La vida es un derecho, no una mercancía

INTRODUCCION

Tu salud y la de las personas a las que quieres es lo más importante y valioso que tienes. Sin ella, para nada te valen las cuentas bancarias, las propiedades o los lujos. Cuando la enfermedad aparece -antes o después y casi siempre sin avisar- ya no te basta con tener dinero. Necesitas que haya una legión de personas y muchos medios materiales dispuestos para atenderte y que todos ellos no tengan otro objetivo que sanarte y cuidar de tu vida.

En España, como en otros países avanzados, gozamos de un auténtico privilegio: disponemos de un sistema sanitario dispuesto a devolvernos la salud en cualquier momento, poniendo todo tipo de medios a nuestra disposición para lograrlo y sin pedirnos la tarjeta de crédito al entrar al hospital, sin preguntarnos cuánto dinero tenemos.

Es un sistema sanitario de acceso universal, basado en un principio de solidaridad y financiado con la contribución de todas las personas gracias a los impuestos que pagamos en función de nuestra capacidad de pago (cuando funciona bien y los que más tienen no logran evadir su obligación de contribuir como lo hacemos los demás).

En los últimos tiempos, sin embargo, este sistema está en peligro. Grupos económicos y financieros muy poderosos desean hacer negocio también con nuestra salud y trabajan para privatizar la sanidad.

Lo que te juegas con ello es mucho y es muy fácil saber las consecuencias que tiene: infórmate si no lo sabes y piensa por un momento en lo que cuesta cualquier tratamiento o intervención un poco complicados en un hospital privado. Pregúntate si tú podrías financiarlos con tu sueldo. O si está a tu alcance la prima que tendría que cobrarte un seguro para poder cubrirte hospitalizaciones o tratamientos que pueden costar muchos miles de euros.

Cuando se dificulta el acceso a la atención sanitaria, lo que se pone en juego es tu salud y bienestar. Esto es lo que hoy día está ocurriendo y lo que voy a intentar explicarte en estas páginas para que seas consciente de que la privatización del sistema sanitario pone en peligro tu vida.

SE TRATA DE TU VIDA

El escándalo que ha producido en España la divulgación de unas órdenes del consejero delegado de la empresa privada que gestiona un hospital público de Torrejón (Madrid) ha puesto sobre la mesa el debate sobre las ventajas e inconvenientes de la expansión de la sanidad privada.

Se trata de una cuestión muy importante por varias razones:

– Lo que ocurra con el sistema sanitario nos incumbe de lleno a todas las personas, puesto que de ello depende nuestra salud, nuestra calidad y nuestras condiciones de vida, y que podamos alargarla más o menos.

– Estamos acostumbrados a utilizar la sanidad pública sin pagar en el momento en que la utilizamos y eso nos hace creer que es gratis. No nos percatamos del esfuerzo tan grande que hemos debido hacer entre todos para que nos puedan atender en cualquier centro sanitario, por mucho que vaya a costar el tratamiento que vayamos a recibir. No somos conscientes de lo que cuesta realmente el solo hecho de poner el pie en una consulta de urgencias (150-200 euros), una noche de hospitalización (entre 400 y 1.300 euros), una operación de apendicitis (entre 2.500 y 6.000 euros, según las complicaciones) o el tratamiento de un cáncer de mama (que puede llegar a los 50.000 euros), por poner solo algunos ejemplos.

Por inercia, cuando pensamos en sanidad privada tendemos a creer que esos mismos servicios los recibiremos también gratis, e incluso mejor y más confortablemente, gracias a un seguro privado que hoy día se nos ofrece por cantidades que nos parecen muy baratas y asequibles.

Las cosas, sin embargo, no son así. Hay que saber que el conjunto del gasto sanitario en España supone alrededor del 10% del PIB y, como veremos, el sistema sanitario privado es aún más caro y conlleva la utilización de aún más recursos.

– Se nos olvida pensar que esos seguros son también negocios privados que solo pueden ofrecerse si proporcionan ganancia. Es decir, si los suscriben personas que no gasten en servicios sanitarios más de lo que pagan. Dicho de otra manera aún más clara: no se permitirá que los suscriban personas que padezcan enfermedades, o tengan alta probabilidad de padecerlas, cuyo tratamiento sea caro. Salvo que paguen primas muy elevadas, o acepten exclusiones o carencias que las dejen fuera de cobertura.  

– En España, hasta ahora, la sanidad privada es relativamente barata porque se hace cargo de lo que es más barato y rentable y deja a la pública lo más costoso. Pero, a la larga, si dejamos que siga deteriorándose esta última (lo que le interesa a la privada) estaremos obligados a suscribir seguros cada vez más caros y con menos cobertura asequible, lo que dejará sin acceso suficiente a la sanidad a cientos de miles de personas, tal y como ocurre en los países, como Estados Unidos, en donde predomina el sistema privado. Un horizonte y una experiencia ajena, sin embargo, de los que nunca nos hablan.

– Quienes defienden la privatización de la sanidad no lo dicen abiertamente. Si escuchas sus discursos con atención, comprobarás que en ningún momento afirman que pretendan acabar con la sanidad pública; muchas veces, incluso se presentan como sus defensores. Casi siempre proponen la colaboración entre ambos sistemas para hacer frente a la crisis del sistema público, sin hacer referencia a que eso termina siendo un paso intermedio hacia la privatización más avanzada con resultados negativos, porque ambos tienen naturaleza, objetivos y formas de proporcionar los servicios muy diferentes, de modo que esa colaboración, como veremos, difícilmente puede ser estructuralmente beneficiosa para ambos sin generar efectos perversos sobre el sistema público. Y, por supuesto, sin mencionar que esa crisis no es sólo consecuencia de la escasez de recursos, sino también del trasvase sistemático de recursos públicos hacia la sanidad privada.

– Quienes defienden la sanidad privada nunca hablan de lo que son y de lo que, por tanto, persiguen: ocultan que son empresas cuyo objetivo es ganar dinero y que es imposible hacerlo ofreciendo servicios a quien no dispone de recursos suficientes para pagarlos. No muestran o reconocen que, para aumentar sus ganancias, deben reducir sus costes al máximo y centrarse en ofrecer los servicios más rentables, eludiendo los más costosos o los que no les proporcionan beneficio.

– Quienes defienden la sanidad privada nos hablan siempre de sus ventajas, de lo espaciosas que pueden ser las habitaciones, de listas de espera más cortas o de una atención aparentemente mejor. Pero apenas se refieren a la mayor mortalidad evitable que se produce cuando el sistema sanitario se orienta por criterios de rentabilidad, como muestran numerosos estudios comparativos internacionales que veremos más adelante.

– Detrás de la sanidad privada hay grupos empresariales y financieros muy poderosos. Cada vez más, porque en el sector se concentran inversiones multimillonarias. Tienen influencia no sólo en el ámbito sanitario sino en los medios de comunicación y en los gobiernos, corrompen y hacen favores para comprar voluntades. Frente a ellos, la gente normal y corriente queda indefensa si no se informa bien y actúa, porque es natural que cualquier persona haga lo que sea necesario, sin mirar lo que le cueste y endeudándose hasta las cejas, si así cree que puede salvar la salud o la vida propia o de sus seres queridos. Eso proporciona una ventaja muy asimétrica a las grandes empresas sanitarias que les permite difundir un relato fantástico sobre su actuación y sus propósitos que confunde y engaña.

Tu vida y la de todos los tuyos dependen de que exista un buen sistema sanitario. Y, sin embargo, no hay claridad, ni sinceridad, ni transparencia cuando se habla de lo que supone el deterioro del sistema público, de por qué se produce realmente o de los efectos que tiene la expansión paralela del sistema privado. Literalmente hablando, nos estamos jugando la vida. Y, aun así, no se exponen con claridad las ventajas y los inconvenientes reales de cada uno de los sistemas, ni lo que va a ir ocurriendo a medida que la sanidad pública se debilite y avance la privada. Aceptamos sufrir la peor de las cegueras, la que José Saramago decía que padece quien, viendo, no ve.

