Dedicado a Pablo Montoro Martín, por sus años de dedicación al tema de la vivienda
El derecho formal a la vivienda digna y adecuada
No sé si sabrán, pero el año pasado se cumplieron cien años de la primera ley de vivienda de nuestro país, que se recibió el feo nombre Ley de Casas Baratas, nombre con ecos históricos en muchas localidades para las viviendas protegidas. El capitalismo español hacía concesiones al movimiento obrero, años después de la creación del Instituto de Reformas Sociales y del Instituto de Previsión Social, piedras incipientes del estado social. Las revoluciones burguesas habían impuesto los derechos civiles y políticos (el estado liberal) y las víctimas organizadas de la revolución industrial europea imponían la elevación de los derechos sociales a los altares legales.
El derecho de acceso a la vivienda no entró en nuestra primera constitución de estado social, la de la Segunda República. Se incorporó a las declaraciones de derechos con posterioridad, con la Declaración Universal de Derechos Humanos. A nivel nacional fue la constitución de 1978 la que recogió ese derecho en su artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
La subasta del derecho real
Sin embargo, el derecho a la casa ha sido dejado, como ocurre con otros derechos sociales, al albur de los decretos del mercado. La realidad empujada por el afán de la acumulación se alejó de la prescripción constitucional. La redacción del artículo 47 de la Constitución se hacía precisamente tras la primera de las tres burbujas inmobiliarias que ha sufrido este país, la del urbanismo salvaje, la destrucción de la costa, la segunda residencia; España se inscribía en el capitalismo-mundo como país de sol, playa y ladrillo, con una pequeña industria al servicio de multinacionales de la automoción.
Pronto se observó que el artículo 47 había caído en papel mojado, pues en los ochenta se produjo una segunda burbuja inmobiliaria de especulación, la época de los grandes pelotazos, las recalificaciones de suelo, los Solchaga llamando a hacer negocios en España…
El episodio, como en 2009, no concluyó por una intervención de los poderes públicos para impedir la especulación, con la moderación del crédito o con el uso de las capacidades en urbanismo o vivienda para frenar la hiperespeculación, sino por natural estrangulamiento de ese crédito. Vinieron después cuatro devaluaciones de la peseta por un 26% (17 de septiembre de 1992, devaluación 5%; 19 de noviembre de 1992, devaluación 6%; 13 de mayo de 1993, devaluación 8%; 7 de marzo de 1995, devaluación 7%) y un plan de ajuste (con doble inspiración: terapia de choque y cumplimiento de los criterios de Maastricht) que ya nos advertía en los noventa qué ocurre cuando pinchan las burbujas, aunque como sociedad no aprendimos la lección, seguramente porque ya en ese entonces los movimientos de concienciación popular estaban neutralizados.
A finales de los noventa se produce otra arrancada que se alargó por la facilidad del euro para el crédito a bajos tipos de interés y la liquidez de economías exportadoras y ahorradoras, elevó los precios por varios efectos (necesidad, aumento de la población, especulación) y lanzó una actividad constructora más que salvaje, construyendo una cantidad de viviendas desproporcionadísmo. Como en los ochenta el pinchazo no fue una acción deliberada de los poderes públicos para acabar con la especulación en un bien básico, sino la transgresión de los límites de endeudamiento de promotoras, entidades financieras, familias.
Las políticas de vivienda
Simultáneamente, como ha denunciado en un informe para la ONU Raquel Rolnik, Relatora Especial para la ONU sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, la política de vivienda de los estados generalmente se ha orientado más bien a fomentar las propensiones del mercado. Explica como se abandonaron las políticas de vivienda social y se promovió la adquisición o el alquiler de vivienda libre, donde estaba el negocio de promotores, constructores, entidades y propietarios, amigos influyentes de los representantes del pueblo.
En España eso se hizo con la deducción por adquisición de vivienda o al arrendador, otros sinnúmero beneficios fiscales y con una multiplicidad de subvenciones, ayudas, préstamos con tipo de interés influído por convenio entre entidades y administración pública a la promoción privada, adquisición, autoconstrucción, rehabilitación, arrendamiento de viviendas libres. Calcular el montante de recursos públicos dedicados a esta política de vivienda al servicio de intereses privados sería un ejercicio muy complicado, pero podemos imaginarnos el tamaño multimillonario, digamos que unos varios miles de millones de euros de 2012.
