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La explotación asola Almería, donde los trabajadores emigrantes cobran un salario inferior al mínimo y viven en la miseria

«Los consumidores no saben que somos esclavos dentro del invernadero»

Fuentes: Al Jazeera

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Maruf Osman, un ghanés de 23 años de edad, hace un gesto hacia el asentamiento de hormigón y lona situado detrás de él, en una árida zona baldí a a las afueras de la pequeña ciudad de San Isidro, en Almería, la provincia del sur de España que alberga la mayor concentración de invernaderos del mundo. » Ni siquiera en mi país viví nunca en un sitio como este».

Un hedor impregna el ambiente, por el suelo se ve papel higiénico usado, plásticos gastados y hechos pedazos. Unos gatitos callejeros husmean los restos. Un poco más lejos un emigrante ataviado con una camiseta del Liverpool FC se agacha detrás de unos arbustos.

A ambos lados del asentamiento la extensión blanca de los invernaderos de fruta y verdura de Almería domina el paisaje que se extiende desde las estribaciones de Sierra Nevada hasta el mar Mediterráneo. El «mar de plástico» de Almería, que abarca 31.000 hectáreas y se puede ver desde el espacio, produce aproximadamente 3.5 millones de toneladas de fruta y verdura al año.

Según la empresa distribuidora regional Agrosol, un 61 % de lo producido en Almería se exporta, un 99.8 % a Europa, cuyos principales mercados son Holanda (13.55 %), Francia (13.5 %) y Reino Unido (11.4 %).

Con la inminencia del Brexit los agricultores se preparan para unos altos impuestos británicos a la exportación que harán aumentar los costes de producción y bajar los precios de los productos en un mercado especulativo de materias primas que genera unos ingresos anuales de 274 millones de euros (300 millones de dólares).

Vista desde arriba, la sorprendente geometría de los invernaderos almerienses se parece a una obra de ciencia ficción: un futurista y descontrolado modelo de agricultura de simetría estructural que cultiva los productos por toneladas métricas en una tierra en la que escasea el agua, la tierra está abrasada y el sol es cegador.

En realidad, lo que los economistas españoles denominan «milagro económico» de Almería depende casi exclusivamente de personas trabajadoras emigrantes invisibles, prescindibles y a menudo empleadas de forma ilegal, como Maruf, que trabajan duramente a 40 grados de temperatura y con una humedad extrema.

Foto: El «mar de plástico» de Almería, que es visible desde el espacio y abarca más de 31.000 hectáreas, produce aproximadamente 3.5 millones de toneladas de fruta y verdura al año [Guillem Trius/Al Jazeera].

Los días que Maruf encuentra trabajo pasa ocho horas inmerso entre cultivos llenos de pesticidas sin equipo de protección. Por la noche duerme hacinado en habitaciones abarrotadas, como los miles de otras personas trabajadoras emigrantes que se hacinan en lúgubres campamentos como San Isidro que hay por toda la región, sin electricidad ni instalaciones sanitarias.

Maruf llegó a Almería hace seis meses tras llegar a Europa en patera vía Lampedusa. Como en Italia hay pocas oportunidades de trabajo, viajó por tierra a Valencia para recoger naranjas y después a Almería para buscar trabajo en los invernaderos. En Almería vive en una estructura de hormigón sin puertas o ventanas que comparte con otras cinco personas. En el mejor de los casos encuentra trabajo uno o dos días a la semana durante la cosecha. Cuando sus padres le llaman por teléfono desde Ghana se siente avergonzado y miente acerca de su vida en Europa. «No quiero que me vean en un entorno como este», dice. «Llorarían y me preguntarían por qué vivo de esta manera».

Foto: Familias y niños viven en asentamientos cerca de los invernaderos, con unas pésimas condiciones de vida, sin agua corriente, electricidad o instalaciones sanitarias [Guillem Trius/Al Jazeera].

Mientras habla otros dos ghaneses salen de una edificación anexa de hormigón. Se lavan los brazos con una olla ennegrecida que cuelga sobre un fuego. Sumergen una taza de lata en la olla y comparten sorbos de agua.

En un invernadero cercano alguien ha escrito en castellano «Derechos para los trabajadores».

Un niño marroquí deambula solo por el páramo junto a un montón de botellas rotas. Cerca, un emigrante se balancea adelante y atrás, y parece borracho. «Tenemos muchos problemas con el alcoholismo aquí», dice José García, del Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT), un sindicato independiente de personas trabajadoras y grupo de presión de Almería que ofrece asesoramiento legal a las personas emigrantes y lucha contra las empresas agrícolas locales para conseguir unos salarios básicos y protocolos de seguridad. «El aburrimiento y la depresión pasan factura», afirma mirando al hombre que ahora se apoya contra un árbol.

