La conclusión es rotunda: «La bestia del poder concentrado, incontrolado, se ha quitado el bozal y amenaza con aplastar libertades ganadas con gran esfuerzo». Frente a esta dinámica del Leviatán (concretada en la reforma del Código Penal y la llamada «ley mordaza»), se alzan nuevas (o no tanto) formas de protesta, que analizan Gerardo Pisarello […]
La conclusión es rotunda: «La bestia del poder concentrado, incontrolado, se ha quitado el bozal y amenaza con aplastar libertades ganadas con gran esfuerzo». Frente a esta dinámica del Leviatán (concretada en la reforma del Código Penal y la llamada «ley mordaza»), se alzan nuevas (o no tanto) formas de protesta, que analizan Gerardo Pisarello y Jaume Asens en el libro «La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta», publicado en 2014 por Catarata. Acampadas del 15-M, huelgas, ocupaciones, «rodeo» de los parlamentos y acciones contra los desahucios aparecen descritos en el ensayo, que también se detiene con finura en sentencias judiciales, legislación y hemeroteca criminalizadora de los movimientos sociales.
El texto de 182 páginas, profuso en contenido a la vez que de sencilla lectura, confirma el currículo de los autores, dos ejemplos de activistas que pegan a la calle su tarea intelectual. Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y Jaume Asens, miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Los dos forman parte del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y han publicado juntos «No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis».
El 15 de mayo de 2011 salieron a la calle en Madrid, tras el precedente de las movilizaciones (con éxito) de Juventud Sin Futuro, cerca de 100.000 personas, convocadas por Democracia Real Ya (DRY). El objetivo, protestar contra la políticas promovidas por unas élites que castigaban a la mayoría social. Siguieron acampadas en las plazas y asambleas (unas 80 en pocas semanas). Estaba en marcha el movimiento del 15-M y de los «indignados». Una encuesta publicada por El País destacaba que entre el 70 y el 80% de la población (sobre todo jóvenes) se identificaban con las propuestas del incipiente movimiento, pese a que policía y algunos medios de derecha calificaran de «perro-flautas» a los acampados».
El arzobispo Rouco Varela señalaba supuestos «problemas con el alma» y Esperanza Aguirre hablaba de golpismo (el 22 de mayo se celebrarían las elecciones municipales). Asens y Pisarello se centran en la represión acaecida en la Plaza de Catalunya de Barcelona, que reúne los ingredientes de un sórdido filme de terror: la figura del exconseller de Interior, Felip Puig (CIU); una intervención policial con más de 120 heridos; el vuelo a ras de suelo de un helicóptero con un coste de 1.600 euros al día; o las conversaciones entre agentes antidisturbios filtradas por La Directa: «O generamos pánico o no los sacamos de aquí»; «Estamos disparando de todo, no podemos hacer más, no podemos disparar munición real».
Un problema bien tangible para los activistas, que trata el capitulo tres del libro, es la obligación de comunicar las manifestaciones en calles y plazas que establece la Constitución española. Asens y Pisarello se remiten a diferentes sentencias del Tribunal Constituacional, de las que se deduce que este deber «no debe entenderse como una autorización, sino como una mera declaración de conocimiento» a la Administración para que adopte las medidas necesarias. Esto es así, en teoría. En la práctica, las autoridades utilizan a menudo el deber de comunicación «como una suerte de autorización velada, sin cuyo concurso la policía parece adquirir vía libre para imponer multas, disolver violentamente concentraciones o recurrir a un uso desproporcionado de la fuerza».
El derecho a la protesta también se pone de manifiesto en los «rodea» a los parlamentos. En junio de 2011, celebradas ya las elecciones municipales, las acciones de recibimiento a los cargos electos terminan en Madrid y Valencia con duras cargas de la policía. Pero los mayores incidentes tuvieron lugar en Barcelona, durante la ocupación del entorno del Parlament, el día en que se planteaba la aprobación de unos ajustes leoninos (Ley Ómnibus y Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Financieras). La postal de Artur Mas arribando en helicóptero y el zarandeo a diputados suscitó titulares en el día después como «democracia secuestrada, «tejerazo rasta» o «asalto a la democracia». Al cabo de una semana, la policía detuvo a una veintena de jóvenes a quienes se acusaba de participar en la protesta.
Además, mientras el resto de activistas imputados esperaban a que se les tomara declaración en el juzgado de guardia (se habían entregado voluntariamente), 50 policías antidisturbios, encapuchados y ostensiblemente armados, irrumpieron en la Ciudad de la Justicia para detenerlos. La historia se redondea con la denuncia contra los activistas por parte del sindicato de extrema derecha Manos Limpias y la abierta hostilidad del juez Eloy Velasco, exdirector general de Justicia en los gobiernos del PP valenciano y vinculado al Opus Dei.
