1. El ámbito de decisión: izquierda versus derecha Desde el origen de la división política en grupos de izquierda y derecha, o incluso antes, la cuestión acerca de la toma de decisiones ha enfrentado las dos lindes. La derecha, en todas sus formas, ha optado por la jerarquía vertical orientada de arriba hacia abajo: las […]
1. El ámbito de decisión: izquierda versus derecha
Desde el origen de la división política en grupos de izquierda y derecha, o incluso antes, la cuestión acerca de la toma de decisiones ha enfrentado las dos lindes. La derecha, en todas sus formas, ha optado por la jerarquía vertical orientada de arriba hacia abajo: las decisiones se toman en los diferentes órganos ejecutivos (del partido o del Estado), y de ahí se van trasmitiendo a los escalafones más bajos, siempre con orden, y siempre sin posibilidad de crítica (seria). La izquierda, por el contrario, ha derivado hacia modelos más participativos, de representación de las bases en órganos cada vez más generales o con mayor complejidad. El problema se trata en el grupo más pequeño (llámese célula o como se quiera), de donde saldrá un portavoz que trasladará las opiniones a organismos más amplios (de los vecinos, al barrio, el pueblo, la mancomunidad, la provincia y el Estado). Tal ha sido y es una de las características propias de las organizaciones de izquierda, desde el anarquismo en todas sus variantes, pasando por los comunistas, hasta la socialdemocracia. El ámbito de participación debe corresponderse con la esfera de afectación y, de ahí, con la implicación.
Antes de Lizarra-Garazi, pero más claro aún a partir de allí, el PSN de Lizarbe dejó clara su posición al respecto: la soberanía, que formalmente recae en el conjunto de ciudadanos, queda delegada en sus representantes, de manera que la consulta directa se devalúa a favor de los refrendos coyunturales que suponen las diferentes elecciones. No se inquiere al ciudadano -falto de madurez en el País Vasco según Aznar- sobre sus deseos, pues ya están reflejados en los resultados electorales.
La propuesta, sin embargo, no debe confundirnos: afirmar que la representatividad deba ir de abajo hacia arriba, y que las decisiones se deban tomar en el nivel óptimo no implica que deba rechazarse informar a instancias superiores.
Para concluir este pequeño epígrafe: hemos de continuar con el trabajo de base y con la exigencia del modelo propuesto de toma de decisiones.
2. La representatividad directa de los interlocutores
Otras reivindicaciones clásicas de las organizaciones de izquierda han sido la exigencia de elecciones nominales (se elige al nombre que ha de ser representante, no al partido o facción), y su consiguiente reversibilidad; y/o su representatividad porcentual (no regida por la ley d´Hondt). Se tratará, en cualquiera de los casos, de que los relegados sean eso, en quien se delegue y sea de confianza de sus electores, no de su partido o estamento.
A día de hoy, en nuestra realidad política, no existe posibilidad de revocar la acción de un político ajena a la de toda la organización.
El principio anteriormente citado debe ser tenido en cuenta no sólo en las instituciones, sino también en los estamentos organizativos correspondientes.
3. La participación en las instituciones
Las organizaciones de izquierda no se han puesto de acuerdo a lo largo de sus experiencias históricas acerca del papel que daban jugar en las instituciones, ni tan siquiera en algo que pudiera ser el principio general de participación en las mismas o su ausencia. Así, desde el anarquismo más puro, se rechazaba la entrada en el juego institucional, mientras la socialdemocracia gestiona por lo general las crisis económicas capitalistas.
Dicho debate no ha sido ajeno a la historia de la izquierda abertzale. Han existido corrientes de opinión organizadas que han optado y defendido la participación en todos los estamentos del Estado (Cortes Generales españolas incluidas), lo mismo que sus detractores. La experiencia de HB, EH, Batasuna y otras semejantes ha implicado la negativa a la última, aunque la práctica de EE podría haber sido un ejemplo de cómo llevar las contradicciones del Estado a sus más altas cotas. Ahora proponemos retomar el debate en torno a la participación en instituciones supranacionales, máxime cuando estamos, de hecho, inmersos en las estructuras europeas.
4. El dirigismo externo
Otra de las cuestiones cruciales en las experiencias revolucionarias se ha centrado en el papel de organizaciones externas al propio movimiento político a la hora de marcar las pautas de actuación. En ocasiones hemos visto a organizaciones políticas dirigidas y alentadas a partir de su brazo militar, o de organizaciones periféricas (feministas, jóvenes, ecologistas…), dejando a un lado la visión de conjunto que debe regir a toda estructura política.
Otras veces, dichas organizaciones han actuado como verdadera vanguardia del movimiento político, rechazándose incluso las decisiones del alto mando.
En tercer lugar, tanto el brazo militar como el social (sindicatos, organizaciones feministas, juveniles, etc.), no han pasado de la categoría de mera correa de transmisión de las ideas del Partido.
Por último, se han creado organizaciones autónomas y afines al Partido (sea el que sea), que exponen sus ideas a dos niveles diferenciados. Vuelve a ser el momento de plantearse el tipo de relación con dichas estructuras.
5. La lucha armada
La lucha armada, en sí, no ha sido ni debe ser un tema de discusión dentro de los grupos de izquierda. La guerra, y no cito precisamente a ningún izquierdista, es la política llevada a cabo por otros medios. La lucha armada, así -nuevamente desde el punto de vista histórico- encuentra defensores tanto en la izquierda como en la derecha. No es esa la cuestión.
Tampoco lo es la condena implícita o explícita de tal práctica. A nadie le interesa -ni aún a quienes la exigen- la condena explícita de los actos de violencia revolucionaria («revolucionaria»), lo que verdaderamente interesa es que se practique o que se rechace como actividad política.
En definitiva, si no somos ni Dios, ni jueces, ni moralistas, ni sacerdotes, no somos quién para condenar nada, porque no tenemos los medios, ni la necesidad.
Otra cuestión es la de criticar cualquier acción que se considere política (sea armada o no), y en eso sí que los políticos deben comprometerse. No se trata de condenar la acción armada, pero sí de criticar los medios u objetivos logrados por la misma.
El extremo dirigismo de la organización armada en la vida política debe, repito, debe ser criticada. No por realizar más atentados se es más de izquierdas. Es lo que Lenin denunciaba como infantilismo izquierdista (el recurso a la pataleta tan frecuente en nuestro País).
6. La unión de fuerzas
Por último, cualquier grupo que se considere de izquierdas, ha optado aún sufriendo mermas considerables (salvo los casos de España y otros afines), por los frentes populares, es decir, por la aglomeración de fuerzas, dejando a un lado, incluso, reivindicaciones seculares. Se trata de evitar que la derecha gane en detrimento de los derechos de las clases más vulnerables.
En Nafarroa se podría haber conseguido (Na-Bai) al invitar a IUN y Batasuna, rechazado por los dos.
En Iparralde parece haber una candidatura unitaria, que se verá cómo se plasma.
En Euskadi (CAV) EA aparece en solitario, IU-EB va por su parte, Aralar no sabe qué hacer, Batasuna no sabe si podrás presentarse, etc.
Solución: ¿y si se buscan listas unitarias limpias, de izquierdas y abertzales para todos los territorios? Bueno, ¿Y si no? ¿Quizás crear listas de Euskal Herria Bai, que, aún siendo nulas, muestren el rechazo a la política de partidos frente a la de intereses nacionales?
* Pablo A. Martín Bosch, «Aritz». Doctor en Filosofía por la EHU-UPV, Licenciado en Antropología por la UD, Especialista Universitario por la UNED.