En 2009, año final de la insensatez, sólo la deducción para adquisición o rehabilitación y la de arrendamiento en el IRPF de vivienda ascendía a 5 mil millones. El año siguiente el Instituto Canario de la Vivienda para una veinteava parte de la población nacional tenía un presupuesto de 102 millones (que ha disminuído a 76, 59 y 42 millones en los años sucesivos), por lo que podría estimarse en unos 2 mil los millones de subvenciones y ayudas (más gastos de personal y corriente).
Esta política de estímulo a la compra y alquiler de vivienda contribuía a la búsqueda privada de soluciones a la necesidad de vivienda, impidiendo soluciones más amigas del interés general. Se fomentaba la construcción de vivienda nueva para la venta. Muchas personas entraban en el juego para tener un techo, pero promotores, constructores, entidades financieras se aseguraban el negocio de los beneficios, los contratos de construcción, los créditos hipotecarios. Además, los especuladores entraban en la subasta para conseguir plusvalías en los ríos revueltos.
En este tiempo, se han enajenado también centenares de miles de viviendas de propiedad pública. La promoción pública ha disminuído y ha mantenido el error de concentrar en los barrios pobres a los pobres, sin política de integración, aunque todas las zonas de las ciudades tengan solares abandonados esperando a una verdadera voluntad urbanística para hacer política de vivienda integradora. La promoción pública de esta etapa ha sido subsidiaria e insuficiente: el último remedio para unas pocas de las muchas personas que no podían pujar en el juego de la especulación con un bien básico, para unas pocas personas agraciadas por el salvavidas del estado.
Burbujas de felicidad
Mientras las burbujas se han inflado, la vivienda ha sido el objeto de un juego infernal en el que algunas grandes fortunas, promotoras, constructoras, entidades de crédito, han acumulado mayores fortunas. Así entre las grandes fortunas de este país encontramos varias relacionadas con la construcción.
A Rafael del Pino Calvo Sotelo, presidente de Ferrovial, se le atribuyen más de 4 mil millones; A José Manuel Entrecanales Domec, 3 mil quinientos; a Emilio Botín y a Manuel Jové Capellán, que hizo carrera en Fadesa le cuentan más de 2 mil; a otra familia banquera, los March, tampoco le fue mal; no llegan a 2 mil cada una de las hermanas Koplowitz (FCC); también andan por ahí sus ex-maridos, los Albertos (ACC); o el Florentino Pérez (ACC); el Enrique Buñuelos Castro (Astroc) desapareció de España y apareció con patrimonio multimillonario en Brasil… En Canarias, a Santiago Santana Cazorla, Eustasio López González (LOPESAN), Ignacios González, Placencias, Tadeos, Concepciones… seguramente también se le pueden encontrar los cientos, o al menos las decenas, de millones de patrimonio fabricado con ladrillos.
Los bancos españoles eran campeones que compraban empresas y bancos en España y otras partes del mundo. Las constructoras españolas se convertían en campeonas mundiales del sector.
A ellos se les inflaban sus erarios de millones durante la burbuja. Para millones de personas la burbuja era un estado dichoso de la economía, pues repartía muchos salarios surgidos de la magia, algunos en la construcción impensables, pequeñas especulaciones con un par de viviendas, intereses de unos humildes depósitos bancarios, créditos irrazonables… Para los trabajadores apostando en el casino del capitalismo popular había posibilidades de dar un par de saltos de cien mil en cien mil o de vida desahogada.
Las administraciones públicas no recaudaban impuestos estructurales porque se había disminuído su capacidad de ingreso, pero recibían los ingresos extraordinarios de la burbuja para alegrar un poco más a los constructores y al pueblo encantado de conocer al capitalismo que entusiasma con el faraonismo y reparte migajas: los mejores equipos de fútbol, los trenes AVE, los Auditorios de Calatrava, las autopistas para ganar unos minutos, los aeropuertos, los cheques bebé, los cheques emancipación…
Al mismo tiempo, muchas familias han tenido que soportar un esfuerzo muy elevado en su presupuesto familiar para acceder a la vivienda; otras se han visto excluídas, siendo una pequeña parte rescatada por las políticas de vivienda. No pudieron participar en la gran comilona ni en la mesa ni en el suelo donde caían migajas. Era la cara oculta de la burbuja, junto a la depredación del territorio, la construcción de ciudades fantasmas…
Pinchazos de crudeza
La música paró mientras muchas personas estaban ebrias. Ya no había liquidez internacional para recibir créditos de bancos alemanes y franceses con los que in pagando lo debido y aumentar un poco más la torre de Babel. Las vacas flacas habían llegado. Casas que no se venden, crédito promotor que no se paga, obras que no se terminan, trabajadores que se van a la calle, consumismo en depresión, administraciones que no recaudan, servicios públicos que se recortan, empresas que no venden, expedientes de regulación de empleo, … Círculos viciosos y añoranza por los felices años de la sinrazón.
