Arrodillado, el dictador Francisco Franco oró unos instantes. El Obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay, le había dicho en la iglesia de las Salesas: «Nunca he incensado con tanta satisfacción como ahora lo hago con Vuestra Excelencia». Era el 20 de mayo de 1939, apenas un mes y medio después del fin de […]
Arrodillado, el dictador Francisco Franco oró unos instantes. El Obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay, le había dicho en la iglesia de las Salesas: «Nunca he incensado con tanta satisfacción como ahora lo hago con Vuestra Excelencia».
Era el 20 de mayo de 1939, apenas un mes y medio después del fin de la Guerra Civil, y el Caudillo, triunfante, entregaba al Primado de España, el cardenal Isidro Gomá, su espada como símbolo de la «victoria» sobre la República.
El mismo 1 de abril en que se publicó el último parte franquista de guerra, el Papa Pío XII se apuntaba el tanto y enviaba al dictador un telegrama: «Agradecemos deseada victoria católica. Hacemos votos porque este queridísimo país emprenda con nuevo vigor sus antiguas cristianas tradiciones». A ello se aplicaron los obispos, a los que Franco no tuvo que pedir su adhesión. La jerarquía eclesiástica la ofreció gustosamente desde el primer minuto del Golpe de Estado de julio de 1936.
Enrique Pla y Deniel, que sustituyó a Gomá al frente del Episcopado tras su muerte, en 1940, consideraba la guerra una «cruzada», y «necesaria».
La Iglesia vivió con horror la llegada de la República. «Hemos ya entrado en el vórtice de la tormenta», escribió Gomá al cardenal Francesc Vidal justo el día siguiente de la proclamación de la democracia, el 15 de abril de 1931. La jerarquía perdió con la salida del rey Alfonso XIII sus privilegios y muchos entendieron que sufrían una persecución abierta. «En el universo cultural del clero español, el catolicismo sólo podía coexistir felizmente con un régimen autoritario», sostiene Julián Casanova, autor de la monografía Víctimas de la Guerra Civil (Temas de hoy).
La revolución de octubre de 1934 en Asturias, cuando 34 sacerdotes fueron asesinados, radicalizó aún más las posiciones. Fueron engullidas voces -minoritarias- como la del canónigo Maximiliano Arboleya, que se preguntaba entonces si «el atroz movimiento revolucionario no tiene más explicación que la malsana propaganda socialista», y añadía: «Nadie piensa en que también puede haber tremendas responsabilidades por parte nuestra».
Imposible entendimiento
Durante la República, el anticlericalismo rara vez fue violento. Sin embargo, eso acabó el 18 de julio de 1936. En zonas en las que triunfó la revolución tras el fracaso del Golpe, en pocos meses fueron asesinados más de 6.800 miembros del clero. «La persecución malogró cualquier atisbo de entendimiento entre los católicos más moderados y la República«, entiende Casanova. «O se estaba con o se estaba contra. Las pastorales de los obispos veían la guerra como un enfrentamiento entre el Bien y el Mal», sostiene el historiador Pablo Martín de Santa Olalla, autor de De la victoria al Concordato (Editorial Laertes).
La Iglesia rechazó cualquier salida a la Guerra que no fuera la rendición de los rojos. En los púlpitos, se declamaban homilías del odio. Para Gomá, la sublevación fue «providencial». Su sucesor, Plá y Deniel, cabeza del Episcopado hasta 1968, decía al poco de terminar la Guerra que la República «llevaba a España a su ruina». El cardenal Pedro Segura proclamó en Sevilla «la victoria definitiva», según el ABC del 13 de abril de 1939. No había lugar para la reconciliación y el perdón. El Papa, en un mensaje radiofónico en español, calificó a Franco de «garante de la justicia», según el mismo diario el 18 de abril de 1939.
«Separad lo católico de lo español y lo español quedará herido de muerte en su más verdadera sustancia», manifestó el dictador en 1949. La Iglesia y el Estado se convirtieron en dos caras de la misma moneda. «Todas las medidas maldecidas por la Iglesia fueron derogadas», cuenta Casanova. La curia recuperó sus privilegios. Antes del fin de 1939 se restableció la financiación estatal del culto y del clero. En 1941, el Estado ya financiaba la reconstrucción de las iglesias; en 1950, se eximió al clero de pagar impuestos y hacer el servicio militar; y en 1953, el concordato con la Santa Sede rubricaba la confesionalidad del Estado.
