En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción para combatirla y prevenirla. Pero para prevenirla, es necesario analizar la corrupción señalando a todos los actores que participan en ella, y en este sentido, […]
En 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción para combatirla y prevenirla. Pero para prevenirla, es necesario analizar la corrupción señalando a todos los actores que participan en ella, y en este sentido, los «sobornadores» -grandes empresas que recurren a sobornos para obtener contratos públicos y negocios ventajosos- también tienen una buena parte de responsabilidad.
A día de hoy, la corrupción en España es un hecho extendido «si limitamos su comprensión únicamente a lo que jurídicamente presenta menos dudas: el cohecho, la malversación de caudales públicos y el tráfico de influencias, etc.» comenta Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial, que califica la corrupción como «síntoma de una enfermedad social«. Por eso se necesita una mirada amplia para analizarla desde el punto de vista de los corruptos, pero también de los corruptores y otros factores que influyen en la propagación de este fenómeno.
Corrupción, calidad de la democracia y beneficios económicos
«La corrupción más grave se da cuando los políticos traicionan a la gente poniendo el gobierno y el parlamento al servicio de los intereses empresariales en lugar de buscar el interés público», dice Federico Aguilera Klink [1].
Para el catedrático de Economía, hay una serie de requisitos necesarios para que esta traición a la comunidad se dé: que el sistema político sea básicamente bipartidista (en el que hay un acuerdo tácito del bipartito para no beneficiar al interés público sino a los poderosos) y el conjunto de personas que los forman acepten que su trabajo en política consiste en traicionar a la ciudadanía beneficiando a los grandes intereses empresariales. Por otra parte, tener unos medios de comunicación serviles con el gobierno y con los intereses empresariales. También hace falta una mayoría social enajenada por esos medios para que no osen salirse de la «normalidad democrática» y una minoría disidente que es descalificada por políticos y por esos medios.
Por ejemplo, Teresa Medina, profesora de Derecho Administrativo en la universidad de Burgos, alerta que de los numerosos escándalos están relacionados con la contratación pública. «A pesar de que el ordenamiento jurídico cuenta con mecanismos para hacer frente a la corrupción en la contratación pública, no podemos desconocer que las obligaciones impuestas por la normativa se incumplen por parte de las instituciones y que, en multitud de ocasiones, las normas son vulneradas por quienes tienen que aplicarlas tras buscar subterfugios para eludir su aplicación», analiza la profesora.
Pero, ¿por qué siempre que se analiza el fenómeno de la corrupción se pone el acento en el corrompido y muy poco en el que actúa como corruptor? Óscar Carpintero, profesor de economía aplicada en la universidad de Valladolid, advierte que cuando se sesga el concepto de corrupción hacia el ámbito de lo público, se dejan de lado todos los comportamientos delictivos de las empresas que tienen un impacto social claro. «Muchas empresas recurren a prácticas de corrupción que violan el marco institucional y que afectan positivamente a su cuenta de resultados que lleva a que incluso se llegue a hablar de «corrupción eficiente» que, lejos de descalificar este tipo de comportamientos, los han justificado amparándose en argumentos de «lógica económica»», dice Carpintero.
Un dato: Las empresas españolas aparecían en 2008 como las segundas (después de las empresas chinas de una muestra de 22 países) que, con mayor probabilidad, recurrieron a los sobornos para obtener contratos públicos o negocios ventajosos en América Latina, y las terceras con mayor probabilidad (después de las empresas chinas e italianas) cuando se trataba de recurrir a sobornos en los países de Europa y Estados Unidos.
Y es que las empresas transnacionales tienen mucho que ver en esta «arquitectura de la impunidad», tal y como lo llaman Erika González y Pedro Ramiro, integrantes de OMAL (Observatorio de Multinacionales en América Latina). Esta arquitectura jurídica de la impunidad se produce por la vinculación político-económica existente entre los Estados centrales y las empresas multinacionales, que les permiten configurar políticas y legislaciones favorables a sus propios intereses económicos. Según analizan, la corrupción como modus operandi es una práctica habitual de las grandes multinacionales españolas y de buena parte de la clase político-empresarial que gobierna, y es una dinámica que se remonta a los inicios del desarrollismo franquista.
Desde OMAL, hacen una serie de propuestas de control ante estos hechos: Prohibir la circulación sin obstáculos de altos cargos y representantes políticos entre el sector público y privado, la cooptación del proceso decisorio de las políticas públicas, el soborno y otras prácticas de corrupción. Por otra parte, obligar a gobiernos y parlamentos a someter a consultas con las empresas, grupos de presión, movimientos sociales, sindicatos, ONG y pueblos autóctonos, entre otros, la toma de decisiones que afecten a sus intereses. Regular el complejo entramado de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias, consultoras, comisionistas y otros actores que operan en los mercados financieros. Y finalmente, aprobar normas sobre la transparencia de las prácticas financieras, el control de capitales y de los servicios financieros, el control de los fondos de inversión (hedge funds), el fraude y la elusión fiscal, las agencias de calificación, la retribución de los altos directivos y el secreto bancario, la sanción a los flujos ilícitos de capital.
El lobby: una forma de corrupción «legal»
Una de esas formas de corrupción «legal» puede ser el trabajo de lobby. Ese trabajo de presión política para diseñar leyes que favorecen intereses económicos privados dañan al interés general. Manuel Villoria, catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, la califica como «una de las modalidades de corrupción más influyentes, rentables y dañinas» y enumera algunas de las prácticas relacionadas con los lobby que pueden suponer riesgos de corrupción o prácticas no éticas: Financiación de partidos políticos para obtener regulaciones beneficiosas cuando los partidos acceden al gobierno; puertas giratorias; captura regulatoria y técnica (control de los grupos de expertos, financiación de investigación sesgada o de congresos y reuniones profesionales a cambio de apoyo a los intereses de los financiadores); adopción de normas que generan voluntariamente lagunas o loopholes para evitar los verdaderos controles o normas que debilitan las restricciones hasta convertir ciertas leyes en un verdadero ejemplo de fachada (window dressing), entre otras muchas más prácticas.
De hecho, otro de los principales obstáculos a la detección de este tipo de prácticas es la privatización de la regulación. El control del cumplimiento de las normas se ha convertido en un negocio para las empresas privadas. José Antonio Estévez Araujo, catedrático de filosofía del derecho en la Universitat de Barcelona, dice que la propia corrupción se ha ‘legalizado’ y que actividades que habrían sido consideradas deshonestas hace unas décadas ahora son vistas como ‘buenas prácticas’. «La ideología legitimadora de la privatización de la regulación se ha convertido en un nuevo ‘sentido común’ en el ámbito de la gestión de las políticas públicas. Y el discurso de la gobernanza constituye el núcleo de esa nueva ideología», añade.
Nota:
[1] La mayor parte de las declaraciones de este artículo han sido extraídas de los artículos del último número de la revista Papeles, «Corrupciones», publicado en noviembre de 2016.
Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Las-empresas-espanolas-sobornan