Lo primero que debemos saber es que hay afectados y «afectados» por la crisis financiera. Los auténticos afectados son las y los trabajadores asalariados que nunca invirtieron en bolsa y ahora pierden sus empleos, sufren mayor presión para aceptar condiciones laborales degradantes, pierden sus rentas en gravosas hipotecas o sus casas directamente o se ven […]
Lo primero que debemos saber es que hay afectados y «afectados» por la crisis financiera. Los auténticos afectados son las y los trabajadores asalariados que nunca invirtieron en bolsa y ahora pierden sus empleos, sufren mayor presión para aceptar condiciones laborales degradantes, pierden sus rentas en gravosas hipotecas o sus casas directamente o se ven abocados al subconsumo desde la precariedad.
Los «afectados» entre comillas son los «bonistas», empresarios y profesionales liberales que especulaban con acciones y bonos a través de consultores y de una tupida red de sociedades de inversión en renta variable y sociedades inmobiliarias ligadas por relaciones preferentes de servicio financiero a bancos y cajas.
Estos «afectados» no son pobres ni asalariados. La inversión media mínima per cápita que realizaron en bonos estructurados de Lehman Brothers introducidos en el mercado español en 2007 asciende a 40.000 euros, casi 7 millones de las antiguas pesetas. Algunos de estos inversores perdieron millones de euros. Es decir, la crisis hipotecaria norteamericana que llevó a la quiebra de bancos como Lehman Brothers afecta en España a las inversiones de la burguesía y la clase media alta. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a muchos futbolistas profesionales.
Lo segundo que es preciso entender es que la euforia capitalista que condujo a esta crisis no fue producto de una falta de regulación, como eufemísticamente proclama la propaganda gubernamental. No fue la espontaneidad del capitalismo salvaje, sino por el contrario, fue una regulación específica orquestada desde el Gobierno de acuerdo con el capital financiero la que dio facilidades a la penetración y expansión de estas operaciones en España.
El Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, modificó en su Artículo 19 la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto de Sociedades (Art. 69.1), estableciendo que las Sociedades y Fondos de Capital Riesgo, disfrutarán de una exención del 99 por ciento por las rentas que obtengan en la transmisión de acciones y participaciones de capital. Es decir, la rentabilidad de estas operaciones pasó a tributar solamente un 1 por ciento por impuesto de Sociedades. Por comparación, en Canarias la Reserva de Inversiones creada en 1994 establece una tributación para el Impuesto de Sociedades del 10 por ciento.
En España, la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, fue modificada por el Partido Popular con la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Mediante esta reforma, se incrementó la flexibilidad administrativa con el fin de facilitar el desarrollo de estas actividades y atraer el dinero especulativo. Aquí se estableció que los riesgos asumibles por profesionales o cualificados podían ser mayores que los del inversor minorista, es decir, se abrió la puerta del apalancamiento y de la contratación sin plenas garantías que ha conducido a la actual situación.
El presidente de Lehman Brothers en España, Luis de Guindos, era Secretario de Estado de Economía cuando el PP hizo esta reforma, pero todavía se dieron más facilidades, in extremis, en los días anteriores a las elecciones del 14 de marzo de 2004. Son muy significativas las fechas de la última reforma fiscal del Impuesto de Sociedades que hizo el Partido Popular: Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo, del Impuesto sobre Sociedades y al resto de la normativa fiscal, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 11 de marzo de 2004. Aquí se mantuvo la exención a las rentas provenientes de estructurados, entre otros regalos de última hora a los empresarios.
¿Cambió esta flexibilización normativa durante el primer gobierno del PSOE? No. Por el contrario, se fue más lejos. La LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, mantuvo la exención del «peaje fiscal» por cambiar de producto en los fondos de inversión, pero también debe considerarse el detonante de la euforia especulativa con estructurados, comercializados como depósitos de alta rentabilidad, al establecer un tipo impositivo único del 18% en el IRPF, que eliminó la principal ventaja fiscal que tenían los fondos de inversión frente a los depósitos.
La aplicación del 18% a las ganancias bursátiles con independencia del plazo que se generen benefició sobre todo a los que operaban a corto plazo, al castigar a los productos colocados a más de dos años. Al amparo de esta reforma se multiplicaron los nuevos productos financieros y con ellos se disparó la especulación y el riesgo.
Por lo tanto, sucesivos gobiernos pusieron mesa y mantel legal al capital financiero con una normativa a la carta para que se expandieran los estructurados. Los mismos que crearon esta situación han negociado ahora el «plan de rescate» mediante el cual, en definitiva, unos inversores de rentas altas a los que se les había facilitado legalmente el camino del riesgo, que tributarían por IRPF a un tipo del 18% reducido, vinculados a su vez a unas sociedades de consultoría, inversión colectiva y banca que sólo pagarían un 1 por ciento a Hacienda por los beneficios que obtuvieran, reciben un inmenso paquete de inversión pública, por valor de 150.000 millones de euros en 2008, extraído de los impuestos que pagan religiosamente las rentas salariales de las y los trabajadores.
En Canarias, más escandaloso todavía
En Canarias esto es más escandalosamente cierto que en ningún otro sitio, porque a la exención del 99 por ciento del Impuesto de Sociedades para los beneficios obtenidos en la especulación financiera con productos de alto riesgo, hay que sumar la exención del 90% del impuesto de Sociedades para cualquier otra clase de beneficios empresariales acogidos a la Reserva de Inversiones.
