Las causas de la corrupción

Global, reiterada, esta práctica ha desestabilizado tanto gobiernos de derecha como de izquierda. Erosionó el otrora campo socialista y hoy continúa desatando escándalos en naciones que se precian de sostener tal sistema social, igual que en aquellas donde impera el más acendrado capitalismo. Serpiente de siete cabezas -así la denominó el periodista Lázaro Barredo, autor de numerosos textos al respecto y uno de los especialistas convocados al más reciente espacio de debate organizado por la revista Temas-, su capacidad regenerativa parece infinita.

Comprender su esencia, origen, fisonomía, y proponer soluciones motivó la concurrencia de un centenar de personas a la habanera sala Fresa y Chocolate, en 23 y 12. Allí -tras ver un corto video con opiniones tomadas en plena calle a ciudadanos comunes- las disertaciones del mencionado articulista, de Narciso Cobo Roura, jurista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, y de Oscar Luis Hung Pentón, presidente de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional (donde hace un año se discutió este asunto), dieron paso a la polémica.

Antes de concederles la palabra, el politólogo Rafael Hernández, director de Temas y habitual moderador de UJ, nos recordó el discurso pronunciado por Fidel Castro el 17 de noviembre de 2005, en la UH, entre cuyas ideas descuella la de que no es el enemigo quien nos puede destruir, sino nosotros mismos, y una causa fundamental del descalabro sería la corrupción. También citó declaraciones de Raúl Castro, proferidas el 21 de diciembre de 2011: «La corrupción en Cuba es equivalente a la contrarrevolución», y en la primera inciden «la pasividad con que actúan algunos dirigentes y la falta de funcionamiento integral de no pocas organizaciones partidistas».

Urge, entonces, extirparla; y es imposible hacerlo sin antes delimitar qué es y cuáles características la distinguen entre las fórmulas violatorias de la ley. Preguntas similares «se hacen en todas las sociedades, aunque las respuestas difieran»; este fenómeno «concita la preocupación general», sentenció Narciso Cobo Roura. «Lo que singulariza o pauta la corrupción es la presencia de una autoridad. Eso nos coloca de frente a una relación en la cual, independientemente de que los objetivos sean legítimos y el derecho otorgado o la prestación del servicio resulten lícitos, hay algo disfuncional, pues se paga para que ese servidor [empleado público, funcionario, o personalidad decisora] haga lo que por su cargo está obligado a hacer». Sucede tanto en el ámbito estatal como en el de la empresa privada, donde opera de manera análoga . En la Isla están ocurriendo transformaciones económicas, diversas actividades ya son gestionadas bajo otras formas de propiedad, quizás esto «potencia el riesgo» de la corrupción. Vale especificar que no califican dentro de este delito otros modos de apropiación obtenida ilegítimamente, como quedarse con un vuelto, o con parte de la recaudación del pasaje del ómnibus, o sustraer bultos postales, aun cuando sí son conductas reprobables, punibles, y no debemos verlas con indiferencia o resignación. En dichos casos «pudiera hablarse de una acción no menos erosionadora de los valores».

De acuerdo con Lázaro Barredo, en nuestro país «la corrupción es recurrente, ya desde la década de los 60 y principios de los 70 empezamos a encontrar procederes a los que llamamos la dulce vida; los más viejos recordarán los clásicos del Cordón de La Habana, Santiago de Cuba, y otros sucesos». Ese problema, muy relacionado con el lucro y la ostentación, se agudizó después. Es un fenómeno sistémico que provoca corruptores y corruptos. En tales circunstancias, no solo quien detenta los recursos o el poder incurre en una conducta prohibida, sino que la propia persona necesitada del servicio, puede incitar al otro a caer en ella.

Se trata de «un flagelo que hoy afecta a toda la sociedad. Y está incidiendo en la buena gestión pública del país. Constituye un problema estructural que se acrecienta en situaciones de crisis económica y política, sobre todo en las primeras», es el criterio de Oscar Luis Hung Pentón. Incluso «muchísimos funcionarios e individuos justifican el mal actuar, que conduce en oportunidades a hechos de corrupción», invocando falazmente las dificultades y afectaciones causadas durante decenios a la economía nacional por el bloqueo estadounidense.

