Uno de los mayores problemas sociales que existen en Catalunya es la elevadísima tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de las criaturas, niños y niñas y jóvenes adolescentes, una de las más elevadas de España y de la UE-15 (el grupo de países de un nivel de riqueza semejante en la Unión Europea). Una tercera parte de la población menor de 16 años está en esta situación (33% en Catalunya, 30% en España y 20,6% en el promedio de la UE-15, según los datos proporcionados por el Idescat y Eurostat para la tasa AROPE –At Risk of Poverty or Social Exclusion–, un indicador europeo que muestra qué porcentaje de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social).
Uno de los tipos de hogares que se caracteriza por tener este elevado nivel de riesgo de pobreza son los hogares monoparentales (que representan alrededor de un 10% de todas las familias en Catalunya). La gran mayoría de estos hogares están compuestos por mujeres y sus criaturas, con muy escasos recursos como consecuencia de no tener una ocupación en el mercado de trabajo o por tenerla en la economía informal o en la economía de los servicios, donde predominan los salarios bajos y la precariedad. En Catalunya, tener trabajo no quiere decir que no seas pobre. En realidad, el 12% de las personas ocupadas continúan estando en riesgo de pobreza. De ahí que, aun cuando la eliminación de la brecha salarial que existe entre las mujeres y los hombres es una medida urgente y necesaria, se trata de una medida insuficiente para salir de la pobreza, pues los salarios entre los hombres en tales sectores de la economía de los cuidados son muy bajos (de los más bajos de la UE-15), con lo cual la igualación de los salarios por género no permitiría a la mayoría de las mujeres de hogares pobres salir de la pobreza.
Esta situación se ha acentuado durante el periodo conocido como la Gran Recesión, como consecuencia de la aplicación de políticas públicas (como las reformas laborales de 2010 y 2012) aprobadas en la Cortes españolas (con el apoyo activo –votando a favor– o pasivo –absteniéndose, esto es, facilitando su aprobación– de los partidos gobernantes –CDC y UCD– en Catalunya) y también en el Parlament de Catalunya que debilitaron significativamente a los sindicatos, políticas responsables del crecimiento de la precariedad y de la limitación de los salarios, siendo estos (en los sectores donde las mujeres son mayoría) de los más bajos de la UE-15. Ello queda reflejado en el hecho de que el porcentaje de la fuerza laboral sindicalizada en Catalunya es de alrededor del 10%, de las más bajas en España (donde lo está el 13,6% de los trabajadores) y en la UE-15 (donde, como promedio, lo está el 33,6%).
La escasa ayuda a las familias por parte de la Generalitat de Catalunya (y que se ha visto claramente durante la pandemia)
Pero hay otra causa de la pobreza infantil, y es la limitada disponibilidad de los servicios públicos de ayuda a las familias, tales como los servicios de atención y educación a la infancia (llamados guarderías en Catalunya) y los servicios de atención a la dependencia (ya sean servicios domiciliarios o residenciales –como las residencias de ancianos–), servicios que se conocen en los países escandinavos como el Cuarto Pilar del Estado del Bienestar (y que complementa los otros tres grandes derechos sociales: el derecho a la sanidad, el derecho a la educación y el derecho a la jubilación).
Este derecho, el de acceso a los servicios del cuarto pilar, está muy limitado en Catalunya (y en España), y ello afecta muy negativamente a las familias catalanas. Y decir familias quiere decir, en las culturas latinas, mujeres. Es precisamente la debilidad de las mujeres en Catalunya y en el resto de España lo que explica las limitaciones en algunos casos, y la falta de derecho en otros, al acceso a estos servicios de ayuda a las familias, siendo ello una de las causas de la pobreza infantil, pues ello no permite o dificulta la integración de la mujer en el mercado de trabajo, una de las principales causas de la pobreza maternal y, por lo tanto, infantil. Hay más que evidencia suficiente en los abundantes estudios sobre esta materia de que para reducir la pobreza infantil es más eficaz promover estos servicios de ayuda a las familias que hacer transferencias asistenciales a los hogares pobres, además de promover la participación de la mujer en el mercado laboral.
La integración de la mujer en el mercado de trabajo es una condición necesaria para reducir su pobreza, aunque no suficiente. Hay que aumentar los salarios, y para ello hay que empoderar a los sindicatos, y a las mujeres dentro de ellos. Para la mayoría de las mujeres que pertenecen a las clases populares, la liberación requiere, pues, de su empoderamiento tanto como mujeres como trabajadoras. Las reivindicaciones de género y las reivindicaciones de clase social son fundamentales para resolver el problema de la pobreza infantil.
Las causas políticas de la pobreza infantil: Catalunya ha sido gobernada por partidos de derechas durante la mayor parte del periodo democrático
Esta relación preferencial entre la liberación de la mujer y la liberación de las clases populares ha sido, precisamente, la experiencia de los países escandinavos, donde han gobernado coaliciones de partidos de izquierdas durante la mayor parte del tiempo transcurrido desde la II Guerra Mundial. Tanto los partidos de izquierdas como los sindicatos son fuertes (el porcentaje de trabajadores sindicalizados es de un 67% en Suecia, un 66% en Dinamarca, un 60% en Finlandia y un 49% en Noruega). Como consecuencia, tienen el cuarto pilar del Estado del Bienestar más desarrollado en Europa, junto con las desigualdades sociales por género y por clase social más bajas, así como los niveles más bajos de pobreza infantil.
