Los planes de pensiones invierten sus fondos en activos de los mercados financieros, cuya rentabilidad depende de las condiciones que haya en esos mercados. De manera que, gracias a la inestimable ayuda de los sindicatos patronales, hoy tenemos a miles de trabajadores metidos a inversores en bolsa por delegación El pasado 21 de Noviembre de […]
Los planes de pensiones invierten sus fondos en activos de los mercados financieros, cuya rentabilidad depende de las condiciones que haya en esos mercados. De manera que, gracias a la inestimable ayuda de los sindicatos patronales, hoy tenemos a miles de trabajadores metidos a inversores en bolsa por delegación
El pasado 21 de Noviembre de 2006 se firmó por el Gobierno de Canarias y los sindicatos CCOO, Intersindical Canaria y Sepca un acuerdo plurianual para 2006-2009 en el que se incluye el proyecto de un Plan de Pensiones privado para los Empleados Públicos de la Administración Autonómica.
Consideramos que tal firma supone una privatización de fondos públicos correspondientes a nuestra masa salarial que debilita el sistema público de pensiones solidario de nuestro colectivo. Es una manifestación palpable de la asunción de la ideología neoliberal.
Por eso para la reconstrucción del sindicalismo de clase es fundamental profundizar y hacer comprender la trascendencia ideológica de este tema deslindando el campo de los valores colectivos frente al individualismo fomentado por el sistema capitalista y sus agentes.
La Seguridad Social y los Planes de Pensiones
Cada cierto tiempo se publican informes manifestando que la seguridad social se debe reformar ya que de lo contrario estaría abocada al fracaso. Las razones para tan pesimistas previsiones inciden en el envejecimiento de la población y en el alargamiento de la vida media. De manera que en la sociedad del futuro habrá más personas que cobren de la seguridad social y lo harán más años. Pero además se supone que una sociedad envejecida tendrá una menor oferta de trabajo, lo que podría tener un efecto incierto sobre los niveles de la productividad del propio trabajo y en el menor ahorro. De manera que se concluye que la sociedad envejecida sufrirá menores tasas de crecimiento económico y por ello menor capacidad para sostener esa carga creciente de personas dependientes.
Las reformas de la seguridad social, que nosotros llamamos recortes, se trazaron en el Pacto de Toledo [1]. En este sentido se hizo la llamada separación de fuentes de la seguridad social y se constituyó el fondo de reserva. Se separa la financiación de la seguridad social y de la sanidad y se sientan las bases para que las prestaciones asistenciales se financien con cargo a los presupuestos del estado y las contributivas con cargo a la tesorería de la seguridad social. Con los excedentes de tesorería de los años que en la seguridad social obtenga superávit se conforma el citado fondo de reserva para que, cuando el ciclo productivo arroje déficit de tesorería, se recurra a dicho fondo y no se incrementen las cotizaciones. Por otro lado se alarga el periodo de tiempo que se computa para el cálculo de las prestaciones, de manera que estas se ven mermadas en su cantidad. También se incentiva fiscalmente para prolongar la vida laboral por encima de los 65 años. Finalmente hay un abanico de posibilidades que fomentan la participación en los planes de pensiones complementarios.
El razonamiento que se sigue es la base justificadora de los recortes impuestos en las sucesivas reformas y en las futuras : La proporción de gasto en pensiones respecto al PIB depende de la tasa de dependencia de la sociedad, o sea de la proporción de gente en edad de cobrar prestaciones respecto a la gente en edad de trabajar ; Depende también de la tasa de cobertura, o sea, del número de pensionistas respecto del número de personas que tienen la edad para serlo, depende de forma inversa de la tasa de empleo, depende de la proporción que hay entre la cuantía de la pensión media y la producción por persona ocupada. De modo que, como se estima que la relación del gasto en pensiones respecto a la producción no debe crecer y que la tasa de dependencia sí lo va hacer, la conclusión es que tanto la tasa de cobertura como la pensión media deben reducirse. A esto es lo que la OCDE ha llamado generosidad excesiva de las pensiones en España, a que la tasa de cobertura es demasiado alta y la pensión media excesiva.
Para reducir la tasa de cobertura se endurecen las condiciones para tener derecho a la pensión contributiva y se fomentan los planes alternativos de pensiones privados. De manera que, la relación de personas que efectivamente alcancen una pensión pública y los que podrían hacerlo por edad se reduce. Es decir, que haya menos gente que cobre las pensiones. Esto se consigue con el alargamiento del periodo mínimo para tener derecho a la pensión, y con las diferentes trabas para que la gente mire a los planes de pensiones y no al sistema público (autónomos, trabajadores de la economía sumergida, los que están en precariedad laboral durante toda su vida, las amas de casa, etc.).
