Al margen del seguidismo que ha caracterizado a la política exterior de España respecto a Estados Unidos durante los últimos años, podemos identificar bastantes factores, sobre todo de tipo comercial y financiero, que implican a nuestro país en el escenario del fallido golpe venezolano con unos intereses difícilmente compatibles con un gobierno poco propenso al […]
Al margen del seguidismo que ha caracterizado a la política exterior de España respecto a Estados Unidos durante los últimos años, podemos identificar bastantes factores, sobre todo de tipo comercial y financiero, que implican a nuestro país en el escenario del fallido golpe venezolano con unos intereses difícilmente compatibles con un gobierno poco propenso al neoliberalismo. Son muchas las grandes empresas de capital español que tienen presencia en el mercado venezolano, especialmente entidades financieras (BBVA o BSCH, petroleras (Repsol YPF), de telecomunicaciones (Telefónica), turismo, etc., en total más de 80 compañías según el registro comercial de España. En algunos casos, los intereses espurios de tipo empresarial no pueden ocultarse bajo el velo de la casualidad, como la absorción del Banco de Caracas por parte del BSCH[1] fechada el 15 de abril del 2002[2].
Así lo puso de manifiesto la postura tibia[3] con la que el ministro español de Asuntos Exteriores (y ministro de turno de la Unión Europea[4]) reaccionó ante los hechos del golpe -más preocupado por el respeto a la libertad de expresión de los medios que por condenar un golpe de estado que acababa de derrocar a un gobierno democrático-, así como el firme respaldo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a la efímera presidencia del responsable de Fedecámaras[5]. Eso puede ayudar a comprender la predisposición frívola e irrespetuosa con la que la mayoría de los medios españoles describieron los graves hechos que estaban sucediendo en Venezuela.
De todas las vinculaciones posibles de empresas españolas con el mercado venezolano, las más notorias se dan en el campo de la comunicación. El grupo PRISA es el que más destaca por su participación en los grandes conglomerados mediáticos latinoamericanos, siendo el venezolano Grupo Cisneros su aliado más estrecho y poderoso. PRISA y Cisneros comparten muchos y cuantiosos intereses comerciales en diversos terrenos, especialmente, como no, en el comunicativo. Además de participar ambos en el megagrupo Valores Valbavaria, de capital mayoritario colombiano, tienen acuerdo de colaboración entre sus respectivas plataformas digitales Sogecable y Direct TV, consolidado desde 1996 y al alza desde que se firmara en 2002 el acuerdo para integrar las dos plataformas españolas Sogecable y Vía Digital, dado que Direct TV también es accionista de ésta última.
Es en este escenario de intereses en el que se produce el golpe que, lejos de ser espontáneo, se había planificado detalladamente desde hacía semanas o incluso meses con la connivencia (o al menos el conocimiento) -como muchos foros alternativos e incluso periodistas y analistas internacionales han denunciado- de gobiernos como el de Estados Unidos o España, y especialmente, de los medios de comunicación privados. Esta dimensión del episodio venezolano apenas tuvo presencia en el discurso de los medios españoles durante aquellos días, y la poca que tuvo fue en forma de aceptación acrítica de los gestos institucionales que tendían a consolidar el gobierno de Carmona.
La implicación de España en este episodio fue bastante más notoria que lo que mostraron los medios, llegando a ocultarla absolutamente. En la mayoría de los casos, sin embargo, al tratamiento informativo se le aplicó un sesgo atenuante que convirtió lo que era una bendición institucional de un golpe de estado en una disposición de prudencia y serenidad que decía esperar información sobre los hechos, cuando lo que se deducía de toda la secuencia informativa parecía dar a entender una bienvenida al gobierno ilegal e ilegítimo que acababa de hacerse con el poder.
El primer signo de aprobación en este sentido llegaba en el informativo vespertino de Radio 1 del viernes 12, en el que Guillermo Orduna informaba sin más realce de que la «UE confía en que el gobierno de transición respete los valores democráticos para que se supere la crisis» (12 abril: 20.00), dato que volvía a aceptarse en la tertulia nocturna de Manuel Antonio Rico, si bien se hacía un breve cuestionamiento sobre la indefinición de la «normalización democrática» que reclamaba la declaración hispano-estadounidense. Las respuestas surgidas admitían que la declaración suponía una «bendición» del golpe por parte del gobierno y que no sería tan desatinada cuando también lo bendecían diferentes representantes del partido de la oposición. Parecía pues natural, que el presidente Aznar expresara a Carmona en conversación telefónica su apoyo a esa indefinida normalización democrática, por muy golpista que fuera su gobierno (12 abril:23.00).
ABC explicaba en un despiece de su edición del sábado que la nota conjunta de EEUU y España era la inauguración del mecanismo de «diálogo reforzado» (13 abril: 23) aprobado por ambos gobiernos en 2001, pero los eufemismos que venían a continuación no aclaraban que lo que la nota transmitía era el apoyo institucional firme y reforzado al nuevo gobierno golpista. Sí era más explicito el apunte a la «disponibilidad» ofrecida por Aznar a Pedro Carmona «para la transición política», ofrecimiento que quedaba más reforzado con el amplio artículo que cubría casi toda la página con el optimismo de la colonia española por «la dimisión de Chávez», y cuyo subtítulo recogía el testimonio: «El cambio político va a ser positivo para Venezuela, América y el mundo» (13 abril: 23). Las palabras del embajador Manuel Viturro contribuían con el optimismo y la «absoluta tranquilidad»: «El ambiente es de que las aguas están volviendo a su cauce».
