El Ministerio de Agricultura ha intentado, en marzo y noviembre de 2004, regular la coexistencia de cultivos Transgénicos[1] y no transgénicos. En la primera ocasión, mediante Orden Ministerial y bajo la responsabilidad del PP. En la segunda, mediante Real Decreto y bajo el gobierno del PSOE. En ambos casos, tanto el PP como el PSOE, […]
El Ministerio de Agricultura ha intentado, en marzo y noviembre de 2004, regular la coexistencia de cultivos Transgénicos[1] y no transgénicos. En la primera ocasión, mediante Orden Ministerial y bajo la responsabilidad del PP. En la segunda, mediante Real Decreto y bajo el gobierno del PSOE. En ambos casos, tanto el PP como el PSOE, participaban de la misma intención: legalizar la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos.
Uno de los problemas reconocidos de la ingeniería genética es la inestabilidad de los genes implantados. Es inevitable que los cultivos transgénicos, en el caso del maíz a través de la polinización cruzada, transfieran los nuevos genes de unas plantas a otras, de unos campos a otros y a lo largo de la cadena alimentaria. Por lo tanto, la coexistencia normalizada de los cultivos transgénicos con los no transgénicos, significa aceptar la contaminación segura de los primeros sobre los segundos y también la transferencia de genes resistentes a antibióticos y plaguicidas[2], desde las semillas transgénicas a otras plantas y seres vivos. Esta secuencia aumenta los riesgos sobre la salud de las personas y del propio ecosistema del que los campos de cultivo y el ganado forman parte.
Una vez que se acepta la contaminación como inevitable, se invoca el «principio de precaución» en vano y la normativa queda limitada a regular dicha contaminación mediante diversas soluciones que forman parte del problema: 1) medidas correctoras que minimizan, en más o en menos, la contaminación; 2) seguimiento para los casos de fallo o de insuficiencia de las medidas correctoras; 3) suspensión de la autorización de los transgénicos donde se prueben sus daños o riesgos inaceptables; y 4) articular un sistema de responsabilidad ante dichos daños.
Esta regulación se puede hacer con mayores o menores garantías. Pero, tanto el borrador del PP como el del PSOE, adolecen de los contenidos necesarios para, al menos, regular eficientemente dicha contaminación. Las carencias clamorosas de los textos mencionados son: 1) ausencia de régimen de responsabilidad ante los daños económicos, ecológicos y sobre la salud provocados por los OMGs; 2) registro deficitario en la información exigible a los agricultores que siembren transgénicos, sin antelación suficiente a la siembra y sin conocimiento público, lo que impide fijar medidas cautelares o de responsabilidad, en caso de contaminación y otros daños sobre el medio ambiente y la salud; 3) insuficientes medidas de seguridad para reducir los riesgos de contaminación y daño a otros cultivos no transgénicos, como distancias mínimas, franjas refugio para retrasar la re
sistencia de las plagas, etc.
El gobierno del PP ha impulsado, antes y durante la moratoria[3] europea de transgénicos (de 11-6-1999 a 19-5-2004), una política de fomento de los transgénicos, con una trasposición de mínimos de la normativa comunitaria, sin suministrar información pública de las localizaciones de los cultivos comerciales y experimentales, ni hacer evaluación de su impacto y apoyando todas y cada una de las solicitudes de autorización de transgénicos en Comités y Consejos de Ministros de la UE. Cuando en el resto de los países de la UE apenas hay presencia de cultivos transgénicos, dándose en algunos países una prohibición expresa, el Ministerio de Agricultura (MAPA) esgrime la cifra de 58.000 ha. de cultivo en España, amparándose en los datos facilitados por las propias empresas biotecnológicas. En definitiva, el gobierno del PP ha actuado con desprecio a la
salud, la seguridad alimentaria y ecológica, y a los riesgos y daños de la extensión de cultivos y campos de experimentación.
El cambio de gobierno en marzo de 2004, ha supuesto el tránsito desde una política activa a favor de los transgénicos a una política de aceptación ambigua. El gobierno español se ha abstenido en el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y la Salud Animal y en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, en cada una de las 5 decisiones de autorización de nuevos transgénicos posteriores a la entrada del PSOE en el Gobierno, algunas de ellas consideradas de mucho riesgo y que incumplen requisitos de evaluación exigidos en la legislación europea vigente. La primera de ellas supuso, además, el consentimiento en levantar la moratoria europea para un maíz que no debería haberse autorizado, por su demostrada inestabilidad genética, semejante a otro maíz responsable de la muerte de 12 vacas y que bajo la normativa europea en vigor no es aceptable[4]. A partir de ah&
iacute;, la Comisión Europea ha aprobado todos y cada uno de los OMGs solicitados, sin contar con el voto afirmativo de
la mayoría de los estados miembros[5].
