Tras las elecciones del pasado 23 de noviembre para renovar las 23 gobernaciones, 23 asambleas regionales -poder legislativo- y 328 alcaldías del país, el porcentaje de mujeres electas alcanzó casi al 40 por ciento para el poder municipal y el legislativo regional, mientras que sólo dos mujeres serán gobernadoras. En entrevista con SEMlac, la directora […]
Tras las elecciones del pasado 23 de noviembre para renovar las 23 gobernaciones, 23 asambleas regionales -poder legislativo- y 328 alcaldías del país, el porcentaje de mujeres electas alcanzó casi al 40 por ciento para el poder municipal y el legislativo regional, mientras que sólo dos mujeres serán gobernadoras.
En entrevista con SEMlac, la directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, Alba Carosio, reconoció que esta composición representa un avance para la democratización del poder político, al colocar el tema de la paridad y la alternabilidad como eje fundamental para la competencia electoral.
Tras la normativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de establecer la obligatoria integración paritaria y alternada de mujeres en las listas que presentaran los partidos políticos para estas elecciones, e incluso colocar un dispositivo electrónico que rechazara automáticamente las listas que no cumplieran con estos requisitos, la participación femenina en las candidaturas se incrementó en un 73 por ciento, de acuerdo con datos oficiales.
Con la participación histórica -para este tipo de elecciones-, del 65 por ciento del electorado, del cual casi la mitad son mujeres, las dos principales fuerzas del país: el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y la alianza de oposición -formada por Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia- se declararon ganadoras.
El primero obtuvo el 80 por ciento de las alcaldías y 17 de las 23 gobernaciones en disputa, mientras la oposición alcanzó cinco de los más grandes estados del país, incluyendo la capital y los estratégicos Zulia y Carabobo.
Independientemente de ello, las mujeres hasta ahora solo han sido elegidas en un 7,2 por ciento para las alcaldías y 18 por ciento como concejales.
Evangelina García Prince, en su trabajo Análisis de la Participación política de las mujeres en Venezuela, afirma que la normativa que obligó a los partidos políticos a incluir listas paritarias y alternadas de mujeres, es un factor que propicia el incremento de mujeres en cargos elección popular. El libro fue publicado en julio pasado por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y el Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres.
Aunque el reconocimiento de la igualdad en la participación política de las mujeres data de 1947, cuando la constitución nacional la consagró como derecho, es en 1997 que se estableció la ley de cuotas, impulsada por el movimiento feminista y de derechos de las mujeres, ante la falta de cumplimiento del precepto constitucional.
Esa ley fue derogada en el año 2000, cuando el gobierno de Hugo Chávez se planteó la meta de lograr la participación paritaria de las mujeres en los cargos de elección popular.
Actualmente, al frente de los poderes del Estado se encuentran las siguientes mujeres: la diputada Cilia Flores en el legislativo (Asamblea Nacional); la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, en el poder judicial; Tibisay Lucena, en el poder electoral (CNE); y en el poder ciudadano, compuesto por la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, Luisa Ortega Díaz y Gabriela Ramírez, respectivamente.
García Prince reconoce que «hemos tenido algunos avances en presencia, pero no se reflejan en una representatividad pluralista, democrática y eficiente para el logro de los objetivos de la equidad de género».
Para ella, «la cultura androcéntrica supera las iniciativas de igualdad», pues «el orden de género cambia en lo adjetivo, no en lo sustantivo»; es decir, que se requiere algo más que promover el incremento de la presencia de las mujeres en los cargos de elección popular.
La especialista señala que el sino de las mujeres en la política es la discriminación, que se manifiesta en «los partidos políticos; la normativa constitucional y legislativa que regula los procesos electorales; el financiamiento electoral; las normativas y alternativas programáticas para acelerar la igualdad; la ocupación del tiempo y los trabajos que desempeñan las mujeres y su valoración social y económica; la promoción y receptividad mediática de los desempeños y liderazgos políticos de las mujeres.»
Por ello, señala, es necesario que la paridad se amplíe, por ley, incluso a los cargos que no son de elección popular. Asimismo, resultan necesarias acciones de gobierno en distintas áreas, que incluyan -entre otros- a los medios de comunicación y los presupuestos públicos-; que modifiquen las ideas predominantes sobre las mujeres que participan en política y que garanticen que ellas accedan a recursos económicos.
Por su parte, Alba Carosio afirmó que la representación femenina en los poderes del Estado constituye un hecho histórico, aunque es necesario evaluar también la calidad de la participación de las mujeres.
Durante esta campaña electoral, por ejemplo, la paridad no permeó los contenidos discursivos de las campañas de ninguno de los partidos políticos: «primó la polarización política que vive Venezuela entre continuar y afianzar el proceso de cambio Bolivariano rumbo a un socialismo, o retornar al esquema político previo a la llegada del presidente Chávez al poder».
«Prácticamente la campaña la hizo el Presidente. Él ha proclamado que el socialismo del siglo XXI tiene que ser feminista, pero ni desde el PSUV ni desde la oposición se ha visto una campaña con propuestas y mucho menos con un posicionamiento desde las mujeres», señala Carosio.
Ello, pese a que la mayoría de las candidatas a las alcaldías y las asambleas locales son mujeres con una trayectoria política reconocida en sus organizaciones de base: barrios y consejos comunales-, sobre todo las candidatas del PSUV.
De ellas, según Carosio, la única que claramente ha destacado por su perfil feminista y con propuestas en torno a la equidad y los derechos de las mujeres, es la aspirante que logró la gobernación del estado Falcón, Stella Marino Lugo.
Sin embargo, aclaró, «dada la trayectoria política de las candidatas a legisladoras regionales, puede ser que haya un porcentaje importante que tenga también una postura frente a los derechos de las mujeres y el logro de la equidad, pero eso se verá cuando tomen posesión de sus cargos».
Mientras tanto, el movimiento feminista y de derechos humanos de las mujeres, de los que Carosio y García Prince son integrantes, esperan que los resultados de las elecciones de este 23 de noviembre «inauguren otra etapa política en la vida de Venezuela», indica Carosio.
Por ello, se alistan para las siguientes luchas políticas: «darle contenido de género a la participación política de las mujeres», y «lograr que el CNE establezca la obligatoriedad de la paridad en todas las elecciones de aquí en adelante». El movimiento de mujeres estará a la espera de la toma de posesión de las asambleístas y concejales para establecer relación con ellas, indicó Carosio.
En las siguientes elecciones, en diciembre de 2009, se elegirá la Asamblea Nacional «y ésa es la pelea fuerte», indica Carosio. Ante ese hecho, fue presentada la iniciativa de la Ley Orgánica de Equidad e Igualdad, que cuenta con el respaldo del movimiento feminista, tanto el adepto al chavismo como el opositor y que fue ya aprobada en la primera discusión.