Federico Jiménez Losantos y los tertulianos de la COPE se debatían entre el lamento por las muertes de Miraflores «ordenadas por Chávez» y el júbilo por lo que parecía un gobierno popular, con cuyo presidente interino había hablado Aznar para ponerse «a su disposición». La pretendida naturalidad de la iniciativa del presidente español quedaba además remarcada con nuevas críticas a Gaspar Llamazares por su exigencia de esperar a las próximas elecciones para un eventual cambio de gobierno en Venezuela, declaración que para Jiménez Losantos era la muestra de que el líder de Izquierda Unida «es un infiltrado para destruir a IU»; «lo poco que queda de la organización», remataba Víctor de la Serna.
El Mundo volvió a ser en este punto el medio que mejor retrató la escena, si bien rehusó valorar la «sintonía entre Washington y Madrid». Este diario fue el único medio que aportó datos sobre una primera reacción de repulsa por parte de algunas cancillerías ante lo que se presentaba como «un régimen militar», y que detalló información sobre la cita que Carmona tenía en España con Piqué y representantes de la CEOE, que suspendió sorpresivamente para sumarse a la huelga general. También fue el único que resaltó el apoyo expresado por la CEOE al gobierno interino (13 abril, 5). Claro que también fue El Mundo el que publicó las críticas de Gustavo de Arístegui a la «política exterior chavista errática y desafiante», frente a la que «algunos países como el nuestro hicieron muy loables esfuerzos para encauzar tanta irresponsabilidad política» (14 abril: 27).
El País también tuvo su acierto al poner en evidencia la tibieza de la intervención española con el titular «España evita calificar el derrocamiento de Chávez y pide una rápida vuelta a la normalidad democrática», si bien el cuerpo de la noticia no ponía ningún acento al elocuente hecho de que Aznar reiterara por teléfono al nuevo presidente «su ‘repulsa por la pérdida de vidas humanas’ y su ‘solidaridad’ con el pueblo de Venezuela. En este pequeño artículo se pretendía aclarar además que «la ‘prudencia y cautela’ de esta reacción se explica por el desarrollo de unas relaciones que, pese a la excentricidad del polémico Chávez, ha estado lejos de ser negativo». Se justificaba, pues, la cautela no tanto porque hubiera dudas sobre el golpe de estado y faltara información, sino porque sería inapropiado aceptar el derrocamiento forzoso de un Chávez que «el 5 de abril ordenó la detención de seis presuntos terroristas» españoles, que «dejó solo a Fidel Castro […] cuando suscribió la condena del terrorismo de ETA propuesta por España en la Cumbre Iberoamericana de Panamá, en 2001, y bajo cuyo mandato, «la balanza comercial hispano-venezolana se ha duplicado», por mucho que el ex presidente Felipe González le calificara de «‘golpista’ que ‘liquidaba las libertades'» (El País, 13 abril: 6).
Fuera por lo que fuera, la tibieza salvó al gobierno y a la gran mayoría de los medios de una equivocación más notoria, que no mayor, pues la bendición del golpe se consumó. Cuando hubo que declararse ante el nuevo giro de la situación, Piqué sólo tuvo que matizar un poco su mensaje e insistir con más tibieza. Eso es lo que hizo al intervenir en el informativo nocturno del sábado en Radio 1:
Debemos ser muy exigentes. No hay que distinguir entre golpes buenos y malos, pero tampoco debemos perdernos en un debate terminológico en ese sentido. Es muy importante que se respeten los parámetros de la legalidad internacional y el respeto a la democracia. (Radio 1, 13 abril: 23.00)
El mismo mensaje recogía Telemadrid de las palabras de Aznar el domingo 14: «estabilidad, garantías y seriedad» (14 abril). Más oportunista fue el que destacaba El País de la intervención de Piqué, quien calificó la vuelta de Chávez de «oportunidad para la democracia» (15 abril: 5), mientras que la ejecutiva del PSOE criticaba a través de su entonces responsable de política exterior, Trinidad Jiménez, la actitud del Ejecutivo por demasiado complaciente con Chávez, por lo que había que entender, como declaró la socialista en Radio 1 el día anterior, que «se mantiene la quiebra del orden constitucional» y que había que celebrar nuevas elecciones. Finalmente, se recogía también la condena expresada por Gaspar Llamazares, quien consideró una vergüenza que un gobierno se una al gobierno de EE UU y presione a la UE para que no haya una condena de un golpe militar».
[1] Según un informe de José Manuel Fernández, asesor parlamentario de Izquierda Unida sobre la implicación de España en el golpe, «en las respectivas juntas directivas del Banco de Caracas, Banco Universal y del Instituto Venezolano de Cultura Hispánica, figuran simultáneamente una serie de personas que han sido asociadas a la trama civil del golpe de estado. En el Banco de Caracas […] forman parte de su Junta Directiva, entre otros: Alejandro Alfonzo-Larraín Recao, marqués de Torre Casa; José María Nogueroles; Rafael Gallegos Santaella (todos ellos en los cargos de directores principales); y Vicente Pérez Recao en el cargo de director suplente (http://www.geocities.com/correosparalaemancipacion/CE147.htm#3).
[2] El Mundo, 21 de abril de 2002