Esa ceguera en relación con las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas sanitarios y con sus efectos sobre la salud de los seres humanos es especialmente lamentable. No sólo por su evidente trascendencia, sino porque basta con informarse mínimamente para ver la luz. Hoy día disponemos de abundantes evidencias para poder sostener con seguridad y rotundidad lo que implica el predominio de lo público y lo privado en materia de sanidad y cuidado de nuestra salud. Conocemos perfectamente cuáles son los costes y consecuencias de cada sistema. Lógicamente, siempre que se quiera descubrir la realidad y no se actúe bajo el patrocinio o en nómina de quien se enriquece a costa de la salud y la vida de los demás.

Los hechos que conocemos muestran claramente que la sanidad privada no es solo peor que la pública, sino incluso mortal, porque en ella se produce un mayor número de muertes evitables. Algo que puede resultar duro de leer, pero que responde a un hecho elemental: la empresa privada de atención sanitaria no tiene como objetivo prioritario sanar, sino ganar dinero.

Las declaraciones del responsable de la cadena hospitalaria Rivera que gestiona el hospital de Torrejón (ordenando aumentar las listas de espera y rechazar pacientes para ganar más dinero) y lo que se ha comenzado a saber después (empleados del hospital de Torrejón recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso, por ejemplo) lo ratifican claramente.

Puesto que el debate está lejos de acabar, es importante que la gente corriente esté bien informada. Cualquiera que sea tu condición, es muy importante que conozcas y sepas explicar a otras personas, con la mayor claridad posible, las ventajas e inconvenientes reales de la sanidad pública y de la privada. La expansión de esta última se está produciendo de un modo muy soterrado. Como he dicho, sin reconocer abiertamente que se persigue privilegiarla a costa de la que proporciona servicios con carácter universal, de la que no excluye a nadie porque es financiada por toda la población, en función de su capacidad de pago. Un privilegio común que, si se transforma en negocio de unos pocos, no sólo afectará al bolsillo, sino a la salud y a las condiciones de vida de la inmensa mayoría.

Tener buena información es fundamental para que la ciudadanía sepa lo que está pasando y pueda enfrentarse a las empresas que solo buscan el interés privado a costa de la salud y la vida de millones de personas, y a los políticos y periodistas que están a su servicio, e incluso en su nómina, muchas veces, sin ni siquiera reconocerlo y advertirlo.

Con la intención de contribuir modestamente al debate, he resumido en las páginas que siguen, del modo más breve y claro posible, las razones a favor y en contra, las ventajas e inconvenientes, de la sanidad pública y de la privada. No trato de convencer a nadie. Simplemente ofrezco argumentos que no son los que habitualmente se ponen sobre la mesa y difunden cuando se toman decisiones de política sanitaria por los gobiernos que defienden la privatización sin decir que la defienden. Animo a leerlo con espíritu crítico. No a creerse todo lo que expongo, sino a tomarlo como punto de partida para informarse y comprobarlo con criterio propio. Como dijo Francis Bacon, la duda es la escuela de la verdad.

COBERTURA Y PROTECCIÓN

Una primera cuestión que hay que plantear cuando se analizan las ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas sanitarios es quién puede acceder a ellos y en qué condiciones. Y aquí la diferencia es meridiana.

En los sistemas con cobertura universal financiada con impuestos o cotizaciones públicas, cualquier persona puede acceder a los servicios sanitarios con independencia de su situación laboral, económica o social. En los sistemas privados, en cambio, hay que disponer de dinero para pagar directamente los servicios o de un seguro que se haga cargo de ellos.

Obviamente, la existencia de un sistema sanitario público de acceso universal no quiere decir que sea gratuito, que no tenga coste. Lo tiene y es muy elevado, pero se financia con la contribución de toda la población, a través de los impuestos.

La diferencia entre ambos sistemas se ha ido diluyendo en los últimos años, como consecuencia de la expansión del sistema privado en los países donde hasta ahora ha predominado el público.

En España, por ejemplo, el gasto sanitario privado -el que pagan las familias directamente de su bolsillo o mediante seguros- representa ya en torno al 26% del gasto sanitario total. Es decir, aproximadamente uno de cada cuatro euros destinados a la salud procede ya del ámbito privado, aunque el sistema público siga siendo el pilar fundamental.

Para valorar el acceso efectivo que proporciona el sistema privado hay que leer la letra pequeña de las pólizas y enterarse bien de su coste y cobertura.

Te puedes hacer una idea del futuro que nos espera en España si se sigue privatizando la sanidad conociendo lo que pasa en Estados Unidos (país de referencia de la sanidad privada y de acceso a través de seguro igualmente privado). Allí, según informaba la revista Forbes, una persona joven de 21 años pagaba en 2025 una media de 455 dólares al mes por una póliza elemental o 877 dólares en las llamadas platino (con las que se luego pagaría menos gastos adicionales al recibir asistencia concreta). Una de 60 años pagó una media de 1.235 dólares mensuales (2.380 dólares si es platino). Y aún así, esas pólizas no garantizarían la cobertura de cualquier contingencia grave. Y, además, las personas aseguradas deberían hacerse cargo adicionalmente de los llamados «gastos de bolsillo», los que no son cubiertos por la póliza. 

Por otro lado, al hablar de sanidad y salud también es importante que reflexiones sobre el discurso anti-impuestos que difunden constantemente las personas más ricas y los políticos y periodistas que trabajan para ellas. Cuando nos dicen que pagamos muchos impuestos hay que hacer recuento de lo que cuesta el servicio sanitario público que nosotros, nuestros familiares o personas de alrededor, hemos recibido desde nuestro nacimiento hasta que dejamos de vivir y por el que no hemos pagado nada, directa o personalmente. Dedica unos minutos a hacer ese cálculo, aunque sea a grandes rasgos, y luego valora si hubieras podido pagar el gasto sanitario si tú y las demás personas no hubiésemos pagado impuestos.

En España, aproximadamente un tercio de la población tiene ya algún tipo de seguro privado, pero eso no lleva consigo una protección sanitaria integral ni equiparable a la del sistema público: a partir de los 50 o 60 años el coste de las primas se dispara, y basta leer la letra pequeña para comprobar que quedan excluidas patologías como la salud mental grave, las enfermedades raras, determinados tratamientos de larga duración o la rehabilitación prolongada. Son seguros de escaso alcance que se suscriben para hacer frente al deterioro que sufre el servicio público por la falta de recursos, que no solo es consecuencia de la escasez presupuestaria, sino también de una estrategia deliberada para impulsar el negocio privado.

Hasta ahora, estos seguros complementarios no suelen ser muy caros y eso induce a creer que la sanidad privada no solo es mejor, sino incluso barata. Pero es un espejismo. Son relativamente baratos porque no cubren las prestaciones sanitarias más costosas (¿has leído alguna vez lo que cubre y lo que no el que tienes contratado?), sino sobre todo la asistencia que busca rapidez, comodidad y una atención más personalizada.

Todo ello es fácil de comprobar. En muchos hospitales privados no hay determinados servicios de alta complejidad disponibles de forma continua, y las especialidades más caras tienden a concentrar también listas de espera. La realidad es que, de momento, los seguros privados están orientados a financiar actos médicos de alto margen para las empresas (pruebas diagnósticas, cirugía programada, protocolos estandarizados y todo lo que conlleve flujos rápidos), mientras que pueden redirigir al sistema público, o directamente no admitir, a los pacientes crónicos que requieren seguimientos prolongados, tratamientos complejos o elevados costes.

Si el proceso de privatización se extiende, la medicina privada irá asumiendo servicios cada vez más caros, al tiempo que adquiere mayor poder de mercado para fijar precios. Eso hará, sin duda, que las primas aumenten y que disminuya la población que pueda financiar cualquier tipo de asistencia.

