Los últimos nombramientos mantienen la tradicional exclusión de mujeres en el Constitucional, que puede decidir sobre la reforma del aborto en el Código Penal. El poder judicial está en manos masculinas desde el inicio de la democracia del Estado español. Los nuevos magistrados que estarán al frente del Tribunal Constitucional (TC) son hombres, tanto los […]
Los últimos nombramientos mantienen la tradicional exclusión de mujeres en el Constitucional, que puede decidir sobre la reforma del aborto en el Código Penal.
El poder judicial está en manos masculinas desde el inicio de la democracia del Estado español. Los nuevos magistrados que estarán al frente del Tribunal Constitucional (TC) son hombres, tanto los propuestos desde el Gobierno como los designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El perfil de estos nuevos hombres da, además, un giro ideológico hacia la derecha más radical. Enrique López López, nuevo miembro del TC a instancias del Ejecutivo del PP, es conocido por sus manifestaciones en contra de derechos civiles, como el matrimonio homosexual, y por su ofensiva contra la Ley Integral contra la Violencia de Género, avalada por el propio TC, que considera discriminatoria para los hombres.
Lorena Ruiz Huera, miembro de la Asociación Libre de Abogados, augura que la nueva constitución del TC puede resultar «terrible» para las mujeres porque, además de tener que posicionarse sobre la constitucionalidad de asuntos tan importantes como la reforma laboral y los recortes en sanidad y educación, sobre la mesa tendrá otras normas que afectan a la población femenina de forma directa, como la actual ley del aborto. Lorena Ruiz explica, además, que a este órgano judicial le corresponde también tutelar derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos, casos de violencia sobre las mujeres o relacionados con la vulneración de sus derechos. En su opinión, «es muy grave que no haya una perspectiva de las mujeres en el Constitucional -ya no digo feministas, porque nunca las ha habido-, aunque no tengan una perspectiva de género, pero que están en el mundo y pueden entender la causa de las mujeres más que los hombres». Las estadísticas constatan que existe un techo de cristal en todos los órganos del poder judicial. Desde que se fundó el Constitucional ha habido un total de 54 magistrados, de los que sólo cinco han sido mujeres. Para Ruiz Huera, el hecho de que Moncloa haya designado a dos hombres para la renovación de los miembros del TC supone «un bofetón» a las mujeres del PP, porque «es muy fuerte que entre sus filas no encuentren a una mujer que reúna los requisitos de mérito y capacidad», añade. Esta abogada tampoco entiende que el CGPJ no haya designado a ninguna mujer en aras de cumplir el Plan de Igualdad en la Carrera Judicial aprobado por este órgano el pasado mes de febrero, porque, aunque no sea vinculante, insta a promover una presencia equilibrada en los cargos nombrados por el Consejo.
Asimismo, la Ley de Igualdad aprobada en 2007 tampoco es aplicable al Constitucional porque este órgano no es administración del Estado ni se encuentra entre los destinatarios de la norma. Sin embargo, sí debe cumplir la Constitución que, en su artículo catorce reconoce la igualdad de trato y de oportunidades como principio del ordenamiento jurídico. Lorena Ruiz defiende que hay mujeres preparadas para ocupar altos cargos en los distintos órganos judiciales porque, en general, en la carrera judicial «hay una amplia masa crítica de mujeres» cuya antigüedad supera los quince años y existe un amplio número de magistradas que estarían en condiciones de aspirar a formar parte del TC.
A la cola de Europa
El informe del Consejo de Europa sobre la composición de los tribunales superiores y supremos de 2009 nos sitúa a la cola de Europa en materia de igualdad, en concreto, en el puesto 35 de 39 países. Más actualizados son los datos del Plan de Igualdad de la Carrera Judicial y también muestran, a enero de 2013, la falta de equidad en los órganos del poder judicial: en el Tribunal Supremo hay un 11,3% de mujeres, en la Audiencia Nacional un 34,4%; en las Audiencias Provinciales, un 33,3% y en los Tribunales Superiores de Justicia, un 52%.
Para Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, el problema no es tanto la ausencia de mujeres como de magistrados sensibilizados con la igualdad, porque, «como letrada, encontrarme una mujer en un juzgado no me garantiza que vaya a estar sensibilizada». Cerrillos lamenta que en los programas y los temarios de las oposiciones «no entra la igualdad para nada, aunque en los temas de reciclaje y formación continuada están entrando los de violencia de género». La presidenta de Themis reconoce que el acceso de las mujeres a la judicatura es cada vez mayor y destaca los resultados de la última promoción, de la que el 74% han sido nuevas juezas, frente al 26% de nuevos jueces. Sin embargo, el porcentaje de mujeres se reduce a medida que ascendemos a puestos de poder y de toma de decisiones, una realidad que Ángela Cerrillos justifica en parte por el «tardío acceso» de las mujeres al poder judicial, que estuvo prohibido hasta los años ’70. Por su parte, Verónica del Carpio, abogada y profesora de Derecho Civil, también contempla una «pirámide muy clara» donde la presencia de mujeres disminuye al ascender a puestos elevados. En su opinión, el predominio de hombres en las altas instancias no supone en principio un problema a la hora de aplicar justicia, sino que es injusto en sí mismo.
La abogada asegura no haber percibido nunca machismo en el trato de los tribunales ni contemplado en las sentencias, salvo de forma anecdótica, y sostiene que «el machismo se refleja finalmente en la circunstancia de que arriba hay jueces y no juezas». En la misma línea, critica que «los secretarios judiciales son, en su mayoría, mujeres y, sin embargo en sus órganos representativos no están ellas. Son todo hombres».
Conciliación sólo para mujeres
Del Carpio arremete contra las medidas de conciliación por estar pensadas sólo para las mujeres y se remite a las excedencias concedidas este año a los miembros de la carrera judicial: todas las excedencias por cuidado de hijos se han concedido a mujeres.
Otro obstáculo en el ascenso de las mujeres a los altos cargos vendría, según esta abogada, de la falta de publicaciones firmadas por manos femeninas, publicaciones que sirven en gran medida para acreditar méritos específicos necesarios para presentarse a determinados puestos superiores. Verónica del Carpio subraya que «un altísimo porcentaje de las publicaciones son de hombres» y apunta como causa más probable el hecho de que ellas concilian peor porque están obligadas a dedicar más tiempo a sus responsabilidades personales y familiares que a su vida profesional. Por la misma razón, subraya que los cursos de la escuela judicial son impartidos, sobre todo, por hombres, puesto que preparar esté tipo de cursos exige mucho tiempo de dedicación.
Desigualdad constante
FISCALES
La desigualdad en los nombramientos afecta también a la Fiscalía: aunque hay paridad en el Consejo Fiscal, un órgano que asiste al fiscal general del Estado, en la Junta de Fiscales no se mantienen esas cifras: sólo hay siete mujeres de un total de 29 miembros. En la Junta de Fiscales Generales de las Comunidades Autónomas sólo un 12,5% de las plazas las ocupan mujeres.
UNIÓN EUROPEA
El último informe de la Comisión Europea sobre mujeres en posiciones de poder situaba al Estado español en el puesto 35 de 39 en materia de igualdad, esto se traducía en que sólo un 8% de las plazas en altos tribunales lo ocupaban mujeres. España era uno de los cinco países con porcentajes inferiores al 10%.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/libertades/la-ultraderecha-se-cuela-tribunal-constitucional.html