Después de casi cuatro años prometida y dos años de consultas y bloqueo, el ‘Proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista’ ha sido aprobado por el Pleno del Congreso de los […]
Después de casi cuatro años prometida y dos años de consultas y bloqueo, el ‘Proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista’ ha sido aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 31 de octubre para su paso al Senado.
Y ese largo titulo, aunque la conozcamos todos como Ley de Memoria, nos desvela su contenido y que no aspira a ser una ley de punto y final, porque lo que se apunta en el redactado, que ni mucho menos está recogido todo lo propuesto por entidades sociales y partidos políticos; sólo inicia y no concluye, señala y no cierra. Y ello frustra a unos y otros, nos deja con ese amargo sabor de no vernos reconocidos después de tanto tiempo y trabajo empleado y con la esperanza de reparación integral de todos las víctimas a las que, en definitiva, aspirábamos. No es La Ley de la Memoria que queríamos, eso para empezar, pero hay que reconocer que, en muchos aspectos, ha mejorado con respecto al texto inicial planteado desde el Consejo de Ministros el 21 de julio de 2006. No es la Ley que anula los juicios y las sentencias que un estado de derecho creemos debe ofrecer a las víctimas de la represión ni la que relaciona entre sí los dos procesos democráticos desarrollados en España durante el siglo XX, la II República y la democracia actual. Es insuficiente, pero único culpable de que sea así es el partido del gobierno, que desde el principio planteó, tal vez por miedo a la derecha ante su insuficiencia parlamentaria o por convencimiento, una propuesta corta y ambigua.
Pero la oferta electoral de Zapatero era ambiciosa, Ley de La Memoria y España Plural, esa era la esperanza de la movilización social acumulada que le dio el Gobierno al PSOE, y muchos creímos ver en ella la posibilidad de, si no cerrar, si enfrentarnos con una de las plumas que dejó la izquierda aparcada en el consenso nacional que llamamos Transición.
El texto de Ley aprobado cumple mal con demasiados aspectos de la recuperación de la Memoria: no solo la anulación de los juicios; si bien existe la condena explícita del franquismo como etapa en la que se violaron los derechos humanos en España, no ratifica los acuerdos internacionales de impunidad y contra los crímenes de guerra. Y eso influirá, obviamente, en el posterior desarrollo de la norma.
Esta Ley deja una mejor situación objetiva para las reivindicaciones de los represaliados, de las víctimas, para que la verdad vaya emergiendo y la memoria recomponiéndose. Deja resquicios abiertos para que las sentencias del franquismo, injustas y carentes de derecho, vayan siendo atacadas y, eso sí, tras un calvario legal a partir de la voluntad de los jueces, para anularla una a una. Facilita la labor de las organizaciones de Memoria para que los nombres de las víctimas vayan siendo rescatados y recobrando su justo puesto en la Historia. Servirá para limpiar calles y edificios de la ignominia franquista y, quizás también, de las iglesias y cementerios. Se simplificará el trabajo de búsqueda y exhumaciones aunque hemos de estar atentos su protocolo de actuación y ver el grado de implicación de la Administración en ello. También habrá más dinero para compensaciones, aspectos farmacéuticos-sanitarios, etc. Quizás alcance para más estudios e investigaciones y se podrá tener, por Ley, más sencillo el acceso a los archivos, quizás, incluso a los militares, la guardia civil o la policía, para familiares e investigadores.
Pero es de triunfalismo barato el catalogar a este proceso -en el que ha prevalecido la negociación parlamentaria al debate con las organizaciones sociales- como el «triunfo de la democracia», Ya diversos gobiernos anteriores de González y de Aznar con sus decretos de ayudas a ex presos del franquismo, de continuar con las medidas de «ampliación de derechos», estableciendo más «medidas a favor de las víctimas» más olvidadas, repartiendo migas entre los que fueron privados de algo más que pan. Ahora se requería otra cosa, entendíamos. Creo que ha faltado el valor de asumir la responsabilidad política de cortar definitivamente la continuidad institucional de la Dictadura en la actual Democracia, y también la honradez para medirse las víctimas, que murieron o sufrieron o ambas cosas, en la lucha por la libertad y la justicia.
Lo seguro es que las víctimas lo perdieron todo menos la dignidad. Y esa dignidad es la que alimenta y alimentará nuestro trabajo futuro con los interesados, gente cada vez más joven, que quiere recuperar la historia para todos.
En definitiva, este Gobierno no nunca ha pretendido saltar el Rubicón del reconocimiento integral y de la satisfactoria anulación de juicios y sentencias franquistas; la única alternativa a este texto de Ley era, para el PSOE, su aplazamiento a otra Legislatura, sin garantías de mejor correlación de fuerzas. Sabiendo que, seguramente, es mejor denunciar ahora las carencias injustificables de la Ley, que tener que penar por la exigencia política y ciudadana de tener que hacerla. Pero, los que fueron víctimas tienen el derecho democrático inaplazable de pedir verdad, justicia y reparación. Nosotros nos obligamos a superar lo insuficiente.
* Marga Sanz, Candidata a la Residencia Gobierno por IU.