Más de 25 asociaciones de familiares de bebés robados y adoptados de todo el Estado español se unen para perfilar puntos de trabajo en común. Solicitan que el robo de bebés sea considerado un crimen de lesa humanidad, como marca la jurisdicción internacional, y piden a Justicia que no archive las denuncias. «Hay razones para […]
Más de 25 asociaciones de familiares de bebés robados y adoptados de todo el Estado español se unen para perfilar puntos de trabajo en común. Solicitan que el robo de bebés sea considerado un crimen de lesa humanidad, como marca la jurisdicción internacional, y piden a Justicia que no archive las denuncias.
«Hay razones para ser optimistas, los crímenes del Franquismo van a ser juzgados
Más de 25 asociaciones de familiares de bebés robados y adoptados de todo el Estado español se reunieron el sábado 16 de junio en el I Encuentro Estatal de Asociaciones de Víctimas del Robo del Bebés y Organizaciones de Adoptados.
Los representantes de estas asociaciones manifestaron que van a crear una confederación de asociaciones para «luchar todos unidos para conocer la verdad». La impulsora de esta reunión ha sido Soledad Luque Delgado, portavoz de la asociación Todos los Niños Robados son También mis Niños, que explicó tras el cierre del encuentro que la jornada había sido «una puesta en común de todas las asociaciones y que se ha llevado a cabo un debate con el objetivo de que, a partir de ahora, trabajemos conjuntamente para conseguir saber qué ocurrió».
Los asistentes al encuentro eligieron a cuatro portavoces de esa plataforma de asociaciones de bebés robados que «serán los que se sentarán en la mesa de trabajo con el ministro de Justicia». Los representantes elegidos fueron Francisco González de Tena, del Colectivo sin Identidad (Canarias) Enrique Vila por Sos Raíces, Flor Díaz, de Sos Bebés Robados del País Vasco e Inés Madrigal de Sos Bebés Murcia.
Soledad Luque Delgado, hermana gemela de un bebé presuntamente robado el 25 de enero de 1965 en la antigua Maternidad Provincial de O’Donnell, en Madrid, manifestó que a partir de ahora van a solicitar una reunión con Justicia para hacerle llegar las peticiones de todas las asociaciones. Luque dijo también que una de las revindicaciones más urgentes es que el ministro Ruiz Gallardón asuma que el robo de niños cometido entre los años ’40 y ’90 «son crímenes de lesa humanidad. Nosotros no aceptamos las declaraciones de Gallardón en las que dice que estos crímenes han prescrito».
Además, los afectados por el robo de bebés exigieron que se respete la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ratificada por el Gobierno español en septiembre de 2009, y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Las declaraciones de Gallardón
Estas peticiones hacen referencia a las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien durante la sesión de control al Gobierno del pasado 13 de junio, en respuesta a la petición del diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Emilio Olabarría, para que se incluya el caso de los niños robados en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, el ministro respondió que los esos delitos prescriben.
Olabarría dijo que se tuviera en cuenta la posible prescripción, desde el momento en el que se conoció la noticia de la sustracción del bebé como fecha de inicio de los plazos. Gallardón respondió al diputado nacionalista que se computa desde el momento en el que se cometió el hecho delictivo y no a partir de cuando se conoció el delito porque «no es viable jurídicamente».
En este sentido, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH ) respondió ese mismo día [13 de junio] al ministro de Justicia a través de un comunicado, que Gallardón «parece ignorar que el robo sistemático de bebés se considera por el Derecho Penal Internacional un crimen de lesa humanidad, como recoge la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada». La ARMH explica que según la ley, en el artículo 25 de esta convención dice que: «Los Estados Partes (entre ellos el español) tomarán medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente la apropiación de niños sometidos a desaparición forzada».
Las palabras del ministro de Justicia han generado gran polémica al considerar las prescripción de los delitos y tras el compromiso adoptado hace un par de meses con las asociaciones de bebés robados para investigar el paradero de los niños robados
Diversas asociaciones
Al encuentro llevado a cabo en Madrid asistieron Aberoa de Granada y Málaga, Asociación Andaluza de familiares de Bebés Robados, Adn-d, Adoptados.org, Alumbra, Anadir, Sos Raíces, Sos Bebés Robados, Colectivo sin Identidad y Afectados de La Línea de la Concepción (Cádiz), todas con representación en varias ciudades. No se incorporaron representantes de la Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España, Causa Bebés Robados.
Estas organizaciones de víctimas del robo de bebés van a solicitar al Ministerio de Justicia, que se aclaren, entre otros temas, cómo se están llevando a cabo las pruebas de ADN en el caso de los niños robados y el cotejo con sus presuntos familiares por parte del Instituto Nacional de Toxicología.