Las superficies sembradas y los cultivos experimentales no han parado de crecer en el Estado Español y cada vez hay más casos de contaminación denunciados. Sin embargo, el Gobierno no ha retirado ninguna autorización de siembra de maíz, ni siquiera como medida cautelar. Tampoco en la campaña agrícola de maíz que acaba de empezar lo que, prácticamente, garantiza nuevos casos de contaminación este año. A pesar de ello y tras la entrada del PSOE en el Gobierno, ha variado la respuesta de las organizaciones y colectivos sociales a la política de transgénicos.
Apoyándose en los casos de contaminación encontrados en cultivos ecológicos, el rechazo de dichas organizaciones y colectivos al borrador del PP en marzo de 2004, partía de la imposibilidad de una agricultura libre de transgénicos en las actuales circunstancias y pedía la suspensión de los cultivos transgénicos autorizados y la necesidad de una moratoria en la aprobación de nuevos cultivos transgénicos, hasta tanto no se garantizase: 1) la continuidad de una agricultura libre de transgénicos; 2) el derecho de los agricultores a no sufrir contaminación transgénica en sus cultivos; y 3) la exigencia de un régimen de responsabilidad civil de daños ambientales, sociales y económicos que, en caso de contaminación, recayera sobre los titulares de la liberación de los cultivos transgénicos. Esta iniciativa fue secundada por más de 40 colectivos
y organizaciones de muy diverso tipo: agrarias, ecologistas, de consumidores, sindicales y de solidaridad con los países empobrecidos. En pa
rticular, recibió un importante apoyo de asociaciones de productores y consumidores de productos ecológicos y de algunos Consejos Reguladores de Agricultura Ecológica, por el impacto de la contaminación transgénica sobre cultivos y alimentos ecológicos, pero también, por la existencia de un mayor conocimiento de los consumidores ecológicos sobre los riesgos de los alimentos Transgénicos[6].
Por el contrario, en la unidad de acción frente al borrador del PSOE de noviembre de 2004, a pesar de la semejanza de contenidos, la respuesta ha sido más tibia. Se ha presentado casi 5 meses después (marzo de 2005), con un apoyo mayoritario de dichas organizaciones, un documento de «contenidos mínimos» exigibles a la normativa de coexistencia entre transgénicos y no Transgénicos[7]. Dichos contenidos aceptan la contaminación a cambio de una negociación sobre el nivel de la misma que se va a aceptar. También ha desaparecido del texto la petición de retirada de los cultivos transgénicos actuales y la moratoria contenida en la crítica al borrador del PP.
Las condiciones de este nuevo documento se han centrado en: 1) definición de coexistencia, 2) protección de las semillas, 3) distancias entre campos de cultivo, 4) registro y autorización de siembra, 5) responsabilidad en la contaminación y 6) declaración de zonas libres de transgénicos. Al partir de la aceptación de los transgénicos y de la contaminación inevitable, se equipara la ausencia de contaminación con el nivel técnico de detección actual -0,1%- y se pide un mayor rigor en las parcelas de siembra de semillas[8]. Parece suficiente para la seguridad y el respeto a los derechos de agricultor@s y residentes vecin@s a una agricultura y alimentación libre de transgénicos, exigir la información, con 3 meses de antelación, de la intención de cultivar OMGs y la identificación de la parcela.
A la vez, se pide a la propia administración que se reserve el derecho a suspender la autorización si hay riesgos de contaminación u otros daños ¿Es que ahora no los hay o no se consideran relevantes? ¿Cuál debe ser el nivel de riesgo o daño inaceptable como para requerir la intervención cautelar de la administración? En cuanto al régimen de responsabilidad ante los daños, se propone la ausencia de responsabilidad de los agricultores que siembren transgénicos, si cumplen con la legalidad. Pero ¿es adecuada esta exención cuando su decisión es voluntaria, está basada en la expectativa de un beneficio inmediato y superior a los cultivos no transgénicos y con conocimiento de causa de los posibles daños hasta el punto de aceptar el cumplimiento de medidas que no se exigen para los cultivos no transgénicos? ¿No argumentarán las e
mpresas de semillas que también «cumplen» la legalidad y que no pueden responder de la forma en que se ha usado?. La inclusión de zonas libres de transgéni
cos se recoge desde la voluntad de las autoridades locales y regionales y no como reivindicación social.
