El Gobierno español debería anteponer el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos a sus intereses políticos y rechazar las presiones económicas que pudiesen surgir al respecto. Así lo creen las ONG firmantes de un manifiesto de apoyo a la jurisdicción universal, que han solicitado al Ejecutivo que no siga adelante con […]
El Gobierno español debería anteponer el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos a sus intereses políticos y rechazar las presiones económicas que pudiesen surgir al respecto.
Así lo creen las ONG firmantes de un manifiesto de apoyo a la jurisdicción universal, que han solicitado al Ejecutivo que no siga adelante con la reforma legislativa que restringe la potestad de los tribunales españoles.
En la práctica, el Congreso impide que la Audiencia Nacional investigue casos de tortura o genocidio en el extranjero, excepto que los presuntos responsables de los delitos se encuentren en nuestro país o que existan víctimas de nacionalidad española.
«El caso de las matanzas practicadas por el Ejército israelí es el más claro», indica Paco Calderón, vicepresidente de Sodepaz, quien cree que la decisión del Ejecutivo está relacionada con la decisión del juez Fernando Abreu de imputar al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares por un ataque en Gaza en el que murieron 14 civiles.
«Lo normal es que hubiese unos tribunales internacionales que juzgasen este tipo de casos, pero como al final no resulta así la posibilidad de que un tribunal español los saque adelante es muy importante», añade Calderón, quien cree que las presiones de Israel «han sido evidentes». Guantánamo, Tíbet o los desaparecidos ya son causas perdidas.
«Una limitación de los derechos de las víctimas»
Organizaciones, sindicatos y asociaciones de derechos humanos consideran, sin embargo, que «España tiene la obligación de mantener intacto en su legislación el principio de jurisdicción universal para juzgar a los responsables de la comisión de crímenes de guerra«. Por ello, creen que la citada resolución incurre en un «claro incumplimiento de las obligaciones convencionales asumidas por el Estado español» y, en casos de genocidio, en «un acto de encubrimiento».
El manifiesto, que cuenta con el respaldo de personas del ámbito académico, político y jurídico, expone que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitará la jurisdicción universal traerá consigo, además, «una evidente limitación de los derechos de las víctimas».
Calderón es consciente de que es difícil plantar (físicamente) ante un juez español a un presunto genocida, pero eso no resta valor al intento. «Es algo simbólico, formal, pero importante. Porque así se demuestra a nivel internacional que no se debe ni puede actuar, por ejemplo, como las dictaduras argentina o chilena», concluye el vicepresidente de Sodepaz, que ha estampado su firma junto a UGT, Ecologistas en Acción, CEAR o Unión Sindical Obrera, entre otras muchas organizaciones.