El drama se repite. El 18 de septiembre Salvamento Marítimo rescató a 50 inmigrantes de origen magrebí que atravesaban en patera el Estrecho de Gibraltar; fueron trasladados al puerto de Tarifa (Cádiz), según informó Emergencias 112 Andalucía y se hizo eco Europa Press. El día anterior otros cinco migrantes subsaharianos fueron también rescatados en las […]
El drama se repite. El 18 de septiembre Salvamento Marítimo rescató a 50 inmigrantes de origen magrebí que atravesaban en patera el Estrecho de Gibraltar; fueron trasladados al puerto de Tarifa (Cádiz), según informó Emergencias 112 Andalucía y se hizo eco Europa Press. El día anterior otros cinco migrantes subsaharianos fueron también rescatados en las aguas del Estrecho. Sin embargo, no corrieron la misma suerte las 49 personas desaparecidas a primeros de julio en el Mar de Alborán. Salieron en una patera del norte de Marruecos y a la tragedia sobrevivieron únicamente tres personas. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), entre 1997 y 2016 perdieron la vida o desaparecieron 5.946 personas que intentaban arribar a las costas españolas, aunque la cifra podría ser muy superior. «En toda Europa se ha desatado una verdadera guerra contra los migrantes y refugiados», concluye la asociación.
El 18 de septiembre la ONG Oxfam Intermón denunció al Gobierno de España ante la Comisión Europea por el incumplimiento de los compromisos de acogida a personas refugiadas; la denuncia fue presentada a las pocas fechas de que termine el plazo (26 de septiembre) estipulado por la UE para acoger a refugiados que llegaron a Italia y Grecia a partir de 2015. Se trata de una iniciativa «extrema y desesperada», afirmaron portavoces de la ONG, que justificaron de este modo la denuncia: «España es uno de los países con mayor incumplimiento de las cuotas». Oxfam Intermón señaló que mientras que el estado español se comprometió a la reubicación de 9.323 refugiados, según el último balance del Ministerio del Interior sólo se habían reubicado a 1.279 (1.089 desde Grecia y otros 190 desde Italia). El porcentaje de cumplimiento se sitúa en el 13,7%. En cuanto a la cuota comprometida de reasentados, 1.499, el estado español ha hecho efectivos 704 (198 desde Turquía y 506 desde Líbano, en todos los casos ciudadanos sirios).
La media de cumplimiento en la UE se sitúa en el 28,3% (27.695 personas reubicadas, de las 98.255 comprometidas). La gravedad del caso español, argumenta Oxfam Intermón, es que con excepción de los países que han manifestado su oposición al «reparto» -por ejemplo, Hungría, Austria, Eslovaquia o República Checa-, el estado español registra (13,7%) uno de los menores grados de cumplimiento, junto a Rumanía (17,3%), Croacia (8%) y Bulgaria (3,8%). Otra agravante es que la asignación de cuotas se realizó de acuerdo con el peso económico, demográfico y la «presión sobre los sistemas de asilo», explica la ONG, de modo que España es el tercer país con mayor cuota. Así, países con un PIB per cápita inferior al de España presentan un grado de cumplimiento muy superior, por ejemplo Eslovenia (38,2%) y Chipre (40,6%). Por otro lado, Oxfam Intermón menciona los ejemplos de Francia (21,7%), Portugal (47,9%), Suecia (50,5%) y Alemania (28,5), también con porcentajes muy superiores al español.
«Lamentamos informarles de que en la actualidad no hay más expedientes que cumplan los criterios de eligibilidad establecidos en las Decisiones del Consejo de la UE para el Programa de Reubicación». Con esta ampulosidad burocrática se dirigió la Unidad de Reubicación Griega al Ministerio del Interior español, según informó la Agencia Efe el pasado siete de septiembre. Esto significa, en la lógica del laberíntico, descarnado y abracadabrante sistema de reparto, que Grecia no cuenta con más refugiados «reubicables». «Pero Italia continúa siendo un país con miles de personas que necesitan ser acogidas, y continúan llegando», rebaten los portavoces de Oxfam Intermón.