Teniendo en cuenta que a la corrupción le es inherente el abuso de poder, en beneficio personal o de otros a quienes se quiere privilegiar; y que esa actuación no siempre conlleva transferencia de dinero, también podría implicar otorgamiento de favores, empleos y cargos, el moderador pidió a sus invitados precisar si el nepotismo, o sea, ubicar en determinados puestos y responsabilidades a parientes o amigos, «sería una forma específica de expresarse la corrupción en el terreno de la política». De igual modo, los instó a puntualizar por qué prosperan las actitudes corruptas; e indagó: ¿dentro de ellas se encontraría la existencia de una cultura de la corrupción, en el sentido de considerar su práctica como algo habitual, aceptado, que no significa una ruptura de valores morales y sociales?

Agujeros negros en la galaxia del poder

Los panelistas coincidieron en que esta una problemática multicausal. Al decir de Narciso Cobo, «el nepotismo, aun cuando tenga su fisonomía propia, se inscribe en la órbita de la corrupción», porque justamente se hace desde «el ejercicio impropio, desleal, de una autoridad, de un poder». Dentro de ese ámbito se insertan además el tráfico de influencias y la prevaricación.

En cuanto a las causas en general, si bien numerosas personas aluden a la carencia de bienes materiales, sobre todo los básicos para la subsistencia, «en nuestra economía la escasez ha sido reiterada, la hemos sufrido durante muchos años, pero no hemos padecido en similar medida la corrupción, por lo tanto, no son fenómenos concomitantes». El escenario se complejiza cuando a esa cotidiana ausencia de recursos se suman mecanismos regulatorios inadecuados, sin la necesaria racionalidad. «En nuestro país la circulación, distribución y redistribución de la riqueza, buscando la equidad, pasan por un número exorbitante de mecanismos de autorización, decisiones, permisos, licencias». Y a menudo servicios y prestaciones a los cuales tenemos derecho se retardan, postergan, o no se alcanzan; ello induce a un pago ilícito. Otra de las razones se vincula con el modo en que la au toridad -en cualquier campo y nivel- toma las decisiones. Ella puede resolver de manera reglada (la medida adoptada debe concordar con determinados requisitos preestablecidos, no hay margen para la subjetividad del decisor) o de manera discrecional, en cuyo caso las disposiciones adquieren unos u otros sesgos, según la subjetividad de quien las establece. «Cualquier espacio que se reserve a la discrecionalidad administrativa es potencial caldo de cultivo para la corrupción», declaró el ponente.

A los trámites excesivos, dilatorios y arbitrarios, Lázaro Barredo agregó la falta de control eficiente, eficaz, y la dispersión legislativa, como principal sustento de la corrupción. El descontrol a gran escala no surgió en tiempos recientes, por el contrario, ya en la década de los 80 él pudo constatarlo mientras reportaba para Granma, Juventud Rebelde y la revista Moncada, órgano oficial del Ministerio del Interior, operaciones policiales (el caso más sonado fue la malversación orquestada por un directivo de la heladería Ward), durante las cuales se detectó una organización delictiva «que involucró a varios miles de directores municipales, de Gastronomía y Comercio en la capital, directores de unidades administrativas, trabajadores, y a otras empresas, entre ellas Camiones de La Habana, que extraía entonces las mercancías del pu erto capitalino». Las revelaciones del principal inculpado descubrieron negligencias de los organismos superiores, sobornos, cohecho, por ejemplo: las inspecciones eran superficiales, no se conciliaban las facturas, ante faltantes de miles de pesos «no pasaba nada»; los jefes colocaban a sus socios al frente de los cargos de importancia, «asignaban por dinero plazas de administradores y empleados», e igualmente a cambio de dinero entregaban abastecimientos a diversos centros y apañaban las actividades delictivas. El administrador de la Ward (esa investigación fue codificada como el caso «Millonario») recalcó no solo que «la cobertura para actuar la ha facilitado la inoperancia de los encargados de controlar», sino que ese estilo de trabajo «estaba establecido por dondequiera».

Lamentablemente vemos repetirse acontecimientos similares en la actualidad, dos muestras son los desfalcos ocurridos en la empresa Bucanero S.A. y el Banco Finaciero Internacional, manifestó el periodista. Luego enumeró algunos factores coadyuvantes: los gobiernos locales no actúan y cada día parecen tener menos autoridad para fiscalizar el desempeño de buena parte de las entidades productivas y de servicios radicadas en sus territorios; en los centros laborales suelen tomarse «sutiles represalias» contra quienes critican lo mal hecho; no se ejerce el control popular y todavía múltiples mecanismos regulatorios no se ajustan a las transformaciones acaecidas en Isla -incluyendo el trabajo por cuenta propia- durante las recientes décadas; proliferan las leyes para tipificar y enfrentar los delitos económicos, «pero para enfrentar la corrupción están dispersas, por eso es imprescindible alcanzar una ley específica y definitoria al respecto».

