Lo que ocultan las cámaras de vigilancia de Gasteiz

En las últimas semanas se ha anunciado a bombo y platillo por el nuevo concejal de seguridad vitoriano (Iñaki Gurtubai, del PNV) la próxima “instalación de 17 nuevas cámaras de videovigilancia en ubicaciones estratégicas [Casco y Ensanche]”. Como cuenta, son dispositivos tecnológicamente avanzados “con mayores prestaciones que las cámaras que se utilizaban hasta el momento gracias a una mayor resolución o el análisis inteligente de la imagen”. Ello se presenta, además, como “un primer paso de cara a la adopción de soluciones de videovigilancia que funcionen como instrumento clave en la prevención e investigación de delitos”. El objetivo es alcanzar el centenar de cámaras por toda la ciudad, siguiendo los pasos de Iruñea, que tiene cerca de 300.

La medida no es una ocurrencia del nuevo responsable de Seguridad del Gobierno municipal. Ya en marzo de 2018 el concejal del PP Gustavo Antépara, presentaba la propuesta de su grupo municipal de instalar 14 cámaras de vigilancia en “puntos estratégicos”. Del mismo modo, las 17 nuevas cámaras de ahora vienen de la mano de la anterior concejala de Seguridad, Marian Gutiérrez (PSE), quien al dar explicaciones sobre la propuesta en la Comisión de Seguridad de enero de 2023, aportaba el siguiente dato: “Policía municipal ya tiene cámaras en el Casco y Ensanche, en concreto tiene 29, lo que se plantea es sustituir 17 de esas 29, por unas con muchas más prestaciones y redefinir la localización”.

La falsa inseguridad y las cámaras inservibles

Parece evidente que estos tres grupos municipales (PNV, PP y PSE-EE) tiene clara su apuesta por las cámaras de vigilancia, aunque lo que no está tan claro es por qué, pues no parece que sea por motivos de inseguridad, ya que la propia concejala Gutiérrez, en la comisión ya citada, y tras la intervención de una concejala de otra formación, afirmaba lo siguiente: “Agradecerle que comparta, que compartamos, que Vitoria-Gasteiz es una ciudad segura, cosa que vengo defendiendo toda la legislatura”. Un mes después, la entonces concejala del PSE-EE y hoy alcaldesa, Maider Etxebarría, a la pregunta de un periodista sobre si Vitoria es una ciudad segura, respondía: “Si me preguntas sobre la tasa delictiva, tiene la tasa más baja de las tres capitales vascas, y una de las más bajas de las capitales españolas. (…) Hay mucha seguridad en la calle”.

Ante ello, claro, la pregunta es obvia: si Gasteiz es una ciudad segura, ¿cuál es la razón para proyectar la instalación de 100 cámaras en la ciudad, teniendo en cuenta además que, según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), para la instalación de cámaras en espacios públicos se “exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas”? Mucho más teniendo en cuenta que ese tipo de mecanismos afectan a los derechos de las personas. No es una afirmación gratuita, es lo que hace ya bastantes años afirmaba el entonces Síndico-Defensor Vecinal de Gasteiz, cuando –ante la solicitud de la instalación de cámaras de vigilancia en la calle Barrancal del Casco– dictaminaba que “no podemos acoger la solicitud de recomendar una actuación extraordinaria como sería la instalación de mecanismos fijos de videovigilancia en dicha calle ya que no hay proporcionalidad entre los objetivos que podrían satisfacerse mediante esos mecanismos y por otro lado los sacrificios de otros derechos que se verían afectados. Tampoco hay adecuación entre el costo y la eficacia de una actuación técnica de esas características”.

Quizá el Síndico se había informado del resultado que estaba dando la instalación de cámaras de video vigilancia en otras zonas del mundo. Conocería estudios como el llevado a cabo durante 6 meses en 2006 por el Servicio de Policía de Toronto sobre el uso de CCTV [Circuito cerrado de televisión] para desarrollar la seguridad comunitaria, que llegó a las siguientes conclusiones: “Los resultados del estudio piloto no fueron satisfactorios. El estudio revela que los sistemas de CCTV no disuaden a los infractores sino que por el contrario, promueven una falsa sensación de seguridad. Hubo mucha crítica diciendo que la videovigilancia es como una ‘solución parche’ que no trata la(s) causa(s) del problema. Por el contrario, los recursos deberían dirigirse hacia los programas comunitarios”.