El seguro privado puede reducir el coste de usar servicios frecuentes, pero, a diferencia de lo que ocurre con un sistema sanitario público, no protege bien frente al llamado riesgo catastrófico, que es precisamente el que arruina a las familias.

Las diferencias en cuanto a la posibilidad de acceder a los servicios sanitarios en los dos sistemas son las que explican que, en los países donde la cobertura es universal y mayoritariamente pública, el riesgo de arruinarse o caer en pobreza por tener que afrontar gastos sanitarios sea muy bajo, como ocurre en España. Justo lo contrario de lo que sucede en sistemas dominados por lo privado. En Estados Unidos, paradigma del sistema sanitario basado en seguros, entre el 60% y el 65% de las quiebras personales están vinculadas directamente a gastos sanitarios.

MORTALIDAD Y OTROS RESULTADOS DE SALUD

El indicador quizá más elocuente de lo que proporcionan los diferentes sistemas sanitarios es el de mortalidad evitable, es decir, las muertes que se pueden evitar o retrasar con prevención, tratamientos o medidas y políticas de salud pública y atención médica oportunos y efectivos.

Los sistemas sanitarios que actúan como negocios privados producen mayor mortalidad por diversas razones.

– En los sistemas basados en el acceso a través del pago directo o del seguro privado es inevitable que la población con menos recursos disfrute de un acceso mucho menor a los servicios de salud. Sobre todo, a los más especializados y caros y, por tanto, a los más determinantes de la salud. En consecuencia, es lógico que en estos sistemas haya más mortalidad por falta de acceso. Y también porque la minimización de costes lleva a prestar los servicios sanitarios en peores condiciones de tiempo, personal y seguimiento clínico.

– El objetivo de la sanidad privada no es curar o prevenir enfermedades, sino maximizar el beneficio económico. Si no fuese así, sus empresas tendrían que cerrar y los inversores perderían su dinero.

Eso implica necesariamente que, para obtener beneficios y maximizarlos, el sistema sanitario privado no pueda tener como objetivo reducir el número de enfermos, sino tener cada vez más clientes y, a ser posible, clientes recurrentes. Esto lleva a incentivar la prescripción excesiva de tratamientos rentables y a descuidar o no atender los menos lucrativos, como la prevención, la salud mental, los cuidados crónicos o el seguimiento prolongado. De ahí derivan muchos daños médicos, errores por mala praxis y mortalidad por ausencia de atención adecuada que son perfectamente evitables.

– Cuando un sistema sanitario no atiende a quien no tiene dinero, seguro o capacidad para asumir copagos, la consecuencia inevitable es la desatención, el retraso en la consulta o la renuncia directa al tratamiento. Eso agrava dolencias que serían perfectamente curables y multiplica las muertes evitables por cáncer, diabetes, hipertensión o infecciones, por ejemplo.

– Puesto que la sanidad privada solo puede funcionar bien allí donde hay dinero, produce un ensanchamiento sistemático de las brechas de salud. Los recursos sanitarios (personal, tecnología, camas UCI…) se concentran donde resultan más rentables, no donde hay mayor necesidad. El resultado es un aumento de la mortalidad evitable y un descenso de la esperanza de vida en los grupos de población con menores ingresos.

– Cuando la sanidad pública se debilita o se privatiza, se producen más enfermedades y más muertes por una razón adicional: los servicios públicos universales actúan como una auténtica infraestructura de prevención. Al debilitarse, se pierden capacidades de vigilancia epidemiológica, vacunación masiva, control de riesgos colectivos o respuesta ante pandemias. Además, la información sanitaria se fragmenta y los datos clínicos pasan a tratarse como propiedad privada, cuando no como una mercancía más y eso los hace menos accesibles.

– También está ampliamente demostrado que el personal sanitario -médicos, enfermeras, auxiliares- está sometido a mucha mayor presión de productividad en los centros privados. Y es lógico: allí hay que recuperar la inversión y generar rentabilidad. La consecuencia es menos tiempo por paciente, más precariedad laboral, mayor rotación, más agotamiento profesional y más errores clínicos, lo que deteriora la atención y termina produciendo más muertes evitables.

– La lógica del mercado es la de curar cuando ya hay enfermedad (en eso consiste el negocio), no la de evitar que la haya. Dicho más claramente: la prevención no es negocio. Y, sin embargo, la prevención es la vía más eficaz para evitar millones de enfermedades y muertes.

Esto explica que los programas de vacunación, educación nutricional, detección precoz o salud comunitaria -sin los cuales se producen muchas muertes evitables- sean más débiles y menos efectivos en los países donde la sanidad privada tiene un peso dominante.

Los datos que confirman que donde manda el lucro se muere más sin necesidad son abundantes:

– Un amplio análisis clásico realizado en más de 26.000 hospitales de Estados Unidos sobre 38 millones de pacientes mostró que el riesgo de morir en hospitales con ánimo de lucro es un 2% mayor que en los hospitales en hospitales sin ánimo de lucro. Puede parecer una diferencia pequeña, pero aplicada a millones de ingresos significa una enorme cantidad de muertes adicionales atribuibles únicamente al modelo empresarial.

–  Los resultados son aún peores cuando entran en juego los fondos de capital riesgo de los que hablaremos con detalle más adelante. Diversos estudios han mostrado que, tras la compra de hospitales por fondos de inversión, la mortalidad en urgencias aumenta un 13,4 %, lo que supone unos 7 fallecidos más por cada 10.000 pacientes. Y los pacientes sometidos a cirugía de emergencia en estos centros tienen 42 % más de probabilidades de morir en los próximos 30 días.

–  En Estados Unidos, la falta de seguro sanitario se asocia con 45.000 muertes anuales y un 40% más de riesgo de morir respecto a personas aseguradas, en general, e incluso se llega hasta el 50% en los grupos de menor renta.

–  Otro estudio que analizó 243 hospitales de Estados Unidos y más de 1,6 millones de pacientes concluyó que el riesgo de fallecimiento de niños en hospitales privados con afán de lucro era un 9,5% superior a los gestionados sin ánimo de lucro.

–  En Inglaterra, el aumento del gasto sanitario dedicado a externalizar los servicios a proveedores privados entre 2013 y 2020 -muy similar a procesos que se vienen produciendo en varias comunidades autónomas españolas- se asoció con un incremento significativos de muertes que no deberían ocurrir con atención oportuna y eficaz.

–  La OCDE muestra que la llamada mortalidad evitable -la prevenible con salud pública y atención primaria fuertes, y la evitable con asistencia clínica eficaz y a tiempo- aumenta allí donde se debilitan la prevención y la atención primaria por lógicas de mercado. Por el contrario, fortalecer el acceso universal, la atención primaria y la salud pública reduce de forma significativa esas muertes.

En resumen, dejar el cuidado de la salud en manos del afán de lucro y de la maximización del beneficio produce más muertes evitables,

Pero el daño de un sistema sanitario orientado al beneficio no se limita a la mayor mortalidad Mucho antes de que se produzcan, la lógica del mercado va extendiendo la enfermedad, cronificando dolencias y deteriorando la calidad de vida de millones de personas. Cuando el acceso a la atención depende del mercado, no solo se muere más sin necesidad: también se vive peor, con más enfermedad, peor calidad de vida y más discapacidad prevenible.

Está demostrado que, en los sistemas privatizados o fuertemente mercantilizados, se observan peores resultados en el control de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el asma, la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal. Y la razón es sencilla: estas dolencias requieren seguimiento continuo, coordinación asistencial, tiempo clínico y prevención, justo lo contrario de lo que prioriza un sistema orientado al beneficio rápido. El resultado es más complicaciones, más reingresos, más amputaciones, más diálisis, más incapacidad y más sufrimiento evitable.

Las limitaciones e incluso el fracaso del sistema privado de salud son evidentes en algunos sectores decisivos para el bienestar humano:

– La salud mental requiere atención prolongada, compleja, poco rentable y difícil de protocolizar como negocio. Por eso suele estar excluida parcial o totalmente de los seguros privados, o limitada a pocas sesiones y tratamientos fragmentados. El resultado es que millones de personas quedan sin atención adecuada para la depresión, la ansiedad, las adicciones, los trastornos graves o el suicidio, mientras que el sistema público asume la carga más dura cuando ya hay crisis, internamientos o daños irreversibles.

