El drama de una Europa blindada para los refugiados que huyen de sus países en conflicto, la represión del pueblo turco por parte de su Gobierno, la sangrienta guerra contra las drogas en Filipinas, el sometimiento del pueblo roghinya de Myanmar, un presidente de EEUU negacionista del cambio climático y xenófobo o la violencia contra […]
El drama de una Europa blindada para los refugiados que huyen de sus países en conflicto, la represión del pueblo turco por parte de su Gobierno, la sangrienta guerra contra las drogas en Filipinas, el sometimiento del pueblo roghinya de Myanmar, un presidente de EEUU negacionista del cambio climático y xenófobo o la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Queda dibujada una estampa mundial desoladora en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la fecha de conmemoración de aquella Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948 para el reconocimiento de los derechos inherentes a todos los seres humanos y que, también en España, es sistemáticamente ignorada.
2017 ha sido un año de poco avance en España en materia de derechos humanos, consideran las ONG y los activistas consultadas por cuartopoder.es. A los problemas existentes, se unen nuevos desafíos. Amnistía Internacional destaca que España ha cubierto menos del 14% de la cuota de refugiados que el mismo Gobierno se comprometió a acoger -solo han llegado 2.500 personas más de las 17.000 plazas prometidas-. Asimismo, la organización critica las nuevas leyes y políticas concebidas para abordar la amenaza del terrorismo que «han pasado como una apisonadora sobre la salvaguarda de los derechos» y una Ley de Seguridad Ciudadana que ha confirmado «más poder para la policía, menos garantías para los ciudadanos».
1. Libertad de opinión, expresión y derecho a la reunión
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión (…)
Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas.
La polémica Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, aprobada por el Gobierno del PP en su etapa de mayoría absoluta en las Cortes, ya lleva más de dos años en vigor y su reforma lleva paralizada en el Congreso de los Diputados desde hace un año. En un informe que Amnistía Internacional presentó en verano se subrayaba que la norma ha sido utilizada «contra el activismo social y específicamente contra los activistas que defienden el derecho a la vivienda» de manera que se ha obstaculizado su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica y ha provocado que los ciudadanos tengan miedo de salir a las calles para protestar.
La ONG calcula que solo en 2016 alrededor de 34.000 sanciones podrían haberse impuesto por el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información, y destaca casos como el de la periodista Cristina Fallarás, multada en junio de este año con 601 euros por ejercer «su derecho a reunión» en una concentración en Madrid contra los asesinatos de periodistas en México. «Con la ‘ley mordaza’ la ciudadanía pierde su derecho a la presunción de inocencia o su derecho a la defensa. Está redactada de forma que da pie a la libre interpretación por parte de las fuerzas y cuerpos del estado, lo que puede dar lugar a posibles abusoos. Esto lo hemos visto en la aplicación de artículos que incluyen conceptos vagos como las faltas de respeto a la Policía, uno de los principales motivos de multa en estos dos años. Desde llamar «colega» a un policía hasta denunciar un mal uso de la ley por su parte, ha sido motivo de multa», explica Alba Villanueva, de la Plataforma No Somos Delito.
Los defensores de derechos humanos en España también han criticado que la ley contra el enaltecimiento del terrorismo, contemplada en el Código Penal cuando la banda terrorista ETA se encontraba en activo, ha servido para coartar la libertad de expresión y opinión. Alfredo Ramírez se ha convertido en noviembre en la primera persona de la ‘Operación Araña’ que ingresará a prisión por sus tuits. Entre 2014 y 2016, más de 70 personas fueron detenidas en el marco de esta operación. Entre ellas el cantante César Strawberry, quien también fue sentenciado este año aunque no irá a la cárcel. Recientemente el grupo de rap La Insurgencia han sido condenados también por enaltecimiento al terrorismo con dos años y un día de pena, una sentencia polémica porque esa diferencia de un día, al carecer de antecedentes, consigue que vayan a prisión.
2. Los derechos de refugiados y migrantes
Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Artículo 14: En el caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
El incumplimiento del compromiso de España en la acogida de refugiados ha sido una de las grandes decepciones de este año, pero esta no es la única manera en la que el Gobierno vulnera el derecho de asilo. Hay otra si cabe, más flagrante, las ‘devoluciones en caliente’, que impiden a las personas solicitar asilo al llegar al país. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó el pasado mes de octubre a España por estas devoluciones realizadas desde Ceuta y Melilla, una decisión importante para organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) porque lleva intrínseca un poco de esperanza.