Ese estudio no es un caso aislado. En 2008, el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, un informe de Viven Carli, Valoración de la video-vigilancia como una herramienta efectiva de manejo y seguridad para la resolución, prevención y reducción de crímenes, llega a las siguientes contundentes conclusiones: “De acuerdo a varios investigadores, el CCTV no reduce la sensación de inseguridad, lo que prueba su inefectividad como herramienta de prevención, reducción y resolución de crímenes”. También apuntaba que las cámaras crean un falso temor y apuntan al ciudadano inocente en el espacio público. Es decir, los estudios contradicen y cuestionan lo declarado en enero de 2023 por la entonces primera teniente de alcalde, y hoy alcaldesa, Maider Etxeberría, quien afirmó que con las cámaras se está “realizando un esfuerzo muy importante para renovar y actualizar los medios de los que disponemos; innovando e incorporando nuevos sistemas que faciliten el trabajo y hagan más eficaz y eficiente la labor policial”. A no ser, claro, que la labor policial no sea la de prevenir los delitos, sino la de controlar o supervisar a la población. En ese caso las cámaras sí que les facilitan el trabajo aunque, como vamos a ver, a un alto precio para la población.

El grave menoscabo de derechos

De lo comentado hasta ahora, hay una cuestión que nos preocupa sobremanera, y que, además, es una de las primeras imágenes que quienes defiende la instalación de cámaras siempre omiten: su efecto sobre los derechos y su cuestionada ética. Algo que, por su importancia, cualquier profesional de la política que se precie, debería analizar previamente. Los grupos municipales que en Gasteiz la apoyan parece que no lo han hecho (o nos ocultan lo que dicen los estudios). Y eso que tenían a mano a quién recurrir para asesorarse, como es el caso de la doctora en Derecho Penal por la UPV/EHU Gema Varona Martínez, quien ya en 2012 publicó el Estudio exploratorio sobre los efectos del uso policial de la videovigilancia en lugares públicos, entre cuyas conclusiones recogía que “no se trata de negar los problemas de los ciudadanos sobre su seguridad, sino de reflexionar de forma serena sobre la implantación de unas medidas costosas que no han demostrado de forma clara ser eficaces y que, en todo caso, conllevan una afectación de derechos fundamentales”. Así, recogía también el incremento de la percepción de inseguridad y el riesgo de estigmatización de determinados lugares y colectivos.

Varona (también investigadora permanente en el Instituto Vasco de Criminología) añade algunas preguntas y cuestiones pedagógicas fundamentales que se deberían haber planteado los grupos políticos inicialmente para luego haberlas expuesto al debate público: “Educar, particularmente a nuestros jóvenes, en una actitud crítica que se resista a la naturalización de todo tipo de medida de vigilancia, sin valorar primero, de forma serena, razonable y científica, cuestiones como: ¿es éticamente válido?, ¿se respetan los derechos?, ¿cuáles son las consecuencias de optar por esas formas de control?, ¿cuál es su coste en términos económicos y humanos?, ¿es sostenible la videovigilancia como política local de seguridad?, ¿son irreales las expectativas de la población?, ¿cuál es la formación de las personas que operan las cámaras?, ¿hay desequilibrios en la pretensión de una distribución justa de la seguridad?”.

También podrían haber consultado lo que dice al respecto la Agencia Estatal de Protección de Datos (AEPD), que advierte de que “cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entraña un alto riesgo para los derechos y libertades, el responsable realizará, antes del tratamiento, una evaluación de impacto”. Según la AEPD, se deben evaluar todas las alternativas, controlar el número de dispositivos que se pretende colocar y el tipo de los mismos, pues no es igual captar imágenes con cámara fija que con grabación de 360 grados (como las que quieren colocar en Gasteiz).

Lo que nos ocultan de las cámaras

En el caso de las cámaras de Gasteiz hay cuestiones concretas que, cuando no se miente sobre ellas, son realmente opacas. En la anteriormente comentada reunión de la Comisión de Seguridad de enero de 2023, la entonces concejala de la cuestión (PSE-EE) comentaba dubitativa: “Creo, pero cójamelo con pinzas, creo que el reconocimiento facial no está autorizado en Europa, por lo tanto aquí no va a haber ni reconocimiento facial ni nada por el estilo”. Meses después era el ya nuevo concejal de Seguridad (PNV) quien afirmaba que “las cámaras no permiten el reconocimiento facial”. Pues bien, para empezar, es llamativo que una responsable del tema diga que crea que el reconocimiento facial no está autorizado en Europa, cuando hay informaciones publicadas de cómo se está utilizando o se ha aprobado su uso en 32 Estados europeos, entre ellos España y Francia.

