La norma promulgada el 26 de diciembre de 2008 asumió la impunidad de los represores y no anuló las condenas a los demócratas, como ha ocurrido en Cataluña
A los dirigentes del Partido Popular (PP) se les atragantó desde el minuto uno la Ley de la Memoria Histórica (ley de mínimos), de cuya entrada en vigor se cumplen ahora nueve años (el 26 de diciembre). El actual presidente del Gobierno y entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, proclamó que si ganaba las elecciones de marzo de 2008 la derogaría inmediatamente. Gastaba entonces un diccionario de insultos contra el «buenista» José Luis Rodríguez Zapatero (ZP a la mexicana), despreciaba a las víctimas de la dictadura (sólo las de ETA daban votos) con sus muertos en campos y cunetas y abusaba de la muletilla preferida de Hitler («todo alemán decente»), cambiando el gentilicio («todo español decente») como si hubiera españoles indecentes. Sin embargo, fracasó en aquellas elecciones y la ley comenzó a aplicarse trabajosamente.
Fueron cuatro años (de 2008 a 2012) de intensa limpieza de símbolos, estatuas a pie y a caballo, nombres y vestigios de la dictadura franquista esparcidos por todos los rincones de la geografía. Incluso la ministra de Defensa, Carme Chacón, consiguió limpiar (salvo excepciones de alto valor artístico) los cuarteles militares y eliminó estatuas, tallas, medallones y demás fanfarria del dictador y sus secuaces golpistas. Algunos mandos de la Armada se resistieron a obedecer la orden, pero la limpieza fue casi total, con un balance de más de 3.000 efectos retirados, entre ellos, la estatua ecuestre del llamado generalísimo de la entrada de la Academia Militar de Zaragoza. ¿Cabía mayor sorpresa para los mandos de la OTAN que toparse con el dictador ecuestre o tener que transitar en la base aérea de Albacete por la avenida de la Legión Cóndor, la misma que arrasó Gernika?
Limpieza de símbolos
La limpieza de los símbolos de la dictadura comenzó por los edificios y establecimientos de la Administracion General del Estado. Era una tarea pendiente desde la Transición. En los treinta años transcurridos desde la aprobación de la Constitución (1978-2008), los sucesivos gobiernos (Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar) no habían tenido tiempo de adecentar el país. La ley extendía la obligación a las administraciones autonómicas y locales de proseguir la limpieza, aunque la renuencia del PP, que incrementó su poder territorial en la primavera de 2011, mantuvo las calles y los callejeros plagados de nombres e iconos facciosos.
Todavía el pasado 1 de diciembre, el presidente Rajoy decía en Costa de Marfil durante una visita a la fragata Infanta Elena, fondeada en Abiyán, que para él la calle donde había vivido en Marín (Pontevedra), cerca de la Academia Naval, «seguirá siendo de Salvador Moreno» y le seguirá llamando así. «No sé por qué le han cambiado el nombre», confesaba. Su supuesta y superlativa ignorancia se enmarcaba en el indisimulado deseo de agradar a los oficiales del buque de guerra, a los que suponía elementos retardatarios.
Rajoy se conducía como ningún jefe de gobierno de un país democrático se atrevería a hacerlo. En primer lugar porque el almirante Salvador Moreno Fernández (ministro de Marina con Franco en dos ocasiones) fue un golpista y criminal de guerra de la peor especie: cañoneó a la población civil de Málaga cuando huía hacia Almería por la carretera costera, hecho tristemente conocido como ‘La Desbandá’, matando a más de tres mil personas, mayoritariamente mujeres, ancianos y niños. El juez Baltasar Garzón lo responsabilizó junto a otros 34 individuos del plan de exterminio de demócratas republicanos que, según datos provisionales, supuso la desaparición (y muerte) de más de 114.000 personas. En segundo lugar, porque Rajoy despreció implícitamente con sus palabras a la poeta gallega, cumbre del romanticismo, Rosalía de Castro, cuyo nombre fue dado a la calle en 2002 por los concejales del PSOE y el BNG de Marín (el PP votó en contra). Y en tercer lugar porque demostró una vez más su repugnancia hacia aquella ley que obliga a retirar de los espacios públicos «todo símbolo y mención conmemorativas y de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura».
Recuperación de la nacionalidad
Junto a la limpieza de la quincalla de la dictadura, la norma, defendida por la vicepresidenta y actual consejera de Estado María Teresa Fernández de la Vega, reconoció la nacionalidad española sin renunciar a la suya, a los hijos y nietos de quienes tuvieron que abandonar España a raíz de la sublevación militar del general Franco, apoyada por el clero, la oligarquía y los gobiernos nazifascistas de Hitler y Mussolini. Fueron más de setecientas mil personas las que la solicitaron. La norma también reconoció la nacionalidad a los «voluntarios de la libertad» que, siendo jóvenes, acudieron a España a combatir al fascismo. Aquellos brigadistas internacionales de más de 50 países resultaron decisivos en la defensa de Madrid frente a las tropas franquistas que con el apoyo de la aviación y la maquinaria de guerra alemana e italiana se disponían a asaltar la capital a primeros de noviembre de 1936.