Oscar Luis Hung se mostró por entero conforme con los planteamientos anteriores. No se aplican con rigor y conciencia las regulaciones vigentes; fallan la prevención y el control estricto por parte de las administraciones y los colectivos laborales, insistió. Asociada a tales debilidades, con frecuencia «la inexistencia de una contabilidad realista, oportuna, transparente, que refleje los verdaderos hechos económicos de nuestras organizaciones, que sirva para identificar las dificultades y tomar decisiones, favorece hoy los incidentes vinculados a la corrupción». Al mismo tiempo, «la pasividad de los individuos es preocupante». Falta «percepción del gran riesgo que corre nuestra sociedad si no atacamos el problema, si todos no nos involucramos en hacerlo». Necesitamos impedir el incremento del flagelo -prosiguió-, evitar que adquiera mayor sistematicidad y alcance. Porque , en América Latina abundan las pruebas, se ha convertido en un arma política para acusar y remplazar a los regímenes progresistas. De ahí la importancia del presente panel de Último Jueves, de efectuar actividades en función de sensibilizar a las personas y generar su comprensión.

Sin medias tintas

Cierta abogada ofreció valoraciones aportadas por la investigación -todavía en curso tras cuatro años de iniciada- en torno a un caso penal signado por la corrupción, en el ámbito de las instituciones relacionadas con la vivienda y la planificación física. Dichas indagaciones han mostrado que el ciudadano se encuentra indefenso, el dispositivo de atención a la población es en realidad un muro entre aquel y los dirigentes, además, contribuye de manera extraordinaria al sostenimiento de la corrupción; asimismo, en este caso en particular, el Partido municipal y el provincial no han asumido una posición de enfrentamiento.

El siguiente participante resumió la problemática de la siguiente manera: Es verdad que en los años 60-80 ocurrían casos, pero esta corrupción generalizada en los servicios públicos es un fenómeno reciente. Se debe a dos elementos: el modelo económico no funciona y el sistema político no es eficiente en la gestión de gobierno. «El autoritarismo, que el profesor llamaba ejercicio discrecional de la autoridad», los recorre a ambos desde la cúspide hasta la base; debido a ello, un dirigente «puede hacer casi cualquier cosa al nivel en que se desempeña» y la sociedad carece de los recursos y las defensas para impugnar sus decisiones. Se añaden la quiebra de los valores y la incapacidad para aplicar una política de tolerancia cero contra la corrupción.

Una profesora de ética continuó en esa línea, al cuestionar: ¿Cómo es posible el control popular, si la población no tiene cómo defenderse? ¿Dónde están esos mecanismos de control a todos los niveles, no solamente del medio para abajo? Más tarde dos personas abundaron en este aspecto. Si uno hace una carta a cualquier organismo denunciando un mal proceder, la envían al mismo lugar donde están ocurriendo los hechos, para que den respuesta, sin que nadie más intervenga en la solución», expresó la primera. La segunda relató que su hijo fue acusado de un delito que no cometió y expulsado del trabajo, precisamente como castigo por sacar a la luz irregularidades; reclamó y aunque existe una resolución a su favor, tres años después sigue sin poder reincorporarse a su plaza. Han apelado a las máximas instancias gubernamentales y les han respondido que el asunto no es de su competencia. ¿Adónde acudir para hacer frente a los dirigentes que engañan e incumplen lo legislado?, inquirió.

Otro asistente razonó que vivir durante décadas en una sociedad donde el respeto a las leyes se ha perdido (debido a la inconsistencia de parte de ellas y a la permisibilidad de las autoridades), allana el camino para que disímiles funcionarios busquen beneficios personales y violen lo establecido. Alguien que se identificó como «un trabajador simple» destacó la pérdida de valores entre las principales causas de la corrupción y afirmó que no hay efectiva voluntad política ni conciencia social para erradicarla, pues los medios de comunicación no exponen a quienes delinquen, no se moviliza convenientemente al pueblo, este no interioriza que a él es al que roban, y las sanciones morales, judiciales y el decomiso de los bienes mal habidos todavía son insuficientes; así podemos perder la Revolución, concluyó.

Bien conocido por los habituales de UJ, el próximo orador apuntó que comprender las motivaciones emergentes para incurrir en la corrupción entraña analizar primero en profundidad los problemas del sistema político-social. Otro docente de la Universidad de La Habana aseguró: «El pueblo habla sobre la corrupción», dice que hay impunidad y falta de transparencia al mostrarla. Las informaciones al respecto son esporádicas y la gente se pregunta hasta dónde llega su práctica y el conocimiento acerca de esta, teniendo en cuenta la verticalidad imperante en todos los procesos económicos y políticos de la nación.