Según García, en el campamento de San Isidro viven unas 300 personas, incluidos cinco niños, y en la región hay 62 campamentos similares. «Calculamos que debe de haber unas 100.000 personas trabajadoras en el campo … Un 93 % de las personas que trabajan en el campo, (personas trabajadoras asalariadas) están en condiciones precarias».

En 2013 el SOC negoció un salario diario mínimo de 46,72 euros (51,21 dólares) para las personas trabajadoras, pero los propietarios de invernaderos todavía no lo aplican.

Según la ley, aquí es ilegal el empleo sin contrato. Pero a menudo se emplea extraoficialmente a la mano de obra y a las personas emigrantes de Almería, a las que se paga en mano en efectivo sobre una base ad hoc de unos 35 euros (38,36 dólares) al día.

«Aquí hay mucho sufrimiento», afirma Abdul Wahjid, otro residente marroquí en el campamento y que tiene 23 años. «Nos gustaría vivir en otro sitio, pero no tenemos papeles [de trabajo] ni tenemos dinero para trasladarnos».

Foto: el asentamiento situado a las afueras de San Isidro en el que viven más de 200 personas trabajadoras. [Guillem Trius/Al Jazeera]

Un portavoz del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español declaró a Al Jazeera que el gobierno aplica las normas de salud y seguridad, y lleva a cabo regularmente inspecciones de trabajo. Se deben denunciar las irregularidades, aunque «no se puede tener en cuenta algún caso aislado», afirmó el portavoz .

Por lo que se refiere al uso de pesticidas, el Ministerio afirmó que por ley se deben aplicar la normas de seguridad y que se debe utilizar un equipo de protección cuando se trabaja con pesticidas. Pero en la región se ven pocas pruebas de esta ley.

También se afirma que el visto bueno del gobierno español a una subida del 22.3% del salario mínimo para 2019 beneficia a unos 2.5 millones de personas trabajadoras de todos los sectores, incluida la industria agrícola, y contribuye a «prevenir la pobreza en el trabajo, a aumentar el nivel de vida de las personas con salarios más bajos», afirmó el portavoz. Sin embargo, todavía no se aplica a la utilización de personas emigrantes indocumentadas de Almería a las que se paga por debajo del salario mínimo ni a las miserables condiciones en las que viven muchas personas que trabajan en los invernaderos en Almería.

El camino al empleo legal es duro. Spitou Mendy, un senegalés de 56 años, presidente del sindicato SOC, traductor y trabajador en los invernaderos, conoce bien el proceso. En Senegal era maestro, estaba muy implicado en la coordinación sindical y llegó a Almería en 2001. Hoy vive solo en un piso pequeño y con pocos muebles en la ciudad de Almería. Es última hora de la tarde y acaba de terminar su turno en el invernadero. Se frota los ojos cansados y baja las persianas de la sala para evitar el sol que hay fuera. «Cuando una persona emigrante llega a España, tiene que esperar tres años para solicitar un permiso de trabajo», explica. «Sin ese permiso no hay nada, no son visibles. Las personas trabajadoras son como un objeto que hay que esconder». Este periodo de espera se denomina «arraigo social» y su finalidad es demostrar a las autoridades de emigración que la persona ha empezado a crearse una vida en España con vistas a asentarse de forma permanente. El empleo legal también requiere el aval de un permiso de trabajo previo de un jefe de empresa dispuesto a hacerlo.

«Las personas emigrantes corren mucho peligro porque si pasa algo en el invernadero mientras están trabajando, no tienen acceso al sistema sanitario. También pueden tener muchos problemas porque no trabajan legalmente y se supone que deberían hacerlo. Estamos expuestos a peligros como los pesticidas. Respiramos los productos que se utilizan para matar los insectos que hay en los invernaderos. Nadie nos dice que es peligroso. La gente tiene miedo, pero tiene más miedo a que el jefe los eche. La gente muere en los invernaderos porque no tienen protección…. Al final, se sacrifica a la persona trabajadora para que un producto bien empaquetado llegue a los supermercados».

Un estudio independiente sobre intoxicación por pesticida anticolinesterasa en Almería elaborado por el Departamento de Medicina Legal y Toxicología de la Universidad de Granada reveló que entre enero de 2000 y diciembre de 2006 hubo 597 casos de exposición a plaguicidas.

No se dispone de la cifra exacta de la cantidad de personas que han muerto por causas relacionadas con el trabajo, aunque el SOC ha contribuido a sacar a la luz un caso reciente. Un trabajador marroquí de 27 años identificado como MEB murió el 18 de enero de 2019 después de padecer dolores de estómago durante una semana. La autopsia que hizo el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería confirmó que la causa de la muerte había sido un envenenamiento. Los propietarios de los invernaderos Kop Agro se negaron a hacer comentarios en aquel momento alegando la falta de información en el momento de su muerte y desde entonces no han hecho ninguna declaración.

