A pesar de la demanda de Energy Transfer que amenaza con llevar a Greenpeace a la bancarrota, 2025 promete ser un año cargado de decisiones clave para la justicia climática.
El juicio por la demanda de la empresa Energy Transfer (ET) contra Greenpeace, que exige a la organización el pago de una indemnización de 300 millones de dólares por incitar unas protestas contra el oleoducto Dakota Access en Estados Unidos, ya ha empezado. El caso, que amenaza a esta ONG con la quiebra, es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la crisis climática también tiene lugar en los juzgados y de cómo cada vez más entidades ecologistas, individuos y también corporaciones contaminantes aprovechan las herramientas legales a su alcance para lograr sus objetivos.
Este juicio llega, además, bajo el nuevo Gobierno de Trump, abiertamente negacionista del cambio climático y a favor de los intereses de la industria fósil. “Es un claro ejemplo de cómo las corporaciones abusan del sistema legal para silenciar a los críticos y mantener en secreto sus operaciones”, explica Sushma Raman, directora ejecutiva interina de Greenpeace en Estados Unidos, en un comunicado. “También es una prueba crítica para el futuro de los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica bajo la administración Trump”.
Más allá de las implicaciones que pueda tener este caso (el juicio tendrá una duración aproximada de cinco semanas), la primera mitad de 2025 estará cargada de decisiones judiciales clave para la batalla climática en los juzgados. El caso del ciudadano peruano Saúl Luciano Lliuya frente al gigante energético alemán RWE y los posicionamientos de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad de los Estados para proteger los derechos humanos frente a la emergencia climática se resolverán en los próximos meses.
Los litigios climáticos de 2025
En la última década, los litigios climáticos se han convertido en una poderosa herramienta para exigir responsabilidades a los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Se han presentado más de 2.600 casos contra empresas y gobiernos, y la mayoría siguen todavía pendientes de resolución definitiva. 2024 fue un año clave, con el inicio de varios juicios importantes, la resolución de casos de gran calado –como el de las KlimaSeniorinnen (las señoras del clima), que llevaron al Gobierno suizo a los tribunales– y los avances en otros litigios que llevan años estancados. A lo largo de los primeros meses de 2025 también se esperan avances clave en justicia climática.
“Los tribunales exigen cada vez más responsabilidades a gobiernos y empresas por el cambio climático. A pesar del difícil comienzo de 2025, espero que el impulso continúe. Dadas las tendencias actuales, es probable que los casos contra las compañías de combustibles fósiles sigan creciendo. Ya se han presentado más de 80 demandas contra las llamadas carbon majors y ese número se ha triplicado anualmente desde la firma del Acuerdo de París. Esta tendencia no se va a frenar”, señaló Joanna Setzer, investigadora en el Grantham Research Institute on Climate de la London School of Economics, en un encuentro organizado por el Global Strategic Communications Council (GSCC).
La audiencia definitiva del caso de Saúl frente a RWE tendrá lugar entre el 17 y el 19 de marzo. La demanda, que fue presentada hace más de nueve años de la mano de la ONG alemana Germanwatch, persigue delimitar la responsabilidad de esta gran energética en el cambio climático y sus consecuencias. El demandante Saúl Luciano Lliuya busca una compensación para los habitantes de Huaraz, en Perú, que les ayude a minimizar los riesgos derivados del deshielo de los glaciares, pero el caso también podría marcar un antes y un después a la hora de definir las responsabilidades en un problema global cuyos efectos no entienden de fronteras.
“Las empresas de combustibles fósiles se escudan en diferenciar entre el negocio de la extracción de los combustibles y su uso. Es decir, se escudan en que la contaminación no se produce en la extracción, sino cuando el usuario conduce el coche. Pero en el caso de Saúl frente a RWE estamos viendo que el tribunal está adoptando un enfoque mucho más flexible en este tema”, explicó Joe Snape, abogado sénior de la organización Leigh Day, en el encuentro de GSCC. “Independientemente del resultado de la vista, se ha establecido el marco para la forma en que se pueden alegar y presentar casos similares. Estamos viendo sus repercusiones en todo el mundo”, añade.
El cambio climático y los derechos humanos
«2025 es también el año en el que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirán sus dictámenes, lo que podría proporcionar un marco jurídico claro para responsabilizar del cambio climático a los grandes contaminadores y reforzar el derecho a la reparación”, añadió Joie Chowdhury, abogada sénior del Center for International Environmental Law, en el mismo encuentro. Ambos casos no son juicios al uso, pero su resolución puede ser de gran importancia.
En el caso del tribunal interamericano, Chile y Colombia solicitaron que la corte aclarase las obligaciones de los Estados en el contexto de la emergencia climática y la responsabilidad de los mismos de proteger los derechos humanos en ese escenario. Tras escuchar a cientos de organizaciones y afectados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará en algún momento de los meses de mayo o junio.
En el otro caso, la Corte Internacional de Justicia debe ofrecer una aclaración sobre cuáles son las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional en relación con el cambio climático y cuáles son las consecuencias jurídicas de no cumplir con estas obligaciones. Su resolución también se espera para el mes de junio. “Se han violado muchas leyes, se han perdido muchas vidas y muy pocos responsables han rendido cuentas”, recalcó Chowdhury. “Los Estados, los pueblos y los individuos esperan que el tribunal muestre con claridad el camino a seguir para lograr las reparaciones necesarias”.
¿Una nueva ola de litigios reaccionarios en Estados Unidos?
Buena parte de los litigios climáticos contra las petroleras se concentran en Estados Unidos. Allí, aunque el sistema judicial es independiente del poder ejecutivo y del legislativo, la presidencia tiene formas de influir en algunas de sus decisiones y de marcar las líneas a seguir (por ejemplo, a través del fiscal general, cuya opinión puede ser requerida en algunos casos). Por eso, más allá de que el gobierno de Donald Trump suponga un impulso para el negacionismo climático y para la protección de los intereses de los combustibles fósiles, también tiene el potencial de afectar a la batalla climática en los juzgados.
“Existe mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. La gran pregunta es hasta qué punto el sistema judicial se va a politizar y se va a ver influido por la postura de la fiscalía”, señaló Joanna Setzer, de la London School of Economics, en el encuentro de GSCC. “Muchos estamos preocupados por los cambios que pueda provocar la nueva administración, pero no hay un sentimiento de derrota anticipada ni mucho menos, solo vamos a tener que planear nuestros próximos pasos con mucho cuidado”, añadió Joie Chowdhury.
Al mismo tiempo, casos como el de Energy Transfer contra Greenpeace sirven de recordatorio de que la industria fósil también tiene a su alcance las mismas herramientas legales. Energy Transfer acusa a la ONG de motivar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock contra la construcción del oleoducto Dakota Access en 2016, lo que retrasó el proyecto y elevó sus costes. “Este caso puede establecer nuevos precedentes legales peligrosos que puedan hacer a cualquier participante en protestas susceptible de ser responsable de las acciones de otros”, concluía Deepa Padmanabha, asesora legal de Greenpeace en Estados Unidos, en el comunicado de la organización.