Hace 50 años, moría a manos de la Brigada Político Social, la policía política de la dictadura franquista, el estudiante y militante del FLP, Enrique Ruano Casanova. Un claro caso de tortura policial, de manipulación informativa y de impunidad judicial.
La primera muerte fue a manos de la Brigada Político Social
Durante los años sesenta, España fue un polvorín de la movilización social contra la dictadura franquista. Junto con el movimiento obrero, que protagonizaba movimientos huelguísiticos de envergadura como las huelgas mineras en Asturias en 1962, el movimiento estudiantil fue uno de los pilares de la oposición al régimen. En esos años, sobre todo, a finales de la década, los estudiantes comenzaron a radicalizarse cada vez más, influenciados por el influjo que venía del Mayo francés. Nuevas corrientes (troskistas, maoístas) se iban uniendo a la que era el principal antifranquista, el PCE. En la Universidad le hacía competencia otra organización, el FLP, el Frente de Liberación Popular, una organización heterogénea, que estaba conformada por varias corrientes provenientes de lo que se conocía como «la nueva izquierda».
A esta organización pertenecía Enrique Ruano el día que fue detenido, el 17 de enero de 1969. Era un joven de 21 años, estudiante de Quinto de Derecho, de familia acomodada. Lo detienen horas después de tener una reunión en las cercanías de Plaza de Castilla, donde se estaba discutiendo la creación de un Partido Comunista Revolucionario (PCR) de corte marxista-leninista dentro del FLP.
En esos momentos, Enrique estaba a punto de pasar al «Sector Obrero» del FLP, una nueva organización que se había creado para orientarse a los fábricas, ya que en Madrid eran una organización prácticamente universitaria. Fue detenido junto con sus compañeros José Bailo Ramonde, Dolores González Ruiz y Abilio Villena Pérez, acusado de pertenecer al PCR. Les incautaron documentación de la organización. Y a Dolores unas llaves de un piso situado en la calle General Mola (Príncipe de Vergara en la actualidad) donde habitaban dos militantes antifranquistas vascos que huían del estado de excepción que se había proclamado el verano anterior en aquella región.
A pesar de que eran las llaves de Dolores, fue Enrique quien tuvo que acompañarlos hasta aquel piso. El registro del domicilio fue realizado por los policías Francisco Luis Colino Herranz, Celso Galván Abascal y Jesús Simón Cristóbal. Fue realizado el 20 de enero, tras pasar tres días en la DGS. La detención fue supervisada por el jefe de la BPS Saturnino Yagüe y el comisario Juan García Gelabert.
Enrique ya conocía la experiencia de ser detenido. El 29 de mayo de 1968, a las tres de la tarde la Policía Armada lo cogió en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, donde se estaba celebrando una asamblea de estudiantes. Fue interrogado por los policías Jesús Simón Cristóbal y Antonio Venuera Roca.
Pero en 1969 iba a ser todo muy diferente. El 20 de enero, tras llevar tres días en la DGS, fue llevado al piso para realizar un registro. Y ocurrió la tragedia. Ese día Enrique murió. Según las declaraciones de los policías, cuando le soltaron las esposas para que firmase el acta de registro, Ruano empujó a uno de los funcionarios, echó a correr y se tiró por una estrecha ventana del piso, que estaba en una séptima planta, que daba a un patio interior. Murió en el acto. El cuerpo no fue mostrado a la familia y jamás se publicó el resultado de la autopsia. Meses después fallecería de un infarto el portero, por lo que no pudo dar su versión de los hechos en la investigaciones posteriores que se realizaron sobre el asunto.
Segunda muerte: la manipulación informativa
Esta versión policial fue difundida a bombo y platillo por uno de los diarios nacionales más importantes del país en aquel momento (y que sigue existiendo en la actualidad), ABC. Primero, publicando la declaración de la Dirección General de Seguridad en la que se daba la versión del «suicidio», el 21 de enero:
«Sobre las catorce horas se tuvo conocimiento de que el mencionado detenido, Enrique Ruano Casanova, inopinadamente, emprendió una corta carrera hacia la salida de la casa e inmediatamente de ello, sin llegar a la escalera, se arrojó a un patio interior, falleciendo en el acto, ya que el piso corresponde a la séptima planta. Entre los documentos ocupados al finado figura una especie de diario, en el que refleja su idea obsesiva de suicidio relacionado, al parecer, con un disgusto con un amigo llamado Javier y algunas contrariedades relacionadas con su novia. El luctuoso hecho fue presenciado por el portero de la finca, que asistía como testigo del registro, no presenciándolo otra vecina, también testigo, por haber salido breves instantes para vigilar la comida.
El diario de Torcuato Luca de Tena tuvo la exclusiva de un supuesto «diario» que Enrique había escrito, en el que declaraba su intención de suicidarse. En un artículo del 22 de enero titulado «Víctima, sí ¿pero de quién?» se declara que Ruano sufría una «tremenda crisis depresiva, un invencible complejo de inferioridad, una frustración patética de sus posibilidades intelectuales».
Y echaba la culpa de su suicidio «a quienes habían arrastrado fuera de la Ley, haber utilizado para la acción subversiva a un pobre muchacho tocado de una clara psicopatía», es decir, sus compañeros del FLP. En un artículo en la misma página del periódico se sacan extractos de su diario, donde supuestamente declaraba que «me siento arrastrado por la voluntad de otros», que soñaba con golpear a su amigo Javier, que era consciente de su depresión y que pensaba en el suicidio como única solución. Un día después, se publicó una foto de un extracto del cuaderno de Enrique, del día 28 de diciembre, donde deja clara sus supuestas intenciones de suicidarse.
