La transición energética es urgente. Debe hacer frente al agotamiento de las fuentes energéticas no renovables (carbón, petróleo, gas natural y uranio) y de los minerales de los que se extraen metales esenciales como el cobre, el plomo, el zinc, el estaño, el hierro, el cromo, el oro y la plata, al grave problema del calentamiento global del planeta provocado por la creciente emisión de gases de efecto invernadero y a la peligrosidad de la radioactividad que se emite en todas las fases del ciclo del combustible nuclear y de los residuos radioactivos acumulados. Para poder superar estos problemas, la transición energética debería consistir en la substitución de las fuentes energéticas no renovables por las renovables, sobre todo la solar y la eólica, la eficiencia energética en viviendas, edificios y equipamientos, una movilidad sostenible y la reducción drástica del consumo de energía, materiales y productos.1
El proceso de transición energética está siendo cada vez más conflictivo porque se han expresado ideas y propuestas divergentes y existen intereses económicos y políticos contradictorios. Entre los obstáculos que hay para que pueda avanzar esa transición, se pueden destacar la oposición de las grandes empresas energéticas y diferentes gobiernos al proceso de sustitución de las fuentes energéticas fósiles y de la energía nuclear, el límite del desarrollo de las energías renovables derivado de las reservas finitas de los materiales necesarios para fabricar los dispositivos que las captan, y las resistencias al despliegue en el territorio de infraestructuras de energías renovables.