El 15 de octubre de 2011 tuvo lugar una jornada «global» de protesta en 1.050 ciudades, convocada por movimientos sociales de más de 80 países, recuerdan Gerardo Pisarello y Jaume Asens. Fue éste el escenario en el que en Estados Unidos irrumpió Occupy Wall Street. En el estado español pudo constatarse la pujanza del 15-M con manifestaciones en diferentes ciudades. A la conclusión, en Madrid y Barcelona se produjeron ocupaciones. Después de una muy nutrida concentración en la Puerta del Sol, se ocupó un hotel en la calle Carretas que llevaba cerrado más de tres años, y varias plantas del aledaño Teatro Albéniz (en diciembre la policía desalojo el hotel e identificó a un centenar de personas; a buena parte de ellas se les imputó un delito de usurpación de bienes inmuebles). Resultado diferente tuvo la ocupación de un bloque de viviendas en Nou Barris (Barcelona). A pesar de la denuncia de la entidad propietaria, Cajamar, el juez de Instrucción del caso, Miguel Ángel Tabarés, concluyó que no se había producido un ataque «realmente relevante a la propiedad» y valoraba aspectos como la «carencia absoluta de techo».
Otro hito subrayado en el libro es la huelga general del 29 de marzo de 2012. Sólo en Madrid, destacan los autores de «La bestia sin bozal», la Delegación del Gobierno movilizó a 3.000 policías frente a los piquetes. «No fue ninguna casualidad que la jornada, con cerca de 200 detenidos, se convirtiera en la huelga general con mayor represión y mayor participación de los últimos tiempos», señalan Gerardo Pisarello y Jaume Asens. Añaden que la policía «utilizó de manera abusiva tipos penales como los desórdenes públicos o los atentados a la autoridad; y se recurrió incluso a forzadas imputaciones que vinculaban la protesta al fenómeno de la organización criminal o del terrorismo». Todo ello, tal vez, esté relacionado con la figura del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hijo de un militar franquista, y que tras pasar (el actual ministro) por el Centro Democrático y Social (CDS), recaló en la Alianza Popular (AP) de Fraga Iribarne. En 1982 Fernández Díaz, entonces gobernador civil de Barcelona, mandó a prisión a seis independentistas por portar una pancarta con el lema «indepèndencia» en una manifestación contra la LOAPA.
El libro de Gerardo Pisarello y Jaume Asens ofrece una radiografía completa de las protestas en los últimos años. Dedica un capítulo completo a la actividad del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y al fenómeno de las ocupaciones. También a la acción de «Rodea el Congreso» el 25 de septiembre de 2012 en Madrid, donde un dispositivo formado por casi 2.000 policías antidisturbios anunciaba la represión posterior en la Plaza de Neptuno: 35 personas detenidas y 64 atendidas por los servicios de emergencias. Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, entre el griterío de la extrema derecha periodística, resolvió que la libertad de expresión amparaba los fines de la protesta. Parecida situación se vivió con motivo de la «huelga general ibérica» convocada el 14 de noviembre de 2012 (sólo en Andalucía se desplegaron 18.000 agentes).
Otro asunto es lo que ocurre con las detenciones. Según los autores de «La bestia sin bozal», aunque la detención debe ser fruto y consecuencia final de una investigación, es frecuente que primero se detenga y luego se investigue. O que las detenciones se produzcan, como ocurre en muchos casos, a partir de sospechas leves. Y en los centros de trabajo o en los domicilios particulares a altas horas de la noche. Además, una cosa es lo que reza la teoría jurídica y otra la praxis. Muchas veces no se permite a los abogados acceder al atestado policial, o que la defensa pueda comunicarse con el detenido antes y después de la declaración.
La policía se extralimita en los plazos de detención, de manera que «el tiempo se convierte en un instrumento útil para conseguir una confesión, sobre todo en el supuesto de la detención incomunicada, que tiene unos plazos de prórroga muy amplios». Así, «la policía aparece investida de auténticos poderes de instrucción que, de hecho, puede ejercer con total autonomía». A ello se agrega la identificación arbitraria de manifestantes y disidentes, práctica policial que se ha generalizado en los últimos años. En 2013, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura documentó 288 casos de agresiones y malos tratos en el estado español durante el año anterior.
En el terreno de las identificaciones bien puede apreciarse la doble escala que adopta el poder del estado. Tras la difusión de vídeos de policías encapuchados que actuaban «infiltrados» en la manifestación del 25-S, el Ministerio del Interior anunció su intención de poner coto a la propagación de imágenes de agentes ejerciendo sus funciones. Pero en julio de 2013, la Dirección General de la Policía anunció la adquisición de videocámaras integradas en los cascos de los agentes, con las que se podía grabar a activistas. Una doble vara de medición. El gobierno catalán inauguró una página web con fotografías de disidentes. Habitualmente, y aunque ello vulnera la Ley de Protección de Datos, la policía cuenta con archivos o ficheros de carácter político con información de personas sin antecedentes penales, destacan Gerardo Pisarello y Jaume Asens. El sueño de Leviatán produce monstruos.
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