Para las personas emigrantes sin contrato que buscan trabajo la jornada empieza sobre las 4 de la madrugada. Las calles y bares que hay en la calle principal están cerrados. Un viento frío proveniente de la costa barre el interior.

Grupos pequeños de personas marroquíes y africanas occidentales ataviadas con chalecos reflectantes se reúnen en las rotondas y las esquinas de las calles mientras por ellas pasan lentamente furgonetas blancas pequeñas y coches. Se aprietan rápidamente dentro de los vehículos que desaparecen en el dédalo de caminos que llevan a los invernaderos.

Varias personas trabajadoras emigrantes a las que entrevistó Al Jazeera afirmaron que no ven a los jefes para los que trabajan, sólo a los encargados que los recogen en sus coches, supervisan las tareas del día y luego los devuelven al mismo lugar. Los encargados rara vez contratan a personas nuevas, ya que dan prioridad a grupos pequeños a los que conocen de antes. Para las personas recién llegadas a Almería eso puede significar semanas o meses sin hacer nada.

Hacia las 9:30 vuelve a la vida La Mojonera, otro somnoliento pueblo costero. Un grupo de hombres jóvenes de Malí y Costa de Marfil se han quedado hasta el amanecer en la rotonda principal del pueblo con la esperanza de encontrar trabajo. Pronto deciden dejarlo para otro día y caminan penosamente de vuelta al alojamiento que han alquilado: un piso de tres habitaciones sin ventanas que comparten 10 personas, con paredes agrietadas y una pesada puerta de acero situada enfrente de una fábrica de pesticidas. Dentro de la casa el aire está cargado.

Los hombres están exhaustos. Se desploman en sofás y sillas desgastados mientras en una televisión resuena un partido de fútbol pixelado, con imágenes vacilantes y paralizadas. Cerca del mediodía, aparecen otros, con cara de sueño y aturdidos.

Daouda Diabete, de 24 años y procedente de Costa de Marfil, llegó hace cuatro meses a Almería desde Italia. Va vestido elegantemente, con unas zapatillas perfectamente blancas, y se agita nervioso en el sofá al hablar. «Algunos jefes pueden darte dos o tres días de trabajo sin papeles, depende. Pero después, te dejan ir. Si tienes papeles puedes conseguir un pequeño contrato y así te las puedes arreglar. Te levantas a las 4 de la madrugada y vas a buscar trabajo. No debes quedarte en casa, si te quedas en casa, no consigues trabajo».

Martin Caraher, profesor de política alimentaria y sanitaria de la City University de Londres, afirmó que los trabajadores como Diabete son «vulnerables por partida doble. Son vulnerables debido a los bajos salarios y son vulnerables por ser emigrantes. La gente en Reino Unido ni siquiera es consciente de ello. Actualmente la gente está muy centrada en la sostenibilidad y con toda razón. Pero respecto a algunos productos como el café tienen cierto sentido de justicia en la cadena alimenticia y en cambio asumen que todo está bien en el caso del resto de alimentos, pero no lo está».

Como ocurre en el caso de las personas trabajadoras emigrantes, la vida también es imprevisible para algunos de los agricultores de Almería. Avelino Mana, de 56 años, es propietario de su invernadero desde hace 30 años, 23 de los cuales ha estado cultivando calabacines. Ahora es el momento de la cosecha, que se destina en su totalidad a Inglaterra a través de la empresa de exportación y distribución Mayes Exportation, la cual abastece al supermercado británico Sainsbury’s.

El aire está cargado el interior de su vasto invernadero. La densa vegetación llega hasta la cintura y cubre 30.000 metros cuadrados. A pesar de las dimensiones del invernadero Mana afirma que para trabajarlo solo necesita, además de él mismo, a sus tres empleados marroquíes contratados, uno de los cuales lleva 22 años trabajado para él.

El aumento gradual de los costes de producción ha afectado duramente a su negocio y el Brexit le va a afectar aún más, aunque no puede decir hasta qué punto. Mayes, la empresa distribuidora, «ya nos ha dicho que va a importar menos calabacines. Me dijeron que se va a encarecer el transporte a Inglaterra», explica. «La cuestión es que costes como el plástico, la tierra, los trabajadores, la luz son más caros, todo lo es, pero el precio de los productos sigue siendo el mismo de hace 30 años».