En Catalunya, sin embargo, las izquierdas han tenido escaso poder (gobernando la Generalitat de Catalunya solamente siete años durante el periodo democrático). Catalunya, junto con Castilla y León, ha sido la comunidad autónoma en España gobernada por las derechas durante más tiempo (33 años) a lo largo dicho periodo, con la excepción de Euskadi (37 años). En el caso de Castilla y León, ha sido gobernada por la derecha mayoritaria en España, el PP, y en el caso de Catalunya, esta ha sido gobernada primero por una coalición de un partido liberal (CDC) con un partido cristianodemócrata (UDC), y después por el mismo partido liberal (Junts per Catalunya, heredero de CDC) con un partido de centroizquierda (ERC), que ha dado, este último, prioridad a su estrategia nacional sobre la social. Así, ha justificado su apoyo a Junts per Catalunya (la fuerza mayoritaria dentro de la coalición de gobierno) al compartir un proyecto común prioritario para ambas formaciones políticas: la independencia de Catalunya.
El principal argumento de ERC a favor de tal proyecto, así como de Junts per Catalunya, es que el subdesarrollo social de Catalunya (su elevadísima pobreza infantil es un indicador de ello) se debe a su pertenencia y supeditación al Estado español. Puesto que los datos de subdesarrollo social de dicho Estado, aunque ligeramente mejores, son muy semejantes a los de Catalunya (ver mi artículo «El gran silencio ensordecedor sobre la pobreza en España», Público, 22.07.20), tal argumento, a primera vista, parece coherente y es promovido activamente por los medios públicos de información pertenecientes a la Generalitat de Catalunya (y, muy en especial, TV3 y Catalunya Ràdio). Al parecer, han convencido a una parte amplia del público catalán, que, aun siendo minoritaria, está muy movilizada, de manera que el proceso para conseguir la secesión de Catalunya ha centrado la vida política y mediática de Catalunya (y de España), ignorando u ocultando la enorme crisis social de Catalunya. Su demanda de alcanzar la independencia durante su mandato llevó desde el principio del «procés» a un gran enfrentamiento con el Estado español, el cual había conservado, con escasa renovación, sus aparatos represivos, incluyendo los de seguridad del Estado, así como el judicial. De los 16 miembros del temido Tribunal de Orden Público, diez pasaron a ser miembros de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo (ver «El Tribunal de Orden Público y la Audiencia Nacional. De aquellos polvos estos lodos», de Enrique Roldán Cañizares, ZonazeroO, 03.11.17). Y las cloacas continuaron actuando en los aparatos represivos del Estado con la colaboración de los mayores medios de información, cuyo principal objetivo fue mantener las instituciones producidas por una transición muy poco modélica (resultado de un gran desequilibrio de fuerzas), que implicó la continuidad del personal procedente de la dictadura en gran parte de las instituciones del Estado y en sus grandes medios de información, hasta el punto de que un periódico que jugó un papel clave en dicha transición como fue El País fue dirigido por el que fuera el director de la televisión de la dictadura, el Sr. Juan Luis Cebrián (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. De lo que no se habla en nuestro país, Anagrama, 2002).
Los dirigentes de los partidos independentistas sabían que el «procés» que habían diseñado no llegaría a su objetivo
Cualquier conocedor de la historia reciente de España con la capacidad crítica de cuestionar la imagen promovida por el establishment político-mediático español de que la transición de la dictadura a la democracia fue modélica podía prever que el Estado español actual, que no está basado en una ruptura con el Estado dictatorial anterior sino en una acomodación, no permitiría que hubiera un referéndum sobre una posible secesión de Catalunya. De ahí que, movilizar a sus bases electorales prometiendo que ello era posible, era pedir una imposibilidad de la cual es difícil aceptar que los líderes de los partidos independentistas no fueran conscientes. El hecho de que insistieran en ello respondió, pues, a otro proyecto, nunca hecho explícito: que hubiera un referéndum sobre la independencia realizado en unas condiciones favorables al «sí», que justificaran así su posterior declaración de independencia. Era obvio que el referéndum no tenía las suficientes garantías para que tuviera la base legal y legítima para conseguir la independencia (tal y como el lehendakari Urkullu le advirtió al president Puigdemont). Pero la predecible respuesta que le dio Puigdemont fue que ello era resultado de la prohibición del gobierno español, que no permitió tales garantías (lo cual ya sabían desde el principio). El Estado era, pues, el responsable de una posición que les permitía legitimar, en cierta manera, lo que hicieron: declarar la independencia basándose en los resultados del 1 de octubre.