Para reducir la relación entre la cuantía de la pensión y la renta por persona ocupada lo que se hace es cambiar los parámetros del cálculo de las pensiones para resulten pensiones más bajas. Es decir, se alarga el periodo de cómputo para hacer el cálculo de la cuantía de la pensión o se cambian los porcentajes a aplicar en cada caso.
Ese endurecimiento de los requisitos y la reducción de las cuantías junto a los efectos a largo plazo de la alta temporalidad del empleo en España, la precariedad del mismo y la proporción nada desdeñable de empleo irregular que no se refleja en las cotizaciones sociales, y por tanto no da derecho a prestaciones sociales, conducirá a que el gasto público en pensiones no crezca.
Y nuevamente nos encontramos aquí que se presenta como razonamiento técnico lo que no es otra cosa que una opción ideológica de la sociedad o de los poderes de esa sociedad. La financiación de la seguridad social puede incrementarse bien aumentando las cotizaciones sociales, bien aumentando la aportación del estado a la seguridad social que se podría financiar con un aumento de la presión fiscal global y que ese aumento fuera progresivo.
Pero ninguna de esas alternativas resulta coherente con las orientaciones dominantes en la actualidad. Porque todo ello nos conduciría a un sistema donde de nuevo prevalecería lo colectivo sobre lo privado, el impuesto progresivo sobre el regresivo y la redistribución de la riqueza desde las capas con mas recursos hacia las de menos y que el ahorro para las coberturas del «futuro » estuviera en manos colectivas y no en manos privadas especulando en los mercados financieros. De manera que el gasto en pensiones se puede aumentar, reducir o mantener como una opción más de la sociedad. Es decir, se podrá mantener ese gasto si los que inciden en la toma de las decisiones así lo quieren. Del mismo modo que el gasto en las cárceles, en los programas de defensa, en la casa real, en colaborar con la iglesia católica o el de los parlamentos se mantiene, o no, en función de que los que mandan decidan si merece o no merece la pena mantenerlos.
Estamos hablando por tanto de decisiones colectivas tomadas en función de preferencias sociales. Esas preferencias sociales son a la vez el reflejo de lo que la sociedad quiere pero con las lógicas influencias, la mayoría de las veces algo más que influencias, burdas manipulaciones diríamos, de los grupos de poder y de presión.
Y justamente eso es lo que se hace con la cantinela de la crisis de la seguridad social. A medida que se incremente el riesgo y el miedo sobre la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones aumentará la tendencia de la sociedad a buscarse la vida de forma individual. De esa manera se canaliza una gran parte del ahorro individual hacía las corporaciones financieras privadas, a través de los fondos de pensiones. Se transmuta así el ahorro colectivo en ahorro privado. La ingente masa de recursos que podrían ser administrados con criterios colectivos y de redistribución de la renta se pasa a los circuitos del sistema financiero internacional poniendo recursos de forma centralizada en manos de los verdaderos amos del mundo actual.
Es curioso cómo todos los informes sobre la seguridad social inciden una y otra vez en la demografía. Sin embargo otras variables que también afectan a los ingresos de la seguridad social les pasan «inadvertidas». El fraude patronal, la alta precariedad que influye en la poca cotización, los bajos salarios que cotizan poco, la mala distribución de la riqueza que prima a los beneficios frente a los salarios y que por ello disminuye la cotización y que las mejoras de productividad vayan a engrosar los beneficios y los excedentes y no a la parte salarial, etc.
Esa parcialidad es equiparable a la que se muestra cuando se compara la irracionalidad de los sistemas de reparto y la racionalidad de los sistemas de capitalización y de gestión privada. En los sistemas de reparto la cotización de los activos sirve para pagar las pensiones de los pasivos. La proporción y capacidad redistribuidora que tenga el sistema dependerá de las diferencias de las cotizaciones en función de las rentas de cada cual y de la relación que haya entre esas cotizaciones y la pensión cobrada posteriormente. Por tanto es un sistema que puede fomentar la solidaridad entre rentas desiguales y la solidaridad entre generaciones diferentes. Si además el sistema es público siempre se podrán compensar los déficits o usar los superávits en función de las preferencias sociales que haya en cada momento.
