Si el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han sancionado -independientemente que muchos de nosotros pensemos que estos tribunales están trufados por miembros de sectas católicas peligrosísimas-, que la segregación por sexos del alumnado no va contra la igualdad ni contra la discriminación sino que además se puede financiar públicamente, entonces no cabe otra que […]
Si el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han sancionado -independientemente que muchos de nosotros pensemos que estos tribunales están trufados por miembros de sectas católicas peligrosísimas-, que la segregación por sexos del alumnado no va contra la igualdad ni contra la discriminación sino que además se puede financiar públicamente, entonces no cabe otra que cambiar las leyes y la Constitución. Si el discurso de la desigualdad que promueve el sectarismo católico del Opus dei y otras sectas similares, es jurídicamente impecable y pulcramente constitucional, entonces no cabe otra que luchar por una Constitución y unas leyes que impongan el imperio de la igualdad y la no discriminación.
Muchos eran los que pensaban que no se podía luchar contra la segregación racial defendiendo el régimen del apartheid y muchos somos de la opinión que hay que desobedecer las leyes para poder cambiarlas. No se puede romper el vidrio de un gran escaparate tirando chinitas de papel, necesitamos lanzar una buena pedrada: la pedrada del laicismo. Es urgente reclamar un Estado laico y es urgente clamar por un cambio constitucional que imponga un Estado laico y garantice la libertad de conciencia.
Todo este galimatías no se puede destejer desde la ideología del pacto educativo y el consenso. Es necesario decir con voz muy alta que el bipartidismo monárquico ha contribuido a destrozar la aspiración de la escuela pública, única y laica, único modelo escolar que aspira a la igualdad. Cuando, recientemente, se rompió el pacto educativo se acudió a la excusa de la financiación pero el problema no son solo los recortes presupuestarios -que también- sino sobre todo la financiación pública de la escuela concertada ya que esta representa el factor más importante de segregación social en nuestro país junto con la renta.
La segregación educativa por sexos o la educación diferenciada, como lo denominan los ultraconservadores de todo pelaje, es la última caricatura de la escuela tradicional católica. Es una manifestación de la ideología ultra machista católica donde la mujer es un añadido al hombre. Tras las banderas de la maternidad, la familia y la feminidad se esconden el discurso ultra reaccionario de unos sectores sociales privilegiados que aspiran a unos espacios anacrónicos y segregados porque a ellos les ha ido muy bien en una sociedad patriarcal y machista. Estos sectores de clases medias altas que pueden vivir en la Moraleja o en el Viso, si viven en Madrid, constituyen los «Amish» de nuestra sociedad. No creen en la igualdad y por eso les gusta la segregación. Además, muchos acaban en las altas instancias de la Magistratura.
Pero el problema en España no son estos Amish del Opus Dei o de los Legionarios de Cristo o de los» Kikos», no, el problema es social. Después de la Convención de los derechos del niño no hay ya excusas para que estas sectas impongan el adoctrinamiento contra los derechos humanos a los menores sea financiado públicamente o no. El discurso de la desigualdad no cabe que se esconda detrás de la bandera de la libertad religiosa o la más perversa aún de la libertad de enseñanza. Para empezar tenemos que acabar con este oprobioso artículo 27 de la Constitución española donde el derecho a la educación se pone al mismo nivel que la tan cacareada y falsa libertad de enseñanza.
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