al amianto y tampoco hay un inventario de zonas con presencia de este material. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) demanda la creación de un registro de edificios e instalaciones con amianto.
«Era un material muy barato y en la edificación que se hacía en barrios obreros se usaba», cuenta Óscar Bayona, portavoz de la FRAVM en temas de amianto. «Su retirada es cara, las condiciones en las que se hace esa retirada son caras, y eso retrae a las administraciones y a todo el mundo. Siendo como es un problema de salud pública de primer orden, el Parlamento Europeo debería instar a los Estados a que hagan esos censos», insiste Bayona.
Pura González, presidenta de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada (Leganés), tropezó con uno de estos vertederos de manera accidental. «Yo voy a andar todos los días por los alrededores de Leganés. Un día, paseando en frente del centro comercial Parquesur, encontré uralita tirada por allí que se está deteriorando, y es peligroso. Este material tiene una vida útil de unos 40 años y cuando empieza a deteriorarse es cuando empieza a emitir fibras que son peligrosas», afirma. El pasado 12 de abril presentaron desde su organización una moción vecinal «para exigirle al Ayuntamiento que haga un mapa de la situación. Sabemos que en nuestro municipio hay amianto en viviendas, en centros públicos y en colegios, incluso en una escuela infantil».
Las madres y los padres de la Escuela Infantil Jeromín corroboran estas palabras. «En el patio hay una casita que tiene un tejado de placas de uralita. No tiene doble techo ni aislante y tiene ya 40 años. Está clausurada, ya nadie entra ahí», asegura Jairo Martínez, portavoz del AMPA de la escuela. Después de cuatro años de lucha, el Ayuntamiento se ha comprometido a retirar el tejado, aunque aún no se ha materializado dicha promesa. «Esta vez, como ha coincidido con el caso de Metro, parece que la cosa avanza, pero, por el momento, ni al centro ni al AMPA nos han notificado nada por escrito. El alcalde solo se ha comprometido delante de los medios», se queja este padre.
Parece que ahora se abre otra ventana de esperanza para los vecinos de Orcasitas. Desde la Comunidad de Madrid les han vuelto a prometer una serie de ayudas que se podrían sumar al plan Mad-Re (Madrid Recupera) del Ayuntamiento. «Ambas ayudas se podrían sumar. Otra cosa es que se concreten una, otra, las dos o ninguna. Nosotros seguiremos en la pelea».