¿Y dónde permite el reglamento de la RIC invertir los beneficios de ese 90 por ciento no tributados a la Hacienda pública? Pues, entre otros, en sociedades de capital-riesgo que gestionan estructurados como los de Lehman Brothers. En un artículo publicado en El Día por Álvaro Arbelo, actual director de Cajacanarias, fechado el 27 de noviembre de 2005, hace ahora tres años, titulado «La RIC como oportunidad de desarrollo», se puede leer una invitación descarada a invertir la RIC en depósitos estructurados:
«En nuestra opinión, ha llegado el momento de dar un salto cualitativo en la materialización de nuestras inversiones RIC. La empresa canaria comienza a estar madura y ha adquirido la dimensión necesaria para adentrarse en otros campos de actuación menos tradicionales y más innovadores. Se trata de inversiones que están despertando un interés cada día mayor en los ambientes financieros del país y cuyo efecto es multiplicador. Entonces ¿por qué no aprovecharlo?
Con el propósito de encauzar la inversión de la RIC desde aquellos contribuyentes que carecen de proyectos empresariales propios en donde invertir hacia aquellas empresas que sí cuentan con dichos proyectos pero necesitan financiarlos, la utilización de entidades de capital-riesgo para materializar la RIC puede jugar un importante papel. La gestión profesionalizada y especializada de este tipo de instituciones puede comportar grandes ventajas para el inversor de la RIC y, desde el punto de vista de los intereses de la economía canaria, se puede conseguir una financiación privilegiada para nuevas empresas y sectores relacionados con las nuevas tecnologías.»
¿Carecen de proyectos? No, son capitales ociosos que no encuentran una tasa de ganancia atractiva para reproducir el ciclo de acumulación, así que se derivan hacia bienes de lujo o especulativos que no crean empleo ni reparten riqueza, en lugar de ir a las arcas públicas.
El pasado 3 de noviembre se reunieron Paulino Rivero y José Manuel Soria con 23 representantes de la banca, a los que pidieron facilitar el crédito para impedir que las empresas se ahoguen y evitar el aumento vertiginoso del desempleo. ¿Cuál fue la respuesta de estos banqueros que antes invitaban a las empresas a invertir la RIC en estructurados?
Le dijeron a Rivero y a Soria que no iban a facilitar financiación crediticia a las empresas, porque las que más lo solicitaban y necesitaban estaban en riesgo de quiebra y ellos no iban a ser los pagadores de malas decisiones empresariales. Es decir, que la banca prefería no dar créditos y dejar hundirse a las empresas canarias, porque si los conceden los empresarios entrarán en proceso concursal y usarán el crédito para pagar las deudas.
¿Y cuáles son estas deudas? Principalmente, gastos de personal, es decir, salarios.
Para entendernos: la banca de las islas se niega a conceder créditos a las empresas en crisis porque de esa forma los costes finales de la crisis que la banca ha generado los pagarán los trabajadores con sus salarios y yendo al paro, mientras la banca no compromete su liquidez ante las dudas sobre la viabilidad de esas empresas en medio de una creciente morosidad.
Y por la misma razón, la primera subasta estatal de activos del plan de rescate gubernamental, celebrada el 20 de noviembre, ha resultado un fiasco y sólo ha podido colocar el 42 por ciento de los primeros 5.000 millones ofrecidos: buena parte de la banca, en definitiva, no quiere obtener más liquidez de fondos públicos si ello la compromete a abrir la ventanilla del crédito, primero porque no quiere figurar en las listas negras de irresponsables financieros en un momento de pánico bursátil -podrían perder más dinero del que obtengan en la subasta-, y segundo, porque pretende que la crisis que generó la banca la paguen los trabajadores si las empresas quiebran, en lugar de inyectarles financiación para que paguen sus deudas, sin la garantía de que esos solicitantes sobrevivan y puedan devolverla.
La banca no quiere correr el riesgo de poner dinero en tu empresa para que salves tu empleo, tu salario o tu casa, porque dice que si después la empresa quiebra no lo recuperará.
El mismo día que se hacía público este fiasco del plan de rescate, la prensa canaria ofrecía la noticia de la entrevista en Madrid entre José Manuel Soria y un representante del Ministerio de Economía. El Gobierno de Canarias se ha metido en un conflicto interadministrativo debido a que adelantó fondos públicos en base a una previsión de lo que iba a ingresar que finalmente no se cumplió por la crisis. El 35 por ciento de la financiación local se obtiene por licencias, autorizaciones y otras tasas a la actividad empresarial, principalmente de construcción e inmobiliaria. El parón ha mermado súbitamente los presupuestos de ayuntamientos y Cabildos, al mismo tiempo que estas administraciones tienen que responder a crecientes demandas de ayudas y servicios sociales y de emergencia derivadas del desempleo y los elevados precios e intereses hipotecarios.
Soria, en resumidas cuentas, pidió que se permita a la Comunidad Autónoma dejar de pagar al Estado una parte de la recaudación del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que anualmente se eleva a 335 millones de euros desde el año 1991, y solicitó conseguir una prórroga de un año para materializar la dotación de la RIC, como ya había solicitado por carta al ministro de Economía, Pedro Solbes, ya que la Ley del REF obliga a las empresas a devolver ese dinero si no lo han invertido en un plazo de cinco años que se vence ahora.
Es decir, Soria pidió con una mano que se permita a la Autonomía una moratoria para que las administraciones públicas puedan financiarse con un impuesto que pagamos todos al comprar cualquier cosa, y con la otra que se conceda una moratoria para que los empresarios no tengan que devolver a la Hacienda pública los impuestos que no pagan gracias a la RIC.
Empresarios y gobierno, los malos gestores capitalistas y financieros y los malos gestores públicos que han provocado y facilitado la crisis, se han puesto de acuerdo para que la crisis la paguemos las y los trabajadores.