No hay motivos que justifiquen la continuidad de los cultivos de maíz autorizados y, mucho menos, renunciar a la moratoria. Cada día aparecen nuevos casos de contaminación sobre cultivos, alimentos y piensos no transgénicos por parte de cultivos comerciales y experimentales transgénicos, evidenciados casi siempre en los ecológicos, al exigirse la ausencia de trazas de OMGs. La contaminación encontrada procede de maíz transgénico y de soja, cuyo cultivo transgénico no está autorizado en la UE, pero también de proteínas transgénicas no autorizadas en la Unión Europea, lo que es un indicador de la certeza de la contaminación. Todo ello contando con la legislación más rigurosa del mundo. Si no se frena esta situación, será inevitable la extensión de los transgénicos a otros cultivos. A MEDIO PLAZO, MÁS ALLÁ DE SUS
RIESGOS IMPREVISIBLES, LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS SON INCOMPATIBLES CON LOS CULTIVOS ECOLÓGICOS. LOS TRANSGÉNICOS HARÁN INVIABLE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA Y LA PRO
TECCIÓN DE LAS SEMILLAS, TANTO COMUNES (DE USO PUBLICO NO PATENTADO), COMO ECOLÓGICAS.
El consenso en torno al texto comentado desconsidera y abandona a su suerte a otras iniciativas que se oponen a los transgénicos («Plataforma Transgenic Fora» y «Manifiesto de Fraga») [9], en defensa del derecho a no cultivar y a no alimentarse con transgénicos. Estas iniciativas parten: 1) de la contaminación transgénica demostrada; 2) de la imposibilidad de que l@s productor@s ecológic@s se protejan de los daños producidos por la contaminación transgénica; 3) de la imposibilidad de supervivencia de la producción ecológica a medio plazo; y 4) de la indefensión de l@s consumidor@s y ciudadan@s ante la privación, previa información veraz, de la libertad de elección, de las garantías de seguridad alimentaria y de la participación política en el proceso de aceptación de los riesgos sanitarios, ecológicos, sociales y econ&oa
cute;micos que genera la agricultura y alimentación industrial.
Las organizaciones agrarias, ecologistas, de consumidores, etc. que estaban en la iniciativa de hace un año, han secundado esta segunda iniciativa rebajando el perfil de precaución. La consideran un éxito, porque han conseguido el objetivo de que la Ministra de Agricultura retire el borrador de RD de coexistencia[10] y aceptan como un mal menor un documento de bajo perfil y la inclusión de frases como «que la contaminación se reduzca al mínimo posible», sólo porque esta concesión ha facilitado que se sumaran organizaciones que no aceptaban el perfil de la declaración del año anterior. Parece ser que la forma de aumentar el apoyo social a la lucha antitransgénicos consiste en degradar el contenido de la lucha antitransgénica.
Esta táctica acepta la premisa mayor y permite que los defensores de los transgénicos avancen y puedan seguir solos, sin maquillaje social, cuando les parezca conveniente.
¿Qué victoria es la que, entre los mínimos exigibles al Gobierno, acepta la contaminación? ¿Con qué fuerza vamos a poder defender, en el minuto siguiente de firmar este documento, la ausencia de contaminación? ¿Cuál va a ser la próxima rebaja que vamos a aceptar los colectivos y organizaciones ecologistas, defensores de la agroecología y el consumo responsable, para mantener la unidad de acción con otros colectivos y organizaciones, en aras de conseguir la respetabilidad y la interlocución con el PSOE? ¿Qué futuro le espera a la agricultura campesina y ecológica si hacemos unidad de acción sin principios, con los que limitan la agricultura productora de alimentos sanos a la mera eliminación de los productos químicos, aceptando sin problemas la competitividad y el mercado mundial, buscando el nicho de mercado de los consumidores de alto poder ad
quisitivo y olvidando al resto, que es la mayoría de la población?
El Grupo Autogestionado de Consumo (GAK) de CAES, nos sumamos en su día a la petición de retirada del borrador de la Orden Ministerial de marzo de 2004. Pero, un año después, no hemos firmado el documento de mínimos. Tampoco se han adherido otros colectivos, defensores, en la teoría y en la práctica, de una agricultura y una alimentación libres de transgénicos. Estos grupos que, apoyaron el documento de la primavera de 2004, no han secundado éste. Conviene, para ser justos, interrogarse sobre las razones de esta negativa y no limitarse a celebrar las nuevas adhesiones.