– Algo parecido ocurre con la discapacidad evitable. Cuando se retrasan los diagnósticos, no se garantiza rehabilitación suficiente o se interrumpe el seguimiento por razones económicas, las enfermedades dejan secuelas que podrían haberse evitado. La consecuencia es una población con más limitaciones físicas, más dependencia y menor autonomía personal, con el consiguiente incremento del gasto social y del sufrimiento familiar.

– La privatización sanitaria no solo agrava la enfermedad: empobrece y la pobreza, a su vez, empeora la salud. La cobertura insuficiente, la deuda que se genera para tratar de ampliarla, los gastos adicionales a las pólizas producen muy a menudo una espiral de precariedad en los sistemas privados que por sí misma genera nuevas patologías y deteriora las condiciones de vida.

En definitiva, donde el afán de lucro es lo que marca la lógica con la que se mueve la atención sanitaria no solo se muere más sin necesidad, sino que se vive con más enfermedades, más limitaciones y con más pobreza. La sanidad pública, por el contrario, no es sólo un sistema que salva vidas: es también el principal mecanismo de protección frente a la enfermedad crónica, la discapacidad y la pobreza derivada de enfermar.

ATENCIÓN SANITARIA, SATISFACCIÓN Y SALUD

Además de la cobertura, la mortalidad y los resultados en salud, otro elemento esencial para comparar ambos sistemas es la calidad real de la atención al enfermo. Y aquí las diferencias entre sanidad pública y privada son también muy significativas, aunque a menudo se confundan deliberadamente.

Diversas revisiones comparativas internacionales muestran que en los centros sanitarios privados se producen más desviaciones de las guías clínicas, más sobreutilización de pruebas diagnósticas, más tratamientos innecesarios y más intervenciones de escaso valor clínico que en los sistemas públicos. Esto no responde a una peor formación de los profesionales, sino a un sistema de incentivos orientado al beneficio económico.

– La OCDE ha demostrado que entre el 20% y el 33% del gasto sanitario privado se debe a sobreutilización, pruebas duplicadas y tratamientos innecesarios. Lo cual, además del sobrecoste aumenta el riesgo de efectos adversos, infecciones, complicaciones y errores médicos.

– Un indicador muy claro de los efectos de la mercantilización de la atención sanitaria es la tasa de cesáreas. La Organización Mundial de la Salud sitúa la tasa adecuada entre el 10% y el 15% de los partos. En España, el Informe Anual del SNS 2023 indicaba que en 2022 en la sanidad pública un 22,4% de los partos se realizaba con cesáreas, frente a un 34,5% en la privada, más del doble de lo que recomienda la OMS y con un diferencial claro frente a la pública.

Una investigación periodística reciente señaló que 22 hospitales en España se registraban tasas de cesáreas por encima del 45%, y que 20 de ellos eran privados. Se descubrió que la probabilidad de acabar en cesárea es un 52% mayor en la sanidad privada que en la pública. Un hecho important porque la cesárea innecesaria incrementa el riesgo para la madre y el recién nacido y responde en gran medida a criterios organizativos y económicos, no clínicos.

– Los centros públicos -aun trabajando con mucha mayor presión asistencial- tienden a ofrecer una atención más alineada con protocolos clínicos, más homogénea, más coordinada entre niveles asistenciales y más equitativa, porque su finalidad no es facturar actos médicos, sino resolver problemas de salud.

Desde otro punto de vista, es cierto que los pacientes declaran con frecuencia mayor satisfacción subjetiva en los centros privados, debido sobre todo a factores como menores tiempos de espera, trato más personalizado, mayor comodidad de las instalaciones o posibilidad de elegir médico.

Pero esa percepción de satisfacción no es un indicador fiable de calidad clínica. Mide la experiencia como usuario, no la eficacia real del tratamiento ni sus resultados sobre la salud a medio y largo plazo.

– En los modelos privados intensivos en productividad aumenta el número de pacientes por profesional y disminuye el tiempo real por consulta. Y está demostrado que cuando el tiempo clínico baja de ciertos umbrales, aumentan los errores de medicación, los fallos diagnósticos y las complicaciones evitables. Las revisiones sistemáticas sobre dotación de enfermería han confirmado que ratios más bajos de personal por paciente incrementan la mortalidad hospitalaria y los eventos adversos prevenibles, y que esos peores ratios son más frecuentes en hospitales con gestión privada orientada a la contención de costes laborales.

– La hiperproductividad clínica especialmente marcada en sistemas privatizados y en modelos de pago por acto dispara el número de eventos adversos, reduce adherencia a guías y aumenta los reingresos evitables.

– A ello se suman contratos más inestables, rotación de profesionales y atención por episodios aislados. En la sanidad pública, por el contrario, existe mayor seguimiento longitudinal del paciente, continuidad entre atención primaria y especializada y una historia clínica integrada.

Constituye prácticamente una constante que los casos más simples, programables y rentables tienden a concentrarse en la sanidad privada. Por el contrario, los casos más complejos, graves, de alto riesgo y elevado coste -UCI, politraumatismos, infecciones severas, trasplantes, oncología compleja- siguen siendo atendidos mayoritariamente por el sistema público, que asume así la parte más difícil, peligrosa y costosa de la atención sanitaria. En España, más del 90% de los trasplantes de órganos y la inmensa mayoría de las UCI generales están en hospitales públicos.

En los centros privados se presta, en muchos casos, una mejor atención “de hotel”: mejores instalaciones, más comodidad, mayor rapidez inicial. Pero, junto a ello, aparecen más incentivos a añadir pruebas, tratamientos o intervenciones rentables aunque no siempre necesarias, menor respeto a los protocolos cuando limitan la facturación, y menor inversión en seguimiento prolongado, prevención y rehabilitación.

El hecho de que “el cliente siempre tenga razón” y se sienta mejor tratado no garantiza en absoluto que su salud esté mejor protegida, ni que tenga mayor probabilidad de curarse, de evitar complicaciones o de vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. En sanidad, el mejor servicio no es el que más agrada, sino el que cura, previene, acompaña y protege con criterios científicos y no con criterios de mercado.

En resumen, la lógica del beneficio no mejora la salud: la empeora cuando desplaza a la lógica del derecho.

COSTES Y EFICIENCIA

La sanidad privada es más cara que la pública y, sin embargo, resulta menos eficiente si se mide la eficiencia como debe medirse en sanidad: salud obtenida por cada euro gastado, y no en beneficios empresariales por euro invertido.

El ejemplo más extremo y claro es el de Estados Unidos, el país del mundo que más dinero gasta en sanidad: entre el 16,5% y el 18% de su PIB y prácticamente el doble que la media de los países ricos. España, con un sistema mayoritariamente público, se sitúa en torno al 10% del PIB.

Sin embargo, a pesar de ese gasto descomunal, Estados Unidos obtiene peores resultados en esperanza de vida, mortalidad infantil, mortalidad materna y complicaciones de enfermedades crónicas que los países con sistemas públicos universales. Es decir: paga mucho más por obtener mucha menos salud.

Una de las grandes fuentes de ineficiencia del modelo privado son sus enormes costes administrativos. En Estados Unidos, los costes de administración, facturación, seguros, autorizaciones y marketing suponen alrededor del 8-10% del gasto sanitario total, más de 1.000 dólares por persona y año. En los sistemas públicos europeos, se sitúan generalmente entre el 1% y el 3%. La diferencia no cura a nadie, pero cuesta miles de millones.

En los sistemas públicos, al haber uno o muy pocos pagadores, el dinero circula de forma directa hacia hospitales, profesionales y servicios. En los sistemas privados, en cambio, cada hospital necesita estructuras enormes de facturación, negociación con aseguradoras, autorizaciones de pruebas, recursos jurídicos y marketing. El resultado es un desperdicio masivo de recursos que no se transforma en atención sanitaria real.

