Acoso sexual, incumplimientos laborales, vejaciones o falta de apoyo institucional son algunas de las vulneraciones de derechos que se recogen en el informe presentado ante los Ministerios de Trabajo e Igualdad
Las denuncias de abusos sexuales y laborales interpuestas por un grupo de jornaleras marroquíes en Huelva en 2018 interpelaron directamente a los movimientos feministas en el momento de ebullición de la huelga del 8M. La tibia respuesta y el escaso apoyo que recibieron, en contraposición con las manifestaciones masivas que desencadenó el caso de La Manada, pusieron de manifiesto que lo que separa ciudades como Madrid o Sevilla de los campos onubenses es algo más que kilómetros.
A la vez que proliferaban los debates dentro de los feminismos sobre la relación entre violencia patriarcal, desposesión, explotación y racismo, se inició un trabajo lento de diálogo y tejido de alianzas entre los diferentes colectivos feministas en torno a la situación que cada primavera viven las jornaleras marroquíes de la fresa de Huelva. El trabajo realizado sobre el terreno por la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha permitió convertir la inquietud y el deseo abstracto de solidaridad feminista en un compromiso real.
En mayo de 2021, un grupo de juristas, periodistas y realizadoras feministas formaron la brigada de observación “¡Abramos las cancelas!” con el objetivo de documentar y visibilizar la situación de trabajo y vida de muchas mujeres jornaleras, autóctonas y migrantes, en la explotación del fruto rojo de Huelva. Viajaron hasta allí para conocer de primera mano y analizar bajo distintas perspectivas (jurídica, periodística, sensible) los diferentes elementos que se solapan en el modelo actual de producción agraria: las condiciones de vida en el trabajo del campo, la precariedad de la clase jornalera, la vulnerabilidad que implica el racismo estructural y la extranjería en el caso de las trabajadoras migrantes, así como el papel del patriarcado y las consecuencias ecológicas que conlleva el modelo agroalimentario de explotación intensiva tanto en Huelva como en muchos otros territorios de la Europa mediterránea.
A partir de esta experiencia se realizó un informe jurídico sobre la situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva que fue presentado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad el pasado 29 de junio.
Este informe tiene una importante función de denuncia mediante la recopilación de los testimonios de las trabajadoras, pero pretende ir más allá y poner sobre la mesa vías de solución que apelan a las administraciones específicas y sus competencias. Las organizadoras de esta acción valoraron positivamente la recepción de este informe por parte de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ambos ministerios manifestaron su voluntad política de incidir en esta situación desde sus competencias. Sabemos que para que la incidencia política tenga efectos se necesita una sociedad civil organizada que sea garante del compromiso de las instituciones con los derechos más fundamentales. En esto estamos.
Aprovechamos esta tribuna para contar algunas de las conclusiones de este informe jurídico:
1. Discriminación en la selección en origen
La selección de las trabajadoras contratadas en origen incurre en una clara discriminación múltiple por razón de sexo, estado civil y situación familiar. Las organizaciones patronales, con la connivencia del Gobierno español y el Gobierno marroquí, exigen que las trabajadoras contratadas en origen sean mujeres casadas, viudas o divorciadas y tengan al menos un hijo menor a cargo en su país.
2. Incumplimientos en material laboral e indicios de trata
Cada año se recopilan reiterados testimonios de vulneraciones en materia de derechos laborales: no se abonan salarios según convenio, las horas extras no se remuneran, sanciones de empleos y sueldos si no se alcanzan objetivos de productividad, jornadas de trabajo intermitentes y cobros de viviendas y suministros son las vulneraciones más comunes.Las condiciones reales de trabajo y las que se les ofertan en su país de origen antes de la contratación son tan dispares que nos encontramos ante una situación de engaño generalizado. El engaño en las condiciones de contratación en origen, cuando este es determinante para la aceptación del contrato y el traslado, es una de las notas características de la trata de seres humanos, y en particular de las mujeres.
3. Vulneraciones de derechos fundamentales
El control de la salida de las fincas una vez acabada la jornada laboral, la retirada de pasaportes, el trato humillante o vejatorio por parte de los encargados de las fincas y las represalias con sanciones y despidos ante la exigencia del cumplimiento de sus derechos son habituales en los testimonios de las trabajadoras marroquíes entrevistadas.
5. Discriminación por razón de sexo y acoso sexual
Se han recopilado muchos testimonios que hablan de acoso sexual o por razón de sexo. De acuerdo con los testimonios, estos acosos se manifiestan mediante propuestas sexuales por parte de los encargados de la finca que se prevalen de la situación de superioridad o realizan chantajes consistentes en exigir mantener relaciones sexuales a cambio de mejoras en la relación laboral, el mantenimiento del puesto de trabajo, autorización para empadronamiento o contratos de trabajo con los que conseguir regularizarse.
6. Ausencia de dispositivos para el asesoramiento de derechos
No existen servicios de asesoramiento y traducción independientes de las empresas que permitan a las trabajadoras acceder a los servicios públicos ni ejercer los derechos de denuncia, queja o solicitud de amparo ante los organismos encargados de reponer sus derechos.
7. Insuficientes actuaciones de la inspección laboral
Las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social son deficientes y adolecen de un funcionamiento anómalo respecto al marco de sus competencias. Ante las denuncias de las trabajadoras, no realizan visitas a los centros de trabajo, no contrastan las pruebas que se presentan por parte de los trabajadores, y no comprueban muchas de las infracciones alegadas en las denuncias (Más abajo puede consultarse el informe de valoración jurídica respecto a la actuación de la Inspección de Trabajo en este contexto).
Con el deseo de que la agenda feminista asuma como propia la causa de las jornaleras y evitemos el borrado de estas mujeres compartimos aquí lo visto y aprendido.
Pastora Filigrana es abogada y activista por los derechos humanos.
Fuente: https://ctxt.es/es/20210701/Politica/36671/jornaleras-Huelva-abusos-informe-Igualdad-trabajo.htm