No estamos en contra de las Leyes de Igualdad entre mujeres y hombres. Al contrario, nos parecen necesarias, pero siempre que sean Leyes normativas de carácter dispositivo y no promocionales o de fomento, y el anteproyecto que el Estado español acaba de aprobar tiene una mezcla que no deja de ser preocupante. Según el texto, […]
No estamos en contra de las Leyes de Igualdad entre mujeres y hombres. Al contrario, nos parecen necesarias, pero siempre que sean Leyes normativas de carácter dispositivo y no promocionales o de fomento, y el anteproyecto que el Estado español acaba de aprobar tiene una mezcla que no deja de ser preocupante.
Según el texto, el objetivo es hacer efectivo el principio de igualdad de trato y la eliminación de toda discriminación contra las mujeres y, para ello, contempla medidas transversales en la vida política, jurídica y social. Habrá que ver lo que queda después del paso por las Cortes, pero, de momento, y haciéndonos eco de lo que más se ha aireado planes de igualdad en las empresas y permiso de paternidad, ninguna de las dos cuestiones son satisfactorias, por mucho que lleven la rúbrica de CCOO y UGT. Menos, todavía, cuando la patronal ya se ha opuesto y vemos a Zapatero, el 8 de Marzo, pidiendo a los empresarios que «ayuden a aplicar la Ley de Igualdad».
En cuanto a los planes en las empresas, establece que todas deberán incluir medidas para favorecer la igualdad y que aquellas de más de 250 integrantes tendrán que desarrollar un plan. Esto supone analizar el acceso de hombres y mujeres al empleo, a las diferentes categorías, a la promoción y a la formación para detectar desigualdades. ¿Pero es obligatorio? El ministro de Trabajo aclara el coeficiente reductor que han aplicado: «No fijamos máximos ni mínimos, sino que emplazamos a la negociación colectiva de los planes, de forma que los empresarios tienen un papel que jugar. La ley no predetermina resultados, sino que orienta en igualdad salarial, ascenso y promoción de las mujeres, conciliación de la vida familiar y laboral y flexibilidad de los horarios».
El otro aspecto que se ha quedado corto es el aumento en los días de permiso por paternidad, de dos a diez. CCOO y UGT pretendían que el permiso para los hombres fuera de cuatro semanas, pero han firmado lo que antecede. Quien sigue reivindicando al menos cuatro semanas es la Plataforma Cívica por el permiso de paternidad intransferible. Lo hace con razones contundentes desde la perspectiva de igualdad de trato y conciliación de la vida familiar y laboral.
Manifiesta: Que un permiso de paternidad reconocido explícitamente como tal es un logro social importante hacia la igualdad ante la ley y hacia una redistribución equitativa de responsabilidades que hoy cargan sobre las espaldas de las mujeres. Que, mientras persista la desigualdad, las empresas se seguirán negando a contratar mujeres o las expulsarán a la vuelta del permiso de maternidad. Que, por muchos planes y por muchas bonificaciones a la contratación que haya, las mujeres se verán condenadas al empleo precario. Por ello, pide un permiso de paternidad intransferible y, además, reclama que sea obligatorio, ya que, si no, en muchas empresas los trabajadores, aunque lo deseen, no se atreverán a solicitarlo y, si lo hacen, serán objeto de algunas de las presiones y discriminaciones que hoy sufren las mujeres.
¿Y qué decir de la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres de la CAPV que, aprobada in extremis en la legislatura anterior, Ibarretxe la calificó como la más importante y que marcaría un antes y un después en Euskadi? ¿Real o pretenciosa? Pues lo más suave es que le falta toda la reglamentación para que sea eficaz, algo que depende exclusivamente del Gobierno Vasco. De momento, no deja de ser un texto de buenas intenciones que, incluso en lo que sería ya exigible la paridad en el ámbito de las Administraciones Vascas ni siquiera es un hecho.
Así, se pueden producir situaciones tan graves como que se organicen, con el apoyo de sus ayuntamientos, Alardes discriminatorios, a pesar de que la Ley establece su prohibición. El de Irun ya tiene el pistoletazo de salida, con la aprobación por el Ayuntamiento. ¿Por qué no «convence» Santano a los Betikos como hizo Elorza con los no menos irreductibles de Gaztelubide? ¿Qué sanción o de qué modo va a actuar el Gobierno Vasco para «prohibir» como dice la norma estos Alardes? ¿Va a ser tan contundente Balza, como lo es cumpliendo las «sugerencias» fiscales o judiciales de otros actos?