¿Hasta qué punto en los medios se pueden publicar los casos?, preguntó a su colega un joven profesional de la prensa, interesado en que aquellos, incluidos los digitales, realicen una labor más abierta, sistemática, en la prevención y el desenmascaramiento de la corrupción, implique a quien implique.

Empecemos por cambiar la legislación

Para acorralar a la hidra Lázaro Barredo propuso «hacer una modificación sustantiva del Código Penal y rescatar una serie de figuras recogidas en el Código de Defensa Social hasta 1977», cuya finalidad era proteger los derechos individuales de los ciudadanos, quienes en la actualidad solo tienen a su alcance la reclamación por la vía administrativa. A la par, debe implementarse la declaración jurada de bienes por parte de los servidores públicos, porque el aumento de su nivel de vida permite detectar las anomalías. Reforzar la institucionalidad, garantizar que la Asamblea Nacional -en la cual fue diputado durante veinticinco años- ejerza una mayor función de control y fiscalización (el primer paso sería disminuir la cantidad de funcionarios de la administración que integran la ANPP) enriquecerían el abanico de opciones.

Respondiendo a inquietudes del auditorio, expuso: no habrá control popular si no se fortalece la autoridad del gobierno local, para que en verdad represente a los ciudadanos. Hoy esas instancias gubernamentales conocen los conflictos de los pobladores, sin embargo, carecen de las herramientas para solucionar muchos de ellos. En cuanto a la prensa, «el artículo que hace poco publiqué en Bohemia y fue replicado por Cubadebate, no me lo orientaron ni le pedí permiso a nadie, el tema estaba en los objetivos editoriales de 2017, se lo propuse al consejo de dirección de la revista y a partir de ahí empecé a averiguar. Sostuve amplias discusiones en la Fiscalía, para obtener las informaciones, hasta llegar a los casos divulgados en los boletines públicos del Tribunal Supremo Popular». Estamos frente a una problemática que los medios de comunicación no pueden s oslayar, deben analizarla permanentemente, no por campañas; «porque la batalla contra la corrupción no la gana el Estado ni el Partido ni la Fiscalía ni la policía, la gana la sociedad».

Estamos obligados -reflexionó Narciso Cobo- a visualizar las transformaciones «que se vienen operando en la esfera institucional, con un reparto nuevo de competencias en el campo de los actores económicos». Aun cuando en determinados momentos se produzca un lapsus, una detención momentánea del crecimiento del pequeño negocio o emprendimiento, o de la cooperativa, los tenemos que reasumir y tenderán a perfeccionarse, mientras la inversión extranjera debe ganar en dimensión. Estos son factores que complejizan las relaciones y amplían el terreno donde pudiera aparecer la corrupción. En consecuencia, se requiere un marco regulatorio apropiado a las nuevas circunstancias.

Sobre la relevancia y congruencia del debate sostenido esa tarde, alegó el jurisconsulto: El hecho de que aquí dos diputados a la Asamblea reclamen una intervención mayor de nuestro máximo órgano legislativo resulta importante. Igual lo es que un periodista reconocido, como Lázaro Barredo, demande una mayor transparencia en materia informativa acerca de esta cuestión. Razonamientos como el referido a que la disfuncionalidad del modelo económico y del sistema político en su gestión administrativa genera espacios para la corrupción, «aun a riesgo de ser juicios demasiado sintéticos, no hay dudas de que encierran mucha verdad». La obsolescencia de numerosas leyes y su reiterada infracción por nuestras instancias administrativas es una gran realidad. No obstante -conjeturó-, con la reforma constitucional proyectada, puede erigirse un gran parteaguas, de man era que sea más participativa y efectiva la labor legislativa en el diseño de las políticas que a la larga conducirán a instrumentos jurídicos y marcos regulatorios más racionales, los cuales posibilitarían prevenir, disuadir y reprimir con inteligencia y efectividad esas conductas que nos preocupan.

La encuesta de UJ

La encuesta aplicada a internautas (en Facebook) y entre los asistentes a UJ, obtuvo alrededor de 130 respuestas a una única interrogante: ¿cuáles son las causas de la corrupción? De una lista con doce elementos posibles, los cuatro primeros lugares fueron ocupados, en orden descendente, por: bajos salarios, descontrol administrativo, pérdida de valores y poca información. Las razones con menor incidencia serían, según esta selección, los altos impuestos al sector no estatal y el deficiente control sobre los intermediarios.

Fuente: http://temas.cult.cu/ultimo-jueves-detalles/2790