El sistema sanitario sólo puede ser globalmente eficiente si existe cooperación horizontal (entre centros) y coordinación vertical (entre atención primaria, especializada, hospitalaria, sociosanitaria y cuidados de larga duración). Esa coordinación es consustancial al sistema público, mientras que el sistema privado, por definición, sólo puede centrarse en actividades rentables, compite en lugar de cooperar y fragmenta la atención.

El servicio sanitario privado no puede constituir un sistema integrado, que es lo que se necesita para evitar duplicidades, solapamientos, pruebas repetidas y derroches. Y lo que es peor, cuando el sector privado se introduce dentro del sistema público, rompe la lógica de planificación, coordinación y continuidad, porque responde a objetivos distintos: el público busca resolver necesidades colectivas de salud; el privado busca rentabilidad.

Otra fuente crucial de ineficiencia es la externalización sistemática de los casos más costosos. Como hemos dicho, la sanidad privada concentra procesos programables, de bajo riesgo y alta rentabilidad y selecciona a los pacientes más rentables.

Una parte creciente del gasto sanitario privado no se destina a curar, sino a generar beneficios financieros: dividendos, intereses de deuda, plusvalías de fondos de inversión. Es dinero que sale definitivamente del circuito sanitario y no se reinvierte en salud.

La fragmentación del sistema provoca otro despilfarro muy significativo ya mencionado: la duplicación de pruebas, diagnósticos y tratamientos entre la privada y la pública. Pruebas realizadas en la privada que se repiten en la pública, historiales que no se comparten, tratamientos que se reinician. Se paga dos veces por lo mismo, se retrasa el diagnóstico real y se incrementa el riesgo para el paciente.

En resumen: la sanidad privada no es más eficiente, sino al contrario. Es más cara, consume más recursos administrativos, selecciona riesgos en perjuicio del acceso a la salud, externaliza costes, fragmenta la atención y convierte una parte creciente del gasto sanitario en beneficio financiero. La sanidad pública universal, por el contrario, obtiene más salud por cada euro gastado, precisamente porque funciona comoun auténtico sistema cooperativo orientado al interés general y no al beneficio privado.

EQUIDAD E IMPACTO DISTRIBUTIVO

La sanidad no sólo produce salud. También redistribuye renta, reduce desigualdades y protege frente a la pobreza. Por eso no es neutral desde el punto de vista social: el tipo de sistema sanitario que se adopte determina en gran medida quién vive más, quién vive mejor y quién carga con el coste de enfermar.

La investigación económica y social reciente muestra de forma consistente que los sistemas sanitarios universales financiados públicamente redistribuyen renta a favor de los hogares de menor ingreso y reducen la desigualdad económica. Esto ocurre por un mecanismo muy claro:

– Quienes más tienen, más contribuyen vía impuestos.

– Quienes menos tienen, más se benefician del acceso gratuito o casi gratuito a la atención sanitaria.

– Los enfermos reciben mucho más que los sanos.

– Los mayores reciben más que los jóvenes.

Es decir, la sanidad pública actúa como una gigantesca transferencia de renta en especie desde los grupos de mayor capacidad económica hacia los más vulnerables.

Por el contrario, cuando predomina un modelo privatizado basado en seguros, copagos y pago directo, ocurre exactamente lo contrario: el gasto sanitario se vuelve regresivo. Las familias con menos ingresos dedican una proporción mucho mayor de su renta a pagar seguros, medicamentos, pruebas y tratamientos, mientras que las familias ricas pueden absorber esos costes sin alterar su nivel de vida. La enfermedad se convierte así en un potente mecanismo generador de desigualdad.

Si los hogares, incluso en Europa donde los ingresos son elevados en relación con otros países o regiones del mundo, tuvieran que afrontar su atención sanitaria por su propia cuenta, sin un sistema público fuerte, la desigualdad de renta se dispararía y la carga de enfermedad recaería de manera desproporcionada sobre los grupos más pobres. Eso es lo que exactamente ocurre en Estados Unidos, primera potencia económica mundial. Allí, la enfermedad produce más pobreza y la pobreza propaga y aumenta la enfermedad.

Como adelantamos más atrás, la expansión de la sanidad privada también fragmenta territorialmente la asistencia sanitaria, pues los recursos privados se concentran en los espacios donde hay más rentabilidad: zonas urbanas, rentas medias y altas. Las zonas rurales, los barrios empobrecidos o los territorios envejecidos quedan progresivamente desatendidos, generándose así una geografía de la desigualdad en salud.

Todo ello se traduce en la práctica en algo muy injusto: dos personas con la misma enfermedad, la misma gravedad y la misma edad pueden tener diagnósticos, tratamientos, tiempos de espera y pronósticos y resultados de vida muy distintos, según su nivel de renta y su código postal. Exactamente lo contrario de lo que debe ocurrir en una sociedad que se considere mínimamente justa.

En resumen, la sanidad pública no es solo un sistema para curar enfermedades. Es uno de los principales instrumentos de justicia social, de reducción de desigualdades y de protección efectiva frente al empobrecimiento que existen en una sociedad moderna. Debilitarla no solo deteriora la salud: rompe uno de los pocos grandes mecanismos reales de igualdad de oportunidades que nos quedan.

COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL DEL SECTOR PRIVADO

La sanidad privada no se comporta como un servicio público, sino como lo que es: un negocio sometido a las reglas del mercado, la rentabilidad financiera y la maximización del beneficio. Eso determina de forma directa cómo se organiza, en qué gasta, en qué recorta y a quién atiende.

Las empresas sanitarias privadas están sujetas a la necesidad permanente de recortar costes y a un incentivo perverso: generar sobretratamientos para maximizar ingresos.

– Un metaanálisis clásico de Devereaux sobre hospitales con ánimo de lucro mostró que estos centros deben generar retornos financieros elevados (en torno al 10-15%) para accionistas, pagan retribuciones más altas a directivos y, para compensarlo, han de destinar menos recursos por paciente y menos personal cualificado por cama. Todo ello se asocia de forma clara con mayor mortalidad frente a hospitales sin ánimo de lucro.

– La revisión de Basu demuestra que la supuesta “eficiencia” de la sanidad privada se apoya con frecuencia en esos incentivos perversos que le llevan a realizar pruebas innecesarias, tratamientos de bajo valor clínico, cirugías que no mejoran realmente la salud que disparan el gasto sin mejorar los resultados, y en no pocos casos los empeoran.

Todo lo anterior se produce aún en mayor medida en los centros hospitalarios adquiridos por sociedades de capital riesgo o los llamados private equity. Estos se caracterizan por la forma en que llevan a cabo la inversión para obtener las mayores y más rápidas ganancias rápidas.

– Unas veces, solicitan préstamos utilizando como garantía sus instalaciones sanitarias recién adquiridas y los utilizan para reembolsar a los inversores de forma rápida y generosa, mientras que las organizaciones sanitarias asumen la deuda. Otras, venden los terrenos, instalaciones y otros activos de capital de la organización sanitaria a otros inversores. El producto de las ventas es lo que genera rentabilidad para los gestores de fondos y sus inversores.

– Otra estrategia consiste en vender la organización sanitaria recién adquirida a otro comprador a un precio mucho mayor, para lo cual es necesario aumentar sus ganancias con rápidos recortes de costos, subidas de precios o aumento de los servicios prestados.

– La inversión financiera (y especulativa) privada en el sector sanitario está en constante aumento, no sólo en hospitales, sino también en el de residencias de ancianos y atención domiciliaria, y se dispara especialmente en especialidades con altos márgenes de beneficio como dermatología, urología, gastroenterología y cardiología. De 2013 a 2023, estos fondos invirteron un billón de dólares en todo el sector sanitario de Estados Unidos, anunciando que irá sucediendo lo mismo en otros países en donde avanza la privatización

– Los estudios recientes sobre hospitales adquiridos por estos fondos muestran un patrón muy claro: tienen menos personal, salarios más bajos, hay más derivaciones de casos complejos y más muertes en urgencias y en cirugías de emergencia. Un estudio sobre residencias de ancianos de Estados Unidos adquiridas por inversores de capital privado mostró un aumento del 10 % en la mortalidad.

