«Las fuerzas de seguridad del Estado están actuando al margen de la ley». Así de contundente se manifestó la catedrática de Derecho Penal de la UCM Margarita Martínez Escamilla. Ella, junto a un numeroso grupo de juristas trabaja desde hace años en denunciar los abusos, tanto «legales» como ilegales, que está cometiendo el Estado en […]
«Las fuerzas de seguridad del Estado están actuando al margen de la ley». Así de contundente se manifestó la catedrática de Derecho Penal de la UCM Margarita Martínez Escamilla. Ella, junto a un numeroso grupo de juristas trabaja desde hace años en denunciar los abusos, tanto «legales» como ilegales, que está cometiendo el Estado en su «lucha contra la inmigración», vulnerando «los derechos fundamentales de cualquier ser humano».
El grupo de juristas denominado «Inmigración y Sistema Penal» lleva tiempo analizando diversas medidas policiales, que cuanto menos son desproporcionadas. Ponen como ejemplos las penas excesivas que el Código Penal reserva a los inmigrantes que venden CD’s en las calles, o diversos aspectos de la legislación de extranjería, como la creación y uso que se hace de los centros de internamiento de extranjeros.
Los controles masivos de identidad que conducen hasta la comisaría cada día a cientos de inmigrantes en situación irregular es, a juicio de este grupo de juristas, un ejemplo más de esta persecución de los inmigrantes que se hace en nuestro país. Una práctica que, según afirman, es ilegal. Así lo denuncian en un informe que presentaron en la Facultad de Derecho, y que ha tenido como primera consecuencia la presentación de una queja ante el Ministerio del Interior, que ha sido firmada por 141 asociaciones sociales y de defensa de los inmigrantes.
Como explica José Miguel Sánchez Tomás, profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, el derecho a la libertad sólo puede ser restringido en caso de previsión legal expresa, ya que es un derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona del que gozan en igualdad de condiciones nacionales y extranjeros. Por ello, los requerimientos policiales para la conducción a dependencias policiales deben ser considerados una modalidad de privación de libertad.
De esta forma se descarta la pretensión de que la conducción a comisaría de un ciudadano extranjero documentado pueda realizarse bajo la figura de «detención preventiva», ya que ésta «sólo cabe ante supuestos de comisión de ilícitos penales, lo que, evidentemente, no es el caso de la eventual estancia irregular en España, que es un mero ilícito administrativo», afirma el profesor Sánchez Tomás.
El informe también descarta la posibilidad de la detención cautelar, expresada en el artículo 61.1.d de la Ley de Extranjería, que sólo puede adoptarse desde el momento que se tramite un procedimiento sancionador, y en él se proponga la expulsión, lo que tampoco ocurre en estos supuestos.
La conclusión del estudio es que si el extranjero, aún estando en situación irregular en territorio nacional, está perfectamente identificado (basta con un pasaporte en regla) no cabría adoptar en ese momento ninguna medida restrictiva de su libertad.
«La única actuación policial posible -señaló Sánchez Tomás- es formular un boletín de denuncia con los datos identificativos del extranjero y remitirlo a la autoridad administrativa para la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, en cuyo marco será cuando el instructor, de concurrir todos los requisitos necesarios para ello y en los términos establecidos en la Ley de Extranjería, pueda acordar su detención cautelar».
Representantes de las asociaciones firmantes de la queja presentada en el Ministerio del Interior, junto a la catedrática complutense Margarita Martínez Escamilla, denunciaron la circular 1/2010, de 25 de enero, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, «que evidencia la práctica policial de la conducción a comisaría de inmigrantes que, a pesar de estar debidamente documentados, no acreditan su estancia regular en España. Esto significa que las fuerzas de seguridad del Estado están actuando al margen de la ley», concluyó Martínez Escamilla.
Por parte de las asociaciones intervinieron Daniel Izuzquiza, portavoz de Pueblos Unidos; Dauda Thiam, portavoz de Ferrocarril Clandestino y de Asociación de Sin Papeles de Madrid, e Ignacio Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. El senegalés Dauda Thiam dejó clara cuál es la intención de los inmigrantes: «trabajar y vivir con tranquilidad y dignidad».
Alberto Martín es Periodista y Subdirector del semanario Tribuna Complutense