Pero más grave es la segunda cuestión: aseverar que las cámaras a instalar en Gasteiz no permiten el reconocimiento facial. Es falso y lo saben. Entre otras cosas porque el propio Pliego de prescripciones técnicas particulares recoge que “entre las facilidades de búsqueda disponibles estarán: (…) 9. Búsqueda por Reconocimiento Facial”. No solo tratan de engañarnos, sino que además intentan evitar un debate público básico, ya que como se recoge en la citada información sobre el uso en el mundo del reconocimiento facial, “la difusión generalizada de esta tecnología plantea importantes cuestiones sobre sus efectos en la privacidad y muchos gobiernos nacionales y sus ciudadanos se encuentran en medio de un debate mundial sobre la ética y la legalidad de la vigilancia masiva”.

Grave también es que no se informe (otra forma de ocultar) de que las cámaras que van a instalar también tienen capacidad de recoger sonido como figura en el citado pliego de prescripciones. Es especialmente grave porque la Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades de la AEPD dice sobre estas cámaras que “no se podrán utilizar (…) cuando se afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada”.

Si a estas alturas a alguien le caben dudas del grave atentado a la intimidad que suponen estos dispositivos, añadamos el comentario realizado por un policía municipal de Pamplona sobre este mismo tipo de cámaras ya instaladas en esa ciudad: “Es impresionante, se ve hasta los pelos de la nariz de la persona que estás buscando”.

Algunas de las razones reales para su instalación

Si las cámaras no son útiles para la prevención de la seguridad y si, además, atentan contra importantes derechos de la población, cabe preguntarse por las verdaderas razones para su implantación. Probablemente estemos lejos de conocerlas todas, pero sí podemos señalar algunas, tanto de carácter general como particular.

Entre las primeras encontramos las que nos da Gemma Galdon Clavell (investigadora analista de políticas públicas, especializada en la vigilancia, el impacto social, legal y ético de la tecnología, las políticas de seguridad, la actuación policial, y directora de investigación de Éticas Research & Consulting) cuando en su texto Si la videovigilancia es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Cámaras, seguridad y políticas urbanas considera que “el porqué de la videovigilancia parece no residir tanto en las necesidades de una sociedad asustada, como en la ventana de oportunidad que abren las urgencias de un marco institucional deslegitimado y una sociedad que busca culpables”.

La investigadora añade que las hipótesis planteadas “parecen indicar que la aparente sordera de responsables políticos y operadores ante la ineficacia de la videovigilancia esconde una constelación de modificaciones y transformaciones en la percepción pública de la inseguridad, en la gobernanza urbana y en la conceptualización del riesgo”. Y concluye Galdon Clavell que no importa si las cámaras reducen la delincuencia o mejoran la sensación de seguridad, porque la videovigilancia se percibe como una “solución inmediata”. Traduzcamos lo que se sobreentiende: da muchos votos.

Hay otra razón añadida y no confesada, la de su habitual utilización en los procesos de gentrificación, ya que como se recoge en el libro Metropolice. Seguridad y policía en la ciudad neoliberal, es en los procesos políticos asociados a la “revitalización y dinamización” de los barrios, “en la producción de nuevos modelos de espacio público (también higienizados de lo social)” donde la implantación de la videovigilancia resulta funcional ante la “ineficacia preventiva” de las autoridades municipales. En Gasteiz, en concreto, a ello parece añadirse un interés ligado al turismo y el comercio. Como se ha publicado recientemente, Vitoria se apoyará en la inteligencia artificial para “atraer y fidelizar” a los turistas. ¿Cómo? Se instalarán sensores de paso y cámaras de última generación para saber los gustos de los visitantes. Según declaraba la jefa del servicio municipal de Proyectos de Turismo: “Se trata de recabar información que permita mejorar la toma de decisiones estratégicas”.