Nuestras razones para no suscribir este documento son: 1) No reclama la retirada de los maíces transgénicos denunciados por contaminación que contienen genes de resistencia a antibióticos y plaguicidas; 2) Acepta la coexistencia y la contaminación y no exige el mantenimiento de la moratoria de transgénicos en a) cultivos, b) experimentación a campo abierto y c) comercialización. La imposición de los transgénicos se ampara precisamente, en una normativa europea, incapaz de garantizar la seguridad alimentaria y ecológica y la ausencia de riesgos de los transgénicos que autoriza. Esta norma cuenta con un déficit democrático importante, tanto por el procedimiento de decisión, como por la desconsideración a la opinión mayoritaria de la población europea, que rechaza el cultivo y el consumo de alimentos transgénicos; y 3) Abandonar a las iniciativas
que reclaman el contenido de los puntos anteriores, además de la defensa de las zonas libres de transgénicos desde los movimientos soc
iales.
Expresamos estas razones en la Coordinadora de Grupos de Consumo Agroecológico de Madrid, cuando representantes de algunos grupos propusieron que apoyásemos, como Coordinadora, el documento de mínimos, porque era una iniciativa unitaria de ámbito estatal y venía respaldada por las principales organizaciones ecologistas (Greenpeace, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción).
El planteamiento actual ante la imposición de cultivos y alimentos transgénicos se confirma como insuficiente para abordar los problemas de inseguridad alimentaria generados por la agricultura industrial, por varias razones:
1) Al tratarse de un planteamiento encerrado exclusivamente en la lógica interna de los transgénicos, se dedica a responder puntualmente a cada legalización, cada normativa, cada caso de contaminación y no da una salida estratégica a la agricultura y la alimentación, invocando el derecho a decidir como único argumento de participación frente a la imposición.
2) No podemos abordar separadamente, la problemática de los transgénicos por un lado, y por otro, el fomento de una agricultura respetuosa, responsable, ecológica y agroecológica.
3) No es suficiente señalar la contaminación transgénica de la mal llamada a la agricultura convencional eludiendo la contaminación química de dicha agricultura sobre el medio ambiente y la salud humana, cuyas consecuencias también se perciben, como en el caso de los transgénicos, a medio y largo plazo y por acumulación[11]. La mayoría de los argumentos de las multinacionales biotecnológicas a favor de los transgénicos, se basan en la comparación de los parámetros de la agricultura química y se proponen como la alternativa parcial,[12] a algunos de los problemas generados por ésta (contaminación por químicos, salinidad y erosión de suelos, resistencia de las plagas a los plaguicidas, pérdida de cosechas, etc). De esta forma, se impide el abordaje de dichos problemas desde perspectivas agroecológicas, independientes de la tecnologí
a de las multinacionales, que tienen en cuenta los conocimientos campesinos tradicionales, más accesibles a los pequeños agricultores y campesinos p
obres y basados en el diálogo con la naturaleza y con las necesidades de la seguridad y la soberanía alimentarias de toda la población y no sólo de los sectores con alto poder adquisitivo.
4) La reducción del debate de los transgénicos a la «coexistencia», nos hará cada vez más impotentes para resolver los problemas de la agricultura y la alimentación. Reducirá igualmente la defensa de nuestra seguridad alimentaria, presente y futura, a la aportación de pruebas de sus riesgos y daños, de una en una. Una forma de evitar esa impotencia es mostrar sus límites y articular, a la vez, estrategias de fomento de una agricultura y una alimentación agroecológicas y responsables al margen del mercado global, que incluyan la sensibilización y la participación de personas y colectivos que quieran hacer algo más que oponerse a los transgénicos.
No compartimos las razones de los firmantes del documento «Consideraciones básicas … » de marzo de 2005, pero no desconocemos que su existencia es un hecho. Aspiramos a que los firmantes consideren, a su vez, que los desacuerdos con dicho documento son también un hecho y, en consecuencia, faciliten la difusión y el debate de los puntos de vista discrepantes fomentando un DIÁLOGO DEMOCRÁTICO Y PLURAL entre las distintas posiciones. Esto facilitará la incorporación al movimiento de colectivos que se preocupan por la seguridad alimentaria desde la educación, la salud, y la participación social.
P. Galindo, GAK de CAES.
Forma parte de la Coordinadora de Grupos de Consumo Agroecológico de Madrid
NOTAS
(1)Transgénicos: Coloquialmente llamamos transgénicos a los organismos modificados genéticamente (OMGs). Los OMGs son organismos fabricados en un laboratorio, producto de añadir a un ser vivo, genes que no pertenecen a su especie. Las relaciones entre los nuevos genes de dicho organismo y los antiguos no son predecibles porque nunca han interactuado unos y otros en el mismo ser vivo, pudiendo activarse o silenciarse funciones no previstas de antemano, tanto del nuevo gen, como de los genes del organismo al que éste se incorpora. No podemos determinar que pasará en las generaciones futuras de dicho organismo y mucho menos en el caso, muy probable, de que los nuevos genes «salten» a un organismo cercano o al organismo que se alimente de ellos. La investigación de riesgos sobre la salud humana por ingestión de organismos con genes modificados genéticamente es muy escasa. Se reduce, casi exclusivamente, a
pruebas con animales en el laboratorio, realizadas por las empresas biotecn
ológicas beneficiarias de la comercialización de los transgénicos.