En los sistemas de capitalización cada cual cotiza para él mismo y las prestaciones de cada uno guardan una relación directa con esas cotizaciones individuales y con el valor que en cada momento tengan en función de las normas propias que el plan de capitalización haya establecido (prestación definida, aportación definida o mixta) y de las inversiones financieras que el fondo haya realizado. Estos planes son individualistas y no fomentan ni la solidaridad intergeneracional ni entre individuos de diferentes rentas. Además tienen el riesgo de la volatilidad financiera.
Ya se ha dicho anteriormente que las cotizaciones sociales son entendidas en el análisis económico oficial como si fueran impuestos. De manera que los sistemas de reparto que se nutren de esas cotizaciones sociales estarían introduciendo distorsiones en los mercados de trabajo ya que al gravar el empleo con ese «impuesto» estarían contribuyendo a que el empleo no creciera todo lo deseado. Sin embargo, cuando hablan de las aportaciones a los planes de pensiones privados no hablan de impuesto sino de ahorro.
Curiosa forma de analizar: si mi empresa cotiza a la seguridad social es un impuesto, si esa misma empresa cotiza al plan de pensiones es ahorro. Las consecuencias teóricas que se sacan de ambos supuestos son diametralmente opuestas. Pero si en ambos siguiéramos el mismo rasero llegaríamos a las mismas conclusiones microeconómicas. Y esto no es un despiste teórico sino que el sistema de reparto se basa en criterios universalistas y eso rompe la capacidad de elección individual que los sistemas de capitalización sí garantizan. Y esa capacidad de elección individual frente a los criterios colectivos y de redistribución es esencial en la economía de mercado.
Respecto a la fiabilidad de los planes de pensiones también hay algunos olvidos. Primero, que si hablamos de que la evolución demográfica actuaría negativamente sobre el crecimiento económico esto afectaría del mismo modo al ahorro acumulado en dichos planes. Es decir la rentabilidad de esos fondos también se vería afectada por los efectos del bajo pulso económico. Segundo, la colocación de los fondos en carteras de valores lleva consigo la asunción de un riesgo. Máxime cuando los sistemas financieros actuales se caracterizan por fuertes inestabilidades como demuestran las crisis bursátiles, financieras y bancarias.
En definitiva todas estas pamplinas teóricas van dirigidas a justificar que la opción del ahorro individual es preferible sobre la del ahorro colectivo. Que la inmensa montaña de recursos de los sistemas de protección social es un apetitoso bocado que las instituciones financieras no quieren perderse. Todo ese ahorro centralizado en estos gigantes financieros les confiere un inmenso poder político y económico que les permite mandar sobre medio mundo. Sus decisiones de recomposición de carteras pueden hundir en la miseria a un país o a un sector económico determinado en pocas horas. Sus movimientos en estampida buscando el máximo beneficio en las inversiones castigan a las políticas económicas no ortodoxas y a las poblaciones díscolas que ponen en peligro los intereses de los más poderosos.
En palabras del profesor de economía Juan Torres : «La reforma del sistema de pensiones públicas se lleva a cabo solamente porque conviene a los grupos financieros que van a hacerse con la mayor parte de la ingente masa de recursos que antes se dirigía a las arcas públicas. Para ello se recurre a publicitar con medios inmensos justificaciones tan torticeras como poco rigurosas, a financiar estudios carentes del más elemental recato teórico y, generalmente, a comprar a profesores e investigadores dispuestos a ponerse al servicio vergonzoso de los bancos y cajas de ahorro a cambio de recibir migajas, aunque para ellos sustanciales, del festín del que sólo disfruta de verdad una minúscula parte de la sociedad. Economistas, investigadores y profesores dedicados solamente a poner letra a la música de los poderosos y que, al final, son los que hacen el trabajo sucio necesario para que, como ha escrito Galbraith, «los disparates de los ricos pasen en este mundo por sabios proverbios».
Podemos vislumbrar que las reformas de los sistemas públicos de pensiones seguirán por esas dos vías. Por un lado se someterán a restricciones a las pensiones públicas y por otro se fomentarán los sistemas de capitalización individual. De manera que la pensión pública quedará en una pensión básica de tipo fijo, esta se complementaría con una pensión de un plan de pensiones obligatorio y que se regiría por el sistema de capitalización. Finalmente se fomentaría también un sistema de planes de pensiones privados voluntarios.