En el terreno de los seguros privados, el caso de Estados Unidos ilustra de forma extrema el resultado de esta lógica cuando sirve de soporte del sistema sanitario: generan una burocracia gigantesca, continuas denegaciones, retrasos o limitaciones de tratamientos y una presión constante para no autorizar lo que es caro.

– El resultado es que, a pesar de que la mayoría de la población tiene algún tipo de seguro, se acumula una deuda médica superior a los 220.000 millones de dólares, que afecta a decenas de millones de personas. La enfermedad se transforma directamente en deuda, embargo, ruina personal y exclusión social.

– En Europa este patrón no alcanza todavía esos niveles, pero la lógica empresarial es la misma: aseguradoras que seleccionan riesgos, primas que se disparan con la edad o la enfermedad, exclusiones, carencias largas, copagos crecientes y derivación sistemática de los casos más costosos al sistema público.

En resumen, la sanidad privada sólo puede sobrevivir si mantiene y aumenta el beneficio empresarial, lo cual requiere recortar el gasto en el enfermo y facturar más por cada tratamiento. No es un problema de malas prácticas aisladas, sino una lógica estructural: un efecto directo del modelo de negocio.

La supeditación de la actividad sanitaria a la consecución del lucro privado implica introducir necesariamente una lógica que convierte la enfermedad en fuente de rentabilidad, el cuidado en coste a minimizar y la vida en una mercancía con la que se ha de ganar la mayor cantidad de dinero posible. Justamente lo contrario de lo que debería buscar un sistema sanitario al servicio de la salud y del interés general.

EN QUÉ ES MEJOR LA SANIDAD PRIVADA Y POR QUÉ

La sanidad privada puede ofrecer mejores resultados operativos que la pública en determinados ámbitos concretos, aunque siempre con matices importantes que no se pueden ocultar.

En España -como en otros países-, las listas de espera en la sanidad pública se han incrementado de forma notable en los últimos años, como consecuencia de una combinación de infrafinanciación crónica, déficit de personal, envejecimiento de la población y mala planificación política. En los momentos de mayor tensión reciente, el sistema público ha superado el millón de personas en lista de espera quirúrgica, con tiempos medios en torno a los 120 y 130 días.

En ese contexto, la sanidad privada puede ofrecer con frecuencia consultas en pocos días, pruebas diagnósticas casi inmediatas y cirugías programadas en pocas semanas para quienes tienen seguro o pueden pagar directamente.

Ahora bien, ese “mejor rendimiento” no es una virtud estructural del modelo privado, sino el resultado de estar sobredimensionado para determinados procesos, practicar selección de pacientes (priorizando lo simple, rentable y de bajo riesgo) y concentrarse en actividad programable.

De hecho, los países europeos que financian bien su sanidad pública -como Dinamarca o Países Bajos- mantienen tiempos medios de espera para muchas cirugías comunes por debajo de los 30-60 días, sin necesidad de recurrir a un sistema sanitario comercial para garantizar el acceso rápido.

En la sanidad privada son más frecuentes las habitaciones individuales, los tiempos breves en salas de espera y la mayor sensación de trato personalizado.

– Este confort influye de manera real en la percepción del paciente y no debe despreciarse. La sanidad privada suele ser mejor que la pública en ese aspecto y en estética, comodidad y experiencia emocional, pero no en mejores resultados clínicos reales.

– Las encuestas de satisfacción miden, sobre todo, el trato, la rapidez y el confort, pero no la calidad diagnóstica, el seguimiento a largo plazo, la prevención de complicaciones, ni la supervivencia real.

– Un estudio realizado con más de 50.000 pacientes adultos mostró que quienes declaraban mayor satisfacción con la atención recibida presentaban mayor consumo de medicamentos, más hospitalizaciones, más gasto sanitario, y, lo más llamativo, una mayor mortalidad a largo plazo.

– Es decir, sentirse mejor atendido como “cliente” no garantiza mejor salud y, en determinados contextos, puede incluso asociarse con peores resultados clínicos reales, por efecto del sobretratamiento y la complacencia terapéutica.

La sanidad privada puede ser más rápida para abrir nuevas clínicas, reorganizar circuitos, adquirir determinadas tecnologías diagnósticas de alto precio o implementar procesos sin rigideces burocráticas.

Pero conviene no confundir rapidez de adopción con innovación real. A escala mundial, se estima que más de dos tercios de la investigación biomédica básica y una parte muy significativa de los avances farmacológicos decisivos se financian con fondos públicos (universidades, agencias estatales, programas nacionales y europeos).

Las vacunas, los grandes tratamientos oncológicos, la biotecnología clave, las terapias génicas o los antibióticos estratégicos nacen casi siempre en el ámbito público o gracias a su financiación, mientras que el sector privado se concentra sobre todo en la fase final de desarrollo, la compra de patentes y la explotación comercial.

Es decir: la sanidad pública innova, la privada comercializa.

En territorios donde la sanidad pública está mal gobernada, con déficit grave de profesionales, incentivos mal diseñados o planificación deficiente, el sector privado puede ofrecer en algunos ámbitos concretos: mayor flexibilidad organizativa, mejores condiciones salariales para algunos especialistas, o eficiencia operativa en tareas muy específicas (logística, pruebas simples, cirugía programada de bajo riesgo, como la oftalmológica).

En España, en torno a uno de cada tres hospitales que atienden pacientes del Sistema Nacional de Salud está ya gestionado por entidades privadas o en régimen de concierto, lo que muestra hasta qué punto el sector privado aprovecha las debilidades del sistema público para expandir su negocio.

Pero esto no demuestra que el modelo privado sea superior por naturaleza, sino que la sanidad pública necesita financiación estable, gobernanza fuerte y planificación adecuada del personal. Cuando esas tres condiciones se dan, la sanidad pública supera sistemáticamente a la privada en resultados globales.

– Un estudio con más de 50.000 pacientes adultos mostró que quienes declaraban mayor satisfacción presentaban mayor consumo de medicamentos, más ingresos hospitalarios, más gasto sanitario y, lo más llamativo, una mayor mortalidad a largo plazo. Sentirse mejor atendido como “cliente” no sólo no garantiza mejor salud, sino que puede asociarse con peores resultados clínicos reales.

En resumen, la sanidad privada puede ser mejor en rapidez, confort y determinadas tareas organizativas, especialmente cuando la pública ha sido debilitada deliberadamente. Pero ninguna de esas ventajas justifica un sistema sanitario orientado al beneficio, que resulta peor en prevención, en equidad, en atención a la complejidad, en protección frente a la pobreza y en eficiencia social.

Las ventajas reales de la sanidad privada muestran, en el fondo, los problemas políticos de la sanidad pública cuando no se financia suficientemente. No son un argumento para privatizar la salud, sino una prueba de hasta qué punto destruir lo público genera artificialmente un mercado cautivo para lo privado.

IMPLICACIONES DEL AFÁN DE LUCRO Y LA MAXIMIZACIÓN DEL BENEFICIO EN LA ATENCIÓN SANITARIA

Las empresas privadas que prestan servicios de atención sanitaria no tienen como objetivo principal curar, prevenir o proteger la salud colectiva, sino obtener beneficios económicos. No tienen pacientes a los que atender sea cual sea su circunstancia: tienen clientes a los que se atiende solo si pueden pagar, directamente o a través de un seguro.

Para obtener beneficios, toda empresa privada debe hacer dos cosas de manera sistemática: maximizar la facturación y minimizar los costes. Cuando esa lógica se traslada al campo de la salud, genera incentivos que chocan frontalmente con el interés del paciente y con la salud pública.

