He defendido siempre el derecho de autodeterminación para cualquier país o territorio donde una parte importante de la población reclame un referéndum de este tipo, y no sólo para las antiguas colonias, que es, en buena parte, la doctrina oficial de las Naciones Unidas. Pero equiparar de manera general los procesos de independencia con los […]
He defendido siempre el derecho de autodeterminación para cualquier país o territorio donde una parte importante de la población reclame un referéndum de este tipo, y no sólo para las antiguas colonias, que es, en buena parte, la doctrina oficial de las Naciones Unidas. Pero equiparar de manera general los procesos de independencia con los avances sociales no tiene ningún fundamento. Ciertamente, a lo largo de la historia ha habido movimientos de emancipación nacional que han estado muy ligados a las revoluciones populares. No ha sido así, sin embargo, en las secesiones que han tenido lugar durante las últimas décadas en la Unión Soviética, Yugoslavia o Checoslovaquia, donde se han impuesto mayoritariamente gobiernos neoliberales, en algunos casos claramente autoritarios, e incluso abiertamente tolerantes hacia el nazismo y los grupos fascistas en general.
La independencia, por otra parte, no es siempre una situación jurídica perfectamente definida. Así, podemos hablar de estados parcialmente reconocidos, como es el caso de Taiwán (al que reconocen actualmente 20 países), de la República Árabe Saharaui Democrática (reconocida por más de 45 países), de Palestina (por más de 130 países) o de Kosovo (por más de 110 países). Todos ellos pueden considerarse estados con «reconocimiento limitado», ya que no son miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas, básicamente por el veto de uno o más miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, principalmente los Estados Unidos, Rusia o China.
Si bien en el marco de la Unión Europea (UE) no ha habido desde su fundación ningún proceso interno de independencia, y sus fronteras se consideran prácticamente intocables, apenas hace unos años que la UE apoyaba con entusiasmo la secesión de una veintena de nuevos estados del Este de Europa. Además, siete de aquellos países se han acabado incorporando a la Unión. Es el caso de Estonia, Letonia, Lituania, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Croacia. A pesar de eso, el proceso independentista catalán es una situación prácticamente inédita en el interior de la UE, con tan solo un único referéndum pactado en la historia de la Union, el de Escocia en el año 2014, en cierto modo comparable a los de Quebec en Canadá de 1980 y 1995, en las tres ocasiones con derrota de los partidarios de la separación. También es oportuno recordar los acuerdos de Belfast de 1998 entre el Reino Unido y la República de Irlanda, donde se aprobó, entre otros puntos, la posibilidad de un referéndum para una hipotética reunificación irlandesa, un proceso que implicaría en primer lugar la separación del Ulster respecto al Reino Unido. Cerca de veinte años después, aquella consulta aún no se ha celebrado, básicamente porque los republicanos o nacionalistas norirlandeses no creen que existan todavía las condiciones adecuadas para obtener una amplia mayoría.
En el Estado Español, y concretamente en Euskadi, se prometió durante años que sin terrorismo era posible dialogar sobre cualquier propuesta. Sin embargo, unos años más tarde, sin ningún tipo violencia, ni en el País Vasco ni, evidentemente, en Cataluña, el gobierno del PP, con el apoyo de Ciudadanos y del PSOE, no ofrece ningún tipo de solución a las reivindicaciones nacionalistas, más allá de la supuestamente «intocable» Constitución de 1978. Esa Carta Magna que el año 2011 se modificó, eso sí, por exigencias de la Sra. Merkel y de la Unión Europea. En esas condiciones, es evidente que el referéndum del 1 de octubre no tenía ninguna posibilidad de celebrarse con las garantías necesarias, no solo por la oposición rotunda del gobierno español, sino también por la falta total de apoyo de la comunidad internacional, dos condicionantes que llevaron a la gran mayoría de los hipotéticos partidarios del «No» a ignorar la consulta. A pesar de que por parte del gobierno español hubiera sido mucho más inteligente tolerar el referendum, sin reconocerlo formalmente, en lugar de practicar la incalificable represión policial que se llevó a cabo, también por parte del gobierno catalán hubiera sido mucho más razonable considerar la consulta como una nueva medida de presión de caras a una futura negociación, es decir sin efectos vinculantes.
Así hemos llegado a la situación actual, sin duda el peor conflicto en muchos años en el estado español, seguido apenas con disimulada preocupación por la Unión Europea. Una situación muy grave por la represión policial y por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha supuesto el cese del gobierno autónomo en pleno y la disolución del Parlamento, así como el encarcelamiento de buena parte de los más destacados dirigentes independentistas, tanto del gobierno (PDeCat y ERC) como de las organizaciones soberanistas (ANC y Omnium). Pero el proceso ha dado también muestras evidentes, sobre todo a partir de las elecciones del 21 de diciembre, de la existencia de una Cataluña profundamente dividida. Por un lado, Ciudadanos ha sido el partido más votado en los 10 municipios más poblados del país: Barcelona, L’Hospitalet, Badalona, Terrassa, Sabadell, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus y las comarcas de las que forman parte, además de la Val d’Aran, en este caso en pleno Pirineo y con su propia lengua y cultura tradicionales, muy próximas a la Occitania francesa. Por otro lado, y en enorme contraste, la hegemonía independentista en buena parte de la Cataluña interior, donde Junts per Catalunya (candidatura próxima al PDeCat) y ERC han acaparado ampliamente el voto ciudadano, destacando ciudades como Girona, Sant Cugat, Manresa, Vic o Vilafranca, además de la casi totalidad de las comarcas interiores. Mientras tanto, las fuerzas políticas de ambos extremos del arco parlamentario (PP y CUP) se han hundido electoralmente, y la brutal polarización ha dejado también tocados al PSC y Catalunya en Comú – Podem.
En todo caso, no hay duda de que en los últimos meses hemos llegado a una situación extremadamente grave. Pero era evidente que el camino de la declaración unilateral de independencia (DUI), a falta de nadie para negociar desde la otra parte, a falta de apoyo internacional, era el camino de la confrontación total con el estado. La situación actual es enormemente compleja, pero la apuesta debería ser intentar superar la grave confrontación política e institucional existente en el país, priorizando las políticas sociales y trabajando para conseguir, a medio plazo, un referéndum que la Unión Europea pueda llegar a reconocer como legítimo. En todo caso, defender el derecho de autodeterminación, sin olvidar la solidaridad con el resto de los pueblos de la península, ha de ser perfectamente compatible con promover una República Federal o un estado confederal, opciones que, como la separación, comportan inevitablemente una gran reforma constitucional llena de enormes dificultades en la perspectiva histórica actual.
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