Con todo lo que se ha manifestado de la crisis de la Seguridad Social y el fomento de planes de pensiones se ha asentado en la conciencia de la clase trabajadora que efectivamente el sistema público está abocado al desastre y que por tanto hay que buscarse el futuro individualmente. Este proceso, aparte de la citada propaganda de los centros financieros, fundaciones y demás creadores de opinión, han contado con la inestimable ayuda de los sindicatos oficiales. Esos sindicatos han sido los defensores de los planes de pensiones de empleo y han propagado estos inventos financieros por las empresas. Han propuesto hacer esos planes de empleo a sus afiliados y votantes y han contribuido de forma fundamental a extender estas instituciones entre el mundo del trabajo. Incluso se han metido a empresarios de la gestión de planes de pensiones creando sus propias entidades gestoras.
Los planes de pensiones invierten sus fondos en activos de los mercados financieros fundamentalmente. Su rentabilidad depende por tanto de las condiciones que haya en esos mercados y de la composición que en cada momento tenga su cartera de inversiones. De manera que, gracias a la inestimable ayuda de esos sindicatos, hoy tenemos a miles de trabajadores metidos a inversores en bolsa por delegación. Su ahorro esta centralizado en manos de entidades gestoras y entidades depositarias y dirigido por ejecutivos que miran el riesgo y la rentabilidad. Es decir, la cultura de la economía financiera empieza a estar también ya en estas capas de la sociedad
Algunos datos y comentarios sobre los Planes de Pensiones
En España había a finales de 2002 un total de 916 Fondos de Pensiones y un total de 2.775 Planes de Pensiones. El 65,59 % de los planes de pensiones son de aportación definida, o sea, se sabe la cuantía de las cuotas a pagar pero lo que se cobre en el momento de la jubilación variará con arreglo a la rentabilidad de las inversiones del fondo. Del total de planes, 1.683 son de pensiones de empleo. Es decir, planes cuyo promotor es la empresa y los partícipes los trabajadores de esa empresa. En la comisión de control de esos tipos de planes están presentes los sindicatos y la empresa.
El patrimonio acumulado de todos los planes de pensiones a finales de 2002 ascendía a 49.373 millones de euros. Eso supone un 7,1 % del PIB (693.925 millones de euros) de ese año. De esa cantidad, el 44,87 %, algo más de 22.000 millones de euros, corresponden a los planes de empleo. Esto nos da una idea de la magnitud que tiene el patrimonio de los planes de pensiones y particularmente significativa es la cifra referida a los planes de empleo. Esos 22.011(más de dos veces del actual fondo de reserva de la seguridad social) millones de euros están en planes de pensiones cuya aparición en escena se debe a la firme defensa que los sindicatos mayoritarios han hecho de este tipo de instituciones [2]
Lo que se hace con los fondos acumulados en los planes de pensiones es prestarle dinero al estado y a empresas comprando sus títulos. Así que para que los planes sean rentables y los ejecutivos de sus respectivas entidades gestoras puedan ofrecer buena resultados a los partícipes y a sus comisiones de control, han de comprar y vender, y recomponer sus carteras con arreglo a la valoración y fiabilidad que tenga cada valor. De modo que se comprarán aquellos títulos con buena reputación y buenas perspectivas en los mercados bursátiles y financieros y se venderán los que no tengan buena «pinta [3]
Cuando un título tiene mucho riesgo, según su clasificación, ese título paga más. Es decir mientras menos fiable eres más te cobran por prestarte [4]
En España hay, a finales del año 2003, 6.447.898 partícipes (como hay personas que han contratado varios planes de pensiones, se calcula habría unas 5.5 millones en total). De esos, 599.576 partícipes lo son de planes de empleo. En resumen observamos que los planes de empleo ocupan el 9,30 % del total de partícipes y sin embargo ocupan el 44,87 % del total del patrimonio de todos los Planes.
La aportación durante el ejercicio 2002 a los planes de pensiones de empleo ascendió a 3.819 millones de euros, el 45,01 % del total de aportaciones del año a todos los planes. Si comparamos esa cifra con los ingresos por cotizaciones de la seguridad social en el 2002 (67.214 millones de euros) veremos que supone un 5,68 %. Es decir, lo que se paga a los planes de pensiones de empleo podría pagarse a la seguridad social incrementando las cotizaciones sociales cerca del 6 %. Tal y como manifestamos anteriormente, si se invierte nuestro dinero a la seguridad social es negativo para el empleo ya que aumenta la cuña fiscal, sin embargo, si se destina a planes de pensiones es positivo porque es ahorro a largo plazo, cautivo y centralizado en manos de las entidades financieras. Curiosa forma de razonar escondiendo las «razones».