Esta petición se hace en referencia al caso de Eduardo Raya, abogado de Granada, padre de una niña robada en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, el 6 de junio de 1980, cuyo caso ha sido cerrado y reabierto de nuevo por una presunta falsificación de las pruebas de ADN.
Eduardo Raya ha declarado a DIAGONAL que los restos hallados en el enterramiento de la niña no corresponden al ADN de su familia. Raya ha conseguido la documentación, tras interponer la denuncia. En su caso podría estar implicado uno de los ginecólogos, A.F.M.P., que fue condenado años después en un caso de adpción irregular, por falsedad documental. Eduardo Raya cuenta con pruebas por las que, según explica a este medio: «Desconfío absolutamente del Instituto de Toxicología, mientras éste no justifique la aprobación de las pruebas presentadas por el Hospital Clínico de Granada, que han resultado ser falsas, según los análisis efectuados por otro hospital público».
Archivo de las denuncias
Además, durante el encuentro los representantes de familias víctimas del robo de bebés volvieron a denunciar la falta de voluntad del Estado español en la investigación de estos crímenes. Soledad Luque recordó que a pesar de la gran cantidad de documentación existente los jueces siguen cerrando los casos. Varias organizaciones manifestaron a DIAGONAL que: «El ministro de Justicia está engañando a las familias». En este sentido se manifestó Flor Díaz, de Sos Bebés Robados Euskadi: «En el País Vasco se están archivando todos los casos. Aunque los fiscales hacen su trabajo y tienen pruebas que podrían ser concluyentes, los jueces no quieren investigar y archivan. Es un engaño».
Precisamente es en Euskadi donde más casos de bebés robados existen en relación con el resto del Estado español y donde parecía que la investigación iba avanzando. Por su parte, uno de los afectados, un padre que no desea revelar su identidad, y que busca a su hija, presuntamente robada en la Clínica Aránzazu, de San Sebastián, donde aparece presuntamente el padre, ya fallecido, de un diputado popular en el País Vasco apunta este padre. Señala también que «nos quieren entretener con la monja [sor María Gómez Valbueana], pero detrás hay gente de mucho peso político».
Un médico investigado en Cádiz
A este encuentro de víctimas por el robo de bebés también asistieron representantes de La Línea de la Concepción, en Cádiz. Las familias afectadas, muchas señalan que entre los médicos implicados se encuentra el ginecólogo Abelardo García Balaguer, exrepresentante del PP, a quien su partido obligó a dimitir. García Balaguer ha sido investigado por la Fiscalía de Algeciras. En La Línea existen 116 casos de bebés robados que se registraron en el Hospital Municipal y en las clínicas privadas Fernández Cuesta y Argüelles. La mayoría de las denuncias están archivadas y algunas están bajo secreto de sumario.
En Cataluña, las organizaciones de bebés robados que acudieron al Encuentro estatal del pasado sábado, señalan que existen más de 2.000 casos entre el Hospital de Vall d’Hebron, Barcelona, y otros ocurridos en clínicas privadas de varias ciudades catalanas, asegura Ana Páez, secretaria de Sos Bebés Robados Cataluña. Por su parte, Nuria Miguel, cuyo hermano fue robado en el Hospital de Vall d’Hebron lamenta que se sigan negando a los afectados los documentos por parte de dicho hospital público.
Santiago González, de la asociación Adoptados.org, exigió que los adoptados tengan acceso a sus datos: «El Estado nos convierte en víctimas al negarnos nuestro derechos». Explica que fueron entregados sin su consentimiento y ahora con la mayoría de edad sus datos se les niegan o han sido borrados. «Apoyamos todas las reivindicaciones de las asociaciones de bebés robados. El problema es cómo se hizo la adopción. Nosotros somos la otra parte». Santiago ha encontrado recientemente a su familia biológica.
«Queremos decir al Gobierno que se revisen las adopciones internacionales, porque dentro de unos años nos encontremos con una situación similar con los bebés que vienen de otros países, afirma Santiago. «Cómo se están haciendo las adopciones de bebés que vienen Rusia o China, por ejemplo, se está borrando el rastro de sus familias biológicas y de sus hermanos«.
Por su parte, Soledad Luque, matiza que aunque hay diferencias entre las asociaciones de afectados por el robo de niños, «tenemos muchos puntos en común. Queremos conocer la verdad. Que se juzgue a los culpables, tenemos mucha información y corresponde al Estado investigar y revelar lo que pasó. Estos son crímenes de lesa humanidad y acudiremos a la justicia internacional si el Gobierno no hace nada. ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros hermanos?, se pregunta.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Las-asociaciones-ninos-robados.html