Sobran los motivos para oponerse a la ley Wert, la ley de un (Sin) Wertgüenza. Nos ha hablado de ello, entre muchos otros, con detalle, excelente información y magnífico punto de vista crítico, Enrique Javier Díez Gutiérrez [1]. Algunas de esas numerosas razones: el remurimiento-renacimiento de la Religión católica, apostólica y romana; la introducción de […]
Sobran los motivos para oponerse a la ley Wert, la ley de un (Sin) Wertgüenza. Nos ha hablado de ello, entre muchos otros, con detalle, excelente información y magnífico punto de vista crítico, Enrique Javier Díez Gutiérrez [1].
Algunas de esas numerosas razones: el remurimiento-renacimiento de la Religión católica, apostólica y romana; la introducción de una educación para la ciudadanía neoliberal e insolidaria (un manual de la materia ha sido presentado recientemente… ¡en la Bolsa de Madrid!); el diseño explícito de una «enseñanza» al servicio de los intereses del Capital; las reválidas segregadoras; el adoctrinamiento explícito e implícito de los adolescentes y jóvenes; los conciertos legales con centros escolares que segregan por sexos; la contratación a dedo de profesores nativos; la publicación de rankings con los resultados de las pruebas externas; la profundización en el sendero «profesional» de los ciclos. Largo etcétera.
Agustín Moreno, una profesor más que autorizado para hablar del tema con sentido y comprobado conocimiento de causa, ha señalado [2] que «la LOMCE o ley Wert es una chapuza que no parte de un diagnóstico previo o Libro Blanco sobre los problemas de la educación; que no cuenta con financiación para implementarla; que no tiene ningún consenso, sino el rechazo más airado de la comunidad educativa». Como son maestros de la neolengua neoliberal, prosigue el admirable profesor y activista, «hablan de «calidad» e incluso responsabilizan cínicamente al sistema educativo del nivel de paro existente, cuando es bien sabido que muchos de los miembros de la generación más y mejor preparada de este país se está yendo al exilio laboral o científico». Para Moreno, la verdadera esencia de la Ley es mandar un mensaje: «hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades».
No es nada improbable que no sea así: ¡a deseducar, a deseducar!, esta es su consigna y uno de los nudos de su programa de la hora.
¿Qué hay en el fondo? Que no están dispuestos «a invertir más en educación pública, por razones ideológicas y de negocio. No les interesan ciudadanos formados, informados y críticos, para un mercado de trabajo precario y una sociedad dual y cada vez menos democrática». Importante, muy importante. Ni tampoco quieren mezclas sociales entre los hijos de familias de diferente estatus socioeconómico. Moreno advierte: «Durante la democracia se lograron importantes avances en el desarrollo de la escuela pública: incremento de centros y profesorado, bajada de ratios, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los tres años, y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares». Estas conquistas sociales, que no concesiones o regalos, alcanzadas tras duras y larga movilizaciones sociales, «están siendo atacadas hace tiempo por los gobiernos de la derecha, cuya ideología mercantilista y privatizadora quiere convertir la educación en un negocio».
Con la nueva ley se consolidan los recortes, los hachazos desalmados que se vienen aplicando. También en Cataluña por supuesto, por supuestísimo. Todo lo anterior supone, como es evidente, un duro golpe a la educación, a la instrucción pública. «La educación pública española, por los compromisos de los sucesivos gobiernos con la Iglesia católica y con la patronal de la enseñanza, nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias franquistas: segregación clasista, confesionalidad y amplio sector privado costeado con fondos públicos».
La ley Wert, concluye Agustín Moreno, es un salto en esa dirección. Hasta el momento, detalle más que significativo, sólo los más que rancios obispos españoles y el PP, con dudas en sus filas marciales, han apoyado la ley.
Hay, empero, una crítica, sesgada y parcial, que merece ser analizada, comentada y combativa. Son vientos del este del país. El president Mas ha calificado la reforma de Wert como una «opa hostil» (¡nada menos!, es su lenguaje, el lenguaje neoliberal del sucesor de un banquero) y ha anunciado que la Generalitat llevará la ley educativa al Tribunal Constitucional si no hay cambios sustanciales. ¿Críticos entonces? ¿El amigo de Francesc Cambó hablando de lucha en la calle, apuntando movilizaciones sociales? Veamos, veamos, no nos precipitemos.