La creación del Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca (y la devolución a Cataluña de los archivos incautados por el franquismo, antes de que se aprobara la ley) se cuenta entre los avances registrados con la aplicación de la norma. La tarea de recuperación de los archivos republicanos fue extraordinaria por parte del entonces director general del libro, archivos y bibliotecas, Rogelio Blanco. Desde Moscú llegaron las fichas y documentos de los llamados «niños de la guerra», evacuados en los barcos. También documentos gráficos y filmografía de un valor histórico extraordinario. Herederos de dirigentes republicanos en el exilio aportaron archivos y documentos de gran valor histórico desde México, Chile y Argentina, principalmente. La Cruz Roja Internacional aportó desde sus archivos en Ginebra la relación de las personas («quintacolumnistas» de Queipo) que fueron sacadas de la cárcel de Porlier en Madrid en noviembre de 1936, unos días antes del anunciado asalto a la capital, y fusiladas en Paracuellos del Jarama.
Escollo del Valle de los Caídos
Ingente fue la tarea de datar y reconocer las obras de todo tipo (también la reconstrucción de iglesias) realizadas por los presos republicanos. La sola enumeración e identificación topográfica de esas obras ocupaba doce carpetas de veinte centímetros de lomo cada una. Tan valiosa información sobre los llamados batallones penitenciarios fue depositada en el Centro Documental de la Memoria, en Salamanca, sin que se haya cumplido la previsión de la ley de honrar la memoria de aquellas víctimas de la dictadura, sometidas a trabajos forzados, colocando placas para el recuerdo en las obras civiles más emblemáticas. Gran parte de aquella documentación, todavía hoy desconocida para el gran público, se acumulaba en el Tribunal de Cuentas del Reino por razones contables y demostraba el beneficio para el régimen y las empresas de los «esclavos de Franco», los presos republicanos. El Tribunal tardó bastante en aportar los datos (exigió un convenio con el Ministerio de Cultura y ninguneó todo lo que pudo a la ministra Ángeles González Sinde). Falta, no obstante, mucha documentación del organismo Regiones Devastadas, que dependía del Ministerio de la Gobernación y era tutelado por el propio dictador en algunas zonas y controlado por los militares.
La Ley de Memoria Histórica sobrevoló Cuelgamuros, la obra ideada por el dictador en la montaña granítica del Guadarrama como mausoleo para sí y los que murieron por su causa. El dictador padecía el síndrome de Keops y ya se recordará que sólo respondía ante dios y ante la historia. En horadar la roca emplearon a miles de presos republicanos. Muchos murieron en accidentes. En el llamado Valle de los Caídos obtuvieron grandes beneficios los señores Banus, unos contratistas catalanes que después construyeron en Madrid una barriada de infraviviendas para obreros emigrantes y le pusieron el nombre (Pilar) de la querida (amante) de uno de ellos.
Los restos del jefe de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, fueron trasladados a hombros en una larga marcha a pie desde Alicante para inaugurar el megamausoleo en la loma de la montaña. Y tras ellos, fueron desenterrados y trasladados, con la debida documentación, los de varios miles de muertos del bando sublevado (nacional). Estos traslados se realizaron en perfecto orden y se prolongaron desde los años sesenta hasta después de la muerte de Franco. Comoquiera que algunos alcaldes franquistas protestaron porque sólo iban a quedar restos de republicanos en los cementerios de sus pueblos, el ministro de la Gobernación Camilo Alonso Vega dispuso que los empaquetaran para el Valle de los Caídos sin identificar ni consultar a las familias. Se estima que los huesos de unas 30.000 personas fueron trasladados de este modo.
A partir de la aprobación de la ley, una comisión de expertos examinó el mausoleo y dictaminó la complejidad y el alto coste que tendría su identificación, dado que se almacenaron mezclados, sin distinción de zonas ni lugares de procedencia. Eso sin contar el mal estado de conservación de las instalaciones, cuyas reparaciones básicas para evitar las filtraciones y los derrumbres supusieron más de ocho millones de euros entre 2005 y 2009. Así ha quedado el asunto hasta hoy.
Fosas comunes
La norma vino a confirmar la ayuda a las asociaciones de la memoria histórica para localizar y recuperar los restos de las personas desaparecidas, asesinadas y enterradas en campos y cunetas. Se estima que fueron mas de 120.000. La aportación presupuestada como ayuda oficial para este cometido y para otras medidas previstas en la ley no superaba los cinco millones de euros, una cifra ridícula para la magnitud del cometido. El Mapa de Fosas presentado en 2011 por el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, vino a demostrar que las familias y las asociaciones trabajaban por recuperar a sus seres queridos sin ayuda ni para realizar las pruebas de ADN.
