El 9 de agosto se publicó en una revista científica un informe de varios funcionarios del gobierno que reporta no haber encontrado contaminación en el maíz campesino en una parte de la sierra Juárez de Oaxaca, en los años 2003 y 2004. Pese a lo limitado de la zona parecerían buenas noticias, pero el informe […]
El 9 de agosto se publicó en una revista científica un informe de varios funcionarios del gobierno que reporta no haber encontrado contaminación en el maíz campesino en una parte de la sierra Juárez de Oaxaca, en los años 2003 y 2004. Pese a lo limitado de la zona parecerían buenas noticias, pero el informe provoca muchos cuestionamientos, y por otra parte las conclusiones son altamente discutibles.
Lo peor, sin embargo, no son las fallas del informe, sino el uso que está haciendo la industria biotecnológica, la cual afirma que la contaminación nunca existió, o que si existiera, sería fácilmente manejable. El ejemplo más burdo, por lo simplista, son las declaraciones inmediatas de José Enrique Tron, de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, según las cuales, «este estudio allana el camino para la siembra comercial de maíz transgénico en México». (Elizabeth Velasco, La Jornada, 10/08/05)
Probablemente los autores no tenían la intención de dar sustento a este tipo de declaraciones. Pero no deja de ser curioso que el estudio haya sido publicado en fast track por la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y que Barbara Schaal, quien se encargó de la gestión y de la edición del estudio, trabaja en el Laboratorio Monsanto de la Universidad de Washington, donde esa transnacional es una de las mayores patrocinadoras corporativas de la investigación biotecnológica.
El estudio, titulado «Ausencia de transgenes detectables en las variedades campesinas locales de maíz en Oaxaca, México (2003-2004)», está firmado por Sol Ortiz y Ezequiel Ezcurra, del Instituto Nacional de Ecología (INE); Jorge Soberón y F. Acevedo, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio); B. Schoel de Genetic ID y Alison Snow, de Ohio State University. Se basa en el análisis de muestras de 870 plantas de 18 comunidades de un sector de la sierra Juárez de Oaxaca durante los años 2003 y 2004, analizadas por las empresas Genetic ID y GeneScan de Estados Unidos.
Entre los cuestionamientos planteados al estudio, está el hecho de que sólo se tomaron muestras de una zona pequeña dentro de un mismo ecosistema, sólo en comunidades forestales. Otros estudios, como el realizado en octubre de 2003, por la red de comunidades y organizaciones En Defensa del Maíz, el cual mostró resultados de contaminación en nueve estados del país, también dieron resultados negativos en comunidades de esa zona.
Por otra parte, las empresas que hicieron los análisis, si bien cuentan con credibilidad a escala internacional, usan una base para definir la ausencia de transgenes -según el estándar comercial internacional-, cuya resolución no sería suficiente para captar los niveles bajos de su presencia, los cuales probablemente se presenten en zonas campesinas que han sido contaminadas (y no en medio de cultivos industriales de transgénicos). Además, en estas zonas el ADN transgénico puede haber sufrido modificaciones a lo largo de varias generaciones, y por tanto, no ser reconocido con los instrumentos utilizados.
Los autores aclaran que los resultados «no deben ser extrapolados a otras regiones de México o a años anteriores en la misma región», y que «no es probable que la situación actual permanezca estática». Concluyen además que «se espera que la prevalencia y la variedad de los caracteres transgénicos en el maíz aumenten, porque (…) el área global de cultivos de maíz transgénico está aumentando rápidamente». Advierten también que varias empresas están manipulando maíz para producción de fármacos, y que esto requerirá medidas de prevención especiales.
Pese a estas aclaraciones, que matizan el informe, dan la imagen de un proceso aparentemente terso, lo cual está lejos de la realidad. La verdad es que no se ha publicado ninguno de los estudios del gobierno que muestran contaminación en muchas áreas además de las nombradas. Sólo el INE-Conabio informó de sus resultados, confirmando la contaminación. Pero al parecer, frente a las dificultades que estas instituciones encontraron para ratificar los resultados obtenidos por medio de diferentes métodos de forma simultánea, decidieron ir por los estándares de las firmas comerciales de detección, obviando que éstos podrían no ser los adecuados.
No se nombra en el estudio que existieron este tipo de problemas y que podríamos estar, por ejemplo, ante reordenamientos genómicos que pudieran tener impactos importantes en el maíz y los campesinos. O que hay muchas otras interrogantes sobre cómo detectar este tipo de contaminación y que estamos ante problemas realmente graves, tanto por la contaminación y sus efectos, como por el costo y dificultades de la detección, y que además ningún científico sabe cómo encarar un proceso de descontaminación.
En su lugar afirman que el estudio «provee una base preliminar muy necesaria para entender las implicaciones biológicas, socioeconómicas y éticas» de la contaminación. Una afirmación totalmente fuera de los alcances del estudio, pero que resulta útil para la industria de los transgénicos.
Los campesinos indígenas, como Baldemar Mendoza, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, afirman, por el contrario, que «se está usando este estudio para dar luz verde a los transgénicos en México, cargando a las espaldas de indígenas y campesinos controlar la contaminación que van a seguir provocando. No necesitamos más estudios; el mejor control de la contaminación es no permitir los transgénicos».
– Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC. www.etcgroup.org