En la lógica de este capitalismo sin alternativa social que alce la voz el Estado rescata los bancos de mil y una formas. Aunque no tenga dineros para sostener los gastos sociales (en gran parte porque el sistema tributario se ha diseñado para que no contribuyan quienes más tienen) siempre se puede rascar los bolsillos para encontrar unos miles o unas decenas de miles de millones para echarle una mano a bancos, industria del automóvil, promotoras, …
A quienes jugaron al capitalismo popular y salieron perdiendo o a quienes intentaron acceder a la vivienda en los tiempos de la euforia ( que excluye de la visión al verdadero necesitado) se les deja en la intemperie. Sale en su defensa una parte de la sociedad que se indigna con lo observado, STOP DESAHUCIOS.
Casas sin personas, personas sin hogar
La situación resultante de los años de capitalismo a toda máquina que satisface a oligarquías y pueblo complaciente con su consumismo es una colosal deuda de los promotores que fueron llamados por los cantos de sirena de un precio de la vivienda que no dejaba de subir, bancos que no cobran los créditos concedidos y no pueden hacer frente a sus deudas con otros bancos, familias con más miembros en desempleo o con sueldos reducidos y con incapacidad para afrontar alquileres o cuotas hipotecarias, administraciones públicas que no recaudan lo suficiente porque perdonan impuestos a los ricos y la actividad económica deprimida no produce ingresos suficientes, …
En esta situación, a las casas vacías para especular de la época anterior se han sumado los inmuebles que no se pueden vender. Los esfuerzos públicos para que se vendan y disminuya la asfixia no paran de hacerse: reducciones del IVA de la vivienda en época de Zapatero mientras subía el IVA de todo lo demás para que los europeos adquirieran una segunda residencia; otorgamiento del permiso de residencia a extranjeros que adquieran una vivienda, en planes.
Igualmente, a las personas y familias que accedían en el mercado a la vivienda en alquiler con dificultad se le suman aquellas que consiguieron entrar en alquiler o propiedad durante los años de puestos de trabajo sostenidos por respiración artificial, expulsados con su eliminación. A las personas y familias que se vieron forzadas a relaciones de arrendamiento de mercado y no pueden afrontar la renta se les desahucia; a las personas y familias que pudieron iniciar un intento de adquirir la propiedad y no pueden pagar la cuota del préstamo, se les ejecuta la hipoteca, que tiene como resultado la pérdida de la casa y en muchas ocasiones la persistencia de una deuda (crédito no pagado, intereses de demora, gastos de ejecución de la hipoteca, …).
Las hipotecas colgadas
En los créditos con garantía hipotecaria a veces hay otras garantías, como avales de familiares. Los bancos cuando dan a la firma un contrato saben muy bien lo que han escrito para ganar en cada operación. Tienen detrás unos equipos de valoración del riesgo y elaboración de contratos. Aún así muchas entidades se han visto con altos niveles de morosidad (especialmente promotora) y con incapacidad para cumplir con los créditos interbancarios que pidieron en el exterior. El Estado ha acudido en su rescate.
En cambio, muchas veces las personas físicas firmamos estos contratos y las escrituras de constitución de hipoteca con la inconsciencia de la gente normal, que vive confiada en el ciclo indeclinable de crecimiento, que no imagina que se está formando una tormenta perfecta y que no sabe las consecuencias de aquellas hojas que firmó sin leer o de aquel párrafo que no entendió. Cuando ocurre lo imprevisto llegan los lamentos por haber firmado un pacto con el diablo, con el alma como garantía.
La cultura de leer los contratos hubiese evitado muchos disgustos a personas que ahora se sienten indefensas contra esos contratos. En Derecho del Consumo se explica la desigualdad existente entre gran empresa y usuario. Por eso, en ese tipo de relaciones se han creado insuficientes instituciones de defensa. Pero una de las lecciones que ha enseñado la vida es que son precisas las precauciones propias.