Estos incentivos perversos operan de forma muy clara:

– Exclusión de quienes no pueden pagar. En un sistema sanitario de mercado, quien no tiene ingresos suficientes o seguro queda fuera, retrasa la consulta o renuncia directamente al tratamiento. En países fuertemente privatizados, como Estados Unidos, esta lógica se traduce en decenas de miles de muertes anuales asociadas a la falta de seguro o a la infracobertura, a pesar de tratarse del país que más gasta en sanidad del mundo.

– Sobretratamiento de quienes sí pueden pagar. Para aumentar ingresos se incentiva la realización de pruebas innecesarias, tratamientos de bajo valor clínico, intervenciones evitables, medicalización de problemas leves.

En los sistemas dominados por el mercado se estima que entre el 20% y el 30% de los actos médicos no aportan un beneficio real al paciente, pero sí generan ingresos. Este sobretratamiento no mejora la salud y, en muchos casos, la empeora, por efectos adversos, infecciones, errores y complicaciones.

–  Denegación o retraso de los tratamientos caros. Cuando un tratamiento resulta muy costoso, el incentivo es retrasarlo, limitarlo o denegarlo. En el ámbito de los seguros privados esto se traduce en autorizaciones previas interminables, exclusiones por letra pequeña, copagos disuasorios, derivaciones al sistema público.

En los sistemas más mercantilizados, millones de personas con seguro no reciben a tiempo los tratamientos que necesitan porque resultan demasiado caros para la aseguradora.

– Recorte sistemático de personal y de tiempo clínico. Para reducir costes se ajustan plantillas al mínimo, se incrementa el número de pacientes por profesional, se reducen salarios, se precarizan contratos.

Está ampliamente demostrado que cuando disminuye el tiempo clínico por paciente aumentan los errores de diagnóstico, los fallos en la medicación, las complicaciones y la mortalidad evitable. Aquí el ahorro empresarial se paga con riesgo para la vida.

–  Subida constante de precios y primas. Cuando el sector privado gana poder de mercado suben las primas de los seguros, aumentan los copagos y se encarecen las pruebas y los tratamientos.

En los países con mayor peso de la sanidad privada, el gasto de bolsillo de las familias representa una parte enorme del gasto sanitario total, y la enfermedad se convierte directamente en una fuente de endeudamiento, empobrecimiento y exclusión social.

– Fragmentación del sistema y choque de intereses. Cada actor del sistema privado -aseguradora, hospital, fondo de inversión, proveedor de tecnología, laboratorio- trata de maximizar su propio beneficio individual, no el bienestar del paciente ni la salud general de la población.

Esto genera facturación cruzada, duplicación de pruebas, conflictos de interés, tratamientos condicionados por objetivos financieros.

En resumen, la salud deja de ser un bien colectivo y se convierte en un mercado fragmentado de transacciones económicas.

En un sistema sanitario sometido al afán de lucro se gana dinero cuando se recorta en el enfermo, se gana dinero cuando se le hacen más cosas de las necesarias, se gana dinero cuando se le retrasan las que son caras y se gana dinero cuando se trasladan los riesgos al sector público.

Por esa razón, la empresa privada no puede ser neutral en sanidad. Aunque muchos de sus profesionales actúen con enorme vocación, el marco en el que trabajan está diseñado para que la rentabilidad pese más que la salud.

Introducir plenamente esta lógica en el sistema sanitario no es una simple opción organizativa: es una transformación profunda que convierte la enfermedad en un negocio, el cuidado en un coste a minimizar y la vida en una variable económica.

LA COLABORACIÓN Y LOS CONCIERTOS ENTRE LA SANIDAD PÚBLICA Y LA PRIVADA

Quienes están tratando de convertir la sanidad en un negocio privado ni lo dicen claramente, como señalamos, ni lo proponen de una vez y directamente por una sencilla razón: la sanidad pública -a pesar de todas sus deficiencias- es muy valorada y ampliamente deseada por la población. Por eso ocurre igual que con la privatización de las pensiones públicas. Lo que se busca es que el sistema público presente cada vez más carencias y que, al mismo tiempo, el privado vaya avanzando poco a poco, y preferentemente gracias al dinero público.

Para lograr ambos objetivos complementarios, la estrategia es clara: hacer que cada vez más recursos públicos se dediquen a expandir la sanidad privada. Eso se puede presentar como inevitable cuando la pública se deteriora y se puede conseguir con un instrumento que se presenta como salvador de la crisis de la sanidad pública: permitir que la privada colabore con ella para prestar mejor, según se dice, el servicio sanitario.

Así planteada, la colaboración entre sanidad pública y privada se puede presentar como una fórmula técnica, neutral y pragmática para mejorar la eficiencia del sistema.

Sin embargo, no es un simple instrumento de gestión, sino una opción política que puede tener enormes consecuencias económicas, sanitarias y sociales.

El resultado final depende de si esa colaboración es puntual, excepcional y subordinada al interés público, o si se transforma en una vía estructural de sustitución del sistema público por el privado.

En España, esa colaboración ya no es marginal sino muy extensa y profunda y por ello comienza a plantear sus auténticos efectos: casi un tercio de los hospitales del Sistema Nacional de Salud (en torno al 30–31%) están gestionados por empresas privadas, y el gasto público destinado a pagar conciertos con hospitales privados se ha incrementado cerca de un 85% desde 2011, superando ya los 4.800 millones de euros anuales.

Puede decirse, por tanto, que la “colaboración” se ha convertido en un pilar estructural del sistema, no en un recurso excepcional.

Es cierto que, en determinados contextos y de manera estrictamente limitada, la colaboración con el sector privado puede ofrecer ventajas tácticas a corto plazo. Entre ellas:

– Cuando el sistema público no cuenta con suficiente financiación o se encuentra saturado, la contratación de pruebas diagnósticas o cirugías programadas con la sanidad privada puede reducir las listas de espera de forma puntual. Así se pueden reducir las demoras quirúrgicas en determinados procesos simples en semanas o pocos meses, siempre que se inyecte dinero público extraordinario. Pero este mecanismo no sustituye jamás la necesidad de crear plantillas, quirófanos y capacidad propia. Y, como demostraron las declaraciones del director general de la empresa privada que gestiona el mencionado hospital privado de Torrrejón, ni siquiera eso ocurre siempre, pues las empresas aumentan artificialmente las listas de espera para ganar más dinero cuando tienen pacientes garantizados a través de los convenios.

– En picos de demanda, pandemias o falta coyuntural de equipamientos, el sector privado permite utilizar quirófanos ya construidos, resonancias, TAC, PET y otros equipos costosos, o camas hospitalarias disponibles sin necesidad de construir hospitales desde cero. Aunque esto puede ser útil solo como solución transitoria, no como modelo estructural.

– Algunos operadores privados pueden estar en la vanguardia de la innovación organizativa en nichos muy concretos, en ámbitos muy específicos como oftalmología (cataratas), traumatología leve, pruebas diagnósticas simples, y cirugía muy estandarizada.

– En determinados actos muy protocolizados y de bajo riesgo, la privada puede reducir el coste unitario en procedimientos repetitivos y ofrecer precios por acto algo menores gracias a economías de escala, estandarización y alta rotación de pacientes.

Sin embargo, todas estas ventajas son siempre tácticas, frágiles, dependientes del dinero público y no construyen un sistema sanitario integral. Y, además, la colaboración presenta inconvenientes estructurales cuando la colaboración deja de ser excepcional y se convierte en sustituto sistemático del servicio público. Entre ellos:

– Peor calidad clínica, más complicaciones, más reingresos y mayor mortalidad en entornos con lucro dominante, como consecuencia de que más pacientes son tratados con menos personal por cama y mayor presión por recortar costes o reciben altas precoces.

– Aunque al inicio algunos conciertos puedan parecer más baratos, a medio plazo el coste para el Estado se dispara por facturación por acto, sobretratamiento rentable, renegociaciones sistemáticamente al alza, actualización automática de contratos y dependencia estructural del proveedor privado.