Por todas estas injurias, padres de Enrique decidieron demandar al diario por publicar aquellas notas, ya que no se ajustaban a la personalidad y cualidades del joven, y que habían sido publicadas de forma fragmentaria, no expresando lo que Ruano pensaba en realidad.
Tercera muerte: la impunidad judicial
Ni la familia de Ruano, ni la oposición al régimen se creyeron nunca la versión oficial de lo ocurrido. El movimiento estudiantil se movilizó en aquellos días por su muerte pidiendo el esclarecimiento de los hechos. En Madrid, hubo asambleas en todas las facultades.
El día del entierro hubo una manifestación de 2.000 estudiantes en el Arco del Triunfo de Moncloa, que fue disuelta por la policía y en la que se detuvo a 30 personas. Hubo huelgas en casi todas las Universidades del país. Hubo movilizaciones en Barcelona, Bilbao, Santiago, Valladolid y Valencia.
Por todo esto, el gobierno, con Fraga y Carrero Blanco a la cabeza, decidieron declarar el estado de excepción en todo el país el 24 de enero. Con ello, se negaba cualquier mínimo derecho y se permitían realizar detenciones que durarán más de tres días. Las consecuencias de aquel estado de excepción para los estudiantes fueron brutales: fueron detenidos 337 estudiantes, hubo 200 expedientados, a 52 les prohibieron la entrada en la Universidad, 200 fueron deportados, 25 denunciaron malos tratos policiales, 15 fueron llevados ante el Tribunal de Orden Público y 29 a tribunales militares. Las Universidades estuvieron cerradas entre una y cinco semanas según las facultades y la ocupación policial de los centros universitarios fue permanente.
La prensa y las organizaciones clandestinas se hicieron de las reivindicaciones estudiantiles. Mundo Obrero, el periódico del PCE dejaba claro que Enrique Ruano había sido asesinado, que la policía fue quién lo mató. Que en la Dirección General de Seguridad lo golpearon muy fuerte. Que mientras iban hacia el piso y subiendo las escaleras, por el tercero, trató de huir, pero fue disparado por los policías. Para corroborar su versión, el periódico comunista pone las declaraciones del portero, que dice que oyó dos disparos. El PCE (m-l), la CNT declararon en un llamamiento que «Enrique Ruano fue arrojado por una ventana desde el séptimo piso, por los verdugos de la Brigada Político Social». Desde ABC, su director defendió a los policías, diciendo que las acusaciones de asesinato de Enrique eran «una calumnia».
Pero hasta 1996 no se supo la verdad, 27 años después. Ese año, la familia de Enrique Ruano y su abogado Jose Manuel Gómez Benítez logró sentar en el banquillo a los tres policías que habían participado en su detención: Francisco Colino, Celso Galván y Jesús Simón. Sin embargo, fueron absueltos por falta de pruebas. Entre ellas, una que había sido serrada del cadáver: su clavícula.
El hueso habría sido, según los jueces, «determinante para el esclarecimiento de los hechos», porque todos coincidieron en que Ruano, cuyo cuerpo había sido exhumado para una nueva autopsia, tuvo una lesión no compatible con su caída, provocada por «un objeto cilíndrico cónico», como una bala. Pero alguien había hecho desaparecer el hueso. «Logramos probar que la versión del suicidio no era cierta aunque fuera imposible condenar a los policías porque, en su día, ni siquiera se habían hecho pruebas de balística sobre sus armas», aseguró Gómez Benítez.
¿Una cuarta muerte de Ruano?
El caso de Enrique Ruano es claro caso de cómo el régimen franquista fue brutalmente represivo contra todos aquellos que se oponían a él, no sólo en los años de posguerra, sino en los últimos años del régimen, concretamente, en 1969. Y para ello contó con grandes esbirros: para ejecutar la faena, la Brigada Político Social (en otros casos, la Guardia Civil o la Policía Armada); para difamar a la oposición o defender a la policía, estaba la prensa, que a la hora de verdad se alineaba con la dictadura.
Y en estos años de «democracia» el franquismo, sus torturadores, sus políticos represores han gozado de total impunidad gracias a una justicia que se ha negado a juzgar sistemáticamente los crímenes franquistas. Hasta el punto de que el caso de Enrique Ruano ha sido llevado también a Argentina en el caso de la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo.
Puede haber una cuarta «muerte» para Enrique: la del olvido. Aunque este caso sea uno de los más conocidos de represión de la dictadura, durante años los diferentes Gobiernos y Administraciones se han negado a hacer realizar homenajes a la memoria de Enrique y de todos los militantes antifranquistas represaliados por la dictadura.
Gracias a la familia, a sus compañeros de organización, a los investigadores y asociaciones memorialistas se ha mantenido viva la memoria de Ruano. Este domingo se realizará un homenaje por parte del Ayuntamiento de Madrid. Esperemos que este sea el primer paso para que por fin se reconozca su figura por parte de las autoridades. Y que sus asesinos paguen de una vez por toda. No queremos que muera una cuarta vez.
Pablo Alcántara Pérez es historiador