(2)El método que se emplea para insertar los nuevos genes en el organismo receptor, utiliza genes de resistencia a antibióticos y a plaguicidas para garantizar el éxito de la operación.
(3)Moratoria: Plazo para diferir o retrasar una decisión. Con este término se ha calificado el periodo de casi 5 años, en que la Unión Europea no ha autorizado ningún nuevo OMG. En este periodo las siembras de cultivos comerciales transgénicos han sido prácticamente inexistentes en Europa, con la excepción del Estado Español. Sin embargo, sí se han desarrollado cultivos experimentales en campo en diversos países de la UE de una amplia variedad de cultivos. Los casos de contaminación proceden tanto de cultivos comerciales como experimentales, e incluso, de OGMs no autorizados en la UE.
(4) Por ambas razones, esta autorización ha sido calificada por el ISIS (Instituto Científico Independiente del Reino Unido) de ilegal y criminal.
(5) La autorización de OMGs debe pasar por diversas instancias europeas. Tiene que ser evaluado por los Comités Científicos competentes, para emitir una valoración y votación científica en el Comité Permanente de la Calidad Alimentaria y la Salud Animal, en el que participan todos los Estados miembros. La decisión política posterior es adoptada en el Consejo de Ministros de Agricultura a partir del dictamen del Comité. Pero, si no se obtiene mayoría cualificada, a favor o en contra, la Comisión Europea culmina la decisión. Hasta la fecha todas las autorizaciones de OMGs para uso alimentario han sido controvertidas, incluso si no se requería para cultivo. La totalidad de la veintena de autorizaciones de transgénicos decididas en la UE han sido aprobadas finalmente por la Comisión Europea, al no conseguir mayoría cualificada en el Consejo de Ministros de Agric
ultura.
(6) En los alimentos ecológicos está prohibido el uso de transgénicos, por lo que si se detecta contaminación, no pueden venderse como ecológicos. Esta limitación no afecta a los cultivos procedentes de la agricultura química (llamada convencional). Aunque los agricultores convencionales no quieran sembrar transgénicos, el riesgo de contaminación transgénica en sus cultivos no les ocasiona pérdidas en sus mercados, a no ser que los compradores le exijan acreditar que su producto está libre de transgénicos, en cuyo caso, se encontrarían en el mismo caso que los agricultores y ganaderos ecológicos.
(7) «Consideraciones básicas a incluir en las normas españolas sobre coexistencia entre cultivos modificados genéticamente, cultivos convencionales y ecológicos» 30 de marzo de 2005.
(8) Si es posible mayor protección, para no contaminar a las parcelas vecinas en el caso de las semillas, ¿porqué no se pide también en las parcelas de cultivo?
(9) Para ver su actividad http://www.agrariamanresa.org/transgenics/
(10) En Catalunya que tiene transferidas las competencias en esta materia, el gobierno tripartito sí ha aprobado el decreto de coexistencia de cultivos transgénicos en los mismos términos del borrador estatal, pero aumentando la distancia mínima a otros cultivos de 25 a 50 metros. Como señala la Asamblea Pagesa, siendo Cataluña uno de los territorios principales de cultivo de maíz transgénico, esta aprobación, a pesar del gesto de la ministra, es el «laboratorio» para el «ensayo» de la normativa estatal.
(11) Las pruebas de los daños de los plaguicidas organoclorados sobre el organismo humano, se expresan, muchas veces, en la descendencia de las personas expuestas o que han ingerido, progresivamente, restos o residuos del plaguicida, sólo o en combinación con otras sustancias y a lo largo de un largo periodo de tiempo. Al ser bioacumulativos y persistentes, se acumulan en la cadena alimentaria. Sus efectos causan alergias (incluido el síndrome, cáncer y malformaciones genéticas.
(12 )No elimina el uso de químicos, sólo asevera que se reducen la necesidad de algunos herbicidas e insecticidas, lo cual, hasta la fecha, no es cierto. Además el uso de genes resistentes a algunos herbicidas abona precisamente la tesis contraria, que aumentará su uso, en la práctica de la agricultura transgénica.