No obstante, el coordinador de APDHA, Carlos Arce, denuncia que persisten viejos problemas para migrantes y refugiados como las constantes identificaciones por perfil racial o la desprotección de los Menores Extranjeros No Acompañados -conocidos bajo el acrónimo de MENAS-, quienes cuando cumplen los 18 años y dejan de ser tutelados por la Administración acaban «en la calle, indocumentados, sin haber recibido ningún tipo de formación mínima académica y sin una mínima posibilidad de inserción laboral». Asimismo, recuerda que a principios de este mes se conocía que un menor migrante había estado encerrado de manera ilegal en un CIE durante 38 días.
Según los datos facilitados por La Sociedad estatal de Salvamento Marítimo (SASEMAR), que depende del Ministerio de Fomento, 21 personas murieron intentando alcanzar la costa española y 90 desaparecieron en los primeros diez meses del año. En el mismo periodo de tiempo, la APDHA contabiliza 42 personas muertas y 208 desaparecidas en su balance de la frontera sur. Un drama al que se suma «la criminalización» de defensores de estas vidas como Helena Maleno, han denunciado varias organizaciones. «Nos parece especialmente significativo la impunidad con la que se ha cerrado el caso de El Tarajal, por ejemplo, y que se active esta vía de represión penal contra personas que hacen denuncia e incidencia política y asistencia humanitaria pura», explica Arce.
3. Derecho a la vivienda
Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…).
En España se siguen produciendo un elevado número de desahucios. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, durante el segundo trimestre del año se produjeron 16.859 desahucios en España (más de 185 cada día). Es una cifra similar a la que se produjo en los primeros tres meses del año. Cataluña es el lugar con un número más alto de lanzamientos y le siguen Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid.
El balance de este año es bastante negativo para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) acaba de ser tumbada en la Asamblea de Madrid y lamentan no haber podido sacar adelante una ley contra los desalojos en el Congreso de los Diputados debido a la falta de apoyo del PSOE. «Tenemos por delante la problemática de que los bancos han estado vendiendo viviendas a los fondos buitre y a los pequeños inversores. Los desahucios continuarán y empeorarán porque estos actores tienen mucha más ambición que un banco. Todo va a ser bastante complicado», lamenta el portavoz de la plataforma en Parla, Ricardo Rosado, quien denuncia que los miembros de la plataforma están asediados por un sinfín de multas y sanciones.
4. Memoria histórica y reparación
Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes.
España es uno de los países del mundo con mayor número de desaparecidos, aunque las cifras bailan. Según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, se perdió el rastro de 140.000 personas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las ONU volvió a llamar la atención al Gobierno en septiembre porque «la mayoría» de las recomendaciones para que los familiares puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación no han sido implementadas, algo contrario a «las obligaciones internacionales de España».
Ya hace tres años que la jueza argentina María Servini de Cubría dictó una orden internacional de detención preventiva y extradición contra el exministro franquista Rodolfo Martín Villa y otros 19 imputados por crímenes durante la dictadura. El bloqueo de esta orden, según la ONU, es responsabilidad del Estado español, porque la Audiencia Nacional denegó un exhorto diplomático para interrogar a varios encausados. El exiministro franquista ha logrado ir a declarar a Buenos Aires sin ser detenido.
Julián Rebollo, de la Comuna Presxs del Franquismo, critica que los partidos políticos ni siquiera han planteado abarcar la memoria histórica en sus propuestas para modificar la Constitución. Aunque ha habido algunos avances como la decisión de varios Ayuntamientos para querellarse contra el franquismo, asegura que nada cambiará sin una ley que reconozca a las víctimas de la dictadura, al igual que están reconocidas las víctimas de ETA. «El punto fundamental es que no se reconozca que hay víctimas y, por tanto, verdugos y asesinos. Las estructuras del Estado pertenecen a quienes vienen del franquismo y ellos quieren mantener su estatus», denuncia.
5. La violencia contra las mujeres
Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole (…).
La violencia contra las mujeres sigue siendo una lacra en España. La Delegación para la Violencia de Género ha confirmado 46 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, aunque las asociaciones feministas elevan la cifra a más del medio centenar y añaden cinco hijos o hijas de éstas. El pasado mes de noviembre las más de 500 organizaciones que componen la plataforma Polétika advertían de que el Pacto de Estado contra la violencia de género no está garantizado porque carece de dotación presupuestaria. El Gobierno, según estas ONG y colectivos sociales, muestra «escasa disposición» en la materia. También advertían de que es un «riesgo» para mujeres y menores que han sufrido violencia que se imponga un anteproyecto de ley presentado por PP y Ciudadanos para la custodia compartida impuesta.