Constantemente llega la información sobre el número de ejecuciones hipotecarias diarias o desde el año 2007. Unas quinientas al día o unos 400 mil en estos años. No obstante, parece claro que ese dato no se comunica con rigor, ya que en ese número se mezclan ejecuciones de hipoteca en vivienda habitual, que es el que debería preocupar, con otros tipos de ejecuciones hipotecarias sobre segundas viviendas o locales que no se dedican a la residencia. Los datos precisos sobre familias que por la ejecución hipotecaria se ven sometidos a una situación social vulnerable nadie los ha elaborado.
Pequeñas concesiones del poder
Después del guiño de Rubalcaba al 15M en la precampaña del 20N de 2012, el mínimo inembargable para deudores hipotecarios en vivienda habitual es de 962 euros más 192 por personas dependiente. Eso quiere decir que si tras la ejecución queda deuda pendiente, el banco empezaría a cobrar a partir de 962 en el caso de familias monoparentales, 1054 en familia de dos personas, 1266 en familias de tres, … Aunque lo despreciáramos por oportunista e insuficiente, debo reconocer que en una valoración sosegada y justa es bastante protectora de la renta familiar frente a las caídas en desgracia. Aunque se pueda reducir la deuda pendiente.
También es importante el esfuerzo que se hace para eliminar cláusulas abusivas de los contratos de hipoteca que elevan la cuantía de la deuda por ejemplo por una imposición excesiva de intereses de demora, que ha tenido como consecuencia la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de la aminoración de la deuda pendiente y la protección de la renta familiar hasta un determinado punto, hace poco, tras la representación de la preocupación por los dos partidos mayoritarios del país, se declaró la moratoria durante dos años del acto de lanzamiento en unos casos muy determinados, con ánimo cicatero. Para esas mismas familias se prevé la creación de un fondo social de viviendas de renta asumible. Unas medidas de poca trascendencia.
En estas acciones valoro que en lo importante, potenciar el derecho de disfrute de una vivienda digna y adecuada, se ha avanzado casi nada y en lo secundario, ayudar a quien se arriesgó a adquirir en tiempos brumosos firmando un contrato con zorros viejos, se ha adelantado mucho más.
¿Qué hacer?
En esta situación cabe preguntarse qué hacer. Una propuesta de acción es la de las personas afectadas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclama la suspensión inmediata de lanzamientos, la dación en pago retroactiva, la creación de vivienda social, como puede verse en la iniciativa legislativa popular de esta plataforma, que consiguió 600 mil firmas.
Sus acciones han servido para visibilizar esta consecuencia del cambio de ciclo en el modelo social y económico de nuestra sociedad. Su propuesta reclama una solución específica para las personas afectadas por la hipoteca. Su organización es una de las más fuertes de los colectivos afectados por la crisis, mejor organizada por ejemplo que el de personas en situación de desempleo. Es normal que en su situación se rebelen contra el pisotón que les da el sistema.
Como otras iniciativas la PAH surge del fracaso del capitalismo de especulación con la vivienda como centro de gravedad. No es una iniciativa que antes del fracaso ya criticara las muchas contradicciones y propusiera un modelo social y económico diferente, con una política de vivienda social.
Sin embargo, me parece conveniente que alguien cuide una mirada más general, no de afectados. Habría que mantener la demanda que nunca se debió abandonar de una política pública de vivienda social e integradora, en la que el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada prevalezca de forma rotunda sobre la especulación, todo lo contrario que hasta el momento, pero no con la perspectiva de enderezar el destino sólo a personas y familias a las que se le torció en aquel juego de engaños sino también para los que no pudieron o no quisieron jugar.
La propuesta desde luego no debe mirar sólo al derecho de vivienda, sino a todos los derechos humanos, de quienes están afectadas por una ejecución hipotecaria y de quienes están libres de esa losa. Una orientación socialista-estatalista, más cómoda para las mayorías que una posición socialista-libertaria para la que se requiere un arrojo que nuestra generación no posee, debería exigir soluciones generales de reparto del trabajo; de empoderar a los trabajadores en las grandes empresas para limitar la desigualdad retributiva o la elevada desviación de beneficios para el capital; de fiscalidad progresiva y combate contra el fraude; de nacionalización de las riquezas personales y corporativas acumuladas en las décadas de inconciencia popular; de nacionalización de las empresas estratégicas; de nacionalización real de las empresas rescatadas con fondos públicos; de búsqueda colectiva de soluciones para las necesidades de vivienda, sanidad, educación, seguros; de formación en valores de austeridad; de verdadera solidaridad con los pueblos empobrecidos por nuestro modo de vida ahora que hemos descubierto lo desagradable que es el empobrecimiento…
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Para comentarios y reflexión colectiva sagara1977.
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