Dejamos aquí las cifras. Es evidente que los planes tienen riesgos, que quebrarán con más facilidad que la seguridad social, que otorgan poder a lo más inconfesable del mundo financiero actual, que juegan un papel fundamental en la preponderancia de la economía financiera sobre cualquier otra cosa, que los países de la periferia sufren sus decisiones de «racionalidad » en la composición de sus carteras, etc. Los planes de pensiones son funcionales al modelo individualista liberal y a la acumulación de poder financiero y por eso se justifican y se imponen.
Notas
[1] 1. Antes del Pacto de Toledo, en 1985, el gobierno socialista de entonces hizo una reforma en la seguridad social que provocó una huelga general. En dicha reforma se alargaba el periodo necesario para tener derecho a una pensión, de 10 a 15 años, y se alargaba el tiempo que se tenía en cuanta para el cálculo de la cuantía de la pensión, pasó de los dos últimos años a los ocho últimos años de cotización
[2] 2. Estos sindicatos incluso se han metido a empresarios del sector. La entidad Gestora Fonditel es la que gestiona el Plan de Pensiones de trabajadores de Telefónica. Fonditel es una empresa cuyo capital social pertenece en un 70 % a Telefónica y en un 15 % a Comisiones Obreras y otro 15 % a UGT. La misma proporción se da en la entidad gestora que lleva el fondo de pensiones de los empleados del grupo BBVA.
Los sindicatos CCOO y UGT son accionistas, con un 30 por ciento, de la empresa que gestiona los planes de pensiones de los trabajadores de la administración del Estado. Dicha empresa recibió en 2004, 55 millones de euros de dinero público para privatizar parte de las pensiones que perciben los funcionarios públicos. Este plan de pensiones, el mayor de toda España, estaba en el acuerdo alcanzado por estas dos organizaciones en noviembre de 2002, que provocaron movilizaciones en esta administración y bajas masivas en ambos sindicatos. Precisamente, uno de los aspectos más criticados del acuerdo fue esta partida, ya que ambos sindicatos vendieron unos puntos porcentuales de subida salarial a los trabajadores, cuando en realidad era dinero que se invertiría en planes de pensiones privados en un periodo en que las pensiones públicas tienen mejor salud que nunca y todo lo que no sea cotización a los sistemas de seguridad social debilita el sistema público.
Pues bien, dos años después, estos sindicatos formaron parte de la comisión que adjudicó el contrato, este órgano esta compuesto por 22 miembros, 11 de la administración y 11 de los trabajadores ( 4 de CCOO, 4 de UGT y 3 del CSIF). El 5 de abril de 2004 se publicó en el BOE el anuncio del concurso, presentándose al mismo las siete principales entidades financieras del país, ya que las entidades gestoras cobran grandes comisiones y, por ende, obtienen importantes beneficios de esta privatización. La comisión, de la que hay que recordar eran parte CCOO y UGT, adjudicó el pasado 6 de julio el concurso a la empresa «Gestión de Previsión y Pensiones». Esta empresa tiene el siguiente accionariado : 70 por ciento BBVA, 15 por ciento CCOO y 15 por ciento UGT. Esta empresa especuladora obtuvo en el 2002 unos beneficios de 1.3 millones de euros, por lo que cada sindicato se llevó el 15% por ciento de dicha suma sin pegar ni golpe. Según declaraciones a «Interviú» de Miguel Ángel Crespo de CCOO «si hubiese votado a otra entidad, estaría actuando en contra de los trabajadores», además preguntado por los beneficios dice que «supone que los habrá». En la misma línea Aurelio Palomares de la UGT dice que el proceso ha sido «un ejemplo de pulcritud».
[3] 3. Nos podemos imaginar lo que haría nuestro plan de pensiones con las acciones de una empresa si en ella hay una gran movilización de nuestros compañeros trabajadores en esa empresa y peligran los planes de ajuste de su dirección, por poner un ejemplo. O con las acciones y títulos de deuda pública de un país cuyos dirigentes, o la propia sociedad, tuvieran la «valentía y osadía» de decir que no pagan la deuda.
[4] 4. Una mala reputación o la expectativa de insolvencia puede en cuestión de horas dejar «frito» de capitales a un país. Cuando se desata la crisis los inversores institucionales huyen de esos títulos dudosos y se refugian en otros más seguros. De ahí la importancia que tiene que instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el BM den su visto bueno a la «fiabilidad» de los gobiernos y sus políticas económicas.* Artículo basado en un trabajo de Juan Ariza Martín y otros materiales publicados en Rebelión.