Mana nunca sabe exactamente a qué precio se va a vender su cosecha. Los precios los imponen las seis principales empresas de distribución de Almería, que compran productos por kilo a los proveedores locales y después los venden a los supermercados, que a menudo se encargan del transporte y la logística necesarios para que lleguen a los estantes de las tiendas europeas. Cuando el margen de beneficio de los distribuidores se reduce debido al aumento de los costes logísticos, el precio de los productos baja. Pero sin estas empresas la mayoría de los propietarios de invernaderos, que suelen estar en aprietos, carecen del capital o de las instalaciones necesarias para comercializar los productos solos. «Nos tienen agarrados por las pelotas», se mofa Mana.

Actualmente Mayes compra sus calabacines por 35 céntimos de euro el kilo (0.38 dólares). En un supermercado de Reino Unido se venden por aproximadamente un euro cada pieza (1.10 dólares), es decir, unos 8 euros el kilo (8.79 dólares). «Es un precio justo para un buen producto», afirma Mana. Aunque él nunca lo verá.

Una furgoneta pequeña de Mayes espera su carga a la entrada de su invernadero. Dentro del invernadero Mana y sus trabajadores van de cultivo en cultivo cortando calabacines por el tallo con navajas y cargándolos en carros que empujan a mano.

En la cercana localidad de El Ejido, situada en la carretera que une Almería con el norte de España, hay almacenes de muchas de las principales empresas distribuidoras de la región: Góngora Export S L, Gonzalez Bonilla S L, Ica, Mr Roger, Agroponiente y La Unión.

Las seis principales empresas de distribución de Almería declinaron ser entrevistadas para este artículo.

El almacén de La Unión es un centro industrial: aséptico, en él se trabaja con movimientos rápidos y supone todo un mundo aparte respecto a las terribles condiciones en las que están las personas trabajadoras emigrantes de Almería. Las máquinas braman mientras las carretillas elevadoras se desplazan de un sitio a otro por el almacén. Trabajadores españoles uniformados gritan instrucciones mientras se cargan cajas brillantes de tomates, pimientos, calabacines y melones en los camiones alineados a la entrada del almacén.

A más de 2.200 km de distancia, en la sección de verduras de un supermercado Sainsbury’s en Kingsland Road de Londres hay cajas llenas hasta los topes de calabacines empaquetados en bolsas de malla verde cuando los compradores llenan sus cestas en la hora de mayor afluencia. En cada bolsa hay una etiqueta que dice: «Cultivado por Mayes, España».

En los productos almerienses situados en los estantes adyacentes solo se indica el país y la región en la que se cultivan. No hay ninguna referencia a los deteriorados invernaderos independientes como el de Mana en los que fueron adquiridos a un precio extremadamente bajo. Se ha eliminado toda huella de la empobrecida fuerza de trabajo emigrante de la región y de los miseros asentamientos en los que duerme.

Un portavoz de Sainsbury’s no nos explicó por qué las etiquetas de los productos no indican el punto exacto de origen, aunque señaló a Al Jazeera que desde 2015 la empresa y otros minoristas financian y apoyan los Foros de Comercio Ético de España. El portavoz añadió que los equipos de Sainsbury’s visitan a los proveedores cada pocas semanas para controlar que cumplen con los principios del código de conducta de comercio ético de la empresa. «Los proveedores también deben demostrar una mejora continua del bienestar de las personas trabajadoras e informarnos de sus progresos en el cumplimiento de su propio código de conducta».

Los supermercados británicos siguen siendo muy opacos en lo que se refiere al volumen de las importaciones, el origen de los productos, los ingresos y las estrategias de distribución del mercado. Tesco ha declarado que es «una información comercialmente sensible».

En 2015 Sainsbury’s fue amonestado por el organismo regulador de Reino Unido, The Financial Reporting Council, por negarse a declarar los ingresos de los proveedores.

Un portavoz de Tesco afirmó que la empresa era «consciente de los riesgos que implica emplear a personas trabajadoras inmigrantes en el sur de España», pero que trabaja con cultivadores, proveedores y los Foros de Comercio Ético de España para garantizar unos «buenos estándares». El portavoz añadió que Tesco utiliza una lista de proveedores aprobada, que anualmente auditan «partes independientes», y que regularmente visita las instalaciones de los proveedores. Sin embargo, Tesco también omite la información específica acerca del proveedor en las etiquetas, de modo que quienes son consumidores conscientes no pueden tomar decisiones informadas acerca de lo que compran.

Esta falta de transparencia en el paso del producto del invernadero a la mesa es, según líder sindical senegalés Spitou Mendy, esencial para el éxito de las empresas distribuidoras. Define el modelo económico de Almería, así como la constante prosperidad de los supermercados a los que abastecen. «Las personas consumidoras no saben que somos esclavos dentro del invernadero», afirma.

Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/features/aware-slaves-greenhouses-191015093821140.html

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.

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