Entre las razones particulares podemos encontrar dos en el caso de Gasteiz que probablemente no difieran mucho de lo que suceda en otras ciudades. Ambas tienen que ver con quién se beneficia de la instalación de las cámaras. En primer lugar, la empresa adjudicataria. Será que nos dejamos influenciar por los excelentes trabajos de periodismo de investigación que Ahoztar Zelaieta publica, pero cuando vimos la lista de las siete empresas que se presentaron al concurso, si hubiéramos tomado parte en una porra para adivinar a quién sería adjudicado (aunque no presentara la mejor oferta en la parte pública del concurso), habríamos apostado por Ingeniería de Sistemas y Telemando SAU (INSITEL). Hubiéramos ganado la porra. La razón de nuestra apuesta es sencilla: desde 2018 el director de esta empresa vizcaína es (según su propio perfil de linkedin) Sabin Anuzita Pomposo, concejal del PNV durante dos legislaturas del alcalde bilbaíno Azkuna y uno de los 65 casos de puertas giratorias del PNV señalados por Ahoztar Zelaieta. Esta empresa tiene entre sus clientes a la Autoridad Portuaria de Bilbao, Euskal Trenbide Sarea, Bilbao Exhibition Center, el Consorcio de Transportes de Bizkaia, el Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia o el propio Gobierno Vasco. O sea, ganar la porra no hubiera tenido mérito.

A quien seguro que también le vienen bien las cámaras es al antiguo concejal del PP que al principio de este texto vimos que lanzó la primera propuesta pública de su instalación. Esto es, Gustavo Antépara. Lo decimos porque mientras las cámaras se coloquen en las ubicaciones acordadas (1 en las rampas mecánicas de S. Francisco Javier; 3 en las rampas de La Soledad; 2 en la Cuesta de S. Francisco; 2 en Mateo Moraza; 4 en la Plaza Nueva; 2 en el acceso a la casa consistorial y 3 en la Virgen Blanca), serán incapaces de detectar si sigue haciendo obras clandestinas no legalizadas en sus tampoco legalizados pisos turísticos en el interior de las calles Pintorería y Correría del Casco. ¡Caramba con el concejal azote de delincuentes!

Sin cámaras y Sin Poli

En Gasteizkoak ya hemos comentado en otras ocasiones que apostamos por apoyar la iniciativa Sin Poli, y en esta cuestión de las cámaras en Gasteiz también tenemos experiencias que nos hablan de la posibilidad de abordar los conflictos sin cámaras de vigilancia. Así sucedió en el conflicto en la calle Barrancal donde el Síndico desaconsejaba las cámaras. También en la calle Santo Domingo, donde en 2017 se aseguró que también se iban a instalar, aunque afortunadamente finalmente no se colocaron. En ambos casos fueron la paciencia y el buen hacer de una parte de la comunidad vecinal las que resolvieron los problemas. Lo mismo ha sucedido con los desmanes en el Casco del mencionado responsable político Gustavo Antépara, no han sido las cámaras, sino el vecindario organizado el que ha denunciado públicamente su proceder.

Pero queremos terminar este texto ofreciendo una herramienta más para quienes padezcáis la amenaza de la instalación de cámaras. Uno de los mejores textos que conocemos sobre la cuestión fue escrito por el colectivo irundarra Sagarratz Eztabaidarako Taldea, que hace unos años sufrió la implantación de las cámaras en su barrio, y decidieron hacerle frente con la reflexión y la acción. De esa reflexión forma parte el texto Sonría, por favor, está siendo filmado, al que pertenece este párrafo: “La manera en que se construyen los discursos favorables a la videovigilancia en los que se apela al civismo para favorecer esta asimilación, debe ser lo primero en recibir nuestras críticas. El discurso culpabilizador anteriormente mencionado es el principal vehículo para la asimilación de estas medidas y para el desarrollo de tolerancia al control. No podemos dejar de considerar que las medidas de control forman parte de la educación y el condicionamiento que las generaciones posteriores deben recibir para garantizar la continuidad del sistema, como parte de una violencia simbólica que diluya sus protestas hasta volverlas inofensivas”. Tengámoslo en cuenta, tengámoslo presente.

Estitxu Martínez de Gevara pertenece al Colectivo Gasteizkoak.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/euskal-herria/lo-ocultan-camaras-vigilancia-gasteiz