La aplicación del artículo 155 de la Constitución era inevitable, y ello tuvo un efecto devastador para la gran mayoría del pueblo catalán que, por cierto, no es independentista. Las políticas de austeridad fueron aplicadas con toda fuerza por el gobierno del PP presidido por Rajoy.
Las consecuencias del «procés» liderado por los partidos independentistas
Es impensable, repito, que los dirigentes de los partidos independentistas no fueran conscientes de esta realidad (la existencia en España de un Estado altamente represivo, heredero de un Estado dictatorial anterior) y que no conocieran que su estrategia (desarrollada en su famoso «procés») llevaría a tal empeoramiento de la situación política y a tal elevada represión. De ahí que hay que asumir que consideraran que tal conflictividad era necesaria, con fines partidistas, para movilizar y expandir sus bases, siendo tal política rentable electoramente. Como un tanto cínicamente había dicho la consellera Irene Rigau (de CDC), «la principal productora de independentistas en Catalunya era la política represiva del Estado español«. No hay duda de que el hecho que varios dirigentes independentistas estén hoy en la cárcel o en el exilio ha favorecido su movilización electoral. Pero tal conflictividad, que beneficia a los movimientos identitarios nacionalistas a ambos lados del Ebro, y muy en particular a los partidos de derechas –la españolista, el PP, y la independentista, CDC y el PDECat– (que, como siempre, intentan presentarse como los «grandes patriotas») ha hecho un daño enorme a las clases populares, cuya crisis social –incluida la elevadísima pobreza infantil– (creada precisamente por una alianza en temas económicos y sociales entre las derechas de los dos polos nacionales e identitarios) ha quedado totalmente ocultada.
La enorme, desconocida y ocultada pobreza infantil en Catalunya (y en España) podría resolverse, pero se requiere un cambio profundo del contexto político en ambas
Hoy la fuerza hegemónica dentro del independentismo continúa siendo la derecha heredera del pujolismo, que representa su visión más radicalizada e intransigente. Su argumento de que una Catalunya independiente sería más próspera ignora que lo que determina la calidad de vida de las clases populares en un país no es su nivel de riqueza (Catalunya es más rica que el promedio de la UE), sino la distribución de tal riqueza. EEUU –un punto de referencia de la ideología liberal– es el país más rico del mundo y, sin embargo, es uno de los países de la OCDE con peores indicadores de calidad de vida y con mayores desigualdades. El subdesarrollo social de Catalunya y del resto de España no se debe a que no exista suficiente riqueza, sino a que esta está pésimamente distribuida (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama, 2009). Las políticas neoliberales que han sido aprobadas por las derechas catalanas en las Cortes españolas (desarrolladas en alianza con las derechas españolas), y la continua promoción de las sensibilidades económicas de esta orientación en los medios de persuasión que el gobierno de la Generalitat controla (siendo el economista más visible en los medios públicos de la Generalitat de Catalunya, tanto en TV3 como en Catalunya, uno de los economistas más ultraliberales de Europa, asesor de Davos, que privatizaría todo el Estado del Bienestar, incluyendo las pensiones), han sido responsables de que Catalunya sea uno de los países más desiguales, con una de las pobrezas infantiles más elevadas de la Unión Europea.
Parece que, por fin, se están escuchando algunas voces dentro del independentismo que reconocen que quizás se podría haber hecho algo mal. Lo que es obvio comienza a parecerles claro. La independencia deseada por tales partidos no puede ni debe ser realizada por una minoría de la población en Catalunya (por muy movilizada que esté), y todavía menos por una minoría que no tenga el apoyo de la gran mayoría de las clases populares. Sólo el 34 o 35% del censo electoral apoya la independencia (y, por cierto, el 20% del voto a partidos independentistas no es independentista, sino federalista, según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya). Sus representantes en el Parlament de Catalunya no tenían ni tienen el mandato democrático para declarar la independencia. Su estrategia era y es meramente partidista (a fin de conseguir su permanencia en el poder político y mediático del país), sin considerar ni tener en cuenta las necesidades actuales de la población, obstaculizando las medidas económicas y sociales, como la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que habrían terminado con las políticas de recortes, beneficiando así a las clases populares de Catalunya y del resto de España. Una vez más, el «procés» ahoga e impide el progreso social.
Hoy es necesario para el bien del país que haya un cambio en las direcciones de tales partidos para poder establecer una alianza con las fuerzas políticas reformistas españolas que están luchando (en medio de una gran hostilidad por parte de las derechas españolas y catalanas) para cambiar el Estado español, estableciendo un nuevo orden social, con una visión policéntrica y poliédrica del Estado, con una mirada plurinacional que ponga la justicia social y la solidaridad en el centro de las intervenciones públicas, en el contexto de unas instituciones plenamente democráticas, con el reconocimiento del derecho a decidir sobre el nivel de articulación territorial entre sus distintas naciones. Creerse que Catalunya puede cambiar sin cambiar España es un error que solo conducirá a perpetuar realidades como la elevadísima pobreza infantil que hay en ambos territorios. Así de claro.
Vicenç Navarro, Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra; director del JHU-UPF Public Policy Center