El president que se ríe de los niños gallegos y andaluces por su forma de hablar castellano sin hacer perdido disculpas hasta el momento convocará la próxima semana a representantes de partidos políticos catalanes y «agentes del sector educativo» para expresar su oposición a la Lomce [3]. Don Mas ha asegurado que su gobierno, el mismo que no ha parado que dar hachazos y más hachazos contra la educación pública favoreciendo la privada concertada hasta cimas desconocidas, actuará «hasta las últimas consecuencias» para expresar su oposición a una norma que pretende romper la cohesión social de la comunidad y dividir a la población.
¿Romper la cohesión social, dividir a la población? A ver, a ver. Por todos los medios que tengamos a nuestro alcance, ha añadido don Mas, «defenderemos con uñas y dientes nuestro sistema educativo». ¿Nuestro sistema educativo? ¿Qué sistema? ¿El de la LEC, el de la Ley de Educación catalana? ¿El de la reducción del gasto público en educación? ¿El que financia más que generosamente a la privada concertada? ¿El que ha eliminado el bachillerato nocturno en numerosos institutos de Catalunya? ¿El que expulsó a miles de interinos de la enseñanza el curso 2012-13? ¿El que precariza enérgica y desalmadamente las condiciones laborales del profesorado no titular? ¿El de la FP dual? ¿El que llega a acuerdos con Siemens?
El punto es otro. Muy distinto. Es este: don Mas, que estudió en Aula y llevo también a sus hijos a esa institución de élite (una escuela privada no concertada donde no se practica ni se aconseja la inmersión lingüística), ha declarado que el conocimiento del catalán y el castellano está al alcance de todos los alumnos y que «intenta que todo el mundo tenga las mismas oportunidades» con independencia de su lengua materna. Lo de igualdad de oportunidades es un broma, de mal gusto. Lo otro, el ataque a la lengua catalana en la LOMCE, es la conocida gasolina con la que, probablemente, pretenden levantar de nuevo una movilización ciudadana de carácter nacionalista o abonar, una vez más, la fuerte hegemonía cultural que intentan ejercer sobre la sociedad catalana.
Los de ERC no andan lejos de esta perspectiva, son socios de gobierno. Estos últimos lo han dicho así: la Lomce nacerá «con una total confrontación de todo el mundo», contrapuesta a la Ley Catalana de Educación, que según creen es buena. ¿Por qué? Porque es «catalana» y porque su partido la apoyó en la última legislatura del «tripatito» enviando a la izquierda que no comulgaba a la cuneta de los alocados y gritones. El diputado Amorós de ERC ha calificado de «muy oportuna» la convocatoria de la reunión de partidos y agentes. Juntos, pues, todos a una, en defensa de la nación, de la mano. Quieren, cómo pensar otra cosa, un frente nacional y nacionalista contra la LOMCE, centrado en un nudo, en el vértice de la lengua, del catalán, y en el «ataque español a Cataluña»..
Si la izquierda que no renuncia a serlo no se ciega con el discurso nacionalista, más o menos cubierto de ropajes pseudocríticos, deberá señalar otros vértices del poliedro que enmarca la ley de la Wertgüenza y decir bien alto que no más cuentos, ni nacionalistas de aquí ni de allí. No se trata de españolizar ni de catalanizar [4]. Difícilmente encontrará apoyos en un gobierno que cuida con el máximo esmero y servilismo la escuela privada, especialmente la religiosa y retrógrada.
No son aliados, no están en el mismo frente. Van a la suya. Su historia es otra y sus intereses son más que conocidos.
Notas:
[1] Entrevista a Enrique Javier Díez Gutiérrez sobre la LOMCE de la Wertgüenza. «Recortar en educación significa que miles de jóvenes recibirán una formación de peor calidad y se generará una sociedad más desigual». http://www.rebelion.org/noticia.php?id=164381
[2] http://blogs.publico.es/dominiopublico/6961/hemos-estudiado-por-encima-de-nuestras-posibilidades/
[4] Un término que se usa con toda naturalidad en la discusión política catalana como si fuera un axioma o un postulado geométrico euclidiano.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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