En un comunicado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) constata el «estrepitoso fraude del programa de reubicación». Entre otras razones, porque más de 50.000 personas «continúan atrapadas en Grecia y muchas de ellas serían susceptibles de recibir protección internacional en España, por ejemplo las procedentes de Irak o Afganistán que se encuentran excluidas del programa; o incluso personas de origen sirio que llegaron a Grecia después de la firma del acuerdo entre la UE y Turquía, en marzo de 2016», explica el portavoz de CEAR-País Valencià, Jaume Durà. La organización humanitaria critica la falta de voluntad política de los gobiernos, lo que sumado a las condiciones en que se malvive en los campos de refugiados griegos, ha dado lugar a «huidas de forma desesperada». En cuanto a la política de reasentamientos (centrado en los refugiados que no encuentran protección adecuada en el país de asilo), Oxfam Intermón alerta de los números raquíticos: 704 personas «reasentadas» en España de países afectados por la guerra de siria -Líbano, Turquía o Jordania-, cuando el número de refugiados por el conflicto supera los cinco millones.
ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados) ha exhortado a los países miembros de la Unión Europea para que aceleren los ritmos de reubicación; y lo ha hecho también con argumentos morales. El 25 de agosto la agencia de la ONU se pronunció del siguiente modo: «Cuando Europa mira hoy a los refugiados de países como Siria, parece haber olvidado su pasado más reciente»; recuerda que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con más de 70 millones de víctimas de la conflagración y los genocidios. Un año después, la Organización Internacional de los Refugiados constituida por la ONU asistió a un millón de refugiados europeos para que se reasentaran en otros países; la mencionada organización dio lugar a ACNUR, que nació en 1952 ya con el mandato de reasentar a 1,2 millones de europeos sin hogar, por razón de la guerra.
El seis de septiembre se produjo una sentencia relevante y aclaratoria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, desestimó los recursos planteados por Eslovaquia y Hungría contra el sistema de reubicación obligatoria de solicitantes de asilo, adoptado por el Consejo de la Unión Europea. El objetivo del sistema era reubicar a personas refugiadas desde Italia y Grecia a otros países de la UE, por la -según la jerga oficial- «afluencia masiva de migrantes» en el verano de 2015. Además de Eslovaquia y Hungría, otros países como la República Checa y Rumanía votaron en contra del mecanismo de reubicación, con el argumento de que no era el adecuado para afrontar las «crisis migratorias»; en el procedimiento seguido ante el alto tribunal, los dos países recurrentes sumaron el apoyo de Polonia, mientras que Alemania, Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Luxemburgo, Suecia y la Comisión Europea mostraron su apoyo al Consejo. «La sentencia demuestra que ningún país puede eludir sus responsabilidades respecto de las personas refugiadas», afirmó la directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, Iverna McGowan.
Otro de los frentes es el del control de las fronteras. En un encuentro celebrado en Roma el 18 de septiembre el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, felicitó a su homólogo italiano Marco Minniti por la reducción de las llegadas de «inmigrantes irregulares» a las costas de Italia. Zoido se refirió también a la importancia de las políticas de prevención, y puso como ejemplo a España: «Es lo que funciona desde hace tiempo con Marruecos, Mauritania y Senegal, lo que funciona desde el año pasado en el caso de Grecia con Turquía, así como entre Italia y Libia».
El titular de Interior subrayó otras iniciativas en las que el estado español manifiesta su compromiso: las operaciones Tritón y Sophia, el Equipo Conjunto de Investigación ECI-Níger, la formación de efectivos libios y el GAR-SI Sahel. Sin embargo, organizaciones como CEAR, Sos Racismo, Elín, la APDHA y Andalucía Acoge han criticado la utilización de países de origen y tránsito de la migración (Libia, Níger o Mali) como «gendarmes» de las fronteras europeas. «Se expulsa a las personas a sus países de origen y se pone en peligro sus vidas», denunciaron las ONG en relación con estas prácticas. Pero Juan Ignacio Zoido habló en Roma de «solidaridad», y lo hizo en otro sentido: el de España como frontera exterior de la UE y país de «primera entrada», la responsabilidad en lo que consideró zona de acción prioritaria (Norte de África y África Occidental) y una de las consecuencias de todo ello: «La ruta Atlántica (de Canarias) se encuentra controlada».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.