Esto es lo que se conoce como “monopolio del proveedor cautivo”, lo que ocurre cuando el sector público pierde capacidad propia y queda atrapado en contratos cada vez más caros y difíciles de revertir.

– La colaboración entre ambos tipos de sistemas provoca choques de incentivos. El sector privado gana más cuantos más procedimientos realiza, cuanto más enfermos circulan por sus centros y cuanto menos gasta en personal. Por el contrario, el sistema público gana más cuanto más sana está la población, cuanto mejor funciona la prevención y cuanta menos hospitalización evitable se produce.

Por tanto, la colaboración introduce un choque estructural de incentivos. El negocio privado busca volumen, el servicio público necesita prevención y eficiencia y el resultado es que el primero produce, como hemos dicho, pruebas innecesarias, cirugías de bajo valor clínico, medicalización excesiva y abandono de la prevención, que no resulta rentable.

– Cuando la colaboración se vuelve masiva los profesionales mejor pagados migran a la privada, el sector público pierde personal clave, se deterioran los tiempos de atención y la continuidad asistencial, caen las plantillas estructurales.

El sistema público se vacía progresivamente, mientras la privada crece utilizando dinero público como palanca de expansión empresarial.

– La colaboración con el sistema privado, tal y como en la realidad está planteada, provoca un deterioro del servicio público por desplazamiento presupuestario.
Cada euro derivado a la privada es un euro menos para plantillas propias, centros de salud, hospitales públicos, atención primaria, salud mental, prevención y salud pública.

Se produce así un efecto de sustitución que hace que el negocio sanitario privado crezca a costa de lo público. No se refuerzan ambas a la vez, como se quiere hacer creer.

– La colaboración introduce circuitos diferenciados en la atención sanitaria. Quien tiene seguro o recursos accede antes, quien depende solo del sistema público espera más. El resultado es una doble vía asistencial, un sistema de salud de. dos velocidades y, por tanto, desigual e injusto: los grupos más vulnerables circulan por la de la peor salud y los de mayor renta pueden hacerlo por la complementario de los servicios privados costosos. Se rompe el principio de igualdad efectiva en el acceso a la atención sanitaria.

– Los conciertos generan más burocracia, incrementan los costes administrativos y producen pérdida de transparencia, obligan a realizar más auditorías externas, provocan más litigios y requieren sistemas de control costosos.

Una gran parte de los operadores privados no suelen publicar de forma completa información importante para la gobernanza del sistema: tasas de complicaciones, mortalidad ajustada por riesgo o resultados clínicos comparables. Esto limita seriamente la transparencia no sólo democrática sino operativa del sistema.

– Cuando los grandes grupos sanitarios privados crecen y se concentran influyen en la regulación, presionan para aumentar derivaciones, condicionan las decisiones presupuestarias y bloquean reformas que refuercen la sanidad pública. Eso hace que el Estado pierda capacidad real de gobernanza sobre la salud colectiva, que pasa a estar cada vez más condicionada por intereses empresariales.

En algunas comunidades autónomas españolas, como Madrid, la colaboración con hospitales y empresas privadas presenta aspectos claramente fraudulentos. Para acceder al concurso se presupuestan los servicios (coste por paciente) a la baja, teniendo como base las patologías y tratamientos más sencillas y, por tanto, baratas y rentables. Cuando aparecen las más caras, los hospitales privados derivan a los enfermos que las padecen a los centros públicos. El negocio, o el auténtico fraude más bien, aparece cuand la administración pública cómplice de la empresa privada no cobra entonces el coste real que ha de soportar por el servicio derivado, sino el mucho más bajo que había sido presupuestado en el concurso.

En resumen, la colaboración público-privada puede aportar ventajas tácticas muy limitadas en cuanto a rapidez puntual, uso de capacidad ociosa, adaptación a picos de demanda, y agilidad en nichos muy concretos. Pero genera los inconvenientes estratégicos de enorme calado.

Por tanto, no se puede creer que la colaboración público-privada sea un complemento neutro, sino que es en realidad un mecanismo de transformación estructural del sistema sanitario. Cuando se convierte en norma debilita lo público, fortalece lo privado y convierte el derecho a la salud en un mercado financiado con dinero público.

En realidad, la llamada colaboración público-privada en el sistema sanitario no es cooperación entre iguales, sino la sustitución progresiva del sistema público por el privado bajo apariencia de colaboración.

BALANCE GENERAL DE EVIDENCIAS

El conjunto de evidencias científicas, económicas y sociales acumuladas en las últimas décadas permite afirmar con rotundidad algo que no es una cuestión ideológica: los sistemas sanitarios públicos, universales y bien financiados son superiores a los sistemas basados en el mercado en términos de salud, eficiencia, equidad, protección financiera y cohesión social.

El dilema entre sanidad pública y sanidad privada no es una elección técnica entre dos modelos de gestión. Es una decisión política, social y moral sobre el tipo de sociedad que queremos construir y legar a nuestros hijos y nietos.

Los sistemas privados basados en el mercado:

– cuestan más

– protegen menos

– generan más desigualdad

– producen más mortalidad evitable

– y convierten la enfermedad en una oportunidad de negocio.

Los sistemas públicos universales:

– salvan más vidas

– reducen la desigualdad

– protegen a las familias

– previenen la enfermedad

– y garantizan el derecho a la salud como bien común, no como        mercancía.

La privatización no es una solución a los problemas de la sanidad pública. Es, justamente, la forma de convertir esos problemas en negocio.

La mejor prueba de todo ello es contemplar lo que ocurre en el país en donde la sanidad privada ha llevado más lejos y mueve más dinero, Estados Unidos.

Allí, millones de familias viven endeudadas de por vida por una enfermedad, millones de personas con trabajo y seguro evitan ir al hospital por miedo a la factura, el cáncer, un infarto o una operación de urgencia significan ruina económica y la salud se ha convertido en la principal causa de quiebra familiar.

Ese es el futuro que nos espera si normalizamos la privatización de la sanidad y permitimos que se siga extendiendo bajo el disimulado concepto de colaboración con la pública.

¿Podrías pagar hoy un seguro de verdad, completo, si tienes 60 años, o si mañana te diagnostican un cáncer, si tú o un algún familiar directo necesitara un tratamiento caro, si su nieto nace con una enfermedad rara? ¿De dónde habrías podido sacar el dinero que a lo largo de tu vida has gastado en sanidad?, ¿Has hecho alguna vez la cuenta de lo que ha supuesto? Analízalo y compruébalo sin dejarte engañar.

Lee la letra pequeña de los seguros. Busca las exclusiones, las carencias, los copagos, los límites, las preexistencias y luego respóndete con honestidad:
¿de verdad ese sistema te protege?

Defender la sanidad pública no es sólo una cuestión de dignidad y justicia social. Te conviene defenderla igualmente por eficiencia económica, ahorro colectivo, protección patrimonial de las familias y seguridad vital ante lo imprevisible.

La enfermedad llega sin avisar, no pregunta por el saldo bancario y no distingue entre ricos y pobres. Y sólo la sanidad pública te garantiza que, cuando llegue, no tengas que elegir entre curarte o ir a la ruina.

Defender la sanidad pública es defender a nuestros hijos y nietos. Todo lo que hoy se debilita en la sanidad pública menos centros de salud, menos profesionales, más conciertos, más seguros privados, más negocio, es menos protección para las generaciones que vienen.

No te dejes engañar: La sanidad pública es una herencia colectiva. No pertenece a un gobierno. No pertenece a un partido. Pertenece al pueblo. Y una vez que se destruye, no se reconstruye fácilmente.

No lo olvides. Quieren destruirla para hacer negocio y eso no se podrá impedir si la sanidad pública no se exige y defiende. Y cuando la salud se convierte en negocio, la vida se convierte en mercancía y deja de ser un derecho.

Fuente: https://juantorreslopez.com/lo-que-hay-detras-de-la-sanidad-privada-y-que-nos-estamos-jugando/