El totalitarismo divino
La Iglesia no podía pedir más: «A cambio de ello no era necesario más que extender sobre el régimen un manto moral protector y halagar un poco a Franco», recuerda en sus memorias Ramón Serrano Súñer, ministro hasta 1942. La jerarquía entró de manera oficial en el Gobierno y en los órganos consultivos del Estado. España estaba envuelta en el «totalitarismo divino». Para Gomá, Dios estaba donde debía estar: en «el vértice de todo».
«Nada se movió en la Iglesia en los primeros 25 años de la paz de Franco», afirma Casanova. La simbiosis entre patria y religión, el llamado nacionalcatolicismo, contribuyó a legitimar a Franco, quien llegó a sostener en 1944 en una entrevista con United Press que su régimen nada tenía que ver con el fascismo, porque este no incluía al catolicismo como principio básico. La Iglesia, en definitiva, tomó parte activa en la represión.
La ley de responsabilidades políticas, de 1939, perseguía a todos los opositores al régimen, incluso a aquellos que hubieran manifestado «pasividad grave», y convirtió a los párrocos en delatores. Fue la hora de la venganza. Unas 200.000 personas sufrieron las consecuencias de esa norma, que tuvo efectos hasta 1966, aunque fue derogada en 1945. «La Iglesia apenas sí abrió la boca ni dejó sentir su peso abrumador sobre los oficiantes de la represalia», argumenta Fernando García de Cortázar en La Iglesia (Espasa-Calpe).
«No todos los curas se prestaron a ese juego y hubo incluso algunos que se negaron a ejercer esa labor policial», asegura Casanova. Sin embargo, la curia estaba por el odio: «La colaboración de la Iglesia en el proceso de represión partía de la propia jerarquía», sostiene De Santa Olalla. En 1940, se impuso un requisito para la libertad condicional: un examen de religión. «Antes no venían a misa. Ahora nos los traen formados», reflejó el canónigo crítico Arboleya en 1944. Se produjo una recatolización a golpe de fusil.
«¡Os habéis vengado, decidlo!», manifestó el escritor católico Georges Bernanos, ya en 1939, cuando las represalias sólo habían empezado.
Un solo intento serio de pedir perdón: la asamblea de sacerdotes de 1971
En 1971, la Iglesia ofreció su intento más serio de pedir perdón y de aproximarse a la Guerra Civil desde otro prisma. Bajo la presidencia del cardenal Vicente Enrique y Tarancón se organizó la asamblea de sacerdotes y obispos en la que se votó la conclusión número 34, que decía: «Reconocemos humildemente y pedimos perdón porque nosotros no supimos ser, a su tiempo, verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos». Se emitieron 247 votos, de los que 137 fueron a favor, por 78 en contra. En blanco, 10, y con modificaciones, 19. El texto, al no alcanzar los dos tercios necesarios para su definitiva aprobación, se reformó y se suavizó, para quedar así: «Pedimos perdón porque no siempre hemos sabido ser verdaderos ministros de reconciliación». Para Tarancón, el significado del párrafo era el siguiente: «Era el reconocimiento explícito de que la conducta que habíamos seguido (no sólo en la guerra, sino en los muchos años que la habían seguido) no era evangélica». La asamblea se produjo en una coyuntura irrepetible, antes del papado de Juan Pablo II, y con una amplia presencia de los llamados curas obreros. Había un grupo de gente con actitudes de la democracia cristiana. A partir de ahí, nada. La Iglesia sigue defendiendo sólo a los muertos de una parte y considerándose víctima de la Guerra Civil. La declaración de Ricardo Blázquez en 2007, cuando presidía la Conferencia Episcopal, pidiendo perdón por acciones concretas de la década de 1930, además de tímida, quedó desvirtuada por un mar de decisiones en las que no se reconoce ningún error.