En el centro del referéndum sobre la despenalización del aborto deben estar los derechos y la dignidad de las mujeres y el valor de una maternidad responsable, y no consideraciones de orden financiera. No es aceptable que se reduzca una importante cuestión de salud pública y de derechos a una cifra, y mucho menos que cálculos tan tendenciosos como equivocados acaben por ser usados como argumento. La verdad es que, incapaces de convencer a los portugueses por el mérito de su causa, los partidarios del NO han decidido recorrer al cálculo financiero para aterrorizar a sus conciudadanos con amenazas en un dominio para estos mucho más sensible: el servicio nacional de salud. Aprovechando el economicismo miserabilista del actual gobierno, han salido a la palestra para afirmar que la despenalización acarreará un coste de cerca de 20 a 30 millones de euros, dinero que sería retirado de fines médicos más meritorios. El Ministro de Salud corrigió este coste, bajándolo a un tercio, lo que, por sí mismo, revela la relativa arbitrariedad de los cálculos.
Incluso desde el punto de vista economicista, que todos estaremos de acuerdo en que no puede estar en causa una decisión de éstas, los costes de la despenalización del aborto sólo pueden tener significado en la medida en que sean comparados con los costes de la manutención de la situación actual. Veamos los costes derivados del aborto clandestino en el servicio nacional de salud y en el sistema judicial. Según la Asociación para la Planificación Familiar, el 20% de las mujeres que recurren al aborto clandestino tienen problemas de salud, con un 27% exigiendo internamiento. Muchas se quedan con problemas crónicos de salud que también se traducen en costes. En lo que respeta a la criminalización actual, si la prohibición fuera cumplir -lo que sólo por hipocresía sistemática no ocurrirá- la investigación, acusación y juzgamiento de los autores del «crimen contra la vida intrauterina» implica tres fases con costes muy elevados para el sistema judicial. Hagamos el ejercicio. En la fase de investigación tenemos los siguientes actos: participación criminal, desplazamiento de agentes policiales, inquisición de testigos (en regla, de 6 a 8 personas: médicos, comadronas, compañero, familiares, etc.) y de la mujer condenada, exámenes periciales, informe policial, acusación por parte del Ministerio Público. Esta fase envuelve agentes policiales (estimativa de 3 a 4 días), magistrado del MP (1 día), funcionarios del MP y un perito médico (1 día). La fase de la instrucción (no obligatoria pero habitual en estos casos) implica audición de testigos, interrogatorio de la acusada, nuevo examen pericial, debate instructivo y despacho de pronuncia. La estimativa es de 3 días para el juez de instrucción, 2 días para el magistrado del MP y de 2 a 3 días para el funcionario judicial y perito médico. Finalmente, la fase del juicio envuelve la audiencia del juicio, sentencia y lectura de la sentencia, cerca de 3 días de trabajo de 3 jueces (tribunal colectivo), del magistrado del MP y de los funcionarios.
Si contabilizamos apenas el trabajo de los magistrados y apenas en la primera instancia, la estimativa es de 15 días de trabajo por proceso, lo que, al coste de 100 euros por día -salario medio de los magistrados que acompañan estos casos- costará al estado 1500 euros. O sea, basta considerar una fracción de los costes de criminalización del aborto para concluirse que, incluso sólo siendo incriminada una parcela de las «criminosas», los costes de la penalización son superiores a los de la despenalización. Esto sin contar con los costes para el país derivados del tiempo que las policías, para dedicarse a la investigación del aborto, dejan de dedicar a la investigación de la corrupción y de la evasión fiscal. Este ejercicio muestra que, si el buen sentido imperara, el argumento moralmente repugnante de los costes dejaría de ser utilizado en los debates sobre el referéndum.
*Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra (Portugal).
Àlex Tarradellas y Juan Vivanco son miembros de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente, a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y la fuente.
