Siendo presidente del Gobierno, a Felipe González le preguntaron sobre la guerra sucia de los GAL y contestó que el Estado se debía de defender también en las cloacas. Eso sí, a continuación aseguró que jamás habría pruebas de la implicación de las autoridades españolas en dicha guerra sucia. Se equivocó por completo, y encima quedó en evidencia que el señor X que comandaba aquella guerra sucia era el propio presidente, pero se trató de un caso del todo excepcional, porque es extremadamente difícil demostrar, con pruebas en la mano, que un Estado supuestamente democrático practica el terrorismo.
Hasta que las autoridades españolas empezaron a utilizar la sigla GAL, en 1983, fueron múltiples las siglas de que se sirvieron para reivindicar los atentados de la guerra sucia. La más conocida, fue la del Batallón Vasco-Español, BVE, que la Policía pretendió haber desarticulado cuando detuvieron a dos ultras. Ahora bien, los asesinatos cometidos por aquellos dos ultras se reivindicaron usando tres siglas diferentes: Triple A, GAE y BVE. Ninguna de aquellas supuestas organizaciones fue jamás desarticulada, porque eran simples siglas. Eran pantallas destinadas a ocultar la directísima responsabilidad del Estado en la guerra sucia.
Con los GAL intentaron hacer otro tanto, deteniendo a algunos ultras para que pareciera que se trataba de incontrolados, pero tanto fue el cántaro a la fuente que terminó por romperse, y por poner al descubierto el terrorismo de Estado. Un terrorismo que no se terminó, ni mucho menos, con el último asesinato reivindicado usando la sigla GAL, el de García Goena en julio de 1987, sino que continuó. Eso sí, sin utilizar sigla alguna.
Un claro ejemplo de ello fue el atentado con paquete-bomba que causó la muerte en Errenteria al cartero Josean Cardosa, el 20 de setiembre de 1989. Un atentado del que se ha vuelto a hablar estos días y que las autoridades se empeñaron en adjudicar a ETA, pese a ser evidente que el objetivo era el militante de Herri Batasuna Ildefonso «Melli» Salazar, en cuyo buzón estaba introduciendo el cartero el paquete cuando le explotó. «Melli» había sido torturado en tres ocasiones y a raíz de sus denuncias acababa de ser condenado un conocido torturador del cuartel de Intxaurrondo. Aquel paquete-bomba fue la venganza de los torturadores.
Supongo que, de haberle explotado el paquete a «Melli», las autoridades hubiesen pretendido que se trataba de un militante de ETA al que le había estallado la bomba que manipulaba. Como en muchas otras ocasiones, metieron la pata, pero ello no fue óbice para que se atuvieran al guion que tenían preparado para ocultar la autoría real de aquel atentado, culpando a ETA del mismo.
Años después, Luís Roldán, director general de la Guardia Civil cuando asesinaron a Josean Cardosa, declaró ante el juez Baltasar Garzón que el entonces ministro del Interior, José Luís Corcuera, le informó de que pensaban enviar varios paquetes-bomba a gente concreta de HB un par de semanas antes de que, en efecto, los enviaran. Y cuando explotó el que mató al cartero, le dijo que se habían enviado otros dos que era preciso recuperar y desactivar a toda costa de lo cual se encargó la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo.
Garzón archivó aquel sumario y dudo muchísimo que la Justicia española vuelva a abrirlo pese a lo que afirma en sus memorias quien dirigía entonces el Servicio Secreto, el general Manglano. Según él, quien sucedió a Corcuera, el ministro de Justicia e Interior Antonio Asunción, le aseguró que Corcuera estaba tras el envío de aquellos paquetes-bomba y la Justicia dispone de la grabación de lo que le dijo Asunción a Manglano. ¡A ver qué hace!
Por su parte, el Partido Socialista de Euskadi se ha limitado a afirmar que condenarán la actuación de José Luís Corcuera con los paquetes-bomba siempre y cuando «se demuestre» dicha actuación. ¡Como si no supieran de sobra que el terrorismo de Estado siempre ha sido y será extremadamente difícil de demostrar! ¡Como si no supieran que, tal y como afirmó hace una década Jon Mirena Landa, exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, «se mató, lesionó, secuestró, violó sexualmente, torturó… y luego se borraron los rastros que solo obraban en poder y a disposición de los victimarios»!
Landa denunció que dichos rastros han sido borrados por «el Estado que se autoencubre con eficacia». A causa de ello, no hay un solo caso de guerra sucia que haya sido clarificado hasta sus últimas consecuencias y en la inmensa mayoría de ellos no se ha llegado a clarificar absolutamente nada, porque las autoridades bien que se han encargado de impedirlo, otorgando una flagrante impunidad a los ejecutores. Por eso, Jon Mirena Landa insistió en la necesidad de «una inversión efectiva de la carga de la prueba. No hay que esperar a que las víctimas prueben los hechos, sino crear un mecanismo proactivo de verdad»; es decir, que la carga de la prueba debe recaer sobre el Estado y no sobre sus víctimas. Algo a lo que se oponen frontalmente las autoridades españolas y francesas, que en absoluto piensan renunciar ni a sus respectivas cloacas ni a la mentira y el negacionismo a que son tan adictos.
En efecto, cuando el Estado español y el francés se han servido de la violencia terrorista, han hecho de todo para ocultarla (véase la tortura), o se han servido de diferentes siglas (ATE, BVE, GAL…) o del anonimato para camuflar el terrorismo de Estado. Por eso es tan necesario ayudar a sus víctimas a que puedan decir su verdad, toda su verdad. Y allanar el camino para que reciban cuanto antes la justicia y reparación, con garantías de no repetición, que tanto necesitan y se merecen.
Xabier Makazaga es investigador del terrorismo de Estado.
Fuente: https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/las-cloacas-de-los-estados