Con todo, a partir de 2012, con la llegada del PP al Gobierno, se pasó de lo poco a la nada. Rajoy cumplió el anuncio de 2008 de «no dedicar ni un céntimo de dinero publico» a la recuperación de los demócratas republicanos asesinados en los campos y contra las tapias de los cementerios, y redujo la partida presupuestaria a dos millones en 2013 y a cero el año siguiente. Gran papel el de su vicepresidenta, la vallisoletana Soraya Saénz de Santamaría, en el Congreso de los Diputados, achacando la decisión a la crisis económica, por no reproducir las miserables palabras del actual portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, sobre los hijos y nietos de los desaparecidos.
Impunidad y condenas irrevocables
Más allá de reconocer algunas ayudas (pensiones complementaria) a quienes sufrieron cárcel por sus ideas, confesiones religiosas y condición sexual, la Ley de Memoria Histórica ni siquiera calificó de «nulas» de pleno derecho las condenas de los tribunales franquistas (compuestos por militares y falangistas) a muerte, cadena perpetua y veinte años de reclusión, a miles de demócratas republicanos, algo que, sin embargo, el PSOE había propuesto en 2003, como recuerda el portavoz de ERC, Joan Tardà. Por ser una ley de mínimos para no soliviantar a una derecha política todavía manejada por hijos y nietos de prebostes de la dictadura, el Gobierno de Zapatero evitó enfrentarse a la «legalidad» franquista y sólo alcanzó a extender certificados de ilegitimidad de las condenas a los familiares de las víctimas para restablecer, en palabras de Teresa de la Vega, su honorabilidad tantos años pisoteada. La excusa fue la «seguridad jurídica». Y los aliados de ERC y Los Verdes catalanes, decepcionados, votaron en contra. En junio pasado, sin embargo, los socialistas respaldaron en el Parlamento de Cataluña la ley que anula las 60.000 condenas de los tribunales franquistas en esta comunidad autónoma.
Aunque la ley no ofreció justicia a las víctimas ni, mucho menos, castigo a los responsable de los crímenes de lesa humanidad (que no prescriben), el PP no la aceptó. Lanzó al andaluz Manuel Atencia como kamikace contra ella, aunque luego, en la Comisión Constitucional que presidía Alfonso Guerra, su portavoz, Jorge Fernández Díaz, católico medular y amigo personal de Rajoy, aceptó algunos artículos. El socialista Diego López Garrido consiguió el respaldo de los nacionalistas de CiU y PNV y que la IU de Gaspar Llamazares aceptara el texto, una ley cuyo recorrido ha finalizado. De hecho ya ha sido superado por las normas autonómicas en el País Vasco, Cataluña y Andalucía.
Paradójico fue que el debate comenzase ocho días después de la muerte del dictador chileno, Augusto Pinochet, condenado gracias al impulso de la justicia española (del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón) en aplicación la de jurisdicción universal de los derechos humanos y que en España ni se anulasen siquiera los consejos de guerra. El propio juez Garzón, que en 2006 acogió las documentadas denuncias de las víctimas de la criminal represión de la dictadura, instruyó la causa contra los responsables franquistas y fue acusado de «prevaricación» y juzgado por ello en el Tribunal Supremo.
Y no menos paradójico resulta que el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo (un Polo del clan de Pontevedra) respondiera hace unas semanas al socialista Odón Elorza en el Congreso que «queremos trabajar en la aplicación real de una ley que busca el olvido y la reparación de las víctimas». El término «olvido» fue, sin duda, un lapsus. Y que se atribuyera el trabajo de los funcionarios públicos y la acción de autonomías y ayuntamientos como acción del Gobierno de Rajoy en la materia.
El nuevo impulso del PSOE
Desde la oposición, el PSOE plantea nuevos pasos: que el Estado cumpla con su obligación y se ponga al frente de la apertura de las fosas para recuperar la dignidad de las víctimas, que haga un plan de exhumaciones, se ayude a las familias, se cree un banco de ADN, se constituya la Comisión de la Verdad y se acabe con la situación del Valle de los Caídos para empezar, sacando de allí los restos del genocida entregándoselos a sus familiares. «¿Es ejemplar? ¿Ayuda a la reconciliación? ¿Ayuda a aportar justicia, verdad y reparación a las víctimas que un Estado democrático mantenga al dictador enterrado en un altar presidiendo los restos de 33700 víctimas de la Guerra Civil?», preguntaba Elorza al ministro Catalá Polo sin obtener respuesta.
Y puesto que el presidente del Senado, Pío García Escudero, encabezó en Buenos Aires un homenaje a las víctimas de la dictadura argentina, coincidiendo con las condenas a los autores de los «vuelos de la muerte», los socialistas han pedido un homenaje a las familias de las víctimas del franquismo en la Cámara Alta, aunque aquí nadie haya sido condenado y los sucesivos gobiernos hayan incumplido la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de derogar la ley de amnistía. Desde Podemos a las Juventudes Socialistas reclaman el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU en esta y otras materias ahora que, desde el 1 de enero, España va a presidir esta comisión.